Audios 31 mayo AMLOAcayucan, Veracruz
Cosoleacaque
Minatitlán:
Ni lealtades ni conciencias compra el movimiento por la transformación de México, aclara López Obrador
Ni lealtades ni conciencias compra el movimiento por la transformación de México, aclara López Obrador
Acayucán, Veracruz
Domingo 31 de mayo de 2009
* En cambio, las cúpulas priista y panista reparten despensas, materiales para construcción y hasta dinero en efectivo en tiempos electorales, destaca
* Mientras mantiene en la pobreza al pueblo veracruzano, Herrera Beltrán contrata espacios en radio y tv para publicitarse, señala
* Los futuros diputados federales del PT y Convergencia impedirán que la mafia de la política imponga IVA a alimentos y medicamentos, anticipa
El movimiento de transformación del país no compra lealtades ni conciencias, y en sus filas participan ciudadanos con convicción para mejorar la situación económica, política y social de México, mientras que los partidos de la mafia, PRI y PAN reparten despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo para comprar votos, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Un ejemplo de la compra de conciencias, describió, lo representa el gobernador del estado, Fidel Herrera. En tiempos de campaña contrata espacios en medios de comunicación “para llenar de tonterías a la gente, mientras se roba el dinero del presupuesto y deja en el total abandono a los veracruzanos”.
Tanto en Acayucan y Cosoleacaque, como en Minatitlán y Coatzacoalcos, el presidente legítimo de México llamó al pueblo de Veracruz a desengañarse, porque el PRI y el PAN son lo mismo, ambas fuerzas reciben órdenes de la mafia y han dejado en la ruina al país.
A escaso un mes de que se realicen las elecciones intermedias, recordó que las cúpulas panista y priista sólo se han dedicado a aprobar leyes que van en contra de los derechos del pueblo, como la ley del ISSSTE, que afectó a 2.5 millones de trabajadores, y la reforma energética.
Pidió a los ciudadanos participar en las elecciones del 5 de julio, para no hacer el juego sucio a los candidatos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, porque “si nos abstenemos en votar, van a declararse ganadores y continuarán manteniendo los privilegios de la oligarquía”.
La elección de la primera semana de julio será una batalla titánica, como la que sucedió entre David y Goliat, pero también sabemos que triunfaremos con la destreza y astucia que tuvo David para derrotar al gigante Goliat.
Convocó a la gente tiene a votar a favor de los candidatos de la coalición Salvemos a México, que está integrada por el PT y Convergencia, porque ellos evitarán que el gobierno usurpador imponga el Impuesto al Valor Agregado a medicamentos y medicinas.
Destacó que los aspirantes del PT y Convergencia, aunque sean pocos, van a ser los mejores y serán capaces de tomar la tribuna y declararse en huelga legislativa para frenar las reformas que el gobierno espurio quiera imponer en contra del interés del pueblo de México.
“Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, porque son los verdugos del pueblo. Son quienes en vísperas de las elecciones, dan despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo, pero eso que reparten es pan para hoy y hambre para mañana y el pueblo exige justicia”, añadió.
A confesión de parte , relevo de pruebas .
El día de ayer , Pixel publicó completito el libro de Carlos Ahumada , donde queda demostrado el complot que se fraguó para destruir a AMLO ; ¿recuerdan como se mofaban del Peje cuando este decía que los videoescándalos eran un complot en su contra ? decían que AMLO veía complots en todas partes , y lo único cierto es que AMLO jamás dijo que los videos fueran falsos , simplemente reitereba lo del complot , pero independientemente de ésto , (lo del complot, lo cual ha quedado demostrado con este libro) , al mismo tiempo tomaba cartas en el asunto , los culpables pagaron sus delitos ; Bejarano pasó cerca de un año en la cárcel y después fué exonerado , primero por un juez federal y después por uno del ámbito local con el argumento de ambos jueces de que recibir dinero de un particular (que es lo único que demuestran los videos) no es delito . Ponce , el secretario de finanzas del Gobierno del DF , purga su condena de 8 años en la cárcel . La pregunta obligada es : ¿donde esta Mario Marín , Ulises Ruiz, Romero Deshamps , los hermanos Bribiesca , Elba Ester Gordillo , la familia Mouriño y un largo etcétera ? todos estos , delincuentes cuyos delitos han sido plenamente documentados y no ha pasado absolutamente nada . Vale recordar las palabras de Miguel de la Madrid en la reciente entrevista que le hizo Carmen Aristegui : " La impunidad en este país resulta necesaria para su buen funcionamiento " , yo agregaría , que siempre y cuando no se trate de AMLO , por que entonces si , sobre el , todo el peso de la ley .
Cuando inician los escándalos , todos , pan , gobierno federal y medios se le van a la yugular al Peje , aunque ellos sepan que es mentira lo que alegan , saben que después , cuando se compruebe que el Peje tenía razón ya nadie dirá nada , nadie le ofrecerá una disculpa y lo único importante para ellos es que el daño ya está hecho , que miles o tal ves millones de personas ya creyeron las mentiras y luego no se enterarán de que el que tenía razón era AMLO . Esto ha sucedido una y otra ves desde el año 2000 en que visualizaron por primera ves la posibilidad real de que AMLO llegara a la presidencia .
Ya se está volviendo costumbre que el tiempo invariablemente le de la razón al Presidente Legítimo de México , lamentablemente muy pocos se enteran .
Edmundo Erazo
http://resistiendoenqueretaro.blogspot.com/
Más y mejor información solo en Resiste Acapulco
A confesión de parte , relevo de pruebas .
El día de ayer Pixel publicó el libro completito de Carlos Ahumada , al respecto el siguiente comentario :
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Con este libro queda demostrado el complot que se fraguó para destruir a AMLO ; ¿recuerdan como se mofaban del Peje cuando este decía que los videoescándalos eran un complot en su contra ? decían que AMLO veía complots en todas partes , y lo único cierto es que AMLO jamás dijo que los videos fueran falsos , simplemente reitereba lo del complot , pero independientemente de ésto , (lo del complot, lo cual ha quedado demostrado con este libro) , al mismo tiempo tomaba cartas en el asunto , los culpables pagaron sus delitos ; Bejarano pasó cerca de un año en la cárcel y después fué exonerado , primero por un juez federal y después por uno del ámbito local con el argumento de ambos jueces de que recibir dinero de un particular (que es lo único que demuestran los videos) no es delito . Ponce , el secretario de finanzas del Gobierno del DF , purga su condena de 8 años en la cárcel . La pregunta obligada es : ¿donde esta Mario Marín , Ulises Ruiz, Romero Deshamps , los hermanos Bribiesca , Elba Ester Gordillo , la familia Mouriño y un largo etcétera ? todos estos , delincuentes cuyos delitos han sido plenamente documentados y no ha pasado absolutamente nada . Vale recordar las palabras de Miguel de la Madrid en la reciente entrevista que le hizo Carmen Aristegui : " La impunidad en este país resulta necesaria para su buen funcionamiento " , yo agregaría que siempre y cuando no se trate de AMLO , por que entonces si , sobre el , todo el peso de la ley .
Cuando inician los escándalos , todos , pan , gobierno federal y medios se le van a la yugular al Peje , aunque ellos sepan que es mentira lo que alegan , saben que después , cuando se compruebe que el Peje tenía razón ya nadie dirá nada , nadie le ofrecerá una disculpa y lo único importante para ellos es que el daño ya está hecho , que miles o tal ves millones de personas ya crelleron las mentiras y luego no se enterarán de que el que tenía razón era AMLO . Esto ha sucedido una y otra ves desde el año 2000 en que visualizaron por primera ves la posibilidad real de que AMLO llegara a la presidencia .
Ya se está volviendo costumbre que el tiempo invariablemente le de la razón al Presidente Legítimo de México , lamentablemente muy pocos se enteran .
