Resiste Acapulco: viernes 7 de agosto de 2009

Asamblea dominical de Resistencia Creativa 9 de Agosto

Asamblea Dominical de la Resistencia Creativa

Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea que domingo a domingo llevamos a cabo.

La cita es Domingo 9 de agosto a las 11:00 hrs. en el Hemiciclo a Juárez, contaremos en esta ocasión con la participación de dos grandes personalildades; el ex consejero electoral del IEDF, Eduardo Huchim con el tema "Los órganos electorales ante el caso de Peña Nieto" y el creador de la columna "El Desfiladero" del diario La Jornada, Jaime Aviles, con el Tema "Los inmorales privilegios del Tribunal Electoral".

Tu participación es importante, ¡No Faltes!

visitanos en http://resistenciacreativadf.blogspot.com

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DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Compartiendo espacio la "Asamblea Dominical de la Resistencia Creativa" y los integrantes de la "Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México", juntos celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

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Audio: Carmen Aristegui 7 de Agosto de 2009

(Audio Completo sin comerciales)

Bájalo AQUI

Audio Cortesia AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular

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PADRES ABC

Testimonios de José Francisco García Quintana y Cristina García padres de víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo después del la decisión de la SCJN de investigar el caso

http://www.youtube.com/watch?v=KzhrMmktUcE

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Abogados del caso ABC de Hermosillo

http://www.youtube.com/watch?v=CGHByh5ZUvY

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La SCJN atrae el caso de la guarderia ABC

http://www.youtube.com/watch?v=hmEIcSkO9Ts

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Los pueblos no quieren gobiernos impuestos por militares: AMLO

El presidente de Honduras fue elegido democráticamente y merece respeto, afirma

Insta a pobladores a votar por un candidato progresista en la elección de Oaxaca en 2010

Andrés Manuel López Obrador, en la reunión que sostuvo con habitantes de Santa Cruz Itunduja, municipio ubicado en la región Mixteca de OaxacaFoto La Jornada

Fabiola Martínez

Enviada

Santa Cruz Itundujia, Oax., 6 de agosto. Andrés Manuel López Obrador afirmó que los pueblos no quieren gobiernos golpistas, impuestos por los militares o las armas, y sostuvo que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, debe ser respetado porque fue electo de manera democrática.

La verdad es que el gobierno de Honduras, electo de manera democrática, debe ser respetado. En ese país hubo golpe de Estado. En México lo recibieron como debe ser, como jefe de Estado, manifestó durante su tercer día de recorrido por comunidades mixtecas; municipios regidos por usos y costumbres a los cuales sólo se llega por caminos sinuosos y de terracería.

El tabasqueño fue mencionado la víspera por el mandatario de Honduras durante su visita a México, al citar una frase del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre acerca de que en los países de la región es mejor sentirse presidente que serlo. Y eso se lo digo a Andrés Manuel López Obrador, que me está escuchando en diferentes lugares, manifestó Zelaya.

El movimiento seguirá vivo

En respuesta al gesto del hondureño, el tabasqueño advirtió que el movimiento que encabeza seguirá vivo. El presidente de Honduras hizo ayer una mención sobre nuestro movimiento y hoy dicen que eso no estuvo bien, porque no quieren ni que nos mencionen; quisieran que estuviéramos proscritos. Esa es una actitud de intolerancia de la derecha. Pero no nos vamos a salir de esta lucha, advirtió.

López Obrador recorrió este jueves seis municipios, incluidos algunos de la Sierra Sur, del distrito judicial de Putla. En todos es alto el grado de marginación, a pesar de la riqueza forestal, que es dominada por acaparadores.

Muchos de los pobladores tienen miedo a las represalias que puedan adoptar esos caciques, y sólo al mencionar sus nombres bajan la voz: son las familias grandes de aquí, sostienen.

En esta zona mixteca nueve alcaldes firmaron una carta para advertir que no darían condiciones de seguridad a López Obrador.

El ex candidato presidencial visitó San Andrés Cabecera Nueva, Santa Cruz Itundujia y Santa Lucía Monteverde. Ahí se refirió a las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos y al endeble sistema de justicia.

Dijo que un lunes próximo irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar el cambio de nombre de esta instancia. Se llama Suprema Corte y eso es lo que menos hace. Voy a proponer que mejor se llame Tribunal del Poder Supremo Oligárquico de México, expresó.

Esto, porque en el Poder Judicial se dijo que será validado el uso de la fuerza pública que ordenó el gobierno de Ulises Ruiz en 2006; es decir, no se sancionará la violación a los derechos humanos durante el conflicto social que se desarrolló en esa entidad.

En esta gira, López Obrador es acompañado por los senadores por Oaxaca, Gabino Cué y Salomón Jara, quienes solicitaron a los pobladores que no desperdicien la oportunidad de votar por un candidato progresista en la contienda para renovar la gubernatura en 2010.

Si se da el cambio, dijo López Obrador, será un acontecimiento nacional e internacional, y dirán a sus hijos y nietos que luego de más de 80 años de dominio priísta la gente dijo basta al régimen de opresión. Deben pensarlo bien y decir basta a Ulises Ruiz, el prepotente y cacique que ordenó –por conducto de sus delegados, que hacen las veces de jefes políticos del porfiriato– que cerraran las puertas de los palacios municipales.

“Por eso –agregó– insisto en que deben decir no a los caciques y votar para que se termine la pesadilla oaxaqueña de gobernantes mediocres y ladrones.

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CARTONES DE LA JORNADA

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El desalojo

SARA LOVERA

MÉXICO, DF, 6 de agosto (apro).- La fuerza del poder y el dinero es, con frecuencia inadmisible, el signo de nuestros tiempos. La guerra, la persecución, las ejecuciones y los asesinatos de mujeres son el documental cotidiano de los medios de comunicación y de los informativos, de México y el mundo.

Quizá por ello, y por la forma como se ha construido el modo de mirar una parte de la realidad, hace que existan sucesos que no nos cimbran, que se ocultan, que son la manera como se ejerce en la práctica la discriminación y la injusticia. Lo peor es cómo se trivializa la tragedia y se consiente la injusticia sin más.

El 19 de febrero de 2006 una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, dejó 65 mineros muertos. Sesenta y tres de ellos nunca fueron rescatados. Quedaron inertes en el lecho de la mina. Sus familiares, sus esposas principalmente, iniciaron una batalla contra grandes intereses económicos, pudieron demostrar responsabilidad, pidieron quitar las concesiones a los dueños del carbón.

