RAúL MONGE
En agosto del año pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cerró la pinza de la investigación relacionada con el secuestro y asesinato de Fernando Martí, ocurrido dos meses antes. Con base en la versión de la PGJDF, Proceso (número 1663) reconstruyó la parte fundamental de esa historia que a continuación se reproduce íntegramente.
MÉXICO D.F., 17 de julio (apro).- La noche del viernes 22 de agosto de 2008, un día después de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia en Palacio Nacional, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió en sus oficinas de la colonia Doctores la llamada telefónica de una persona que no quiso identificarse, pero le dijo: "Ahí les dejamos al que secuestró y mató a Fernando Martí. Eso le pasó por cabrón".
Con esa pista, Mancera pidió a sus colaboradores que revisaran el parte de incidentes violentos reportados hasta ese momento y, en cuestión de minutos, tuvo en su escritorio la información de que el sujeto aludido era Sergio Humberto Ortiz Juárez. Fue lesionado con arma de fuego a bordo de su auto en la Ciudad de México y se encontraba hospitalizado en la cama 1 del área de terapia intensiva del Hospital General Regional número 2 del IMSS, ubicado en Calzada de las Bombas, delegación Tlalpan.
Según se desprende de la averiguación previa iniciada por esos hechos, Ortiz Juárez circulaba por las calles de Acoxpa y División del Norte en un Derby gris, cuando un motociclista se le emparejó y le disparó a quemarropa en tres ocasiones. Un impacto le dañó la columna vertebral.
Auxiliado en un primer momento por los policías preventivos Miguel Bautista Santiago y Óscar Muñoz Ramírez, y, después, por paramédicos de los servicios de emergencia, Ortiz Juárez fue trasladado en una ambulancia al hospital del IMSS, cuyas instalaciones fueron inauguradas en junio pasado por el presidente Felipe Calderón.
Al rastrear los antecedentes del baleado, de 63 años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descubrió que se trataba de un policía retirado, que había transitado por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), que dirigió Francisco Sahagún Baca, cuando el general Arturo Durazo Moreno estuvo al frente de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT), así como por las policías Judicial del Distrito Federal (PJDF) y Judicial Federal (PJF).
A pesar de que contaba con esos datos, la PGJDF no encontraba hasta ese momento ningún hilo conductor con el secuestro y asesinato de Fernando Martí, como había asegurado el informante anónimo.
Sin embargo, al día siguiente el procurador Mancera Espinosa tuvo un golpe de suerte: un testigo del atentado en contra de Ortiz Juárez se presentó a declarar voluntariamente a las instalaciones de la PGJDF y, según su dicho, fueron dos y no uno los que dispararon al exagente de la DIPD y confirmó que ambos viajaban en una motocicleta negra.
Por la relevancia del caso, el testigo, cuya identidad no se ha revelado, fue sometido a la prueba de radizonato de sodio. El resultado fue positivo, por lo que esta persona quedó sujeta a investigación. La PGJDF sospecha que este individuo era escolta de Ortiz Juárez.
A partir de ese momento, la investigación del caso Martí se enfocó en el expolicía y pronto empezaron a brotar nuevos indicios: que el nivel de vida de Ortiz Juárez no correspondía con los ingresos que percibía; que solía acudir, como invitado, no como socio, al Sport City, cuya cadena pertenece a Alejandro Martí, padre del menor secuestrado y asesinado. Así mismo, que, ostentándose como policía activo, extorsionaba a fayuqueros en Tepito, en compañía de una mujer, a quien apodaban La Gorda o La Morena.
Con ese último dato y el retrato hablado que se hizo a partir de testimonios obtenidos en Tepito, los investigadores de la PGJDF se avocaron a rastrear el paradero de la presunta cómplice de Sergio Humberto Ortiz Juárez. La tarea fue sencilla porque en una primera búsqueda realizada en el padrón de licencias de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina encontraron que el retrato hablado coincidía con los rasgos fisonómicos de Lorena González Hernández, con domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl.
En su afán por saber si la mujer de 35 años de edad era expolicía o policía en activo, los investigadores buscaron en los registros de las policías Judicial y Preventiva capitalinas, sin encontrar huellas de su paso por ninguna de estas corporaciones.