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Edmundo Erazo
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Fracasa Sedesol en rescate de espacios públicos
Autor: Érika Ramírez
31 Mayo 2009
El Programa de Rescate de Espacios Públicos registra irregularidades por más de 130 millones de pesos, revela la ASF. Sin diagnóstico ni metas, el proyecto que maneja la Sedesol podría fracasar en la colaboración del combate contra la delincuencia en las metrópolis y ciudades más pobres del país, dice El Colegio Mexiquense
Un incendio acabó con los juegos de madera instalados en el parque Ramón López Velarde, el año pasado. María, contratada como personal de limpieza del lugar, ubicado en avenida Cuauhtémoc casi esquina con Eje 3, en la ciudad de México, explica que los juegos no duraron ni seis meses en funcionamiento.
Mientras barre las hojas secas señala: “Aquí encontramos jeringas, bachas (residuos de cigarro) de mariguana, bolsos de mujer, cuchillos”. Dice que el parque, lejos de ser un espacio para la convivencia familiar y el desarrollo infantil, es un lugar donde se cometen asaltos, se fomenta la drogadicción y se sufren acosos sexuales.
Pedro, su compañero de faena, agrega: “Hasta fetiches de brujería vienen a aventar aquí”. El hombre al servicio del parque dice que, “a plena luz del día”, se venden drogas al menudeo.
Los trabajadores del parque aseguran que ellos ya tienen identificados a los “mañosos” y “rateros”: “Les hemos dicho a los policías que luego andan por aquí, pero no les hacen nada. Lo que sí hacen los policías, cada que se aparecen, es pedirles dinero a las parejas que andan besándose”.
El parque Ramón López Velarde fue “remodelado” en 2008, bajo el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Se trata de un programa que tiene como objetivo hacer de los parques públicos de todo el país centros de convivencia sana y segura.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentra inconsistencias por más de 137 millones de pesos en los recursos del PREP que ejecuta la Sedesol. El programa fue creado, formalmente, para prevenir la desigualdad, la inseguridad y la violencia en las zonas con pobreza urbana.
La ASF fiscalizó 334 millones 50 mil 400 pesos, en los que detectó que el 41 por ciento fue operado con “deficiencias” en su planeación y ejecución.
Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2007, el monto del dinero involucrado en las irregularidades supera los 137 millones 958 mil 400 pesos. Se trata de recursos de los que no se cuenta con las actas de entrega-recepción de los beneficios del programa, falta la justificación de los subsidios asignados o se omitió la reintegración de dinero a la Tesorería de la Federación.
Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, dice que este programa está vinculado al tema de inseguridad, un problema “gravísimo” de las zonas de pobreza urbana en el país.
El diputado de la fracción del Partido Revolucionario Institucional dice que el PREP tiene como objetivo “dignificar” la convivencia social y la mejoría física de los espacios para fortalecer la cohesión social tan “deteriorada”.
Los “daños”
La ASF indica que en la dependencia que encabeza Ernesto Cordero Arroyo hay 74 millones 110 mil 300 pesos que no cuentan con recibos que comprueben su ejercicio. El monto significa el 34.5 por ciento de los 214 millones 753 mil 100 pesos que fueron transferidos a las delegaciones de la Sedesol en el Estado de México, Nuevo León y Jalisco.
Según el máximo órgano de fiscalización, lo anterior contraviene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 66, que establece: “Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos estén sujetos a su debida justificación y comprobados con los documentos originales respectivos”.
Entre los requisitos que debe cubrir cada dependencia que transfiera dinero del erario, está el contar con los documentos “originales” que justifiquen y comprueben la entrega.
Además, debe registrar la contabilidad de las operaciones presupuestarias y patrimoniales que lleven cada una de sus áreas.
Otros 53 millones 251 mil 900 pesos corresponden a la diferencia que hay en los subsidios asignados al programa en 2007 y los reportados en el mismo ejercicio. Según la ASF, los datos iniciales indican que el presupuesto total fue de 922 millones 253 mil 200 pesos (sin considerar los gastos indirectos por 59 millones 574 mil 900 pesos), de los cuales únicamente 869 millones 1 mil 300 se sustentaron en los acuerdos formalizados por los gobiernos estatales y municipales.
El resto, 10 millones 596 mil pesos, corresponde a los reintegros que hicieran las delegaciones de la Sedesol en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, mismos que no se enteraron a la Tesorería de la Federación.
Por los más de 10.5 millones de pesos, la ASF presume que la Sedesol incurrió en un daño a la hacienda pública. Este acto contravino el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice: “Cuando al término del ejercicio presupuestario existan recursos no ejercidos, éstos deberán reintegrarse a la Tesofe (Tesorería de la Federación) a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre”.
El Colegio Mexiquense
Otra de las supuestas irregularidades detectadas por la ASF es la adjudicación directa por 268 mil 800 pesos a El Colegio Mexiquense para la realización del Informe final de diseño del programa de rescate de espacios públicos.
Según el máximo órgano de fiscalización, el trabajo de investigación debió realizarse a través de un proceso de licitación o, por lo menos, mediante la invitación a cuando menos tres personas, toda vez que la institución educativa se encuentra registrada como asociación civil.
El informe de la ASF solicitó que el Órgano Interno de Control en la Sedesol investigue y finque responsabilidades que deriven de “actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron la evaluación externa del PREP por 268 mil 800 pesos”.
Evaluación reprobada
En tanto, el documento de la institución educativa, coordinado por la investigadora Carola Conde Bonfil, señala que “México presenta un constante crecimiento en sus niveles de urbanización que no ha podido ser acompañado por la acción de los gobiernos locales para dotar de suficiente infraestructura y seguridad a aquellas zonas que han quedado marginadas, padeciendo precariedad urbana en sus espacios públicos. Tales condiciones propician las desigualdades sociales, siendo la proliferación de la delincuencia organizada una de sus expresiones más preocupantes.
La evaluación de El Colegio Mexiquense asegura que el programa no tiene correctamente identificado el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido. “Aunque su normatividad identifica situaciones como la falta de infraestructura y seguridad en las zonas urbanas, y establece que el rescate de espacios públicos tiene una vinculación estrecha con el mejoramiento del entorno y el desarrollo comunitario, el programa surgió de las demandas captadas durante la campaña presidencial (de Felipe Calderón) y la premura para su ejecución impidió elaborar un diagnóstico inicial que identificara la problemática y sus necesidades específicas, así como establecer las áreas potenciales a intervenir”.
Ante la carencia de un diagnóstico, dice el documento, el programa no desarrolló una base para contar con herramientas que le permitan incrementar el impacto en la construcción de identidad comunitaria y en la cohesión y tejido sociales.
Advierte que de no proceder metodológicamente para impactar en la sociedad, los beneficios se restringirían a la infraestructura y no contribuirá a la Estrategia Limpiemos México, que tiene como objetivo el combate a la delincuencia.
El legislador priista Héctor Olivares Ventura critica que este tipo de programas “son hechos en el escritorio de una instancia federal, al que obligadamente se le deben sumar los órganos de gobierno estatales y municipales, pero en el que ha quedado ausente la participación ciudadana”.
Pobreza y violencia
Olga Segovia, investigadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirma que “en todos los continentes son los pobres los más afectados por los efectos de la delincuencia. Un rasgo muy significativo de la nueva violencia es que ocurre principalmente entre los pobres de las grandes ciudades. La clase media y los sectores más acomodados ven a los pobres como una amenaza y se sienten asimismos como las víctimas de las agresiones y de los delitos”.
En su proyecto de investigación Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público indica que “no es la pobreza, sino el empobrecimiento y la consecuente exclusión social, reforzada por la desigualdad, lo que origina la violencia urbana”.
Bajo la Estrategia Limpiemos México, la Sedesol mantiene coordinación con las secretarías de Salud y de Seguridad Pública (SSP) para instrumentar las acciones del Programa de Recuperación de Espacios Públicos. En su primer año de administración, Genaro García Luna reportó 1 mil 699 “zonas de impunidad” en todo el país.
