Ciudad de México, 26 de Diciembre.- El partido Convergencia presentó la documentación para apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la negativa del IFE a usar las siglas del Frente Amplio Progresista (FAP) en su coalición con el PT.
Tras acudir al organismo en el día de término para presentar la impugnación, Gerardo Tapia, representante del partido naranja ante el Instituto Federal Electoral (IFE), confió en que el máximo órgano electoral del país dará la razón a ese instituto político.
En entrevista, dijo que no hay ningún impedimento legal para ello, toda vez que la denominación Coalición Frente Amplio Progresista no está registrada por ninguna institución política, ni tampoco crea confusión.
“Nosotros no estamos de acuerdo en que se nos cambie el nombre, porque no es el nombre de FAP, es muy claro, el nuestro es Coalición Frente Amplio Progresista”, planteó.
Dijo que en el partido Convergencia no “le vemos ninguna confusión, son distintas las siglas, aparte no se utilizará el emblema del Frente Amplio Progresista, sino se utilizan los colores y los escudos de cada partido”.
Tapia señaló que el TEPJF, que no tiene plazo límite para resolver, deberá fallar en tres sentidos: ratifica, revoca o modifica.
Reiteró que negarle al Partido del Trabajo (PT) y Convergencia el uso de denominación del FAP es un ejemplo de inequidad, ante una reforma electoral hecha a modo de la partidocracia.
Con esa resolución, precisó, se violenta el Artículo 46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en relación con el Artículo 41 de la Constitución Política.
En esa situación, señaló, la autoridad administrativa electoral solamente puede intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que expresamente señalan la Constitución y la ley.
“Por todo eso, sólo nos queda mirar de frente a la instancia jurisdiccional, para que con la ley en la mano resuelva sin colores
lo que en derecho proceda”, concluyó.
NOTIMEX
Impugna Convergencia negativa a usar siglas FAP
Arraigan a vinculados decapitaciones
Ciudad de México, 26 de Diciembre.- Un juez federal decretó el arraigo por 40 días contra los siete detenidos en Teloloapan, Guerrero, luego de un enfrentamiento que sostuvieron con elementos del Ejército mexicano, en el que murieron tres presuntos delincuentes.
Una de las líneas de investigación que mantiene la Procuraduría General de la República (PGR) contra los detenidos es su vínculo con las ejecuciones y decapitaciones de nueve personas en esa entidad, ocho de ellas militares.
El Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juzgado 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal la
medida de precaución para que continúen las investigaciones en contra de los siete presuntos sicarios, por delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los arraigados son Felipe Castillo Cuenca, Jesús Rodríguez Rosas, Artemio Castro Medina, María Guadalupe Márquez Oyolzabal,
Ramón Alejandro Parra Galeana, Carlos Alberto Galeana Sánchez y Jesús Romero Sánchez.
NOTIMEX
Acuerda el PRD reservar cierta información hasta por 12 años
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) estableció que los procedimientos disciplinarios en contra de miembros de este instituto político sobre la utilización de los recursos, la información que pueda obstaculizar actividades de verificación del cumplimiento de los documentos básicos o perjudicar la adecuada toma de decisiones políticas serán clasificadas como reservadas hasta por 12 años.
El reglamento de transparencia recientemente aprobado por el Consejo Nacional perredista plantea que dicha información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a sus reservas o haya transcurrido el periodo correspondiente de la misma y se compromete a elaborar semestralmente un índice de los expedientes que formen parte de dicha clasificación.
De igual manera determinó que considerarán información confidencial los datos personales que contiene el padrón, los expedientes de los trabajadores –en tanto no exista resolución de autoridad competente que obligue a su entrega–, análisis políticos, estratégicos, encuestas y “demás documentación que el partido considere deba mantener el carácter confidencial para una correcta toma de decisiones políticas y la adecuada consecución de sus fines legales”.
Para determinar lo anterior se tomó en cuenta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, el reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con lo aprobado, en la página electrónica del partido se pondrán a disposición del público documentos como el estatuto, la declaración de principios, el programa de acción y línea del partido, con sus correspondientes reglamentos, convenios que realice con partidos y/o agrupaciones políticas, plataforma electoral, programas de gobierno y legislativo.
Asimismo, su estructura orgánica, atribuciones de cada órgano, directorio de quienes integran sus instancias partidarias, así como sus remuneraciones y declaraciones patrimoniales; nombres de gobernadores, diputados federales y senadores, datos estadísticos de elecciones, historia del partido, convocatorias, acuerdos y resoluciones de congreso y consejo nacionales para elecciones internas, entre otros.
Gobierno de Sinaloa pide investigar a “Grupo Pacífico”
Sinaloa, 26 de Diciembre.- El secretario de Turismo del estado de Sinaloa, Antonio Ibarra, dejó en claro que la administración estatal no tiene nada que ver con los organizadores de Nuestra Belleza Sinaloa 2008, y exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), que investigue a la empresa Grupo Pacifico, responsable del concurso.
El funcionario reiteró que el gobierno del estado no ofrece apoyos ni selecciona a las participantes del certámen.
Ibarra negó conocer a Laura Elena Zúñiga, Miss Sinaloa 2008, quien dijo, debe responder por los delitos que se imputan conforme lo establecen las leyes de mexicanas.
El secretario de Turismo señaló que los concursos de belleza deben ser más selectivos y rigurosos.
Finalmente, insistió en que Fernando Peña de Grupo Pacifico, debe informar cómo se efectúo la selección de las participantes de Nuestra Belleza Sinaloa.
REDACCIÓN
Ratifica TEPJF validez de la elección de Acapulco
En sesión pública el órgano jurisdiccional consideró infundadas o no acreditadas las supuestas irregularidades, impugnadas por el PT y Convergencia
Francisco Reséndiz
El Universal
Ciudad de México Viernes 26 de diciembre de 2008
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la validez de la elección de Acapulco, Guerrero, -impugnada por el PT y Convergencia- a pesar de reconocer que se presentaron irregularidades durante la jornada electoral del 5 de julio.
En sesión pública el órgano jurisdiccional consideró infundadas o no acreditadas las supuestas irregularidades en torno a actos anticipados de campaña, pornografía infantil contra el candidato de la coalición "Juntos Salgamos Adelante" la supuesta intervención de dos gobernadores en la campaña electoral del candidato ganador y proselitismo religioso.
"Lo infundado e inoperante de los agravios relativos a estos temas obedece en términos generales a que en algunos casos no existieron medios de pruebas suficientes e idóneos para acreditarlos, en otros porque las situaciones fácticas denunciadas no constituyeron irregularidades".
Pero consideró acreditadas irregularidades en el sentido de que se tiene una presunción de que el día de la jornada electoral circuló un panfleto anónimo y apócrifo en el cual se dio la noticia falsa de que el candidato Luis Walton Aburto renunciaba a Convergencia y abandonaba la campaña.
Así como la intervención durante la jornada electoral de personas vestidas de negro con playeras con una leyenda que se decían una autoorganización autodenominada "Legalidad Ciudadana", que se dice intimidaron a los electores para sufragar en determinado sentido.
Además de un spot difundido por la Asociación Ángel de la Guarda el día de la jornada electoral, en al cual se hace referencia a los trabajos comunitarios de la esposa del candidato de la coalición Juntos para Mejorar, y propaganda negativa difundida a través de Internet.
El proyecto de sentencia, avalado por el pleno de la Sala Superior, detalla:
"Se considera que cada una de las irregularidades demostradas, si bien pudieran constituir conculcaciones a las disposiciones constitucionales, en todos los casos existen circunstancias o factores que ponderados contextualmente muestran que la incidencia y gravedad de los hechos que se aducen se ve disminuida en grado importante, reduciendo la trascendencia del hecho en los comicios.
"En esas condiciones, al valorar en su conjunto las irregularidades acreditadas se tiene que no son de la entidad suficiente para calificarlas como graves y menos aún determinantes para el resultado de la elección, condiciones que necesariamente deben acreditarse en forma plena para generar como consecuencia la pretensión que formula la coalición actora, es decir, reconocer la invalidez de la elección municipal por violación a los normas electorales de orden constitucional".
El Tribunal modificó la integración del cabildo pues determinó la inelegibilidad del candidato a Primer Síndico Procurador Propietario del Ayuntamiento de Acapulco, postulado por la coalición "Juntos Para Mejorar".
Hace notar que el requisito relativo a separarse de los cargos públicos debe entenderse exigible por todo el tiempo que dure el proceso electoral, incluida la etapa de resultado, hasta que adquiera definitividad, pero el candidato lo incumplió al haberse reincorporado a la Legislatura Local dos días después de la jornada electoral. Entrará su suplente.
Respecto a la distribución de regidurías, el Tribunal federal también corrigió errores en el cómputo para el reparto de espacios de representación proporcional, por lo que el PAN tendrá una regiduría, diez PRI-PVEM, ocho el PRD y nueve a la coalición Juntos Salgamos Adelante Convergencia-PT.
gdh
A message from John Lennon
A través del uso de tecnología digital, el ex Beatle llama a la gente en todo Estados Unidos para que apoye la campaña "Una computadora por niño", destinada a entregar ordenadores que usan energía solar a los chicos más pobres del mundo.