Querían una investigación a fondo. Pudieron precisar, no sin grandes dificultades, que en la región carbonífera, desde hace más de cien años, se producen explosiones sucesivas causadas por falta de previsión industrial; cómo se ha practicado ahí el sacrificio humano.

Los despojos son innumerables. Hombres que pierden salud y vida en hoyos profundos, donde lo que cuenta es solamente el dinero. En la región explotada por extranjeros desde la época de Maximiliano hasta el dominio de la trasnacional Industrial Minera México (IMMSA), lo que hay es un sofocante abandono institucional y social.

También quedó claro que ahí, en ese lugar, lejos de nuestro interés, que los pueblos y las comunidades son ejemplos de una explotación infrahumana. Las formas de explotar el carbón van de una sofisticada tecnología de punta hasta la que se usó en el siglo XIX. Los pozos artesanales cobran vidas continuamente. Nadie se altera por ello.

Las viudas de Pasta de Conchos centraron su demanda en el rescate de los restos de sus maridos. Sólo eso. Durante más de tres años estuvieron en la boca de la mina esperando justicia y restos. Querían, simplemente, darles "cristiana sepultura". En esa búsqueda lograron precisar que a los 63 mineros no rescatados no los mató la explosión, sino la indolencia de la que fueron cómplices las autoridades de los tres niveles del gobierno y sostenidas por intereses inconfesables.

Ellas, de todos modos, se organizaron y las desorganizaron; exploraron e investigaron; fueron capaces de llevar sus demandas a todas las instancias; accedieron a cuanta oportunidad de justicia se les presentaba. En su desesperación, ellas mismas intentaron el rescate. Nada fue posible. Alguien se está riendo de ellas, como se ríe el sistema de la pobreza y la desigualdad.

Afuera, ayudas y muchas lágrimas. Pero hace una semana, de un plumazo, un señor cuyos antecedentes son nefastos, de nombre conocido como Rogelio Montemayor, exgobernador de Coahuila, exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos), exconvicto por sus tropelías en el manejo de los recursos de esa compañía paraestatal, comprador sin comprobarse de la lavadora de carbón contigua a la zona de la desgracia, pidió ayuda policial oficial y expulsó a la viudas de ahí. Las desalojó con todo el poder y toda la fuerza.

A la desgracia, el cansancio, la batalla sin resultados, ahora se sumó, con claridad elocuente, esta acción de fuerza, cubierta por la nube que genera el interés de los medios y, se piensa, de la sociedad, en asuntos mucho más trascendentes: por ejemplo la guerra sin cuartel del señor Felipe Calderón contra quién sabe quiénes o qué.

Las viudas y sus familias, acorraladas en la desolación añeja, se diría centenaria, han sido quebradas en lo más hondo. Ni justicia laboral, ni justicia económica, ni desarrollo en sus comunidades, ni salud, ni escuela, ni nada de nada. Un grupo de mexicanos y mexicanas olvidados por estos tiempos donde la noticia son los narcos, sus padrinos; donde la incapacidad de lo humano se va diluyendo.

Un país de leyes y observatorios rimbombantes que buscan dignidades sin conocer ésas, las verdaderas y temibles formas de marginar a la vida, esa que se defiende en los parlamentos de la mentira, o la que se usa para nuevas formas de explotación milenaria.

Lo grave es que nadie pida rendición de cuentas a la Industrial Minera México, que es la dueña de un porcentajes importante de los recursos de nuestra tierra; que ha hecho en complicidad con las autoridades de Economía, Trabajo y Justicia, todas las triquiñuelas para sofocar a los trabajadores de Cananea, Sonora; que se pasea por la montes y sierras buscando oro y plata; que es cobijada por las bolsas de valores y se impone a este desgobierno que ha olvidado tremendamente sus deberes.

Y en medio de esta desgracia, lo único palpable es el silencio. Ese silencio inaudito. Viudas sin solidaridad feminista, sin solidaridad partidaria, sin solidaridad social. Marginadas y proscritas. Viudas en el tiempo y en los espacios de la modernidad que las ahoga.

Ahora, ahí, los de todos los días, los que bien saben que en la Cuenca de Burgos no sólo se roba el petróleo. Cuenca donde se planea la explotación de gas, la nueva moneda de cambio de los negocios energéticos, globales y estratégicos. No hay observatorio ciudadano, ni nada que se parezca. Ahí hay indiferencia. Las viudas están agotadas, tienen cien años mirando pasar el viento y la forma como los mezquites se niegan a morir, y generaciones enteras que retratan sangre y vida entre los escombros de minas abandonadas y cielos maravillosos que amanecen sin destino.

Lástima.

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Critica experto al gobierno federal por crear "régimen de excepción"

La lucha anticrimen no justifica conculcar garantías, advierte

Alfredo Méndez

La lucha contra el crimen organizado no justifica aplicar un "régimen de excepción" que conculque garantías y soslaye el respeto a los derechos humanos; tampoco otorga a las fuerzas armadas una "carta de impunidad" en aras de apuntalar la estrategia presidencial de combate al narcotráfico, sostuvo Guillermo Zepeda Lecuona, integrante del Centro para la Investigación y el Desarrollo AC y experto en temas de seguridad nacional.

El investigador añadió que la determinación del influyente senador estadunidense Patrick Leahy de retrasar los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que se emita un informe sobre las condiciones reales de los derechos humanos en México, debe "abrir los ojos" al gobierno de Felipe Calderón de que su estrategia antidrogas es errática, por lo que se debe regresar a los soldados a sus cuarteles.

"Los militares, a cambio de participar en la lucha antidrogas, están en la práctica gozando de un ámbito de inmunidad, o atienden a cuestiones y justificaciones dentro del fuero militar, cuando éste se debe restringir a infracciones propias del servicio de las armas y entre oficiales, y no cuando afecten a civiles, pues en esos casos tendrían que ser juzgados por la justicia ordinaria", indicó.

En entrevista con La Jornada, el académico resaltó que el gobierno de Felipe Calderón, con el aval del Congreso, que aprobó hace un año la reforma constitucional en materia de justicia penal, ha dado vida a un régimen de excepción, que restringe garantías de los acusados por delincuencia organizada, aun cuando no exista sentencia definitiva contra un inculpado.

"Hoy en día hay una desnaturalización de las fuerzas armadas, pues se metieron de lleno, por orden presidencial, en el ámbito de la seguridad pública, incluso sustituyendo a las policías municipales en su cooperación más ordinaria, que es la de patrullaje y, sin embargo, a tres años de que se intensificó la militarización de la seguridad pública, no se cuenta con una alternativa, que es fortalecer a las policías", destacó Zepeda.