Al año siguiente, en el capítulo “Estado de derecho y seguridad”, del II Informe de Gobierno de Felipe Calderón (septiembre de 2008), la SSP estimaba un incremento de casi el 50 por ciento de estas “zonas de impunidad”, con 2 mil 204 en las 32 entidades federativas del país.
No obstante, las cifras oficiales “bajaron” casi el 90 por ciento tan sólo en seis meses tras la visita a México de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton. Los datos presentados en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, a finales de marzo pasado, indicaban que en todo el país había 233 zonas de impunidad.
Es decir que, ante la funcionaria estadunidense, García Luna mostró sólo el 10.57 por ciento de los números contenidos en el informe presidencial. El reportero Ignacio Alzaga señaló, en la edición del 27 de marzo de 2009 del periódico Milenio, que el secretario dijo, “por error”, que las zonas delicuenciales eran 2 mil 437, para después rectificar y bajar la cifra a 233.
Según la información de la SSP, se trata de calles, avenidas, colonias, lugares en los que los enlaces de prevención de la SSP han atendido denuncias en las que los ciudadanos perciben diversos delitos que no son castigados”.
De acuerdo con las Reglas de Operación del programa que ejecuta la Sedesol, uno de los principales objetivos del PREP radica en “impulsar la prevención y atención de la violencia y seguridad comunitaria en espacios públicos y su entorno”.
Elementos para la instrumentación del PREP
• La inseguridad pública ha socavado la capacidad de los mexicanos de alcanzar un desarrollo humano sustentable
• Políticas dirigidas a mitigar las desigualdades sociales, resolver los problemas públicos de violencia intrafamiliar, adicciones, marginación, así como a dignificar los espacios urbanos, entre otras, coadyuvan a reducir el crimen y la delincuencia en el país • Rescatar el espacio público dignificando zonas marginadas y áreas de recreación, e impactando sobre los problemas sociales que son propicios para la proliferación de la delincuencia organizada
• La instrumentación de una política preventiva y transparente, donde el ciudadano y sus derechos sean de interés principal, y que utilice como eje rector el desarrollo humano sustentable, pugnando por establecer condiciones de vida dignas que prevengan el crimen y garanticen a todos el goce de sus derechos y libertades.
Fuente: Sedesol
Misiones
La ASF revisó los informes mensuales y trimestrales de los avances financieros de los beneficiarios del PREP en Jalisco (seis municipios), Estado de México (17 municipios), Nuevo León (11 municipios) y Distrito Federal (16 delegaciones), de los que destaca:
a) No se proporcionaron los informes mensuales del avance físico y financiero de las obras y acciones de las delegaciones del estado de Jalisco (un municipio), del Estado de México (dos municipios), del Estado de Nuevo León (nueve municipios) y del Distrito Federal (16 delegaciones)
b) Los informes mensuales de la delegación de Nuevo León carecieron de las firma del delegado de la Sedesol en la entidad, y los de Jalisco no contaron con la firma del presidente municipal
c) No se proporcionó la evidencia documental del envío a cada delegación de los informes mensuales de las delegaciones de Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Distrito Federal.
Fuente: Auditoria Superior de la FederaciónMás y mejor información solo en Resiste Acapulco
Los Movimientos de afectados ambientales
28 de mayo de 2009. En el Círculo de Estudios Central, de las Redes Universitarias, el Dr. Andrés Barreda y el periodista Jesús Ramírez, abordaron el tema de los movimientos sociales de afectados ambientales.
El Dr. Barreda hizo un recuento general de los movimientos de afectados ambientales en nuestro país, que van desde la oposición a la construcción de presas hidroeléctricas, mineras, contaminación de ríos y lagos, hasta movimientos urbanos en la Ciudad de México, como es el caso de los vecinos de Tlahuac que se oponen a la construcción de la línea 12 del metro.
Asimismo, el Dr. Barreda explicó que esta problemática es tan diversa debido a que la legislación mexicana es demasiado laxa, y permite que los empresarios puedan hacer lo que quieran de manera impune, solapados por el gobierno quien con tal de atraer inversiones permite que se deteriore severamente nuestro medio ambiente.
Por último, Jesús Ramírez señaló que se deben promover acciones para frenar a las empresas que llevan a cabo esta depredación ambiental, y puso como ejemplo el boicot a sus productos, no solo por que apoyen fraudes electorales sino también porque dañan nuestra salud, como es el caso de Bimbo.
AMLO TV
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Simula recuperaciones por 33.7 mil MDP Auditoría Superior
Autor: Nancy Flores
31 Mayo 2009
Para exigir mayor presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación simula recuperaciones para las arcas federales por 33 mil 700 millones de pesos. Hacienda, SAT y Tesorería reportan resarcimientos sólo por 52 mil pesos, el 0.00015 por ciento de lo que aparenta la ASF. Impunes, los “grandes fraudes a la nación”
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría simulado resarcimientos a la hacienda pública por más de 33 mil millones de pesos, relacionados con los llamados “grandes fraudes a la nación”. El objetivo: justificar su existencia como máximo órgano de fiscalización pública y exigir mayor presupuesto.
Dicha simulación consistiría en hacer pasar por “recuperaciones” lo que en realidad son solventaciones de supuestas irregularidades observadas durante los procesos de fiscalización.
El concepto –que no está estipulado en la ley– habría sido inventado con Arturo González de Aragón al frente del órgano y sustituiría al concepto de “solventación”, descubre la interpretación de la auditoría, obtenida con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el análisis jurídico hecho por el doctor Daniel Márquez, experto en derecho administrativo, fiscal y penal.
Al aclarar (solventar) las observaciones (irregularidades), los poderes de la Unión y entes públicos federales fiscalizados evitan que se les imputen responsabilidades. Ello habría ocurrido con los daños patrimoniales que la ASF dio por solventados, en los que se incluyen los “casos más candentes”, como los califica la diputada panista Alma Alcaraz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que entre las supuestas “recuperaciones” se enlistan 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero, considerado una tributación privada; 1 mil 580 millones que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a su sindicato en 2004; 1 mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones de pesos de supuestas malversaciones detectadas en estados y municipios, dice el “Resumen ejecutivo” del Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la ASF y entregado a la Cámara de Diputados el 12 de marzo pasado.
Con la simulación, la ASF habría posibilitado el uso discrecional de varios miles de millones de pesos que habrían sido trasladados de arcas privadas a arcas públicas sin observar el método establecido por la Ley de Fiscalización Superior: el seguimiento puntual de esos recursos que se resarcen a la hacienda pública “es imposible”, reconoce el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia.
“Problema semántico”El legislador perredista, hermano de Jesús Ortega, asegura que en el caso de las recuperaciones “subyace un problema de semántica.
Un problema hasta de aplicación gramatical correcta y, sin duda, un uso inadecuado de conceptos contables”.
Ello, porque ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 74 y 79), ni la Ley de Fiscalización Superior ni el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación establecen el concepto de “recuperación”.
El doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que ninguno de esos tres ordenamientos, que forman el marco jurídico que regula a la ASF, se refieren a las “recuperaciones” como una facultad del máximo órgano de fiscalización del país.
Márquez dilucida que llamar recuperaciones a las solventaciones resulta de la interpretación que da la auditoría a la legislación: tras determinar la existencia de una irregularidad que todavía no deviene en responsabilidad –“al menos eso dice la auditoría”–, ésta genera una observación; entonces, la irregularidad debe ser explicada. “A la explicación que satisface a la Auditoría Superior de la Federación se le llama solventación, pero no es una recuperación”.
El experto en derecho administrativo detalla que la recuperación como concepto implica que el servidor público se haya apoderado físicamente de las cantidades de dinero y que, derivado de la acción de la auditoría, ese dinero salga del patrimonio del funcionario y regrese al de la dependencia o entidad que haya sido afectada o se reintegre a la Tesorería de la Federación.