Nueva York.- Imaginen, John Lennon realizando un comercial de televisión para una organización de caridad, 28 años después de su muerte.
A través del uso de tecnología digital, el ex Beatle llama a la gente en todo Estados Unidos para que apoye la campaña "Una computadora por niño", destinada a entregar ordenadores que usan energía solar a los chicos más pobres del mundo.
"Imaginen a cada niño, sin importar donde estén en el mundo, donde puedan acceder a un universo de conocimiento. Ellos tendrían una oportunidad de aprender, de soñar, de conseguir todo lo que quieran", dice la voz y una imagen de video de Lennon creada digitalmente.
"Intenté hacerlo a través de mi música, pero ahora tu puedes hacerlo de un modo diferente. Le puedes entregar a un niño una computadora portátil y más de lo que te puedes imaginar, puedes cambiar el mundo", decía el músico, en declaraciones derivadas de la interpretación de una de sus canciones más reconocidas, "Imagine", de 1971.
Lennon murió a tiros mientras ingresaba a su departamento de Manhattan el 8 de diciembre de 1980.
Su viuda Yoko Ono aprobó el comercial de "Una computadora por niño", que fue lanzado el jueves y será transmitido por televisión y cable en un espacio cedido para la iniciativa.
La fundación "Una computadora por niño" creada en el 2005, deriva del Instituto tecnológico de Masachusets (MIT) y comenzó a producir los ordenadores a fines del año pasado, con un costo de fabricación inferior a los 200 dólares por unidad.
Reuters
Amplían arraigo contra Herrera Valles
LA REDACCIóN
México, D.F., 26 de diciembre.- La PGR obtuvo la ampliación del arraigo de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.
El juzgado sexto de proceso penales federales otorgó la ampliación del plazo por 80 días, presuntamente porque un testigo se retractó de acusar al exfuncionario de aliarse con el narcotráfico, mencionó la defensa de Herrera Valles.
Herrera Valles fue detenido el pasado 17 de noviembre y se caracterizó por acusar periódicamente a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, de estar aliado a los capos del narcotráfico.
Además, el juez decimoséptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal otorgó un arraigo de 40 días contra Laura Elena Zúñiga, exmiss Sinaloa y otras ocho personas más detenidas por su posible vinculación con el narcotráfico.
Se les imputan los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación ilegal de armas.
Avala Función Pública, nepotismo y desvío de recursos en Pemex
15 Diciembre 2008
A fines del sexenio pasado, la Secretaría de la Función Pública cerró cuatro investigaciones contra el director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila –relacionadas con contrataciones de familiares de él y de terceros en la petrolera del Estado–, a pesar de que se comprobó el parentesco y la inobservancia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El mismo funcionario es señalado por los recientes despidos masivos de trabajadores con antigüedad de hasta 20 años
Entre 2005 y 2006, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió indagatorias en contra del administrador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rosendo Villarreal Dávila, por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), en las que habría incurrido al contratar a sus familiares y los de otros directivos en áreas clave de la petrolera.
Aunque en la mayoría de los casos denunciados se acreditó el parentesco y la inobservancia a la LFRSP, en ninguno se le fincó responsabilidad. Federico Domínguez Zuloaga, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex y quien fuera subordinado de Villarreal Dávila en la SFP, determinó “falta de elementos” y cerró las indagatorias.
Algunas de estas denuncias se dieron por concluidas en los mismos días en que Villarreal autorizó la entrega de 212 mil pesos a favor de Domínguez Zuloaga, para una “cirugía dental” para su esposa Lilia Elena Celio Macías. Zuloaga fue despedido en septiembre de 2006, cuando el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, determinaron que dichos recursos eran ilegales. Sin embargo, no hubo sanción alguna para Villarreal.
Ese año Domínguez Zuloaga había integrado la inhabilitación en contra de Raúl Muñoz Leos, por pagar con recursos de Pemex, autorizados también por Villarreal Dávila, la liposucción y cirugía estética para su esposa Hilda Ledezma, cuyo costo ascendió a 163 mil 244 pesos.
Los últimos casos reportados ante Domínguez Zuloaga respecto del administrador de Pemex fueron: la contratación de su sobrino Gerardo Lozano Montemayor, a quien designó como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, con atribuciones para controlar todos los recursos materiales de la paraestatal, y que depende directamente de Villarreal Dávila en la Dirección Corporativa de Administración (DCA). Además de la recontratación del exfuncionario de la DCA, Gustavo García Higuera, como asesor del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil.
Nepotismo
Villarreal fue designado titular de la DCA en la sesión 758 del Consejo de Administración de Pemex, el 13 de enero de 2005. En febrero contrató a su sobrino Gerardo Lozano Montemayor en el puesto señalado. La designación fue avalada por su coordinador de asesores en la DCA, Pedro Aguirre Castro, y por el subdirector corporativo de Recursos Humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis.
La LFRSP, en el artículo 47, fracciones XII, XV, XVI y XVII, establece restricciones e impedimentos para que los funcionarios puedan intervenir, solicitar, designar, contratar, promover, suspender, remover, cesar o sancionar a sus familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco, ya fuese por consanguinidad, afinidad o civil. El Código Civil vigente en la materia señala que los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco y por ende dentro de la restricción legal son desde hermanos, cónyuges y hasta sobrinos segundos del cónyuge.
Por ello, la contratación de Lozano implicaría la inobservancia de Villarreal a dicha Ley, según la denuncia DE/024/2005/NA/041. La contratación de Lozano se habría operado de la siguiente manera: el 16 de febrero de 2005, Murillo Soberanis envió un documento a Aguirre Castro, en el que señala: “Como lo comentamos, te envío el currículo, perfil del puesto y la hoja de evaluación de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.
El 18 de febrero, Villarreal Dávila notificó a Murillo: “Te envío los resultados de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.
Documentos de Pemex revelan que fue Villarreal quien calificó los “atributos” de Lozano. Su tío determinó que cubría el perfil requerido por Pemex, pese a que éste exhibió una constancia de que cursaba apenas el segundo semestre de la licenciatura en comercio internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Dictaminó que tenía 88.85 por ciento de “atributos del puesto ponderado”, según se desprende de un oficio interno de la DCA.
El día 23 se dio la contratación formal. Se le adjudicó la plaza 80070600ME00020, nivel 44, con vigencia al 31 de diciembre del año “2999” (sic), según consta en la “tarjeta de trabajo para funcionarios superiores”, cuya copia obra en poder de Contralínea.
Además de una oficina en el piso siete de la torre ejecutiva, de acuerdo con oficios de Pemex, Villarreal le dio a su sobrino atribuciones para manejar todo el presupuesto del corporativo y “administrar los recursos necesarios para la prestación de los servicios de abastecimiento, operación y mantenimiento, seguridad y servicios generales para las unidades administrativas del corporativo a nivel nacional y a los organismos subsidiarios y filiales en el centro administrativo de Pemex”.
También le designó interlocutor de Pemex ante la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, de la Defensa Nacional, el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Federal de Electricidad, los prestadores de servicios, los proveedores y contratistas, y las asociaciones civiles.
Le dio además atribuciones como interlocutor interno con las distintas direcciones corporativas, las gerencias, el OIC, la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales, la Subdirección de Servicios Corporativos, la Subdirección de Servicios Médicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, y para manejar los negocios de la empresa privada de Pemex: Integrated Trade Systems, la cual tiene su sede en Houston, Texas.
En septiembre de 2005, la SFP abrió
la indagatoria DE/024/2005/NA/041 respecto de la contratación. Al respecto, el día 7, Villarreal Dávila envió a Federico Domínguez Zuloaga el documento DCA/2162/2005 donde señala: “Niego categóricamente, por ser falso, el hecho del supuesto parentesco entre el suscrito funcionario de Servicios Generales; es importante señalar que no tengo parentesco con ninguno de los trabajadores que se desempeñan en la Dirección Corporativa de Administración”.
Durante la indagatoria, el 29 de noviembre de 2006, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, Moisés Herrera Solís, emitió un dictamen (oficio 110-6847) en el que señala que además del artículo 47, el artículo 8 de la misma LFRSP impide a los funcionarios públicos “intervenir o participar en la selección, nombramiento o contratación de sus familiares, o cuando tenga un interés personal, familiar o de negocios, o de terceros con quien tenga relaciones profesionales, personales, laborales o de negocios”, ello, “con el propósito de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que aquellos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
El jurídico dictaminó que, dado que se había acreditado el parentesco y la intervención en la contratación, se debían aplicar los mandatos de dicha Ley. El dictamen fue avalado también por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
En otro oficio fechado el 15 de diciembre, Herrera Solís determinó que el OIC tenía “elementos suficientes” para resolver el asunto.
El expediente de la SFP revela que se acreditó el parentesco entre Villarreal Dávila y Lozano Montemayor; también que Villarreal intervino en su contratación de forma directa. Y se acreditó el impedimento legal de la relación laboral, lo que contraviene la LFRSP.