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Tardía actuación del tribunal electoral contra el Verde, coinciden PRD y PAN

Buscará el sol azteca que la sanción por espots en Televisa no sólo sea económica

El fallo sienta un importante precedente para evitar que los partidos incurran en "fraude a la ley"

Alonso Urrutia

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de sancionar al PVEM y a Editorial Televisa, en la que también ordena que se modifique la multa a la televisora por difundir en Tv y Novelas notas de contenido electoral disfrazadas de comerciales, sienta un importante precedente para que, en el futuro, ningún partido incurra en prácticas de "fraude a la ley" que afecten la equidad de la contienda, consideraron PAN y PRD.

Para Roberto Gil, responsable del área jurídica del PAN, si bien los magistrados cierran tardíamente la puerta a ese tipo de prácticas, las cuales –señala– beneficiaron al PVEM durante las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, en realidad se castiga lo que era "evidente", es decir, la contratación ilegal de espots en Televisa simulando que se trataba de publicidad de la revista.

El representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Rafael Hernández, coincidió en la importancia de la resolución y en lo tarde que llega para inhibir dichas conductas en el Verde, toda vez que el beneficio económico y electoral ya se concretó, sin que se pueda hacer nada.

Sin embargo, dijo que su partido pugnará porque las sanciones no sean sólo económicas –4 millones de pesos al PVEM y otros 4 a la publicación–, sino que buscará que dicha práctica ilegal se incluya en el reporte de gastos de campaña del Verde, con el propósito de revisar puntualmente si esta erogación incidió en que dicho instituto político rebasara los topes.

En tanto, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el magistrado del TEPJF Constancio Carrasco subrayó la "importancia" del sentido de la resolución, en la medida en que apuntala la responsabilidad de los partidos como instancias garantes del cumplimiento de la legislación electoral e impide que la transgredan para su beneficio.

En este caso –dijo– se estaría bajo el supuesto de haber permitido la difusión de espots con contenido electoral en su favor, sin deslindarse plenamente ante el Consejo General del IFE e impedir la continuidad del beneficio. Con esta actitud –precisó el magistrado–, el PVEM no cumplió su responsabilidad de ser garante de la legalidad electoral.

En este caso –señaló Carrasco–, con la difusión de los promocionales de Tv y Novelas donde se publicitaban presuntas entrevistas con dos actores realmente contratados para una publicidad, no impidió la violación de la ley. Subrayó que el problema no es que aparecieran en la revista, sino que los espots de ésta salieran en la televisora, aunque el partido sabía del monopolio del IFE en la administración de los tiempos para las campañas.

Destacó que el deslinde a que están obligados los partidos no deberá reducirse a una simple disculpa, sino que tendrán que notificar a la autoridad electoral las irregularidades que estén ocurriendo, incluso en su favor, para que esta acción ilegal no se prolongue.

Negó que al devolver específicamente lo relacionado con la multa a la televisora, no implica que se haya exonerado a Televisa de su responsabilidad, sino que hubo errores en el procedimiento de notificación de medidas cautelares a la empresa, cuyo incumplimiento mereció un agravante de la sanción a la televisora.

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Lamentos y festejos por eventual liberación de tzotziles ligados a la masacre de Acteal

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 6 de agosto (apro).- A escasos cinco días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el amparo promovido por 40 indígenas tzotziles, presos desde hace 11 años, acusados de ser autores materiales de la masacre de Acteal, en Chiapas unos grupos comienzan a festejar la eventual liberación de los detenidos, mientras que otros repudian la probable excarcelación.

Mientras que las mujeres del Comité de Familiares y Amigos de los Inocentes Presos del Caso Acteal celebraron lo que, dijeron, "será un éxito de la justicia" el próximo miércoles 12 de agosto, para el Grupo Civil Las Abejas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo confirmará lo que se teme: "Que la masacre será uno acto más de impunidad en la historia de México."

Ambos grupos conformados por indígenas tzotziles, familiares de víctimas de la masacre y de presuntos victimarios, se adelantaron a celebrar y otros a lamentar la decisión de la SCJN que tomará el próximo 12 de agosto.

Durante más de 11 años, los miembros de ambos grupos se han visto cara a cara en las diversas comunidades del municipio de Chenalhó.

La mañana del 22 de diciembre de 1997, en el paraje de Acteal, fueron masacrados a tiros y machetazos 45 indígenas tzotziles, la mayoría niños y mujeres, cuatro de ellas, embarazadas. Las víctimas pertenecían al grupo civil Las Abejas, fundado en 1992. Los atacantes fueron identificados como paramilitares al servicio del PRI.

Pese a que la organización Las Abejas se ha declarado como un grupo neutral, ajeno al conflicto armado que se desató en Chiapas desde 1994, al grupo paramilitar que los atacó esto no importó, pues, según relataron los sobrevivientes, "entraron hasta a la ermita" a machetearlos.

Tras la masacre, se desplegó una cacería judicial para dar con los culpables. En es proceso al menos 88 presuntos ejecutores fueron a dar a prisión, dos de ellos murieron en la cárcel, una media docena alcanzó su libertad, otros más perdieron a sus esposas e hijos, y al menos cinco se declararon responsables de la matanza para ver al resto en libertad, pero eso no funcionó. Después de profesar el catolicismo, todos se convirtieron al cristianismo protestante, pues fue esa religión la que los ha apoyado y asesorado en estos largos 11 años de encierro.

Fueron acusados de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Para el Comité de Familiares y Amigos de los Inocentes Presos del Caso Acteal, los indígenas detenidos no son culpables de la masacre; mientras que para Las Abejas son asesinos miembros de un grupo armado que terminó con 45 vidas.

Según las esposas de los presos, contra ellos se fraguó una doble masacre: la judicial, pero según Las Abejas no sólo deberían caer en prisión los autores materiales, sino los intelectuales de esa matanza, e insisten en que los responsables son las instituciones públicas municipal, estatal y federal.

Estela Luna Pérez, Estela Luna Vazquez y María López Pérez, líderes del Comité de Familiares y Amigos de los Inocentes Presos del Caso Acteal, han encabezado marchas en Chenalhó, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla y hasta en la Ciudad de México, para exigir la libertad de los detenidos.

Las Abejas no se han quedado atrás; reclaman la responsabilidad del Estado mexicano. Y también han marchado en estos casi 12 años. Mensualmente, cada día 22 acuden al panteón a rezarle a sus muertos e imploran justicia.

En estos 11 años, al menos 15 servidores públicos de bajo nivel han sido procesados; algunos de ellos, condenados a purgas penas de entre 3 y 36 años de prisión. Dos órdenes de aprehensión están pendientes por ejecutarse.