Resarcimientos sólo por 52 mil pesosMientras la ASF asegura haber recuperado 33 mil 718 millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala en el oficio 102-SAT-307 que, si bien la Ley Superior de Fiscalización entró en vigor desde el 30 de diciembre de 2000, el primer documento determinante (pliego definitivo) se recibió hasta septiembre de 2005.
De acuerdo con los artículos 51 y 52 de la ley, la auditoría formula pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas. Éstos “determinan en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores” y deben ser solventados por los poderes de la Unión y entes públicos federales en un plazo improrrogable de 45 días hábiles.
Sólo en caso de que los responsables no solventen la observación o de que la documentación y argumentos presentados sean insuficientes, la auditoría inicia el procedimiento para imputar responsabilidades resarcitorias y, en su caso, aplica sanciones pecuniarias. Los cobros son ejecutados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT y de la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Documentos internos –cuyas copias posee Contralínea– y respuestas a solicitudes de información de estas tres dependencias indican que los pliegos definitivos no reflejan más de 30 mil millones de pesos, sino apenas 48 millones 372 mil 589 pesos.
La cifra reportada por las autoridades hacendarias se refiere a créditos fiscales generados por cada pliego de observación definitivo y no a resarcimientos a favor del erario: de los 48 millones de pesos, a la hacienda pública sólo se le han devuelto 52 mil 967 pesos.
El monto real de los resarcimientos representa apenas el 0.00015 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos que la ASF asegura haber recuperado, consta en el oficio 400- 03-00-00-00-2009-001, enviado el 15 de enero de 2009 por el administrador central de Planeación y Estrategias de Cobro del SAT, Carlos León Olaya, al diputado Antonio Ortega.
Alma Alcaraz dice que es necesario que la Cámara de Diputados investigue “a fondo esta situación, para determinar por qué Hacienda trae otros números cuando nosotros hemos considerado siempre que los 30 mil millones de pesos (se reintegraron).
Nosotros, como diputados, hemos confiado en que eso ya está en la Tesorería de la Federación y que se cumplen los artículos 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior, que establecen claramente lo que se tiene que hacer con ese dinero”.
Los artículos citados por la diputada panista, contenidos en el “Capítulo III del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias”, indican que la Secretaría de Hacienda es la entidad facultada para la ejecución de los cobros.
Además, aunque determinan que el destino de los recursos son las arcas defraudadas, la devolución debe hacerse por medio de las tesorerías.
El diputado Elías Cárdenas, del Partido Convergencia, exige a González de Aragón “probar fehacientemente las recuperaciones que dice haber hecho”. Ejemplifica con el rescate bancario: “Ahí se confunde (el diputado) Toño Ortega, de que es una cuestión semántica.
No lo es: la auditoría evitó que los banqueros cobraran los 10 mil millones de pesos de los créditos que se habían dado a sí mismos, pero eso es evitar. Recuperar es distinto a evitar. En lo demás, el auditor se comprometió, públicamente, a comprobar ante los medios de comunicación hasta el último centavo de las recuperaciones.
Yo estoy esperando que él lo demuestre”.
El doctor en derecho Daniel Márquez explica que las recuperaciones son “una simulación”. “El problema que tenemos con las instituciones es que no saben decir las cosas por su nombre. En todas las instituciones, en general, piensan que si dicen la verdad la ciudadanía no va a estar preparada para entenderla”.
El auditor lo niega. “No hay simulaciones en la Auditoría Superior de la Federación. De los 33 mil 750 millones de pesos, 10 mil 856 millones corresponden a devoluciones de instituciones bancarias: 6 mil 200 millones de pesos, a Banamex; 3 mil millones de pesos, a Bancomer; de manera que no hay simulaciones.
No hay simulaciones”, reiteró al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo.
Respecto de la diferencia entre sus 33 mil millones de pesos y los 50 mil pesos que reporta la Secretaría de Hacienda, González de Aragón justificó: “Hay un problema de entendimiento. Lo que el SAT reporta son créditos fiscales, que no tienen nada que ver con la entrega de cheques de las instituciones bancarias al Fobaproa; con los 1 mil 580 millones de pesos recuperados del Pemexgate (2), que obviamente no entraron al SAT, sino al patrimonio de Petróleos Mexicanos; no tienen nada que ver con los 6 mil 800 millones de pesos que han devuelto los estados y municipios, que no se devolvieron al SAT”.
Ante los cuestionamientos, González de Aragón dijo que “es decisión nuestra subir a internet en los próximos 20 días la copia de todos los documentos que acreditan los resarcimientos, de manera que no hayan problemas de entendimiento.
Esto nos conviene a todos, pero más a nosotros para poder acreditar el beneficio de la acción fiscalizadora”.
El “beneficio” también había sido invocado minutos atrás, cuando dijo a los legisladores que las recuperaciones “representan 33 veces el presupuesto anual de la institución, un hecho inédito en el país”. En otras ocasiones, como en esa, la cita del monto le ha servido para exigir aumento presupuestal: en 2009, su gasto asciende a 1 mil 239 millones 700 mil pesos; mientras que en 2008 fue de 1 mil 185 millones 400 mil pesos.
No obstante su interés en resolver el “problema de entendimiento”, al vencer el plazo de los 20 días, el 9 de abril, su compromiso se redujo a unos anexos derivados de las ligas “Recuperaciones” y “Detalle”, que pueden ser consultados en el sitio de internet www.asf.gob.mx y que sólo contienen un listado que cita documentos con carácter de reservados. Ninguna prueba se anexa.
Y aunque González de Aragón niegue simulaciones, la propia ASF reconoce que las recuperaciones son, en realidad, solventaciones. Al responder la solicitud de información 025, referente a por qué no emitió pliegos de observaciones definitivos, dice: “Las recuperaciones se obtuvieron en diversos procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de acciones promovidas que realiza la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas. La razón por la que no se notificaron los pliegos definitivos de responsabilidades a la Tesorería de la Federación fue porque las recuperaciones no se generaron de procedimientos resarcitorios.
“La única recuperación a la fecha derivada de un procedimiento resarcitorio y de la emisión de un pliego definitivo de responsabilidades, conforme a la Ley de Fiscalización Superior, fue el número 001/2006 por 52 mil 971 pesos, derivado de la auditoría 225 de la Cuenta Pública 2002.” Agrega que “si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.
IndagatoriasPara comprobar la existencia y legalidad de las “recuperaciones”, en la actualidad hay dos investigaciones abiertas; una la lleva la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, encargada de vigilar la actuación de la ASF, del auditor superior y de su equipo; la otra, un despacho externo contratado por el auditor, informa la auditoría en el boletín de prensa 2009-1, del 10 de febrero.
Aunque Roberto Michel, titular de la UEC, canceló la entrevista pactada con Contralínea, admitió –ante el diputado priista Horacio Garza Garza, integrante de la Comisión de Vigilancia, y el asesor de éste, Homero Terán– que la indagatoria estaba en proceso.
Entre lo más relevante, la investigación habría encontrado indicios de un “arreglo” entre Pemex y su sindicato, que permitiría resarcir los 1 mil 580 millones de pesos al patrimonio de la paraestatal en pagos parciales fijados a largo plazo.
Problemática derivadaUna de las preocupaciones manifestadas por los legisladores consultados es el destino de los recursos que sí se han devuelto a las arcas públicas al margen del método establecido por la Ley de Fiscalización Superior en materia de resarcimientos.
Ello, porque al ignorar el procedimiento legal se habría permitido el uso discrecional del dinero “recupera do”: éste se habría integrado directamente al gasto de cada institución o dependencia en un ejercicio distinto al que originalmente fue asignado, sin una etiqueta específica y sin ningún criterio de transparencia.
“Es un procedimiento que debería de estar reportando la Secretaría de Hacienda y al que le tendría que estar dando seguimiento.
La Auditoría Superior hace las observaciones, impone las acciones resarcitorias, mientras que la Tesorería de la Federación se encarga de ir por ese dinero. Entonces, qué es lo que está pasando realmente con la tesorería, por qué no está haciendo esos cobros que le corresponden (…) dónde está la falla”, pregunta Alma Alcaraz.