Con todo ello, en su dictamen final, el OIC en Pemex estipuló que “no existen elementos suficientes que permitan determinar la realización de conductas administrativas irregulares que pudieran constituir infracciones cometidas por el ciudadano Rosendo Villarreal en su carácter de director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos, derivadas de su intervención al proponer y autorizar la contratación del ciudadano, Gerardo Lozano Montemayor, como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de esa Dirección a su cargo”.
La exoneración
Otro caso en el que se vincula a Villarreal Dávila en supuestas violaciones a la LFRSP en la contratación de personal fue el que denunció ante OIC en Pemex el titular del Área de Quejas del OIC en PEP, Francisco Javier Galindo Noriega, y que se refiere a la recontratación de Gustavo García Higuera, un exfuncionario liquidado en la DCA el 29 de enero de 2004, y recontratado como asesor de Morales Gil en PEP, en febrero de 2005, con nivel 44.
Según se desprende del oficio PEP/00087/2005, la recontratación fue propuesta por Morales Gil, apenas 12 meses después de su salida de la DCA, periodo en el que García cobró 97 mil pesos mensuales de su jubilación. Villarreal Dávila y el abogado José Néstor García Reza la aprobaron mediante el oficio DCA-039/2005, fechado el 15 de marzo.
La normatividad interna y los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecen un mínimo de dos años para casos de recontratación. Además, en el acuerdo CA-074/2005, el Consejo de Administración de Pemex había definido las Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2005, que prohibía la recontratación de una persona “que haya sido liquidada por alguna de las entidades de la industria petrolera estatal”.
En el expediente DE095/2005, la SFP determinó que Villarreal Dávila y García Reza, quienes avalaron la contratación de García, habrían incurrido en conductas contrarias a la normatividad interna, a las disposiciones del Consejo de Administración y a la LFRSP. Por ello, Francisco Javier Galindo Noriega denunció ante el OIC la recontratación.
El 6 de enero de 2006, Federico Domínguez Zuloaga abrió la investigación DE/001/2006/NA/002. En ésta se acreditaron los impedimentos legales para la contratación, tal como lo indicara Galindo Noriega; sin embargo, el 27 de febrero, Domínguez cerró el expediente “por falta de elementos”.
La defensa tanto de Villarreal Dávila como de García Reza fue que, dado que se trata de hechos de carácter laboral, “por su naturaleza se encuentran fuera de la esfera competencial de esa instancia fiscalizadora”.
Por esos mismos días, Villarreal autorizó la transferencia del dinero a Domínguez Zuloaga. La operación se realizó de la siguiente manera: el 26 de febrero, el contralor remitió a la DCA el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos, con la finalidad de que la administración de la paraestatal le “reembolsara” dicha cantidad.
El 6 de marzo de 2006, Humberto Ismael Meza Cabello, gerente de Responsabilidades –subordinado de Domínguez Zuloaga– notificó a Galindo Noriega que el expediente en contra de Villarreal Dávila y García Reza había sido cerrado “por falta de elementos”.
El 4 de abril, Villarreal Dávila ordenó a Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de Recursos Humanos, que se aprobara el reembolso de la atención dental de la esposa de Domínguez. El documento signado por Villarreal cita: “Atendiendo la solicitud que presentó el licenciado Federico Domínguez Zuloaga, subcontralor corporativo de Responsabilidades y Atención Ciudadana, de la Contraloría General Corporativa, y en virtud de que la Subdirección de Servicios de Salud otorgó su conformidad a dicha petición, me permito anexar a usted el comprobante que erogó el licenciado Domínguez…”.
Murillo Soberanis pidió al subdirector de Servicios Médicos, Víctor Manuel Vázquez, que diera el visto bueno a dicho reembolso. El oficio apunta: “Con escrito del 26 de febrero de 2006, el licenciado Federico Domínguez Zuloaga… nos envió el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo, que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos. Lo anterior con la finalidad de que en caso de ser procedente se le reembolse dicho importe, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo S/N de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, relativo al reembolso de gastos médicos particulares a funcionarios superiores”.
Cinco meses después, Domínguez fue despedido cuando se determinó que la entrega de recursos era irregular. A Villarreal no se le impuso sanción alguna.
Subordinados, privilegios extensivos
En 2006, ante la SFP se denunciaron contrataciones que Villarreal hizo de familiares de directivos de los organismos subsidiarios. Uno de estos casos es el que se integró con el número DE/001/2006/NA/002, en el cual se le denunció a él y al subdirector de PEP, Teódulo Gutiérrez Acosta, por la contratación de Tomás Gutiérrez Peimbert, hijo del último.
Tomás Gutiérrez ingresó a PEP con nivel 35, es decir, como mando medio. Pocos meses después ascendió a nivel 41, es decir, como alto mando, en la plaza 20239200VH00187390. Como subdirector de Recursos Humanos, Competitividad e Innovación, cargo que ocupó antes de llegar a la Subdirección de PEP, Gutiérrez Acosta contrató a su yerno, Salvador Arrieta Silva, para el cargo de subdirector de la Coordinación de Tecnología de Información, con nivel 39.
Villarreal avaló también que el gerente de Relaciones Laborales de PEP, Porfirio Peñafiel Callejo, contratara a su sobrina, Alejandra Gou Félix, con nivel 35.
Cita uno de los escritos integrados dentro de la denuncia DE/001/2006/NA/002, la cual presentaron trabajadores de la petrolera, que “con amenazas y terrorismo laboral”, Villarreal presionaba a trabajadores a aceptar supuestos retiros voluntarios “para beneficiar a familiares, amigos y compadres abusando de su poder”, instalándolos en las plazas vacantes.
Dichos casos fueron remitidos por el contralor Galindo Noriega a Domínguez Zuloaga, quien, como en los otros casos, argumentó “falta de elementos” para comprobar las irregularidades denunciadas.
Contralínea solicitó entrevistas con los funcionarios de Pemex que se señalan en este artículo, lo mismo que con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Sin embargo, no hubo respuesta.
Discriminación laboral
Trabajadores de Pemex denuncian que Rosendo Villarreal ejecuta despidos masivos de ingenieros y técnicos de la petrolera, supuestamente utilizando como “grupo de choque” al personal adscrito a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza el militar Víctor Manuel de la Peña Cortés y que depende directamente de la DCA.
Los trabajadores de Pemex viven en incertidumbre laboral. La reforma energética y las recientes modificaciones a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma contemplan el “adelgazamiento” laboral –que según cálculos hechos por la Administración de Pemex, será de 30 mil trabajadores despedidos–.
Semanas antes de que entrara en vigor, docenas de trabajadores del corporativo y los organismos subsidiarios habían sido despedidos y miles más están en riesgo de quedarse en la calle de un momento a otro, en virtud de que la función primordial de lo que los funcionarios denominan el “nuevo Pemex” será la administración de contratos.
Apenas el 14 de noviembre, 40 profesionistas y técnicos adscritos a las instalaciones de Coatzacoalcos, Tula, Reynosa, Guadalajara y el corporativo –en Marina Nacional– fueron “notificados” de su despido por el personal de seguridad interna de Pemex.
En un instante, sin explicación alguna, los ingenieros petroleros de carrera vieron desvanecerse 15 y 20 años de antigüedad laboral, en un momento en que, según la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Pemex carece de ingenieros.
Según denunciaron estos trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por órdenes de la DCA fueron desalojados de forma violenta. Se les quitaron sus identificaciones y no se les permitió regresar a sus centros de trabajo. Por ello, explica en entrevista el ingeniero Óscar del Cueto, vocero de los trabajadores, preparan denuncias en contra de Villarreal Dávila y Murillo Soberanis, que presentarán ante la SFP por despido injustificado, acoso y la represión de la que han sido objeto.
El laborista Arturo Alcalde Justiniani califica como “imperdonable” lo que llama la acción represiva de la administración de Pemex. Los violentos despidos masivos, estima, vulneran “los más elementales derechos laborales y humanos”.
Investigación en el Congreso
Las comisiones del Trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores busca documentar la conducta de Villarreal Dávila respecto del despido masivo de trabajadores adscritos a la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
Los trabajadores buscan obtener su registro como organización sindical, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se niega a otorgarles, pese a cumplir todos los requisitos y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo garantizan a todos los mexicanos la libre asociación sindical.
Petroleros adscritos al Frente de Trabajadores de la Energía, el Comité de Estudios de la Energía, la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, y la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros exigen que la SFP fiscalice la operación de Villarreal Dávila en la DCA y la contratación y despido de personal. (ALP)
Represión “paramilitar”
En diversas ocasiones, funcionarios y trabajadores de Pemex han denunciado los actos de represión física y sicológica de los elementos de seguridad interna de Pemex. El analista Antonio Ghershenson, especialista en temas petroleros, los califica como “paramilitares”. En su mayoría se trata de exmilitares y expolicías judiciales.