Del grupo de indígenas, 87 fueron procesados y seis fueron absueltos por un juez. Dos más fueron condenados y liberados por razones humanitarias. Dos más fallecieron por enfermedad en el transcurso del proceso.

De todo ellos, 27 fueron condenados a 35 y hasta 40 años de cárcel; 31, a 26 años; 18 más, a 25 años. Dos siguen esperando su sentencia y 27 órdenes de aprehensión nunca se ejecutaron.

Según el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien lleva la defensa de las víctimas masacradas y sobrevivientes: "En todos los casos no se procesó a los detenidos por asociación delictuosa, lo cual contribuyó al no reconocimiento de la existencia de grupos paramilitares."

"Pese a estas sentencias y órdenes de aprehensión pendientes, a la fecha ningún funcionario de alto nivel ha sido procesado por su responsabilidad en la Masacre de Acteal, la cual se da en el contexto de la implementación de una política de Estado de carácter contrainsurgente", indicó.

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En dos días, 311 nuevos casos de contagio por influenza

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 6 de agosto (apro).- La Secretaría de Salud (SS) informó este jueves que en sólo tres días el número de muertos por influenza A/H1N1 pasó de 146 a 149 y el de contagiados se ubicó en 17 mil 581.

En un comunicado, la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos destacó que el mayor número de víctimas mortales (69.8%) son personas de 20 a 54 años de edad.

En el reporte que dio a conocer el pasado martes 4, la SS señaló que el número de muertos se había estancado en 146 y había 17 mil 270 casos confirmados, pero ahora hay 311 más.

Chiapas sigue en el primer lugar, con el mayor número de casos, luego de un rebrote en los últimos días. A esa entidad le siguen Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tabasco y Guerrero.

Frente a tal panorama, la SS mencionó que el próximo 5 de octubre iniciará la Tercera Semana Nacional de Salud, durante la cual se aplicarán 19.5 millones de dosis de vacunas contra la influenza estacional, y en diciembre iniciará la inmunización contra el virus A/H1N1.

De acuerdo con un balance difundido ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza humana causó ya mil 154 muertos en todo el mundo desde su aparición, en marzo pasado, la mayoría de ellos en América Latina, y ha afectado a 162 mil 380 personas.

La pandemia del virus AH1N1 alcanza ya a 168 países y territorios, según la OMS, la cual que especificó que los últimos países en añadirse a la lista fueron Azerbaiyán, Gabón, Granada, Kazajistán, Moldavia, Mónaco, Nauru, Swazilandia y Surinam.

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Tragedia y política

MARTA LAMAS

Con frecuencia se nos olvida el horror en que viven muchos de nuestros conciudadanos. Pero la prensa, llena de denuncias de corte político, de vez en cuando toma un caso paradigmático que nos cimbra. Esta vez el caso es el de Alejandro, un joven sordomudo que vive encadenado en una choza del municipio de Jalpan de Serra, en Querétaro. Un desgarrador reportaje de Mariana Chávez (La Jornada, 30 de julio) exhibe el criminal abandono de este muchacho de 28 años, sin ningún horizonte de recuperación.
La historia es trágica. A Alejandro lo cuida su hermana Marta, quien trabaja en un restaurante de cinco de la mañana a cinco de la tarde. Ella recibe un salario semanal de 600 pesos, con el cual mantiene a sus dos hijos y a su hermano. Viven en un predio sin servicios básicos. Hace años, a Alejandro lo atendía su madre, quien falleció. Luego lo siguió cuidando la abuela, quien murió hace ocho. Desde entonces, Marta divide su vida entre el trabajo, el cuidado de sus dos hijos (uno de seis meses y un adolescente de 14) y su hermano discapacitado.
Antes de ser encadenado, Alejandro circulaba por la zona. Pero los chamacos vecinos lo agredían: “Le daban botellas con pipí porque él quería agua. Él se enojaba y lanzaba piedras. De hecho lo encerraron dos veces en la comandancia” (La Jornada, página 29). ¡Y cómo no se iba a enojar! Sus arranques son un signo de que, pese al atroz abandono y al aislamiento de su condición, todavía tiene un sentimiento de ira por la injusticia y la crueldad que padece.
Por su supuesta agresividad, Alejandro hoy vive encadenado. Rodeado de costales que tienen botellas vacías de plástico y durmiendo en una colchoneta, este joven ha estado a punto de ser violado por un hombre que ya fue consignado y encarcelado. Su hermana ha acudido a solicitar ayuda a funcionarios priistas y panistas sin mayor respuesta. También ha ido al DIF de Jalpan de Serra, el cual, con apoyo de Protección Civil, trasladó a Alejandro al Centro Estatal de Salud Mental. Ahí los médicos le prescribieron medicamentos, pero como la hermana no ha podido ir a recogerlos, el tratamiento no ha proseguido. Es evidente que, dada la gravedad y el deterioro de Alejandro, la cuestión no es “medicarlo”, sino internarlo en una institución donde se le ofrezca una rehabilitación especializada que, además de respetar su dignidad humana, le otorgue elementos básicos para una mayor calidad de vida.
Ser sordomudo es una tragedia, pero hay formas de integrar a la sociedad a quienes padecen tal condición. Ahora bien, ser, además de sordomudo, pobre, implica no tener acceso a un tratamiento que ya existe y que permite hacerse entender. Sospecho que las autoridades de Querétaro consideran que un sordomudo pobre y abandonado a su suerte está hecho de un material humano distinto, y que no necesita lo que todos necesitamos: respeto, educación, comunicación.
¿Qué pasa en Querétaro? ¿Por qué no se ha internado a Alejandro en una institución que se ocupe de rehabilitarlo? ¿Qué debe hacer el Conapred ante esta situación de brutal discriminación? El caso de Alejandro no es el único, pero hoy, gracias a Mariana Chávez y a La Jornada, cobra una conmovedora visibilidad.
Acaba de terminar la jornada electoral. En Querétaro perdió el PAN y ganó el PRI. La hermana de Alejandro ha hablado con diputados de ambos partidos, ¡y nada! ¿Qué hacer? La mayoría de los ciudadanos hablan con desprecio de los políticos, no sólo porque los tienen en pésimo concepto, sino también porque consideran que su actividad no tiene sentido. Casos como el de Alejandro suman indignación a la desconfianza e incredulidad ciudadanas.
¿Qué figura política se muestra indignada y dolida por las tragedias cotidianas que ocurren a lo largo de nuestro país? Andrés Manuel López Obrador, quien publicó un mensaje dirigido al pueblo de México el mismo día y en el mismo periódico en que apareció el reportaje sobre Alejandro (La Jornada, página 7). A López Obrador no se le olvida la situación de horror en la que viven grandes sectores de la población. Él habla del “proceso de degradación progresiva que afecta a todos los órdenes de la vida pública y de la convivencia social”. Hace un llamado a “todos los ciudadanos dispuestos a contribuir a la transformación del país” y concluye: “De cada uno de nosotros depende el destino del país. No nos desanimemos, no nos detengamos y, sobre todo, no dejemos de luchar”.
Pero, ¿cómo luchar concretamente por Alejandro, por su hermana Marta y por todos los que están en situaciones similares? Indudablemente, el reportaje de Mariana Chávez es un paso en esa dirección. Gracias a ella y a La Jornada, ciudadanos movilizados podrán presionar a las autoridades de Querétaro y al Conapred para que asuman sus responsabilidades. Mientras tanto, no estaría de más que el comité del gobierno legítimo en Querétaro tomara cartas en el asunto y contactara al Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje (IMAL). Esta institución se ha dedicado durante años a rehabilitar a niños sordomudos y seguramente podrá ofrecer alguna recomendación.
El caso de Alejandro es un ejemplo patente del proceso de degradación progresiva que denuncia López Obrador. Por eso, salvar a Alejandro debería ser parte del proyecto de salvar a México.

