Álvaro delgado
México, D.F., 9 de junio (apro).- Poco después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio como ganador a Felipe Calderón, el 5 de septiembre del 2006, Carlos Salinas estaba molesto, pero no por el fallo, que lo hizo feliz por frenarse a su enemigo Andrés Manuel López Obrador, sino por la ingratitud del panista.
Salinas había tratado de comunicarse con Calderón para reunirse con él antes de la toma de posesión, el 1 de diciembre, pero César Nava Vázquez, el secretario particular, no quería tomarle la llamada, ni siquiera con la intervención de un allegado de ambos.
“Salinas está muy enojado con Calderón, porque no le quiere tomar la llamada y a él le debe su triunfo. Dice que el marcador en el Tribunal Electoral estaba 4-3, con riesgo de convertirse en 3-4, que era la nulidad, y él hizo la unanimidad de 7-0”, reveló al reportero un prominente abogado panista --amigo de Salinas y de Nava--, quien pidió reserva sobre su identidad.
Esta historia tenía cierta lógica en el contexto poselectoral del 2006, porque se sabía de magistrados que se inclinaban por anular la elección presidencial debido a las abundantes irregularidades en todo el proceso, particularmente por la violación de, al menos, dos principios constitucionales en la materia --la equidad y la certeza--, y sin embargo, en medio de la opacidad, se emitió un dictamen unánime.
Ahora, a dos años de esa elección, aparece una rigurosa y exhaustiva investigación de José Antonio Crespo, experto en materia electoral y con una acreditada solvencia moral, que exhibe el “desaseo” y parcialidad de los magistrados para validar la elección presidencial y dar como ganador a Calderón.
En 2006: Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, una de las muchas conclusiones de Crespo, profesor del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es que el triunfo de Calderón no se sustenta “lógica y aritméticamente”, como lo aseguró el dictamen del TEPJF, después de desahogar las impugnaciones.
--¿Entonces calderón no ganó? --le pregunté.
--La respuesta no es “no ganó” Calderón, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador --dijo Crespo. Y enseguida soltó: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.”
Se trata de una frase lapidaria por cuanto significa para una democracia la falta de certeza de cuál fue, auténticamente, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y lo que implica en términos de legitimidad para, por ejemplo, llamar a la sociedad --con verdadera autoridad moral y política-- a combatir, junto con el gobierno y todas las instituciones del Estado, a la delincuencia.
Crespo revisó lo que nadie hasta ahora: 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos, una muestra que, por sí sola, arroja resultados esclarecedores sobre la elección.
El principal es que, como él mismo lo dijo, ni Calderón ni López Obrador ganaron la elección, sino que no se puede saber el verdadero resultado porque, conforme a su investigación, existen 316 mil votos “irregulares” --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al famoso .6%.
Estas cifras desmienten a los magistrados del ETPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificados y en segundo, que los votos “irregulares” no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección.
Por tanto, concluye Crespo, la elección debió haberse anulado, porque la existencia de tal cantidad de votos “irregulares” vulneró el principio constitucional de certeza.
Es preciso subrayar, al respecto, que los 316 mil votos “irregulares” no son producto de una proyección a partir de una muestra reducida de actas y distritos, sino que fue producto de una revisión “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” que arrojó votos “contantes y sonantes”. Una proyección del total de actas y distritos arrojaría, entonces, que habría 633 mil votos “irregulares”, el triple de los que dieron a Calderón ganador.
Crespo no niega que, de haberse depurado tal cantidad de votos “irregulares”, se hubiera producido el triunfo de Calderón, pero tampoco descarta que produjera una voltereta a favor de López Obrador. La única posibilidad de tener una “aproximación” mayor al resultado real es, dice, el recuento total de las boletas que existen en los paquetes.
Sí, esos que el Instituto Federal Electoral (IFE), los magistrados del TEPJF y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no quieren que se abran, a petición por ejemplo del semanario Proceso, del investigador Sergio Aguayo y del propio Crespo, porque muy probablemente el resultado no sería el oficial.
Ya hablaron las actas, gracias a Crespo. Ahora falta que, pese a todas las resistencias, hablen los votos.
Por lo pronto el libro de Crespo aporta, demás, con base sólo en la revisión de las actas, que se han derrumbado lo que a su juicio dos mitos sobre la elección del 2006: El “magno-fraude electoral”, que sostienen los simpatizantes de López Obrador, y el “triunfo inobjetable e inequívoco” de Calderón.
No se sabe quién gano, pues.
Pero Crespo tiene razón: Si en la democracia se gana y se pierde con un voto, el corolario es que por un voto irregular no se pude saber quién resulta victorioso. Y en un contexto en que ha tomado fuerza la involución en todos los órdenes, entre ellos la impune adulteración de la voluntad popular –como en todos los procesos electorales locales después del 2006--, vale la pena tenerlo en cuenta… Como el trabajo que Salinas hizo con los magistrados a favor de Calderón, con quien, por supuesto, se reunió.
Apuntes
En Querétaro un crimen conduce a otro: Resulta que, el viernes 6, un día antes de que se conmemorara el día de la Libertad de Expresión, el escritor Julio Figueroa recibió una notificación de arraigo domiciliario y un emplazamiento o demanda de parte de Federico Humberto Ruiz Lomelí, hijo del concesionario de Coca-Cola en ese estado y señalado como autor del asesinato, el 27 de noviembre del 2004, de Marco antonio Hernández Galván. Este personaje ha demandado también a Miguel Gerardo Rivera Alcántar, José Alfonso Rodríguez Sánchez, Gerardo Alcocer Murguía, Sergio Guerrero Patiño y Roberto Zamarripa de la Peña, así como a los periódicos Reforma y A.M. Ruiz Lomelí ha gozado de la protección del gobierno del panista Francisco Garrido Patrón, y esto implica un precedente nefasto para este nuevo episodio de impunidad… Ya que está en México el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, es preciso que tome nota de este nuevo embate y no se quede con lo que Calderón les dijo hoy, martes 9, en Los Pinos, que respeta la libertad de expresión y demás palabrería… Calderón siempre ha sido un político irascible, intolerante, explosivo, pero ese talante ha llegado a extremos inadmisible para quien, en el papel, es el responsable del gobierno. Con motivo de la inundación de tabasco, el año pasado, amenazó a un lugareño con enviar a soldados para traerlo y hacer faena, como la que él hacía sólo para una fotografía propagandística. Hace unos días, consciente ya del fracaso de su estrategia contra el crimen organizado, responsabilizó a todo el mundo del trabajo que él está obligado a hacer y cuyas culpas quiere compartir. Ahora, como no encuentra auditorios donde pueda hacerse escuchar sin que se le eche en cara su ilegitimidad, hizo citar a la elite que usufructúa el presupuesto para decirle, en hora y media de palabrería, lo que deberían estar haciendo desde hace un año y medio: trabajar. Tenía razón el diputado Juan José Rodríguez Prats: El gabinete de Calderón es bastante mediocre… Resulta que, dentro del despilfarro que implicó la organización de una reunión denominada NASCO 2008, que incluyó el alquiler de carpas por 4 millones y medio de pesos, baños móviles de súper lujo y hasta 38 palmeras gigantes portátiles, el gobierno de Guanajuato, que encabeza Juan Manuel Oliva –consentido de Calderón--, le pagó 250 mil dólares a José María Aznar, el español propagandista de la derecha en México. Son dos millones y medio de pesos que, obviamente, salen del bolsillo de los guanajuatenses…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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