Sin embargo, ninguna de las recuperaciones que la ASF dice haber logrado ha involucrado a la Secretaría de Hacienda, al SAT o a la Tesofe, comprueban documentos oficiales. Para resumir el asunto de las recuperaciones, el doctor en derecho Daniel Márquez recuerda una frase del poeta Juvenal: “Quis custodiet ipsos custodes” (quién vigilará a los que vigilan).
La ASF es un órgano de fiscalización adscrito a la Cámara de Diputados; pero, por disposición constitucional, posee autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con el auditor superior. Ildefonso Morales, titular del área de Comunicación Social de la ASF, informó que González de Aragón no aceptó concederla. Al tiempo, recomendó recurrir a la Ley Federal de Transparencia para consultar datos, pues tampoco tuvo autorización de dar fichas informativas.
Con base en la Ley Federal de Transparencia, en el requerimiento de información 024/2008 Contralínea solicitó “conocer qué legislación –especificar nombre de la ley y artículo– le atribuye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad expresa de hacer ‘recuperaciones’ directas”.
En su respuesta, la ASF admite que las leyes que la regulan no establecen el concepto de “recuperación”: ninguno de los artículos a los que alude (74 y 79 constitucionales; 47, 51, 52, 53 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior; y 5 del Reglamento Interior) lo refiere.
Para justificar el concepto, expone su interpretación de las leyes: “Los daños o perjuicios que se subsanen por las entidades fiscalizadas o por los presuntos responsables pueden considerarse como recuperaciones con motivo de las acciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio de sus facultades, ya que si no fuera por ese ejercicio de facultades de revisión dichas recuperaciones no se hubieran obtenido”.
En sus argumentos, la ASF reconoce que a las solventaciones les llama recuperaciones. “Con motivo de las facultades de fiscalización, si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, manifiesta su decisión de no actuar en contra de los responsables de los quebrantos, una vez que se solventan las irregularidades observadas. “Para emitir un pliego de observaciones o iniciar el posterior procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria [que involucra a la Secretaría de Hacienda] necesariamente debe haber detectado un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, no justificado o reintegrado”.
La ASF dice que si los daños o perjuicios se subsanan “carecería de elementos para detonar el ejercicio de sus facultades resarcitorias por ya no existir daños que indemnizar”.
También indica que “una vez que se aplica un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, y en el mismo se mantiene el daño o perjuicio, al o a los responsables se les finca el pliego definitivo de responsabilidades.
Éste se remite a la Tesorería de la Federación para el efecto de que si en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su notificación no se cubre por el o los responsables se haga efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución”. (NF).
RECUADRO 2.
Solventaciones simulan Recuperaciones.
Contralínea obtuvo copias de documentos relacionados con dos asuntos de evasión de impuestos, enlistados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como recuperaciones: Derecho de Trámite Aduanero y Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Identificados con la leyenda de “este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”, los oficios tienen carácter de solventaciones, mas no de recuperaciones.
En el primer caso, se trata de seis documentos, tres de ellos son copia de declaraciones generales de pago de derechos, correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, hechas a cuenta y cargo del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, constituido en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.
El pago de derechos ascendió, en total, a 1 mil 456 millones 768 mil 643 pesos: 85 millones 789 mil 758 pesos, en 2002; 821 millones 226 mil 665, en 2003; 549 millones 752 mil 218 pesos, en 2004.
No obstante, en las revisiones de esas cuentas públicas la ASF había documentado daños superiores: 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004. Además, en su revisión a la cuenta 2001, observó un quebranto por 4 mil 561 millones.
De acuerdo con los informes de las revisiones, la auditoría encontró que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, mismos que se depositaron en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004.
En el segundo caso, referente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se tuvo acceso a dos oficios y una copia de la declaración de pagos provisionales, primera parcialidad y retención de impuestos federales.
El oficio 330-SAT-VI-376, fechado el 19 de febrero de 2007, señala que, con dicha declaración, la Administración General de Evaluación “se encuentra en posibilidad de solventar la observación de la ASF 04- 006E00-2-110-05-001 efectuada a SEIEM, por el ejercicio de 2004, en el que se observó retenciones efectuadas no enteradas en suma de 806 millones 162 mil 400 pesos”. (NF).
Más y mejor información solo en Resiste AcapulcoIndustrias tequilera y porcícola, las que más ensucian el río Santiago: CEA
Se deben vigilar las descargas para evitar que lleguen crudas al afluente: Castañeda
Fuente: La Jornada de Jalisco
En el empalme del arroyo El Ahogado, la parte más crítica del afluente, precisó
RAUL TORRES
Tras presentar los resultados del segundo monitoreo de los 262 kilómetros del río Santiago que corren por Jalisco, y luego de llegar nuevamente a la conclusión que el río está contaminado, la Comisión Estatal del Agua (CEA) indicó que son las industrias tequilera y porcícola las que más ensucian las aguas del Santiago y las que menos trabajo han hecho para evitarlo.
El director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, Héctor Castañeda, indicó que las acciones fundamentales para mejorar la calidad del agua del Santiago y sus afluentes deben ir en tres sentidos: mejorar la infraestructura municipal para un óptimo manejo de sus descargas, vigilar las descargas de la industria agropecuaria para evitar que sus descargas lleguen crudas al río, y pretratar las aguas industriales para que posteriormente sus descargas tengan un tratamiento secundario en las macroplantas de tratamiento proyectadas en El Ahogado y Agua Prieta.
El funcionario consideró que la descarga de una sola porcícola daña mucho más que una descarga municipal de una pequeña ciudad, no obstante, reconoció que si bien hay avances con los municipios para que mejoren su infraestructura y muchas industrias han trabajado para cumplir con las normas, con las tequileras el trabajo ha sido menor y con las industrias porcinas los avances son prácticamente nulos.
Recordó que en 2005 la CEA realizó un estudio para detectar descargas a lo largo de los ríos Santiago, Zula y Verde, y se logró detectar 463 descargas para hacer un diagnóstico de los puntos más críticos.
Este estudio –dijo– sirvió para que se reclasificara el río en nivel “C” dentro de la Ley Federal de Derechos para Uso 3 de Protección a al Vida Acuática, lo que implica parámetros de medición más exigentes.
Castañeda indicó que ahora falta que en el Diario Oficial se haga la declaratoria del Río Santiago como cuerpo de agua tipo “C”, por lo que desde octubre del año pasado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) actualiza el estudio de 2005 para determinar si hay nuevas descargas y en qué estado se encuentran las que ya estaban.
Uno de los temas críticos en el caso de la contaminación del Santiago es la poca capacidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de hacer inspecciones constantes a las industrias, explicó el funcionario de la CEA, y recordó que desde el año pasado se ha solicitado al organismo federal celebrar un convenio en el que se permita a la dependencia estatal participar de forma conjunta en las acciones de monitoreo, inspección y vigilancia de empresas; no obstante, la Conagua se ha negado a celebrar este convenio.
Diagnóstico del río
Los resultados del segundo monitoreo del Santiago realizado por la CEA en 13 puntos distintos de la cuenca indican que, tomando en cuenta los indicadores de calidad del agua superficial de la Conagua, y la Ley Federal de Derecho, uso 3, para Protección de la Vida Acuática, “el río está contaminado, su parte más crítica nace cuando recibe la descarga del arroyo El Ahogado, y se recrudece con las descargas municipales de la ciudad”, señaló Héctor Castañeda, director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA.
El diagnóstico señala que la principal fuente de contaminación del río son las descargas de aguas residuales no municipales.
En cuanto a la presencia de metales pesados, el análisis muestra que el zinc fue el que presentó niveles más elevados fuera de la norma a lo largo de prácticamente toda la cuenca.
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Mediante subrogaciones se privatiza la salud pública
Autor: Ana Lilia Pérez
31 Mayo 2009
Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan
El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.
Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.
“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.
Las instituciones de salud pública del país –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– subrogan desde los servicios básicos, como las revisiones de gabinete, hasta cirugías y rehabilitación. Su fun ción se reduce a administrar contratos y favorecer con ello a los consorcios privados de salud.
El esquema atenta contra la función pública del sistema de salud y los derechohabientes, “porque los procesos de subrogación tienen como fin trasladar recursos, pero no mejorar los servicios”, explica Leal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación general 15 sobre el derecho a la protección de la salud, emitida el pasado 23 de abril, dice que la subrogación no ha mejorado la atención a los derechohabientes. Señaló, también, que ninguna instancia de salud pública cumple a cabalidad con el servicio, lo que violenta los derechos humanos de sus usuarios.
Entre 2000 y 2009 el organismo ha registrado 11 mil 854 quejas. “Los quejosos reportan dilación en estudios clínicos y diagnósticos, conductas discriminatorias, falta de atención en urgencias, maltrato a pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio” (servicios que son subrogados). La CNDH emitió ocho recomendaciones generales a los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, y a los directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.
Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) documenta que el ISSSTE y el IMSS continúan como los organismos con mayor número de quejas, principalmente en los servicios de ginecobstetricia, urgencias, cirugía general y traumatología.
A ello se suma la discrecionalidad con que se manejan los esquemas de contratación.
En su revisión a distintos ejercicios presupuestales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cuantiosas subrogaciones realizadas sin justificación alguna. La subrogación se traduce en una feria de contratos a hospitales de todo tipo, en los que hasta el mínimo servicio adquiere un costo exorbitante.
Un caso representativo del impacto económico de la subrogación de servicios médicos es el de la hemodiálisis. Hace más de una década el IMSS lo subrogó sin contar con un estudio de costo beneficio.
Pese a que la tendencia era el incremento en la demanda de este servicio, ante la proliferación de enfermedades como la diabetes, las autoridades no diseñaron una política para que el instituto estuviera a la altura y optó por que lo hicieran privado. El gasto representa 4 mil millones de pesos en contratos trianuales, lo que equivale a la quinta parte del gasto del IMSS en insumos y medicamentos.
“Por qué este servicio no lo prestó en su momento el IMSS y por qué lo subrogó.
Se pretextó un argumento de infectocontagiosidad para echarlo fuera; pronto se vio cuál era el interés porque fuera subrogado: la ganancia por parte de los prestadores y el beneficio de empresas como grupo Ángeles”, dice el investigador Gustavo Leal.
Cirugías de vacaciones
En contraste con su precaria situación financiera y su decadente infraestructura, el IMSS ha subrogado los servicios a hospitales boutique, donde el plus incluye vacaciones y shopping en sitios turísticos exclusivos del país.
“¡Ah, las vacaciones, sol, arena, surf, la cirugía!”, reza el mensaje de los hospitales Amerimed que invitan a la población mayor de 30 años a someterse a cirugías estéticas, liposucciones, lifting en el cuello, párpados y frente; abdominoplastia (meter barriga), lipoescultura y cualquier intervención para “embellecer a la persona y levantar su autoestima”.
La entrada a México del consorcio estadunidense Amerimed se dio en el sexenio de Vicente Fox. Su concepto es el de hospitales boutique para turismo internacional –personas que viajan a un determinado país para someterse a cirugías plásticas, implantes y tratamiento de rejuvenecimiento, principalmente–. Se ubican en los destinos turísticos Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta.
En el gobierno de Vicente Fox, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda hacía oficial que el IMSS estaba prácticamente quebrado, el instituto subrogaba sus servicios a la cadena Amerimed, que invita a sus pacientes a “sentir la experiencia de disfrutar masajes, yoga y jacuzzi para relajar el estrés”. Además del servicio estético “inn”, incluyó los servicios básicos como ultrasonidos, prótesis dental, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio y suministro de anteojos.
Los contratos “inn”
En noviembre de 2006, bajo la dirección general de Fernando Flores, la delegación del IMSS en Baja California subrogó al Hospital Amerimed Cabo San Lucas, SA de CV, servicios de hospitalización por 482 mil 664 pesos, según el contrato S6S071-0314386.
Lejos de la austeridad que prometió, el gobierno de Calderón avaló que los sistemas de salud pública subrogaran sus servicios a esta selecta cadena. Bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas, el 1 de enero de 2007, el IMSS subrogó a Amerimed servicios de resonancia magnética por 560 mil 393 pesos, según los contratos S7051A- 03238291 y S7051AA-03238292.
En septiembre de 2008, la delegación del IMSS en Baja California Sur contrató al Hospital Amerimed bajo la licitación 00641201-014-08; subrogó servicios médicos, dental, y dotación de anteojos por un máximo de 4 millones 265 mil 800 pesos.
El 24 de febrero de 2009 la delegación del IMSS en Quintana Roo subrogó al Hospital Amerimed Cancún servicios de oftalmología para los derechohabientes de Chetumal, Cozumel y Cancún. En total, fueron 50 consultas y 144 estudios por 1 millón 481 mil 32.5 pesos, lo que equivale a 7 mil 634 pesos por paciente.
También se subrogaron ocho sesiones de medicina física y rehabilitación, y 13 electromiografías por 71 mil 348 pesos, a razón de 3 mil 397 pesos por sesión.
Se subrogaron seis sesiones de tratamiento para cálculos por 116 mil pesos; 10 encefalogramas, 72 mil 904 pesos; 265 estudios de patología, 700 mil pesos; 40 ultrasonografías, 235 mil 294 pesos; 26 endoscopias, 400 mil pesos; 45 tomografías, 637 mil 500 pesos (14 mil 166 pesos cada una, el precio de referencia por ejemplo en Ángeles del Pedregal es de 3 mil 693 pesos); 13 estudios de resonancia magnética nuclear, 508 mil 695 pesos.
En algunas entidades, los hospitales privados sustituyen paulatinamente al sector público de salud en su obligación constitucional de servicio médico. Desde el sexenio de Vicente Fox, la delegación de IMSS en Coahuila subroga sus servicios a los hospitales del Grupo Ángeles –integrados en la Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), propiedad de Olegario Vázquez Raña (Contralínea 132)– vía adjudicaciones directas. El 1 de octubre de 2005, por ejemplo, realizó consultas médicas, diagnósticos y estudios de laboratorio por 1 millón 999 mil pesos (contrato D55531-0522936).
En enero de 2006 le subrogaron servicios médicos y de diagnóstico en laboratorios por 638 mil 593 pesos (contratos D65033-0527878 y D56044- 0523220). Entre julio y noviembre, diagnósticos de gabinete y hospitalización por 978 mil 196 pesos (contratos S65209V-0528567, S65242V-0528577, S65243V-0528578, S65258V-0528583, D650201-1045506 y D65051-0524473).
Calderón dio continuidad a esta práctica. Entre enero y agosto de 2007 se le subrogaron “servicios médicos” por 1 millón 785 mil 838 pesos (contratos D65138-05241319, D65138-0527937, D75034-05240811, D65138A-05241320, D85035-05326669, D75072V-0531491 y D75079V-05227354).
En 2009, de plano se optó por otorgar un contrato abierto que se supone tendrá un tope máximo de 3 millones 716 mil pesos (mediante la licitación 00641139-051-08) para los servicios de diagnóstico y laboratorio que requieran siete hospitales generales de zona: dos en Saltillo, dos en Torreón, uno en Monclova y otro en Nueva Rosita.
La delegación del IMSS en Durango hizo lo propio, en febrero pasado le otorgó también un contrato de servicios abiertos vigente al 31 de diciembre de este año, por 3 millones 138 mil pesos (licitación 00641220-078-08).
La administración actual en el IMSS ha pagado servicios a otros hospitales, todos por adjudicación directa. Entre éstos: 3 millones de pesos a Sanatorios de México; 2 millones 162 mil pesos al Hospital de Juárez; 1 millón 450 mil 414.75 pesos a Vitalmex Internacional; 807 mil pesos al Hospital Morelos; 474 mil pesos al Hospital Vicentita; 250 mil pesos al Hospital Real de Minas.