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"Superficial", el estudio canadiense sobre Brad Will: CNDH

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 6 de agosto (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó de nueva cuenta la afirmación de la Procuraduría General de la República (PGR), que señala que el reportero norteamericano Bradley Roland Will fue asesinado a quemaropa por un simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En un comunicado, la CNDH expresa que son equivocadas las conclusiones del estudio encargado por la PGR a Phil Ziegler, sargento jubilado de la Real Policía Montada de Canadá y perito en armas de fuego y balística; Gary Buerk, sargento administrativo jubilado y excomandante del equipo de homicidios del mismo cuerpo policial, y James Stephen, patólogo forense, quienes avalaron las pesquisas de la dependencia mexicana.

En su momento, las investigaciones de la PGR señalaron que el homicidio de Brad Will, durante los conflictos de 2006 en Oaxaca, fue perpetrado por un tirador presumiblemente simpatizante de la APPO, quien disparó dos veces de forma intencional sobre el periodista.

El primer disparo, señaló, se hizo a una distancia de entre 70 centímetros y ocho metros, ubicado (el presunto asesino) a un costado del estadunidense. En un segundo tiempo lo hizo varios segundos o minutos después, mientras el periodista era cargado y retirado del lugar, a una distancia de menos de un metro.

Según la CNDH, el informe de los peritos canadienses no sustenta sus conclusiones en elementos técnico-científicos. No es un dictamen pericial, sino una opinión, y carece de valor jurídico alguno, de acuerdo con la legislación mexicana y su jurisprudencia, además de que no tuvo el propósito de encontrar la verdad histórica y legal, sino de avalar las hipótesis de quien los contrató.

Y añade que sin la intención de iniciar un debate "artificialmente abierto por la PGR", el peritaje de los canadienses es "opinativo" de un documento elaborado en sólo 14 días, a más de dos años y medio de ocurridos los hechos.

Así mismo, destaca que los dos jubilados de la Policía Montada de Canadá, así como el médico forense, no hicieron reconstrucción alguna de los acontecimientos y tampoco examinaron la ropa que vestía la víctima, porque les pareció irrelevante, ya que contaban con buenas fotografías e información que les había proporcionado su cliente.

"Lo anterior revela la intención de la institución contratante (la PGR) por validar una hipótesis indemostrable, mediante procedimientos profesionales de las ciencias forenses, de que el victimario se encontraba a una distancia de entre dos y ocho metros de su víctima", se lee en el comunicado.

Sostiene, además, que "la superficialidad del análisis y su falta de rigor científico quedan de manifiesto cuando los propios expertos se descalifican a sí mismos al revelar que no son ingenieros en materia de sonido y, sin embargo, desacreditan la investigación de la CNDH sobre el tiempo que transcurre entre el sonido del disparo y el sonido del impacto en el cuerpo de la víctima (0.166 segundos), lapso que permitió establecer que los disparos se hicieron a una distancia de 35 metros o más entre la posición de la víctima y la del victimario".

En septiembre del año pasado, la CNDH emitió una recomendación a la PGR en la que, de acuerdo con los peritajes de sus expertos, Will fue asesinado por dos tiros circunstanciales en un máximo de tres segundos (es decir, no con la intención de darle, sino de disparar al azar a una muchedumbre), realizados entre 35 y 50 metros de distancia, con trayectoria frontal, "aparentemente efectuados por un efectivo policial oaxaqueño vestido de civil, de acuerdo con estudios científicos de sonido, video y balística".

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la única intención de la Procuraduría General de la República es reabrir el debate, lo cual "carece de sentido, ya que ahora lo que procede es esperar la resolución jurisdiccional sobre el caso".

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EMP impide a Zelaya hacer declaraciones antes de abandonar México

LA REDACCIóN

MEXICO, DF, 6 de agosto (apro) Manuel Zelaya concluyó su visita a México y partió este jueves rumbo a Nicaragua sin despedirse del presidente Felipe Calderón, pese a que éste arribó al hangar presidencial minutos antes de la partida del depuesto mandatario hondureño.

Antes de salir a bordo de un avión venezolano, cerca de las 17:00 horas, Zelaya intentó hablar con la prensa en el hangar, pero fue impedido por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Zelaya arribó escoltado a las instalaciones del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde casi coincide con Calderón, quien volvía de una gira por Tamaulipas.

De frente a una puerta de cristal que lo separaba de la prensa, Zelaya, quien en la víspera había dicho que "... hay veces que es mejor sentirse presidente, que serlo. Lo digo por Andrés Manuel López Obrador", intentó acercarse para hacer declaraciones y despedirse, pero cuando pidió que le abrieran, de inmediato se lo negó el personal de seguridad.

Pese a ello, Zelaya indicó, con señas, que saldría por la puerta principal para conversar con los medios, pero tampoco se le permitió salir por ese espacio, provocando que su ministro de la Presidencia, Enrique Flores, fuese quien cruzara para anunciar su regreso a Managua, desde donde prepararán los viajes a Brasil, Ecuador y Washington para emprender así la llamada "ofensiva diplomática" del gobierno hondureño.

Flores Lanza sostuvo que la visita de Zelaya a México fue satisfactoria, luego de recibir el apoyo y la solidaridad de sectores políticos y sociales mexicanos.