Respecto a la conducta de este personal, el exdiputado Jesús González Schmal presentó una denuncia judicial por espionaje e intimidaciones de elementos de seguridad interna de Pemex, quienes durante semanas tomaron fotografías de sus propiedades y lo siguieron por el estado de Coahuila, de donde es originario. El acoso, explica, “era una medida desesperada para frenar las indagatorias que desde el Legislativo se hacían para comprobar el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca y los negocios que operaban en Pemex a favor de empresas privadas”.
Otro caso fue el del exabogado Jorge García Martínez, adscrito a la Oficina del Abogado General, quien ante la SFP y autoridades judiciales denunció también espionaje y que los elementos de seguridad de Pemex lo siguieron durante meses, luego de que denunciara las supuestas irregularidades en la autorización de contratos de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos, a favor de las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum que habría dado José César Nava.
En estas denuncias –presentadas ante la SFP entre 2005 y 2007– se responsabilizaba a Villarreal Dávila por la utilización de los elementos de seguridad. En casi todas, el entonces titular del OIC, Federico Domínguez Zuloaga, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades, aunque en algunos casos, como el de González Schmal, se comprobaron incluso los recursos que la DCA invirtió durante los días en que el abogado fue espiado y el informe que Villarreal envió a Marta Sahagún. (ALP)
Ejecutan a 22 en fiestas navideñas
LA REDACCIóN
México, D.F., 26 de diciembre.- Durante los días 24 y 25 de diciembre, en la celebración de Navidad, un total de 22 personas fueron ejecutadas en siete estados distintos de la República.
Entre las víctimas se encuentran un funcionario, un par de decapitados y dos menores de edad.
Javier Coapango, secretario de Seguridad Pública de Coatlán del Río, Morelos, apareció ejecutado en la carretera del Sol, Guerrero.
El cadáver tenía las manos atadas a la espalda y rastros de balas de rifle AK-47.
En el municipio de Potrero de Bojórquez fue masacrado un joven de 17 años de edad, quien fue baleado durante un baile en pleno 24 de diciembre.
Mientras que en Zihuatanejo de Azueta, también en Guerrero, testigos reportaron el hallazgo de un cadáver durante la noche del 25 de diciembre.
En Escobedo, Nuevo León, fueron encontrados dos cadáveres el jueves. Ambos estaban decapitados.
Las cabezas habían sido halladas el miércoles y después de un estudio, la Procuraduría General de Justicia concluyó que las partes del cuerpo encajaban.
En Durango, el 24 de diciembre dos personas murieron tras un tiroteo detonado en las calles de Tlatol y Prolongación Libertad.
Las víctimas viajaban en una camioneta con placas de Estados Unidos. Uno de los asesinados corresponde al nombre de Juan Carlos Gaza Campos, de 38 años de edad.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, en la carretera que conduce a Cuauhtémoc, fue abandonado un cuerpo.
En esa misma ciudad fue acuchillado Mario Alberto Minor Navarro, de 16 años de edad, quien falleció en el hospital como consecuencia de las heridas.
Juan Escobedo, murió de una bala perdida mientras era atendido en el Hospital General.
En la colonia Vistas de Zaragoza, de Ciudad Juárez, un grupo de turistas descubrió el cuerpo de un hombre ejecutado a golpes.
Además, aparecieron ultimados dos hombres en Guadalupe y Calvo y uno en Guachochi.
En Tijuana, Baja California, durante el 24 de diciembre fueron ejecutadas tres personas. Los crímenes se cometieron en tres puntos distintos, que incluyen el fraccionamiento Las Delicias, la zona residencial Santa Fe, y la clínica uno del Seguro Social.
En Guasave, Sinaloa, fueron asesinadas dos personas y una más en Mazatlán. La policía no detuvo a los criminales ni ha dado más detalles sobre las víctimas.
En Michoacán, un hombre apareció ejecutado en la carretera que conduce a Corregidora
Bitácora Mexicana y Encuentro.
Bitácora Mexicana del 21 de diciembre 2008.
Tema: Integración Regional o Desintegración Nacional
Invitados: Jeff Faux y Francisco Javier Alejo.
Encuentro del 21 de diciembre 2008.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer y Virgilio Caballero hablan sobre la reforma petrolera, el MNDP, la inseguridad en el país, los cambios en el gabinete legal, la crisis que estallo y la elección de B. Obama.
Videos: entrevistas a los maestros en el plantón
Video 2
Video 3
Video 4
Gracias a Hercilia Castro de Radio La Nueva República y a Hugo Herrera
AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco
Radio La Nueva República
Sagarpa pretende dar “madruguete” al campo mexicano. Greenpeace.
La coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace, Aleida Lara, aseguró que el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas pretende dar “madruguete” al campo mexicano con la modificación del reglamento de la Ley de Bioseguridad, autorizando la siembra de maíz experimental en México.
Entrevistada en el espacio de Ricardo Rocha, la ambientalista comentó que “no es sorprendente que el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, pretenda darle madruguete al campo mexicano, en este caso estamos hablando del maíz”.
Comentó que si bien uno de los pocos aciertos que tiene la Ley de Bioseguridad es el mandato de un régimen de protección especial al maíz, régimen que se propone porque México es centro de origen y diversidad genética de la especie.
“Es decir, las 59 razas que tenemos y las 200 variadas adaptadas, son las que se producen en todo el mundo y, la relevancia del maíz nadie la pone en duda en estos momentos”.
Sin embargo, denunció el pasado 12 de diciembre Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura propuso a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) una modificación al reglamento de la Ley de Bioseguridad, lo cual “viola la ley”.
Explicó que pretenden hacerle una modificación a este reglamento sin pasarlo por consulta pública y haber omitido todos los comentarios que se le habían vertido a este régimen que había estado en consulta.
”Lo sorprendente ahora es que Cofemer esté avalando una decisión totalmente discrecional por parte de Sagarpa para autorizar la siembra del maíz experimental en México”.
Salen a la luz más anomalías de la alianza por la educación
■ No incluye enfoques particulares para los requerimientos de cada entidad del país
■ En ninguno de los acuerdos oficiales aparece la rúbrica de algún representante de la SEP
Emir Olivares Alonso
Aun cuando las autoridades educativas federales han hecho hincapié en que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) se aplicará con base en las necesidades y particularidades de cada entidad del país, el documento con el se pone en marcha el acuerdo no plantea esas especificaciones.
La documentación oficial de la alianza es prácticamente idéntica para todos los estados del país, revelaron fuentes educativas, como se puede comprobar en los pactos firmados tanto en Nuevo León como en Puebla, de los cuales este diario tiene copia.
En ambos documentos se indican los cuatro principales lineamientos de la ACE: modernización de los centros escolares, profesionalización de profesores y autoridades educativas, bienestar y desarrollo integral de los alumnos y evaluación para mejorar, sin que se haga mención a las particularidades de cada región.
Además, pese a ser una iniciativa del gobierno federal, el acuerdo formal no es firmado por autoridades de la SEP, sino sólo aparecen las rúbricas de los mandatarios de Nuevo León, José Natividad González Parás, y de Puebla, Mario Marín Torres; las autoridades educativas de cada entidad; la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, y de los secretarios de las dirigencias seccionales.
El tópico de modernización abarca la infraestructura y equipamiento de las escuelas, en las que en ambos estados se hace referencia al impulso de mecanismos para la “dignificación” de los establecimientos escolares; también incluye lo relacionado con tecnologías de la información y la comunicación, donde se incluye el desarrollo de habilidades digitales para docentes y en la que la única diferencia sustancial es que mientras en Puebla se pretende que para 2011 al menos 75 por ciento de las escuelas de educación básica cuenten con cobertura de conectividad, en Nuevo León ese objetivo se estableció para 2012 y a 80 por ciento de los planteles de ese nivel, además de que en la entidad norteña se construirán más de 5 mil aulas de habilidades digitales.
En el pacto educativo la participación social también se incluye dentro de la modernización. En sendos documentos se hace hincapié en el fomento del programa Escuela segura, de tal forma que la comunidad escolar debe convertirse en centro de la atención de las políticas educativas; así como que tanto las secretarías de Educación y las secciones magisteriales de cada entidad fomentarán mecanismos participativos de gestión escolar en los que intervengan los padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y académicos; la diferencia más destacable en este punto es que en Nuevo León se adoptarán “las medidas necesarias” para que las escuelas abran los sábados para “la promoción de las actividades extraescolares”.
En lo referente a la profesionalización de maestros y autoridades educativas, la ACE, en ambas entidades, coincide en la obligatoriedad de que éstos sean sometidos a un examen de oposición para concursar las plazas de base del personal docente de nuevo ingreso y la promoción de los directivos; en que se fortalecerán los programas para la enseñanza del español, matemáticas, ciencias e historia, “a fin de contribuir en la eficiencia del sistema educativo”. En este punto la diferencia radica que en Nuevo León se creará un instituto de investigación, innovación y estudios de posgrado, en el que se impartirán estudios avanzados de maestría y doctorado en educación.