Se tienen ya, incluso, empresas que prestan un servicio específico, por ejemplo, por el de cirugía cardiovascular de 2007 a la fecha se han pagado a las empresas Selecciones Médicas 300 millones de pesos; Rentas y Servicios Diversos, 3 millones 807 mil 351 pesos; Arrow Internacional de México, 78 mil 841 pesos.
En Quintana Roo, además de Amerimed, la delegación estatal subroga otros servicios, por ejemplo, el Instituto Médico Quirúrgico de Cancún se encarga de los servicios de endoscopía.
En Jalisco, la tarea del IMSS la realizan las compañías Servicios Imagenológicos de Occidente, el Instituto Cardiovascular de Guadalajara, el Centro oftalmológico San Ángel y el Hospital México Americano; en Nayarit, el Centro de Diagnóstico La Cruz, Corominas y Castillo. En Guerrero algunos derechohabientes son atendidos en el Hospital Infantil Privado de Acapulco.
Subrogaciones del ISSSTE
El sistema de salud pública que principalmente subroga sus servicios es el ISSSTE.
En los tres niveles de atención intervienen compañías privadas. Desde la pequeña unidad de medicina familiar que subroga la auscultación, rayos X y estudios de laboratorio, hasta los servicios de tercer nivel que a cuenta de hospitales, como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el de mayor vanguardia en México, se hacen en nosocomios privados.
Muchas contrataciones se hacen por adjudicación directa y no se ajustan a la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que manda a privilegiar la mejor oferta técnica y económica.
Gustavo Leal explica que “no sólo se trata de un atentado contra la salud pública, sino que infinidad de intereses han buscado sacar raja de estos procesos de subrogación de servicios. También hay que destacar la complicidad de las dirigencias sindicales al no haber denunciado sistemáticamente que se le está confiscando materia de trabajo a sus representados”.
Igual que el IMSS, algunas delegaciones del ISSSTE han optado por otorgar contratos abiertos a empresas privadas por periodos anuales, estableciendo un tope máximo que puede mo dificarse durante su ejecución.
Entre las más recientes figuran: en febrero pasado, mediante la licitación 00637115-019-09, la delegación del ISSSTE en Coahuila subrogó a OHA servicios de diagnóstico y laboratorio para todas sus clínicas y hospitales para el periodo de marzo a diciembre de este año por los siguientes montos: 3 millones 7 mil pesos para servicios en la Clínica Hospital Doctor José María Rodríguez, de Saltillo; 2 millones 141 mil 362 pesos para el Hospital General Doctor Francisco Galindo Chávez; 870 mil pesos para la Clínica Hospital Monclova; 950 mil pesos para la Clínica Hospital de Piedras Negras; 900 mil pesos para la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Ciudad Acuña; de 520 mil pesos para la UMF de Parras; 200 mil pesos a la UMF de Sabinas; de 111 mil pesos para la UMF de Nueva Rosita; 50 mil pesos para la UMF de Muzquiz.
También en febrero, la delegación del ISSSTE en Guanajuato (licitación 00637013-006-09) subrogó a OHA servicios del Hospital Regional de León, en un contrato abierto por 4 millones 884 mil pesos, vigente al 31 de diciembre próximo.
El ISSSTE tiene ya un grupo de proveedores a los que invariablemente subroga servicios de diagnóstico. En Coahuila, la actual administración subrogo al Hospital Los Ángeles servicios por 800 mil pesos, y a Diagnóstico Médico Hospitalario, por 110 mil pesos. La delegación del ISSSTE en Guanajuato subrogó a OHA 280 mil 612.85 pesos.
Entre 2008 y 2009 la delegación de Nuevo León subrogó al Hospital y Clínica Oca servicios por 116 millones de pesos.
En ese mismo periodo subrogó al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, del municipio de Centro, Tabasco, servicios por 7 millones de pesos. La delegación en Sinaloa pagó al Centro Médico Culiacán 150 mil pesos.
En Guerrero ha subrogado a Tomografía Computarizada del Sur, servicios por 1 millón 637 mil 658 pesos; Cetom de Chipancingo, 1 millón 154 mil 650 pesos; Laboratorios Unidos del Sur, 201 mil 563 pesos; Bioscaner, 175 mil 950 pesos; Fórmulas Magisteriales, 192 mil 496 pesos; Diagnóstico por Imagenología, Rayos X y Utilidades, 55 mil 800 pesos; Scaner de Iguala, 750 mil 720 pesos.
En Tlaxcala, a Asesores Especializados en Laboratorios, el ISSSTE subrogó servicios por 560 mil pesos; en Colima, a Audiología de Colima, 36 mil pesos. El Sanatorio de los Ángeles en Puebla le pagó el servicio de endoscopia por 12 mil pesos.
En Chiapas subrogó a ADN LAB análisis clínicos por 300 mil pesos; en Morelos, a Especialidades Médicas de México, por 379 mil 187 pesos; y a Gammagrafía e Inmunoanálisis, por 22 mil pesos.
El Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, subrogó a Praxair México servicios por 316 mil 508 pesos y a Excimer Laser del Noreste, 11 mil 500 pesos; a la Clínica Hospital de Culiacán, 62 mil pesos; al Centro Oncológico de Sinaloa, 200 mil pesos; a Servicios de Salud de Sinaloa, 300 mil pesos.
En Querétaro, servicios de oftalmología a la empresa Proveedor de Servicios de Oftalmología, en 2007, recibió el contrato 022-C-059/2007 por 182 mil pesos.
El Hospital Regional Monterrey subrogó servicios a Carpermor por 160 mil 689 pesos; a Cardiolink, 30 mil pesos; a Bioanálisis, 7 mil pesos. El Hospital Regional Adolfo López Mateos subrogó servicios de laboratorio a Estudios Clínicos Doctor T.J. Oriard por 58 mil 319.68 pesos.
El Hospital Regional Valentín Gómez Farías subrogó servicios a Care Imagenología Diagnóstica por 1 millón 183 mil 811 pesos; a Bioster, 1 millón 200 mil pesos; a Baxter, 52 mil 647 pesos.
El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ha subrogado servicios a Baxter por 37 mil 600 pesos; el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, a Barreda y Asociados Radiología, servicios por mil 155 pesos.
El Hospital Regional Mérida subrogó al Centro Oncológico Privado servicios por 3 millones 200 mil pesos; a Clínica Mérida, 400 mil pesos; a Clínica Regional de Salud Ósea, 100 mil pesos; a Laboratorio de Patología del Sureste, 500 mil pesos; a Electrodiagnóstico del Sureste, 900 mil pesos; a Asistencia Urológica Integral, 800 mil pesos.
Contralínea solicitó, vía comunicación social, a los sistemas de salud pública sus estimaciones costo beneficio de las subrogaciones que se han hecho en lo que va del actual sexenio. Ninguna institución accedió a transparentar la información.
Mónica Flores, del área de información del ISSSTE, comentó que ni siquiera se tiene un padrón de la población que recibe estos servicios.
Pemex, privatización clínica
La misma política oficial de hacer de Pemex una administradora de contratos se aplica a su sistema de salud. La red de clínicas y hospitales de la paraestatal viven hoy una velada privatización. El área está adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos de Salud, que depende directamente de la Dirección Corporativa de Administración (DCA) a cargo, desde el sexenio pasado, del excontralor panista Rosendo Villarreal Dávila.
Aunque oficialmente la petrolera aún maneja directamente su red de clínicas y hospitales, en la práctica, el llamado tercer sistema de salud pública en México se ha convertido en un elefante blanco: primero porque los mandos medios y altos se atienden en hospitales privados y, segundo, porque la Subdirección de Servicios Médicos de Salud, a cargo de Víctor Manuel Vázquez Zarate, de forma cada vez más frecuente subroga a compañías privadas los servicios que por ley derechohabientes de la petrolera deben recibir en sus instalaciones.