Ocultamiento
Mancera Espinosa solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) apoyo para saber si González Hernández estuvo o estaba dada de alta en la Agencia Federal de Investigación (AFI). La PGR confirmó que formó parte de la AFI, pero le aclaró que había causado baja de la agencia en octubre de 2007.
Lo que la institución comandada por Eduardo Medina Mora no le dijo al funcionario capitalino fue que tanto Ortiz Juárez como Lorena Hernández están relacionados con otra averiguación previa -AP-PGR-SIEDO/UEIS/254/2004- iniciada en 2004 también por el presunto delito de secuestro.
Un dato más: dicha indagatoria fue abierta cuando el ahora titular de la SSP federal, Genaro García Luna, era director de la AFI.
La investigación sobre el paradero de la mujer se extendió luego a la Secretaría de Seguridad Pública federal, donde, en un principio, los colaboradores de García Luna le regatearon la información a la PGJDF.
El jueves 4, colaboradores de García Luna le confirmaron a Mancera que Lorena González estaba en trámites para ingresar a la Policía Federal. Hasta ahí.
Cerrado el círculo en torno de la mujer y con una orden de aprehensión librada por un juez, el procurador capitalino ordenó la detención de Lorena. Un grupo especial preparó el operativo, pero una filtración alertó a los altos mandos de la SSP federal, por lo que la detención y entrega de la presunta cómplice de Ortiz Juárez tuvo que ser pactada con la PGJDF, según logró averiguar el reportero.
La entrega de Lorena a la PGJDF se efectuó el viernes 5 a las 19:30 horas en las instalaciones que la SSP federal tiene cerca del Toreo de Cuatro Caminos.
El sábado 6, Lorena fue puesta a disposición del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Delitos contra la Seguridad de las Personas. En la diligencia, en la que estuvo presente su abogado, Francisco Meza Lucas, la mujer negó haber participado en el secuestro y asesinato de Fernando Martí; rechazó conocer o mantener vínculos con Sergio Humberto Ortiz Juárez y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle. Éstos fueron detenidos el pasado 21 de agosto en su casa de Pipizahua número 6, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán y, presuntamente, fueron los encargados de cuidar a Fernando durante su cautiverio.
Según consta en la declaración ministerial, que forma parte de la averiguación previa FSPI/T3/1487/08-08, Lorena dijo también, "desconozco si tengo algún enemigo, no me dedico a hechos ilícitos, y no tengo apodos".
Prosiguió: "Deseo manifestar que sí fumo, no tomo, no ingiero drogas, no tengo tatuajes, nunca he estado interna en el reclusorio, gano 40 mil pesos mensuales; tengo dos dependientes económicos: mi madre y mi hijo, de los que no deseo proporcionar su nombre".
En sus generales, González Hernández dijo que está casada, que labora en la Secretaría de Seguridad Pública, que profesa la religión católica y que es pasante en la carrera de negocios internacionales. Dio como domicilio la casa número 4 de la calle de Flores Mexicanas, colonia Benito Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
Luego de la diligencia ministerial, Lorena fue llevada a la cámara de Gesell junto con ocho mujeres más, vestidas con el uniforme de la AFI, donde fue identificada por Christian Salmones, el único sobreviviente del secuestro de Fernando Martí ocurrido el 4 de junio pasado.
Evidencias
Con base en la plena identificación de Lorena y en otras evidencias halladas en el domicilio de Ortiz Juárez -30 tarjetas de crédito, unas esposas, cuya llave fue encontrada en casa de uno de sus hijos, así como fotografías, en una de las cuales aparecen el expolicía y Lorena, en compañía de los hermanos Cañas-, la PGJDF decidió ventilar públicamente el asunto.
El lunes 8, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el titular de la PGJDF, Miguel Mancera, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la detención de Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fernando Martí, junto con los hermanos Cañas Ovalle.
Según Mancera, Ortiz Juárez, (a) El Apá, El Yeyo o El Comandante, fue presentado como líder de la banda de La Flor, y González Hernández, como la responsable de haber montado el falso retén de agentes de la AFI para secuestrar a Fernando Martí; su chofer, Jorge Palma, y su escolta, Christian Salmones.