Los documentos son prácticamente idénticos en lo referente al bienestar y desarrollo integral de los alumnos, ya que modificar y mejorarlos es “condición esencial para el logro educativo”. En este tópico las autoridades de ambas entidades y las secciones sindicales se comprometen a garantizar que la niñez y juventud de educación básica “tengan cubierto el derecho constitucional a la salud y a la alimentación”; asimismo, prometen que se impulsarán programas en áreas de nutrición, atención oportuna de sobrepeso y obesidad, detección de adicciones, entre otras.
Además, en los dos acuerdos los firmantes se responsabilizan de favorecer el acceso, permanencia y egreso oportuno de los alumnos de hogares en situación de pobreza, así como fortalecer los programas de becas.
En cuanto a la reforma curricular la documentación oficial pone énfasis en el impulso que se debe brindar a la enseñanza del inglés desde nivel prescolar hasta el término de la educación básica y la reforma integral en los contenidos del nivel básico para que se “garantice una educación moderna y pertinente, más orientada al desarrollo de competencias y habilidades para la formación de ciudadanos íntegros”.
Nuevas discrepancias entre la PGR y la CNDH sobre el asesinato de Brad Will
■ Presenta la corporación un documento en que refuta conclusiones del ombudsman
■ La dependencia detalla lo que considera errores en los peritajes encargados por la comisión
Alfredo Méndez
En un nuevo episodio del enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el asesinato del periodista Bradley Roland Will, ayer la Oficina de Servicios Especiales de la dependencia federal difundió entre los medios de comunicación un documento de 40 páginas en formato de diapositivas en el que hace diversas “observaciones” con las que vuelve a refutar las conclusiones de los reportes que dieron peritos contratados para ese caso por el organismo que encabeza José Luis Soberanes.
Por ejemplo, la PGR asegura en su documento que el resultado de los peritajes de la CNDH fue fechado el 15 de enero pasado, mientras que las investigaciones finales de los expertos del Ministerio Público Federal concluyeron el 18 de marzo, dos meses después.
Otra observación que hace la PGR es que “la CNDH erróneamente concluyó que el agresor de Brad Will fue directo hacia él”. Y agregó: “Hay evidencia de que Will grabó manteniendo su tórax hacia su lado derecho sujetando la cámara con sus manos y no necesariamente con el hombro. Considerando este hecho, la reconstrucción de la escena del crimen prueba que el agresor estaba cerca del lado derecho de Brad (no de frente)”.
Asimismo, la PGR afirmó que la oficina del ombudsman nacional “erróneamente concluye que ambos disparos se originaron del mismo lugar enfrente de Brad Will y uno después del otro”. Para la dependencia federal, la primera herida fue hecha en un lugar diferente a la segunda herida.
Según la PGR, “la CNDH erróneamente concluye que los testigos son subjetivos con respecto al lapso en que Will fue herido”. También considera equivocada la hipótesis del organismo respecto a que los dos disparos que recibió el periodista estadunidense fueron hechos a larga distancia.
Las observaciones de la PGR también alcanzaron a la organización no gubernamental Physicians for Human Rights (PHR), que junto con la CNDH realizó una investigación independiente del caso para entregar pruebas a la PGR.
“La PHR erróneamente concluye que la herida de bala en el epigastrio (de Brad Will) fue producida por un rebote”, dijo la dependencia federal.
También agrega: “La PHR no determina contundentemente cómo fue hecha la segunda herida”, además de que “la PHR erróneamente concluye que el video de Brad Will no es apto para propósitos de investigación y análisis forenses”.
En la parte de conclusiones la PGR indica: “Brad Will fue lastimado por un primer disparo que fue realizado a una distancia aproximada de dos metros, el agresor estaba localizado a la derecha de Will y fue del punto de vista de su cámara.
“El segundo disparo que impactó a Will fue realizado aproximadamente a entre dos y ocho metros, mientras él era cargado de la escena del crimen y su agresor estaba atrás del lado derecho viendo a Will en diagonal.
“La hipótesis de la CNDH, la cual dice que el agresor disparó dos veces a larga distancia, es científicamente inválida. La conclusión de la PHR es científicamente mal fundamentada porque la pintura roja en el casquillo fue hecha por técnico forense para identificarla.”
Nuevas discrepancias entre la PGR y la CNDH sobre el asesinato de Brad Will
■ Presenta la corporación un documento en que refuta conclusiones del ombudsman
■ La dependencia detalla lo que considera errores en los peritajes encargados por la comisión
Alfredo Méndez
En un nuevo episodio del enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el asesinato del periodista Bradley Roland Will, ayer la Oficina de Servicios Especiales de la dependencia federal difundió entre los medios de comunicación un documento de 40 páginas en formato de diapositivas en el que hace diversas “observaciones” con las que vuelve a refutar las conclusiones de los reportes que dieron peritos contratados para ese caso por el organismo que encabeza José Luis Soberanes.
Por ejemplo, la PGR asegura en su documento que el resultado de los peritajes de la CNDH fue fechado el 15 de enero pasado, mientras que las investigaciones finales de los expertos del Ministerio Público Federal concluyeron el 18 de marzo, dos meses después.
Otra observación que hace la PGR es que “la CNDH erróneamente concluyó que el agresor de Brad Will fue directo hacia él”. Y agregó: “Hay evidencia de que Will grabó manteniendo su tórax hacia su lado derecho sujetando la cámara con sus manos y no necesariamente con el hombro. Considerando este hecho, la reconstrucción de la escena del crimen prueba que el agresor estaba cerca del lado derecho de Brad (no de frente)”.
Asimismo, la PGR afirmó que la oficina del ombudsman nacional “erróneamente concluye que ambos disparos se originaron del mismo lugar enfrente de Brad Will y uno después del otro”. Para la dependencia federal, la primera herida fue hecha en un lugar diferente a la segunda herida.
Según la PGR, “la CNDH erróneamente concluye que los testigos son subjetivos con respecto al lapso en que Will fue herido”. También considera equivocada la hipótesis del organismo respecto a que los dos disparos que recibió el periodista estadunidense fueron hechos a larga distancia.
Las observaciones de la PGR también alcanzaron a la organización no gubernamental Physicians for Human Rights (PHR), que junto con la CNDH realizó una investigación independiente del caso para entregar pruebas a la PGR.
“La PHR erróneamente concluye que la herida de bala en el epigastrio (de Brad Will) fue producida por un rebote”, dijo la dependencia federal.
También agrega: “La PHR no determina contundentemente cómo fue hecha la segunda herida”, además de que “la PHR erróneamente concluye que el video de Brad Will no es apto para propósitos de investigación y análisis forenses”.
En la parte de conclusiones la PGR indica: “Brad Will fue lastimado por un primer disparo que fue realizado a una distancia aproximada de dos metros, el agresor estaba localizado a la derecha de Will y fue del punto de vista de su cámara.
“El segundo disparo que impactó a Will fue realizado aproximadamente a entre dos y ocho metros, mientras él era cargado de la escena del crimen y su agresor estaba atrás del lado derecho viendo a Will en diagonal.
“La hipótesis de la CNDH, la cual dice que el agresor disparó dos veces a larga distancia, es científicamente inválida. La conclusión de la PHR es científicamente mal fundamentada porque la pintura roja en el casquillo fue hecha por técnico forense para identificarla.”
Detienen en Guerrero a 23 individuos ligados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva
■ Militares y miembros de la SIEDO toman posesión de rancho de esos narcos en Querétaro
■ Entre ellos figura Luis Antonio Romero de los Santos, presunto jefe en Zihuatanejo de Azueta
Emir Olivares Alonso
Efectivos militares que participan en la campaña contra la delincuencia organizada del gobierno federal detuvieron en un palenque de la ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 23 individuos vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre ellos Luis Antonio Romero de los Santos, El Chavo, a quien se le identifica como jefe de la plaza de esa región.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que entre los aprehendidos hay ex integrantes de cuerpos de seguridad de la entidad, como Timoteo Mata Cruz, antiguo subdirector de seguridad pública del municipio, quien también fue capitán segundo de infantería, el que en el momento de ser detenido contaba con la protección de seis sujetos; también el ex policía ministerial Francisco Javier Cortés Osorio, El Oso, a quien se le relaciona con el grupo de sicarios conocido como Los Pelones.
En un comunicado, la dependencia informó que durante el operativo también fueron detenidos Fidel Romero de los Santos; Guadalupe Gutiérrez Rodríguez, El Lupillo, identificado por la Sedena como el principal distribuidor de droga en el puerto de Ixtapa Zihuatanejo; asimismo, señaló que se aprehendió a 12 individuos más que protegían a las principales cabezas.
A los detenidos se les incautaron 154 dosis de enervantes, aunque en el boletín no se dijo de qué tipo de drogas se trataba; 22 armas largas, ocho armas cortas, cuatro granadas, siete camionetas, dos de ellas blindadas; 19 teléfonos móviles y seis equipos de radio comunicación.
Los detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
Por otro lado, en la madrugada del pasado miércoles miembros del Ejército Mexicano y personal de la SIEDO catearon y tomaron posesión del rancho La Muralla, propiedad de los Beltrán Leyva, ubicado en la comunidad de Galindo, municipio de San Juan del Río, Querétaro, sin que se presentaran detenciones.