"Nos vamos muy satisfechos, muy contentos, pues en México se ha repudiado de manera unánime el golpe de Estado que mediante la fuerza quiere robarle al pueblo hondureño la decisión que tomó para tener un presidente" sostuvo.

El también vocero de Zelaya advirtió que en "Honduras se juega la restitución de un presidente, pero es un escenario que va más allá porque se está jugando el futuro de la democracia de América Latina".

Finalmente consideró que el hecho de que la OEA y Naciones Unidas no pudiesen revertir el golpe de Estado, ello "debilitaría mucho la hegemonía del presidente estadunidense Barack Obama y pondría en entredicho la eficiencia de los órganos multilaterales".

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Comisión de la Corte investigará el caso ABC

Por ocho votos a tres echa atrás el proyecto de Aguirre Anguiano

Presume negligencia y omisión de autoridades federales, estatales y municipales

Jesús Aranda y Ángeles Cruz

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer, por ocho votos a tres, crear una comisión que investigue los actos de "negligencia y omisión" en que incurrieron autoridades federales, estatales y municipales, que derivaron en la muerte de 49 menores y lesiones de otros más en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Los ministros se plantearon identificar a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que hayan incurrido en responsabilidad, examinar la operación y funcionamiento de los servicios de guardería subrogados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, la situación actual de este tipo de convenios vigentes y revisar la forma como el Estado cumple su obligación de garantizar ese servicio social a los trabajadores.

Después, en votación dividida, acordaron que la comisión investigadora la integren los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos. Éstos iniciarán sus labores el próximo 16 de agosto; a partir de esa fecha contarán con 15 días para entregar a los ministros un protocolo de trabajo y, una vez aprobado éste, tendrán un plazo de seis meses para entregar su informe.

Proyecto "despedazado"

Después de poco más de cuatro horas, los ministros de la mayoría "despedazaron" el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que se proponía que la Corte no investigara.

Primero en hacer uso de la palabra, Aguirre señaló: "Personalmente lamento en extremo que a los padres de los críos fallecidos o de los pequeños lesionados, se les engañe diciéndoles que la Corte puede y debe, conforme a su atribución, impartir justicia. Nada más falso".

Ante algunos de los padres de las víctimas citó la entrevista que el pasado 13 de julio un medio de comunicación le hiciera a la madre de uno de los menores fallecidos en la tragedia, a quien expresamente se le preguntó qué esperaba de la Suprema Corte y respondió que justicia.

Retomó también el argumento de que las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales no han tenido efecto alguno, porque sus conclusiones no son vinculatorias.

Después enumeró una serie de acontecimientos –desde desastres naturales en que hubo negligencia oficial, pasando por los casos Lobohombo y News Divine, hasta el avionazo en el que murió el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño– en los que la SCJN no ejerció su facultad de investigación.

Para concluir, Aguirre –quien contó con el respaldo del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y de Mariano Azuela Güitrón– dijo haber cumplido con su conciencia y añadió: "Sobre nosotros no pesan ni pesarán, desde luego, presiones de profesionales de los medios, ni de políticos que parecen no entender nuestra función". Exhortó al pleno a no propiciar "que se cumpla de nuevo la sentencia de Horacio: parirán los montes con estruendo para dar a luz solamente a un ridículo ratón".

Sergio Valls, quien fue el que solicitó a sus compañeros ejercer la facultad de investigación, dijo que era absurdo –como lo planteaba el proyecto– que en el incendio hubiera existido una actuación directa y voluntaria de autoridades; estamos "ante omisiones y negligencias" de las autoridades que tenían la obligación constitucional de preservar ante todo la vida y el cuidado de los niños y niñas.

Rechazó –como lo hicieron después José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza– el argumento de que el incendio "accidental" fuera un asunto entre particulares y subrayó que la guardería ABC no prestaba el servicio de forma particular, sino que estaba subrogada por el IMSS.

Agregó que las autoridades de Sonora y del municipio de Hermosillo incurrieron en responsabilidad al permitir establecer actividades mercantiles de riesgo en los alrededores de la guardería siniestrada.

Cossío hizo un llamado de congruencia a sus compañeros y precisó los lineamientos técnico- jurídicos que debía cumplir la comisión investigadora.

Góngora coincidió con sus compañeros en que el hecho de que la Procuraduría General de la República investigue y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido sus recomendaciones, no implica que la Corte no haga lo propio, porque cada una tiene su propio ámbito de competencia. Silva Meza abundó que la SCJN es la única que constitucionalmente puede determinar si hubo violación grave de garantías individuales y que, por ello, tenía que asumir su responsabilidad.

Sánchez Cordero apuntó que la pérdida de vidas en la guardería ABC les daba la oportunidad de discutir "las condiciones en las que queremos que se desarrolle nuestra infancia, en que sus derechos deben tutelarse y la forma en que el Estado debe intervenir para tales efectos".

Fernando Franco puso énfasis en la revisión del esquema de "contratación-subrogación" que permitió la operación de la estancia referida, en el que el IMSS “nunca dejó de tener la obligación primaria y sustancial de supervisar y vigilar que se prestara el servicio en los términos que rigen a las guarderías del propio instituto.

Azuela, por su lado, dijo que se trata de un caso "lamentabilísimo", pero que no se cumplía la condición de ser un hecho "extraordinario" que ameritara la intervención de la Corte.

Luna Ramos señaló que por el carácter excepcional, discrecional, la gravedad y la trascendencia de los hechos, la Suprema Corte debía intervenir "para evitar que suceda una situación similar en el futuro".

Con la suerte definida, Ortiz Mayagoitia se limitó a apoyar el proyecto de Aguirre, "en su totalidad", al que se sumó Azuela.

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Guanajuato: albazo panista buscar eliminar candidaturas comunes

VERóNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, GTO., 6 de agosto (apro).- En un nuevo albazo legislativo y con el repudio de la oposición, la mayoría panista dictaminó una reforma para eliminar de la Constitución la figura de las candidaturas comunes, pese a que aún no concluye el actual proceso electoral.

Y es que bajo esa figura el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática le arrebataron a Acción Nacional varios municipios el pasado 5 de julio, entre ellos la capital del estado.

Este dictamen fue propuesto por el grupo parlamentario del PAN hace apenas una semana, el 30 de julio. Ese mismo día, después de la sesión de la Permanente en que fue recibido, se radicó de inmediato en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que en cuatro días hábiles lo ratificó.

Con esa misma celeridad, la Comisión consultó al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del estado para conocer sus respectivas posturas sobre la reforma.