En 2003 se diseñó en Pemex un programa de inversión en materia de salud que supuestamente tendría la finalidad de “fortalecer el nivel médico de los hospitales” para acercarlos a la calidad que ofrecen los de alta especialidad que Pemex tiene en la ciudad de México. En la práctica, son los hospitales privados los que atienden a ese sector mediante la figura de “servicios subrogados”. Es el otro rubro en que se desplazó a la paraestatal.
Durante el sexenio de Vicente Fox se supo de esta práctica –que iniciaba en Pemex– por el escándalo que generó el conocerse el nombre de uno de los beneficiarios de esos contratos: Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del entonces presidente Fox. El hermano de Marta Sahagún recibió 13 millones de pesos por dar consulta en su clínica Hospital San José, en Zamora, Michoacán, a 600 derechohabientes.
Pese al extrañamiento que hicieron legisladores federales para que Pemex cesara este tipo de contrataciones, en el último año de gobierno de Fox se hizo cada vez más frecuente. En 2006, por ejemplo, se subrogaron todos los servicios médicos de Gómez Palacio, Durango, al Grupo Ángeles.
En enero de 2006 se le contrató el servicio de siquiatría por 40 mil 500 pesos (contrato 4400067520). El servicio de angiología, de enero a diciembre de 2006, por 1 millón 119 mil 650.76 pesos (contrato 4400065495); los servicios médicos para enero, febrero y marzo de 2007, por 3 millones 639 mil 842 pesos (contrato 4400067520); las hospitalizaciones entre enero y marzo, por 1 millón 179 mil 86 pesos (contrato 4400067091). El 29 de marzo de 2006 se le contrató el servicio de urología, de abril a diciembre de ese año (contrato 4400069211), por 10 millones 726 mil 184 pesos. El 1 de octubre se le pagaron 68 mil pesos por honorarios de neurocirugía.
Ya en el gobierno de Calderón, Reyes Heroles no sólo dio continuidad a esta práctica, sino que subrogó la atención a los derechohabientes de los dos hospitales centrales, seis regionales, 12 generales, tres clínicas-hospital, cuatro clínicas, 33 consultorios, 115 unidades de servicios preventivos de medicina del trabajo, 20 consultorios en centros de desarrollo infantil y siete coordinaciones médicas de zona. Es decir, de toda la red clínica, incluida la contratación de especialistas provenientes de instituciones privadas.
El 90 por ciento de los contratos fueron por adjudicación directa.
Los primeros contratos y renovaciones del actual sexenio se otorgaron al Grupo Ángeles. En enero de 2007 se renovó la contratación por servicios de angiología por 866 mil 951 pesos (contrato 4400075835); en abril se le pagó el servicio de hospitalización por 1 millón 360 mil 948 pesos (4400078113); en junio le subrogó una cirugía ambulatoria por 18 mil 780 pesos (contrato 4400080051); en julio, servicios médicos, por 320 mil pesos (contrato 4800002518); en diciembre le pagó 704 mil 717 pesos por servicios médicos y de urgencias subrogados (contratos 4400087242 y 4400087243).
En enero de 2008, la Coordinación Médica de Zona en Guadalajara le subrogó servicios por 5 millones 268 mil 194 pesos; la Unidad Médica en Veracruz le contrató servicios por 185 mil pesos. Entre febrero y diciembre de ese año, la Unidad Médica de Tampico le subrogó servicios por 8 millones de pesos mediante 31 adjudicaciones.
También en 2008 la Unidad Médica en San Luis le subrogó servicios médicos por 2 millones 471 mil 556 pesos en contrataciones por adjudicación directa (contratos 4800005634, 4800006205, 4800006206, 4800006207, 4800006208, 4800006209, 4400102112, 4400102115).
En marzo de 2009, la Subdirección de Servicios Médicos de Pemex subrogó los servicios para la población derechohabiente del Hospital Regional de Salamanca –que recientemente fue recertificado–. Mediante licitación 18572012-00X-09 otorgó a OHA un contrato abierto por 10 millones de pe sos para el periodo de abril a diciembre de este año.
Ubicada en la avenida Paseo de Tabasco, en Villahermosa, la Clínica AIR Médica 2000 destaca entre los inmuebles de la zona por su moderno y elegante diseño. En ella se atienden los ejecutivos de las trasnacionales que trabajan en la industria petrolera mexicana; los huéspedes del Hyatt Regency, Camino Real y Holiday Inn. Víctor Manuel Vázquez Zárate, subdirector de Servicios Médicos de Pemex, también contrató algunos de los servicios de AIR Médica.
El 17 de octubre Pemex subrogó a AIR Médica servicios por 295 mil 684 pesos (contrato 4400097719). El 18 de diciembre, cinco adjudicaciones directas para servicios por 1 millón de pesos (contratos 4400086927, 4400086935, 4400086937, 4400086938 y 4400086941).
Al día siguiente le otorgó 11 adjudicaciones directas por 4 millones 433 mil pesos. El 21 de diciembre, una adjudicación más por 2 millones 213 mil 828 pesos (contrato 4400087172). Al Hospital Ceracom, en diciembre de 2007, le subrogó servicios por 1 millón 939 mil pesos (contrato 4400087174).
En 2004, el Hospital General de Pemex en Veracruz recibió un reconocimiento como institución de “excelencia” que otorga la Asociación Mexicana de Hospitales, no obstante su calidad, la política que la actual administración aplica a éste es que también se subroguen sus servicios. Hasta ahora se contratan servicios como radiología, estudios clínicos al Hospital Ángeles, Laboratorios Soni y Laboratorios Clínicos Chontalpa.
En Sinaloa, el Hospital Asher Medical está contratado desde el sexenio pasado para atender a los derechohabientes de Pemex. En la gestión de Reyes Heroles ha implicado una erogación por 20 millones de pesos.
Hay servicios específicos que prácticamente se contratan a un reducido grupo de empresas. Algunos de éstos son: a Dentro Metric, los diagnósticos odontológicos; los rayos X, ultrasonidos y mastografías a las empresas Diagnóstico por Imagen de Tabasco, Tac de Coatzacoalcos, y Radiología y Ultrasonido Diagnóstico. Los tratamientos oncológicos a Radioterapia de Tampico; las tomografías las hace Imagen Diagnóstica de Poza Rica.
Los tratamientos para cálculos renales a Servicios Hospitalarios Torre Médica; los estudios de laboratorio a Laboratorio Bioquímico y Microbiológico; el diagnóstico y tratamiento de neurocirugías al Centro de Neorodiagnóstico; los diagnósticos y tratamientos de gastroenterología a Ciges Sociedad Civil.
Para la atención oftalmológica se contrata a Oftalmolaser Diagnósticos y Tratamiento y Lasikvision Center de Tabasco. Cardiología está a cargo del Centro de Diagnóstico Cardiológico.
Los diagnósticos previos a una cirugía los hace Servicios de Mínima Visión.
Algunas rehabilitaciones a la compañía Médicos Especializados Asociados.
Se subrogan también a médicos de clínicas privadas los servicios especializados que dan directamente en las clínicas y hospitales: dermatología, alergología, oncología, ginecología, sicología, optometría y medicina del dolor.
Hasta el servicio de lavandería se subroga a la compañía King Wash.
Las fuerzas armadas no han estado exentas de esas prácticas. A la par de que los altos mandos se atienden en las clínicas y hospitales exclusivos del país (Contralínea 132), la política de la actual administración es subrogar servicios médicos que en sus hospitales deben brindar a 854 mil 600 derechohabientes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
En 2007 por ejemplo, según reportó el ISSFAM a los auditores adscritos a la Auditoría Superior de la Federación, 666 mil 63 personas (más del 70 por ciento de su población derechohabiente) recibieron los servicios médicos subrogados. La misma tendencia ha seguido en los años posteriores.
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