Este rancho fue cateado en octubre pasado por los militares debido a que existían sospechas de que en ese lugar habitaban delincuentes vinculados con los Beltrán Leyva.
En tanto, en el puerto de Veracruz elementos del Ejército Mexicano lograron la captura del presunto narcotraficante Javier Díaz Ramón, El Java, líder de una célula de la organización delictiva de los Cárdenas Guillén, operador de la plaza de Cancún, Quintana Roo, quien fue puesto a disposición de la PGR.
La Sedena informó que El Java tiene “nexos estrechos” con integrantes de Los Zetas como Heriberto Lazcano Lazcano, El Z 14, líder de esa organización de sicarios, así como con Miguel Ángel Treviño Morales, alias El 40; Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo, y Jesús Rejón Aguilar, El Mamito.
Por su parte, la PGR informó en un comunicado que un juez de Jalisco dictó auto de formal prisión contra Antonio Careaga Ramírez, ex director de seguridad pública de San Mateo Atenco, estado de México, a quien se le sindica como probable responsable de delitos de delincuencia organizada y contra la salud ya que recibía una cantidad mensual de la organización conocida como La Familia, para dejarlos operar en dicha zona.
Acuden a la SIEDO más de 12 penalistas interesados en defender a la miss Sinaloa
■ Laura Zúñiga Huízar permanece en una oficina de la subprocuraduría adaptada como dormitorio
■ La PGR pedirá arraigo de la joven y de los sujetos con quienes fue detenida en posesión de armas y dólares
Alfredo Méndez y Emir Olivares
El caso de Laura Zúñiga Huízar, quien hace cuatro meses ganó el título de Nuestra Belleza Sinaloa 2008 y el pasado lunes fue detenida por elementos del Ejército en el estado de Jalisco, ha despertado el interés de funcionarios de la fiscalía antinarcóticos y de varios abogados penalistas, quienes a pesar del periodo de descanso por la celebración de la Navidad se han presentado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para ofrecer sus servicios profesionales a la mujer de 23 años.
De acuerdo con fuentes de esa fiscalía, al menos una docena de litigantes acudieron a la SIEDO entre martes y jueves para buscar una entrevista con la sinaloense, capturada hace cuatro días en Guadalajara, cuando iba acompañada por Ángel Orlando García Urquiza, presunto operador del cártel de Juárez, y otras seis personas que portaban armas de grueso calibre, pistolas, 633 cartuchos, 16 celulares y al menos 53 mil dólares.
Con una estatura de 1.74 metros, la apariencia física de Zúñiga Huízar también ha despertado la curiosidad de los agentes del Ministerio Público Federal que han estado de guardia en la SIEDO desde el inicio de esta semana que concluye. Incluso, no permanece en una de las celdas preventivas ubicadas en el sótano de las instalaciones de la subprocuraduría, sino en una oficina que fue adaptada como dormitorio.
Según funcionarios consultados, en las próximas horas la fiscalía antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR) pedirá el arraigo del presunto capo de la droga, de sus presuntos cómplices y de la joven modelo.
Ángel Orlando García Urquiza, novio de Zúñiga Huízar, es hermano de Ricardo García, El Doctor, uno de los principales capos del cártel de Juárez actualmente detenido.
Todos los inculpados comparecieron el pasado día 24 en las instalaciones de la SIEDO por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada.
El agente del Ministerio Público Federal debe finalizar las diligencias antes de que concluya el plazo constitucional de 96 horas, que vence este fin de semana, para definir la situación jurídica de los detenidos.
Desde hace varios años, Laura Zúñiga, quien nació el 3 de enero de 1985 en Culiacán, Sinaloa, se dedica al modelaje en la agencia Queta Rojas, una de las más importantes del país, aunque se graduó como técnico auxiliar en educación.
En julio de este año obtuvo el primer lugar del concurso Nuestra Belleza Sinaloa, y el pasado 20 de septiembre, en la final de Nuestra Belleza México, quedó de suplente de las ganadoras nacionales, por lo que representaría al país en el concurso Miss Internacional 2009, a efectuarse en Japón.
Sin embargo, este no es el primer reconocimiento en su andar por las pasarelas. En 2005 ganó el certamen local y nacional de InterModel, lo que la llevó a posar para el calendario de Latinas Illustrated. El pasado 30 de octubre obtuvo el título de Reina Hispanoamericana 2008, que se efectuó en Santa Cruz, Bolivia. También participó en decenas de desfiles de modas, como en los de Fashion Week, Sarah Bustani y Santana Modelos.
Previo a la final del certamen Nuestra Belleza México declaró a varios medios de espectáculos que su principal debilidad es la vanidad, y que su mayor temor es que un familiar cercano padezca una enfermedad grave o muera. Uno de sus libros favoritos es El Alquimista, de Paulo Coelho.
Luego de su detención, los portales con su nombre se vieron saturados ante el número de internautas que buscaban información sobre su vida y trayectoria.
La modelo y los otros siete sujetos fueron trasladados de Jalisco a la ciudad de México la noche del pasado martes, y llegaron a las instalaciones de la SIEDO en las primeras horas del 24 de diciembre, custodiados por un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos del Ejército.
Además de Zúñiga Huízar y García Urquiza, también declararon ante el Ministerio Público Marcos Medina Flores, de 40 años; Alejandro Medina Ávila, de 29; Julio César Gastélum Hernández, de 34; Ángel David Alarcón Urías, de 32; Francisco Arce Ontiveros, de 29, y Mario Juárez Jiménez, de 47.
Los aprehendidos son originarios del Distrito Federal, Durango, estado de México, Jalisco y Sinaloa, los ocho circulaban en dos camionetas en la colonia Residencial Poniente, de Zapopan. Cabe recordar que luego de una llamada anónima, la detención se logró en un retén que el Ejército y la policía estatal efectuaron de manera conjunta en esa zona.
Además del dinero que les fue incautado a los detenidos, las autoridades les decomisaron dos rifles de asalto AR-15, tres pistolas calibres 380, 32 y 38 especial; nueve cargadores; 633 cartuchos calibres 223, 45, 38 súper, 38 especial y 9 milímetros, así como 16 teléfonos móviles.
Felipe, ¿y los privilegios ofensivos?
Feliciano Hernández
felicianohg@yahoo.com.mx
El año 2009 estará marcado por la mayor inequidad que se haya visto en las últimas décadas, con todos los riesgos que esto implica. La devaluación de al menos 30 por ciento de la moneda nacional, hacia mediados de noviembre, conjugada con la incontrolable inflación en los precios de productos básicos, hasta en más del 100 por ciento, ubica a los asalariados del país en una posición de máxima fragilidad. Todo esto agravado por el alto desempleo y el bajo poder adquisitivo de las clases populares, mientras los responsables del manejo económico duermen impunemente.
En el extremo de tal situación, la alta burocracia del país seguirá gozando de muy elevados sueldos y privilegios, como resultado de la insensibilidad de los legisladores para escuchar las demandas populares y adoptar en consecuencia programas compensatorios.
La propuesta de defensa de la economía popular, de Andrés Manuel López Obrador, para responder a esta crisis, planteada a los diputados con oportunidad durante la discusión del presupuesto 2009, sencillamente fue ignorada. Esto a pesar de que, analizada con objetividad, era totalmente viable al poner la atención en una distribución más equitativa de los recursos y en el combate a los excesos de los gobernantes de ahora y de ayer y de los tres niveles: federal, estatal y municipal.
Sin embargo, ante el probable empeoramiento de la crisis es preciso exigirle a Felipe Calderón, y a todos quienes ostentan alguna responsabilidad de gobierno, que sólo con medidas radicales podrán revertir el deterioro económico y social.
Hay que insistirles a todos los liderazgos sociales que sólo mediante la presión popular y la movilización, los legisladores y el Ejecutivo se verán empujados a tomar medidas de rescate social. Hoy, hoy, hoy.
Por eso resulta pertinente reconsiderar las propuestas de López Obrador, alejados del dogmatismo que persiste en seguir por el mismo camino a pesar del rotundo fracaso del fanatismo neoliberal.
Algunas de las medidas urgentes que propone López Obrador adquieren peso porque son totalmente racionales en la circunstancia mexicana plagada de abusos contra los más desposeídos.
De manera específica López Obrador propone un plan de austeridad presupuestaria que podría arrojar la reducción de 230 mil millones de pesos en el gasto gubernamental. Esto se podría lograr reduciendo a la mitad los sueldos de la alta burocracia, desde el presidente hasta los directores generales adjuntos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diputados y senadores, jueces y ministros, comisionados y funcionarios de los organismos autónomos y descentralizados, como el Banxico, la CNDH, el IFAI, INEGI, Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, IMSS, ISSSTE, etcétera.
También propone que se supriman los privilegios abusivos, como seguros de vida, de separación, de gastos médicos mayores, y que se cancele la entrega de bonos discrecionales de fin de año y similares.
Por supuesto, sigue en pie la propuesta de que se cancelen las pensiones a expresidentes por 310 millones de pesos al año o, podría agregarse aquí, que al menos se les reduzcan a la mitad.