El presidente del Instituto Electoral (IEEG), Santiago Hernández, respondió que como el organismo no cuenta con un análisis a profundidad sobre este tema en particular, no podría dar "una opinión objetiva y responsable".

Mientras que en declaraciones a los medios, el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Ignacio Cruz Puga, calificó la iniciativa panista de "apresurada e inoportuna", puesto que aún no culminan los trabajos en materia electoral y todavía no se pueden sacar conclusiones sobre lo que ha funcionado o debe modificarse en este rubro.

A pesar de ello, el dictamen quedó listo para pasar a la sesión del pleno del sábado, con cuatro votos a favor (los del PAN) y dos votos en contra, de los diputados Alberto Camarena, del Partido Verde, y Antonio Chávez Mena, del PRI.

Los panistas sólo necesitarían dos votos más para contar con la reforma, la primera que admiten en esta Legislatura, puesto que se negaron a realizar cambios propuestos por el IEEG y por el propio Tribunal Electoral en el 2007.

Esos votos serían los de los diputados independientes (expriistas) Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, los mismos que apoyaron al PAN para dar luz verde a la reforma antiaborto.

El dictamen reforma el artículo 17 de la Constitución para eliminar la figura de candidatura común, con el argumento de que es imprecisa y confunde al electorado, además que presuntamente no garantiza que la oferta política de los candidatos "sea genuina".

"La candidatura común es una forma de organización política con fines electorales, constituida por dos o más partidos políticos para postular conjuntamente los mismos candidatos; provoca que su regulación en el Código Electoral entrañe imprecisiones que, en la práctica, provocan confusión para su implementación y para el electorado", señala la iniciativa panista aprobada hoy en comisiones.

Según la exposición de motivos, en la candidatura común "no existe una identificación del candidato con los principios de los partidos que lo postulan", lo que en opinión de los panistas es una "limitante" a la democracia.

Junto con esta reforma, incluyeron una propuesta para modificar el Código Electoral en la parte que reglamenta la operación de las candidaturas comunes, así como sobre las coaliciones.

Incluso, ante el debate propiciado por el desacuerdo del diputado Alberto Camarena, del PVEM, y el priista Antonio Chávez Mena –quienes insistieron en la necesidad de consultar opiniones ciudadanas y de expertos antes de aprobar la reforma--, la diputada panista Mayra Enríquez Vanderkam aseguró que sólo se pretende homologar la legislación local con la federal (que ya no considera esta forma de asociación para la competencia política) y pidió "despojar la discusión de las condiciones coyunturales".

Sobre el tema, el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, acusó al PAN de utilizar su mayoría para eliminar una figura que en el 2006 utilizó en el municipio de Cuerámaro con el Partido Alianza Social para ganar esa elección.

Ahora Acción Nacional "le tiene miedo a la alternancia" ante los resultados del 5 de julio "donde perdieron votos debido a la soberbia, el abuso, el chantaje y la poca transparencia" de sus gobiernos, acusó Alonso Raya.

Y advirtió que combatirán por los medios legales esta reforma impulsada por el PAN "porque es inconstitucional".

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Allanamientos: Estado de policía

Me gustaría ver la orden judicial de cateo con la cual la Policía Federal se metió en un templo católico en Apatzingán. Y me gustaría más que, tanto quienes protestaron como quienes apoyaron la irrupción, criticaran la inobservancia de las normas que establecen la inviolabilidad del domicilio. La verdad es que policías y militares se están metiendo en cualquier lugar sin ningún mandamiento de la autoridad.

Aquí no tiene nada que ver el sacrilegio ni el Estado laico, mucho menos las enseñanzas del Evangelio. Aquí lo importante es el Estado de policía que Calderón está forjando mediante la violación sistemática de la ley y, también, de algunas reformas legislativas que se han hecho con el apoyo del PRI.

Nadie puede exigir a un grupo de policías o militares la orden de cateo si no tiene unos cuantos AK-47. En Apatzingán, los integrantes de La Familia estaban desarmados, como corresponde a la presencia en un templo, pero los policías no estaban locos como para no llevar sus fusiles y detener a todos los fieles. Estas circunstancias son presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública como aquellas que permitieron que no se produjera un enfrentamiento durante la captura, pero no se alega el haber tenido una orden judicial, de la cual, evidentemente, carecían los agentes de policía.

El Episcopado no tiene por qué aceptar la disculpa ofrecida por la policía, pues no se trata de un asunto entre corporaciones sino de la violación de la ley, la cual no es del clero sino de la República. Sólo la autoridad judicial puede expedir una orden de cateo, dice la ignorada Constitución en su artículo 16, la cual señala también que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente. Ahora, una orden de ese tipo puede ser obtenida hasta por internet, gracias a las facilidades legales que ha brindado el Congreso de la Unión, siempre, claro, que la solicite el Ministerio Público, quien de seguro ni se enteró del operativo de Apatzingán. Y no se vale decir que contra los detenidos había orden de aprehensión, pues el cateo legal es la entrada por la fuerza en un lugar privado y también puede tener el propósito de aprehender a un sujeto dentro de un domicilio.

Al parecer, en México casi nadie quiere defender la Constitución y frenar la arbitrariedad policiaca, pues se dice que lo importante es detener a los malos, sin importar la manera de hacerlo ni los derechos de otros y de los mismos malos, todos los cuales ya no tienen derechos, ya no son personas. En las guerras no se acostumbra el respeto de derechos y Calderón nos habla de una guerra.

No importa que el sitio allanado por la policía sin orden judicial sea un palacio de gobierno, una catedral o una casa cualquiera, lo que interesa es que se hace en forma indebida. Nada tiene que ver en este asunto el lugar del cateo, sino la manera de hacerlo.