El martes 9, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas Rosas, habló sobre el caso particular de Lorena González y explicó que formó parte de la PJF y que de ahí pasó a la AFI, donde colaboró en el área de Interpol. "Ahí estuvo trabajando hasta finales de 2007, cuando inicia sus trámites para ingresar a la Policía Federal".
Y prosiguió: "En ese estatus se encuentra; estaba realizando sus trámites para poder ingresar a la Policía Federal. Estaba en proceso de evaluación, bueno, de control de confianza".
Un reportero le pidió al responsable del área de Inteligencia de la SSP si podía decir qué hacía realmente Lorena en la Interpol.
Rosas respondió: "Hasta donde tenemos conocimiento ella tenía funciones básicamente administrativas y éstas se llevaron a cabo en Interpol, durante su estancia en la Agencia Federal de Investigación".
Añadió: "Te quiero precisar que quien hizo entrega de esta persona a las autoridades del Gobierno del Distrito federal fue justamente la Policía Federal".
Un día después, el miércoles 10, el propio García Luna desmintió a Rosas al reconocer abiertamente que Lorena González tenía una plaza vigente en la institución. El jueves 11, el titular de la SSP federal insistió en lo mismo. Sostuvo que Lorena es personal activo, que tiene plaza de policía, que fue detenida por la Policía Judicial y que fue entregada a las autoridades capitalinas el viernes 5.
Cadena de asesinatos
Lo que no dijo García Luna, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1989 a 1999, es que antes de ventilarse el asunto, Lorena estaba adscrita a la Dirección General de Secuestros y Robos, y que su jefe inmediato era nada menos que el propio Facundo Rosas, según consta en su ficha laboral.
Un dato más: Lorena causó alta en la SSP federal el 16 de octubre de 2007, un día después de haber dejado la AFI, con la plaza de subinspector y un sueldo de 65 mil 165 pesos con 42 centavos.
Además, en la ficha de alta aparece como soltera y con la licenciatura completa, cuando en su declaración ministerial manifestó estar casada y ser pasante de la carrera de negocios internacionales.
Las autoridades federales también ocultaron que el ingreso de Lorena a la SSP federal fue posible gracias a los buenos oficios de Benito Roa Lara, uno de los hombres de mayor confianza de García Luna, junto con Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino.
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el martes 3, García Luna se expresó así de su colaborador: "El señor Roa es el mejor negociador para secuestros de la PFP, es el único certificado para control de crisis de secuestro, formado en el FBI".
Propietaria de tres inmuebles, el último de ellos adquirido días antes del secuestro de Fernando Martí, a través de un crédito obtenido en la SSP, Lorena tuvo una envidiable trayectoria profesional desde que ingresó a la desaparecida PJF, en 1999.
En noviembre de 2001, cuando García Luna se hizo cargo de la llamada policía modelo, la AFI, Lorena fue cobijada por Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los hombres del primer círculo del titular de la SSP federal, cuya gestión, por lo demás, ha estado marcada por los escándalos internos y por los asesinatos de personas de su confianza.
Desde que asumió el mando de la SSP tres hombres claves en su entorno han sido asesinados: Primero fue Roberto Velasco, quien realizaba tareas de inteligencia cuya naturaleza sólo conocía un reducido grupo de colaboradores. Después fue ejecutado José Aristeo Gómez Martínez, director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la Policía Federal, y cuyas actividades tenían que ver con la logística personal y familiar de García Luna, y por último ocurrió la ejecución de Édgar Millán, cabeza de las operaciones contra el cártel de Sinaloa.
Este último crimen se gestó presuntamente desde las propias oficinas de la SSP federal, porque cinco agentes de la corporación fueron arraigados por ese hecho.
El pasado 9 de junio fue acribillado también Marcos Castillejos Escobar, el abogado que defendió a García Luna cuando en 2001 el entonces secretario de la SSP, Alejandro Gertz Manero, lo acusó de haber incurrido en irregularidades en la adquisición de equipo. En aquel tiempo, el ahora considerado supersecretario era responsable del área de Inteligencia.
Más y mejor información solo en Resiste Acapulco