Otra más es que se elimine la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de espacios alternos de los servidores públicos superiores, boletos de primera clase y gastos de vestuario.
Como puede apreciarse estas propuestas son de elemental racionalidad. Igualmente muchas otras que por motivos de espacio resulta difícil mencionar, pero que sólo reflejan la montaña de abusos que durante décadas cometieron los gobiernos del PRI y ahora los del PAN y, hay que reconocerlo, algunos del PRD. Pero, claro, a los legisladores les parecieron inconvenientes, por decir lo menos. Por eso, debe insistirse, sólo mediante la presión popular habrán de terminarse estos privilegios ofensivos.
Aplausos y abucheos
Aquí van algunos deseos de año nuevo, que seguramente comparten muchos mexicanos: que los legisladores ya se pongan las pilas y apliquen medidas drásticas contra los bancos saqueadores y las autoridades complacientes; que ya despierten Carstens, Guillermo Ortiz y Ruiz Mateos; que el IFE sea imparcial y esté muy vigilante de las elecciones este 2009; que la CNDH desquite un poco el enorme presupuesto que devora, hay presos políticos en México y Soberanes no lo denuncia; que los dirigentes partidistas y sus candidatos ya no dilapiden tanto dinero en campañas televisivas inútiles; que los legisladores hagan algo con la Secretaría de la Función Pública, que cuesta mucho y no hace nada contra la corrupción; que los empresarios no se hagan los occisos y paguen sus impuestos, aguinaldos y utilidades; sobre todo, que Santa Claus se olvide totalmente de alimañas como Deschamps, Gordillo, Hernández Juárez y otros; y que se apruebe alguna ley para la asignación equitativa y plural de publicidad gubernamental a los medios independientes y críticos como . A pesar de todo, feliz año nuevo a los lectores de La Hora Cero.
Amenazada, la libertad de expresión
Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx
* Negro resultó 2008 * Asesinatos y atentados a la orden del día
* También agresiones físicas, exilio y amenazas
* Juan de Dios Castro dictamina desde la PGR quien es informador
* Advierte Gerardo Priego Tapia que antes de que termine el año van a "matar a cinco más"
* Campaña Permanente por la Protección a Periodistas "Te hace daño no saber"
Aunque la libertad de expresión y el derecho a la información son elementos básicos en todo régimen que se diga democrático, el 2008 ha resultado un negro año para el periodismo mexicano. Los periodistas y medios de comunicación jugamos un papel primordial en la formación de la opinión pública. Sin embargo, a lo largo de este año los comunicadores enfrentaron un sinfín de limitantes que abarcan desde amenazas y agresiones físicas hasta la desaparición y exilio.
A principios de la administración foxista se registraron en mayor medida casos de demandas, amenazas de demandas y citas a comparecer para que los reporteros revelaran sus fuentes de información, estos hechos significan actos que pueden inhibir el ejercicio periodístico. Pero el Ministerio Público ha dejado de ser la principal "herramienta" para inhibir la labor periodística, de nueva cuenta los asesinatos y atentados contra comunicadores vuelven a estar a la orden del día generando un sentimiento de indefensión y temor, inclusive para denunciar los agravios.
En los primeros meses del próximo año las organizaciones encargadas de monitorear las agresiones a periodistas y medios de comunicación presentarán sus respectivos informes y, hasta el momento, el panorama no parece ser positivo. Las cifras, que manejen cada institución, serán variables de acuerdo a la metodología empleada por cada instancia. Pero en lo que coincidirán será en que muy pocos casos han sido esclarecidos, es decir, en el nivel de impunidad que caracteriza los crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación.
Polémicos asesinatos
En abril fueron asesinadas Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio en Oaxaca. De inmediato las autoridades señalaron que ellas no eran periodistas, aunque la labor informativa que llevaban a cabo en su comunidad las respaldaba.
Durante la reunión que la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación sostuvo con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), éste negó que las locutoras asesinadas fueran consideradas periodistas, pues no contaban con un contrato laboral que avalara su trabajo periodístico.
Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) -una de las 13 organizaciones que conformaron esta misión- le explicó al funcionario que no era necesario estar avalado por una credencial o un contrato laboral. (¿Cuántos periodistas trabajan en este país sólo con un acuerdo verbal sin tener acceso a los derechos laborales básicos?) La respuesta del funcionario fue contundente: "Usted es enemiga del Estado", sentenció Juan de Dios Castro.
La insistencia de Aleida Calleja para que la labor periodística de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez fuera reconocida por las autoridades tiene como trasfondo que las investigaciones del asesinato estuvieran a cargo de la PGR, específicamente por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Para reafirmar la labor periodística de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo decidió otorgar a las comunicadoras el premio en la categoría de Orientación a la Sociedad a título póstumo.
Las autoridades se han concentrado en tratar de definir quién es periodista. Otra muestra de este asunto lo protagonizó de nueva cuenta el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro, cuando señaló que Brad Will, comunicador independiente asesinado en Oaxaca en 2006, no era periodista pues ingresó al país sin documentos migratorios que avalaran su labor profesional. Entró al país con una visa de turista, manifestó el funcionario.
Federalizar delitos
En septiembre la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados realizó el Foro de discusión sobre la federalización de delitos contra periodistas, que se centró en definir quiénes son o no periodistas.
En este contexto se llevo a cabo el Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas, convocado por Rogelio Hernández y José Reveles, periodistas de larga trayectoria. Las discusiones en dicho evento se concentraron en la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y en definir quién es un periodista.
Los participantes se mostraron renuentes a reconocer la labor periodística de aquellos que sin tener estudios en la materia realizan actividades periodísticas como columnistas y articulistas, o en los casos de los llamados "reporteros ciudadanos" que gracias a los avances tecnológicos registran y transmiten acontecimientos noticiosos o denuncias y que tienen cabida en las páginas web de los medios de comunicación.
Son diversas las iniciativas que se han presentado para federalizar los delitos contra periodistas sin que hasta el momento se tenga claro cuando se podrá legislar en la materia.
En el tema de la legislación se han presentado otros proyectos como la iniciativa del senador perredista Carlos Sotelo García para crear la Comisión para la Libertad y Derechos de los Periodistas en el Senado de la República, cuyo objetivo no será dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, sino "desarrollar y promover acciones legislativas que fortalezcan el marco constitucional y de la legislación secundaria, para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, asegurar y ampliar el uso de los medios de comunicación para fines sociales, culturales y públicos, así como mecanismos para hacer efectivas las condiciones salariales, de salud, de seguridad y de asociación para la defensa de los intereses de quienes trabajan en la comunicación."
¿Acaso el problema de la impunidad en los agravios contra periodistas se debe a falta de leyes? La iniciativa del senador Sotelo tiene un punto a su favor, el asunto de las condiciones laborales de los periodistas, pero ése es tema para otro reportaje.
Regresando al tema de la legislación, se presentó una propuesta para modificar el Código Penal de Coahuila para castigar hasta con 60 años de prisión y considerar delito grave, sin derecho a libertad bajo fianza, el homicidio contra periodistas cometido a consecuencia de su profesión.
Esta iniciativa mereció emitir un punto de acuerdo de los diputados coahuilenses para exhortar a las legislaturas de los estados a endurecer las penas para quienes asesinen a periodistas. Una acción bastante noble, pero que no servirá de nada si no se detienen a los responsables y el trabajo de las autoridades se centra en descalificar el trabajo periodístico de los afectados como en el caso de Jesús Lemus Barajas, director del diario El Tiempo, con sede en Michoacán.
Lemus Barajas fue detenido el 7 de mayo, cuando investigaba las rutas del narcotráfico en la entidad. De acuerdo a un comunicado de Reporteros Sin Fronteras (RSF) las acusaciones sobre delincuencia organizada que pesan sobre el comunicador son débiles debido a que no se han presentado pruebas materiales que demuestren la culpabilidad del periodista.
Otro caso lo constituye la detención del reportero Roberto Tepepexteco Hipólito, del periódico El Debate de los Calentanos que se edita en Guerrero, quien al cubrir un enfrentamiento armado entre narcotraficantes en Arcelia, Guerrero, fue secuestrado por delincuentes que intentaban huir. Luego de ser abandonado por los presuntos narcotraficantes, el reportero solicitó ayuda a un convoy militar y fue requerido como "testigo" por la PGR.
Un comunicado de la dependencia federal, con fecha del 9 de septiembre, da cuenta que Roberto Tepepexteco fue acusado de los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos. Todo ello sin tomar en cuenta los 15 años de ejercicio periodístico de Roberto Tepepextco Hipólito en El Debate de los Calentanos.
Las acciones
El reciente homicidio del reportero Armando Rodríguez Carreón de El Diario, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, desencadenó una serie de amenazas contra comunicadores que desembocó en la solicitud de asilo político a Estados Unidos de varios comunicadores y al uso de chalecos antibalas por parte de reporteros de la entidad.
Con fecha del 20 de noviembre, un nuevo comunicado de RSF dio cuenta de los casos de solicitud de asilo por parte de periodistas, comenzando con Jorge Luis Aguirre, director del diario electrónico La Polaka, quien fue amenazado de muerte cuando se dirigía al funeral de Armando Rodríguez, por lo que decidió autoexiliarse en el vecino país del norte.
Anteriormente, Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal del periódico El Diario del Noroeste con sede en Chihuahua, decidió solicitar asilo político luego de recibir amenazas de muerte. Aunque se mantiene en un centro de detención de Estados Unidos, pues intentó ingresar de manera ilegal a ese país y no será sino hasta marzo del próximo año cuando se lleve a cabo la audiencia donde exponga su solicitud de asilo.
Ante el contexto de violencia y presión en la que los comunicadores realizan su trabajo y ante las débiles acciones llevadas a cabo por las autoridades, las organizaciones defensoras y promotoras de la libertad de expresión planean concientizar a la población mediante la Campaña Permanente por la Protección a Periodistas "Te hace daño no saber", misma que comenzará formalmente a principios del próximo año, cuyo objetivo será "disminuir los riesgos y peligro de los periodistas".
Objetivo difícil de lograr ante el panorama oscuro que impera en nuestro país en materia de libertad de expresión, situación que parece empeorar aún más, luego de las declaraciones del presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, diputado Gerardo Priego Tapia, al sostener que antes de que termine el año van a "matar a cinco periodistas más", declaración temeraria, pero que está sostenida en las escalofriantes cifras de agravios contra comunicadores que se registran.
Parece ser que sólo queda preguntarnos ¿quiénes serán los siguientes?
Robo en despoblado
El diferencial anual entre la inflación y el incremento de los salarios mínimos es mayor a dos puntos porcentuales. Esto es un robo en despoblado. De por sí, haber igualado un aumento con otro hubiera sido un atraco, pues la inflación, durante el año, va carcomiendo el salario y esa disminución mensual real del ingreso no se compensa nunca. Pero bajar los salarios en el saldo anual es una verdadera grosería.
¡Qué sangre tan fría puede tener un gobierno al imponer una disminución de los salarios! Y que no se diga que el mínimo sólo opera para menos de la cuarta parte de los trabajadores, ya que todos los salarios están calculados con la misma base, incluso los llamados profesionales. Al cabo, también los contractuales se comportan de la misma forma ya que éstos van a tomar en la práctica el tope porcentual de los mínimos.
La inflación está al doble de lo esperado por las autoridades, lo cual no es nuevo. Pero esto tampoco justifica el robo a los trabajadores.
Las cosas están mucho peor si se analiza el incremento de los alimentos —13.4 por ciento en el año—, ya que la mayoría de los asalariados utiliza su ingreso en comprar principalmente comida. Medido así el problema, la disminución salarial alcanza 10 por ciento en términos reales. ¿Qué hace una familia cuando tiene que comer una décima parte menos que antes? Pero, el gobierno, frío. Eso sí que es no tener madre.
Cuando iniciaba el año que ahora agoniza vimos a nuestros insignes periodistas de la derecha burlarse de la afirmación de los legisladores del PRD en el sentido de que el llamado gasolinazo iba a traer consecuencias graves. En enero, dijeron que tal afirmación había sido alarmista y sin fundamento alguno. Durante el año, los precios de la gasolina y el diésel han seguido aumentando, aunque en el extranjero han venido disminuyendo. Ahora, el combustible es más caro en México, pero el gobierno no toma ninguna decisión porque está manipulando el monopolio del Estado, pero no Pemex, sino la Secretaría de Hacienda, la cual impone los precios de los bienes públicos de la manera más arbitraria y desconsiderada. ¿De qué se burlaban aquellos periodistas? Pues de ellos mismos. Vean cómo está hoy la inflación y cómo están los salarios.
Ahora, el Banco de México nos dice que hay que apechugar las pérdidas salariales y esperar que el año próximo la inflación no rebase 3 por ciento. Es la tesis de la cúpula patronal en el sentido de que los incrementos salariales deben hacerse según la inflación esperada, pero nunca con base en los aumentos de precios anteriores. Esta retrógrada tesis pretende justificar el robo en despoblado, más aún cuando el pronóstico oficial de la inflación suele ser menor que la real.
En Estados Unidos hay una fuerte tendencia hacia la deflación de precios. En México, la recesión se presenta junto con el flagelo de la inflación. Es decir, que no era cierto aquello que dijo el gobierno de que la pulmonía estadunidense iba a ser un catarro en México. El próximo año no habrá crecimiento de la economía mexicana y la inflación será una superganancia de los grandes capitalistas: la defensa de los poderosos y la ruina de los creadores de la riqueza, los trabajadores.
pgomez@milenio.comLa frontera del caos
Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora republicana
26 de diciembre de 2008
bitarep@gmail.com
Amena conversación con Íngrid Betancourt en la embajada de Francia, que al poco se tornó apocalíptica. A la pregunta “¿qué pasa con las muertas de Juárez?” fuimos develando los turbios orígenes, las complicidades, la patología sanguinaria y la impotencia del poder político en ese microcosmos de la tragedia mexicana.
Fenómeno transfronterizo por antonomasia, fue exhibido como la quintaesencia de la corrupción, la explotación humana y la degradación moral estimulados por la apertura económica. Retengo la explicación de Jean Meyer sobre el carácter histórico de la violencia entre nosotros y la de Carlos Montemayor en torno a la asociación criminal de los agentes de autoridad.
Nuestra amiga —recién rescatada del infierno— tuvo la revelación insólita del desmantelamiento del Estado en un país que hoy expresa su carácter por la omnipresencia de la muerte. No ocultó su azoro frente a la pérdida, casi ontológica, que significaría el hundimiento de un país por tantos querido y admirado.
Hubimos de indagar si se trata sólo de la ilegitimidad de los gobernantes y de una pendiente económica sin freno o éstas derivan de la debilidad de las instituciones y su captura por los intereses privados. Concluimos que la crisis disuelve al Estado-nación en sus tres componentes: gobierno sin ejercicio de soberanía, población en éxodo creciente y territorio a merced de la fuerza bruta.
Simultáneamente, Calderón —tras un periplo fotogénico en guayabera— externaba su propio descubrimiento: el desastre se debe a que sus predecesores “ignoraron o prendieron administrar el crimen”. Diagnóstico tardío que reconoce la pervivencia de los vicios más perversos del antiguo régimen, a los que debe su investidura y que nada ha hecho por enmendar.
A partir de esta confesión sin alternativa, se ha endurecido drásticamente el tono de la denuncia. Voces sosegadas se han vuelto incendiarias. González Garza desenmascara una crisis múltiple y advierte que en 2009 “esta bomba revienta”. González de Alba nos remite a la caída del imperio maya, cuando “la gente acabó arrastrando a los sacerdotes —caros e ineficaces— porque dejaron de cumplir la función esencial de protegerlos”.
Hay coincidencia en que las matanzas a todos horrorizan pero a pocos afectan, los asaltos y secuestros hieren a muchos, pero el tsunami económico a nadie va a dejar incólume. Valdría recordar la conjunción de agravios que precipitaron las rebeldías de hace 100 y 200 años. Entonces teníamos Estado: ahora es simplemente la frontera del caos.
Los datos son inapelables. Según la Cepal, México crecerá a 0.5% en 2009 y, de acuerdo con la OCDE, sólo a 0.36 %: el más raquítico de la región. Los inversionistas extranjeros sacaron del país 22 mil 190 millones de dólares, a los que habría que adicionar 18 mil 277 millones utilizados por el Banco de México para contener la devaluación del peso, que ha perdido ya un cuarto de su valor.
La balanza comercial alcanzó un déficit de 8 mil 380 millones de dólares, el más bajo nivel en más de una década. Vegetamos en la venta de petróleo crudo —a la baja—, las remesas de migrantes —también a la baja—, la venta de mano de obra barata en las maquiladoras —después asesinada— y el lavado de dinero —en alza— que confirma el predominio del crimen sobre el Estado.
Los ingresos derivados de esos conceptos se invierten en compras de alimentos en el extranjero. Las consecuencias sobre la población resultan devastadoras. El imparable adelgazamiento de la economía formal hace que la expectativa de contrataciones para 2009 sea casi 20% inferior al año precedente. El incremento de 4.6% en los salarios mínimos es cuatro veces inferior al aumento del costo de vida en esa franja de consumidores.
Durante el último tercio del año se estima una pérdida de 200 mil empleos y un descenso sustantivo en el disfrute de los servicios públicos. Las encuestas señalan un aumento notorio en la esperanza de la migración y una certidumbre creciente en la incompetencia de todos los poderes públicos.
No asoma un proyecto verosímil de cambio y los analistas coinciden en la ausencia de iniciativas consistentes que pudiesen detener la caída en plazo previsible. La falsificación mediática está llegando a su fin, tanto como la tolerancia de sectores mayoritarios de la población. Diagnosticar la gravedad del caso y proponer una salida constitucional mediante la remoción del gobierno me hizo objeto de orquestado vituperio. Invito a los críticos de hoy para que ofrezcan una solución racional a la crisis de la nación.