Calderón propuso hace poco al Congreso que la policía pudiera allanar cualquier domicilio con la discrecional suposición de peligro delictivo. De manera milagrosa, el Senado no aprobó ese precepto y la Cámara de Diputados, en segunda revisión, lo eliminó del proyecto. Sin embargo, el gobierno aplica con soltura su propuesta rechazada y el Congreso ni siquiera se digna protestar. ¿Por qué? También las cámaras legislativas están en la tal guerra y pocos de sus integrantes se atreven a presentar críticas a policías y militares, pues de inmediato se les acusa de hacer el juego a los narcotraficantes. Lo que se está forjando es el Estado policiaco, el cual podría operar contra cualquiera un día cualquiera por motivos que nada tuvieran que ver con la tal guerra. Ya lo hemos sufrido.
pgomez@milenio.com

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Sin consultar a Paredes, 14 gobernadores del PRI deciden negociar nuevo pacto económico

Ningún integrante del Comité Ejecutivo Nacional asistió a reunión realizada en el DF

Plantearán a Hacienda un esquema de participaciones federales más equitativo y sin recorte de fondos

Encuentro de gobernadores priístas en un restaurante del Distrito Federal. En la imagen, los mandatarios Jesús Aguilar, Mario Marín, Ivonne Ortega e Ismael Hernández DerasFoto José

Antonio López

Ciro Pérez Silva

Sin la presencia de un solo integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 14 gobernadores priístas acordaron ayer negociar con la Secretaría de Hacienda un nuevo acuerdo económico para hacer más equitativo el actual esquema de participaciones federales, además de buscar la forma de recuperar los recursos perdidos con los recortes presupuestales, que han llevado a la quiebra a varios municipios del país.

La versión oficial del encuentro privado realizado en la ciudad de México fue la celebración del cumpleaños de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y de otros mandatarios del tricolor que cumplirán en fechas próximas. Sin embargo, la reunión tuvo más de quejas –por la disminución de participaciones, el creciente déficit que padecen las entidades que gobiernan los priístas y la urgencia de resolver cuanto antes las afectaciones económicas, producto de la crisis que padece el país en este sexenio– que de fiesta.

Respecto a la disminución de recursos, los mandatarios del estado de México, Enrique Peña Nieto; de Veracruz, Fidel Herrera; de Quintana Roo, Félix González Canto; de Coahuila, Humberto Moreira, y de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, señalaron que han implicado la suspensión de algunos de los programas y acciones que se tenían previstos para este año, a pesar de las medidas de austeridad que han aplicado en sus respectivas entidades.

Advirtieron que en algunos estados los recortes van de 400 millones a 9 mil millones de pesos, y aunque hubo un cierre de filas de los mandatarios priístas para evitarlos, señalaron que de no encontrarse pronto una salida, será difícil, por ejemplo, mantener la planta laboral.

En tanto, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que ya concluyó 98 por ciento de los trámites parar que la nueva refinería se construya en su estado, y rechazó que exista una trampa del gobierno federal para finalmente edificarla en Guanajuato.

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Comando ataca procuraduría de Irapuato; tres policías muertos

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 6 de agosto (apro).- Tres policías ministeriales muertos y varios heridos es el saldo preliminar de un ataque perpetrado esta noche por un comando armado contra las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del estado en esta ciudad.
Antonio Cano, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, señaló que los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la noche, cuando sujetos armados, que se trasladaban en vehículos, llegaron frente a las instalaciones de la procuraduría, abrieron fuego y lanzaron granadas.
Cerca del lugar del ataque se encuentra el Cereso de Irapuato. Al parecer, hay varios custodios heridos.
Cano dijo que Baltasar Vilches Hinojosa, secretario de Seguridad Pública del estado, se trasladó al lugar de los hechos.

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Ex braceros piden a Obama apoyo para recibir ahorro

Entregaron carta en el consulado de Monterrey

David Carrizales
Corresponsal

Monterrey, NL., 6 de agosto. Ex braceros realizaron una manifestación frente al consulado de Estados Unidos en esta ciudad, para entregar una carta dirigida al presidente de ese país, Barack Obama, en la que le solicitan exhortar a su homólogo mexicano Felipe Calderón y al gobierno federal que éste encabeza a que cumplan con lo pactado en el convenio binacional Programa Bracero, y cubran el adeudo existente con los ex jornaleros agrícolas, correspondiente a los recursos del Fondo de Ahorro Campesino, que las autoridades del vecino país entregaron a las mexicanas desde 1964.

Ignacio Zapata Narváez, líder de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores y de la Alianza Binacional Braceroproa en Nuevo León, informó que en la misiva puntualizan a Obama el trabajo que cumplieron millones de ex jornaleros agrícolas mexicanos, contribuyendo a que Estados Unidos pudiera hacer frente a la Segunda Guerra Mundial y de paso se convirtiera en la nación más poderosa del mundo.

Agregó que además de que les han sido "escamoteados" los recursos del Fondo de Ahorro Campesino, que debió constituirse con el 10 por ciento de los recursos que se descontaron del salario de los entonces braceros, ahora resulta que el gobierno mexicano ni siquiera ha cumplido con pagar los 38 mil pesos del "fondo de apoyo social" a todos los que se inscribieron ante la Secretaría de Gobernación. Se les pagó a 42 mil y están pendiente 7 mil en todo el país.

A 160 mil ex braceros inscritos en la más reciente convocatoria les quieren pagar mediante 10 anualidades de 4 mil pesos, comenzando con una lista de 2 mil 600 beneficiados, por lo que a ese paso tardarían más de 60 años para empezar a pagar a todos los beneficiados.

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El reencuentro

Porfirio Muñoz Ledo
07 de agosto de 2009

Hace muchos años que no participaba en un debate abierto sobre la cooperación entre los países del sur. El reencuentro se produjo los primeros días de este mes, en el puerto marroquí de Assilah que atesora, junto a la fascinación medieval de la Medina, su luminosa vocación de umbral del Mediterráneo.

En varios sentidos es este un país de frontera. Por cultura y geografía es el espejo en que se mira la España morisca. Esquina noratlántica del continente africano, ha sido destino de navegantes, transterrados y conquistadores. Como nosotros, es corredor de éxodos humanos y espacio de integración cultural. En el marco de homenajes a poetas y escritores de la región, el diálogo se concentró en las relaciones entre África e Iberoamérica. En opinión de los ponentes de América Latina, la triangulación con la península europea puede ser útil pero no indispensable. Manifestamos la necesidad de recuperar vínculos múltiples y directos con nuestros amigos africanos y de otras comarcas del sur.

Añoramos los tiempos del sólido compromiso moral y político con sus procesos de independencia. El horizonte de nuestra generación está marcado por un transcurso que comprende la creación en Bandung del movimiento no alineado, las penalidades libertarias de Argelia, Angola y Namibia, y la aparición de un centenar de estados en el escenario internacional.

Nos preguntamos si asistimos a un regreso de la historia o sólo a testimonios valederos. A fin de cuentas, estamos al fin del ciclo neoliberal, lo que debería implicar la reparación de sus peores estropicios. Entre ellos, la implantación de un concepto vertical y codicioso del mundo y el abismo creciente entre globalizadores y globalizados.

Definimos en su radical crudeza el sentido de nueva colonización que inspiró al pensamiento único. Los términos deliberados de la desigualdad, el renacimiento de la ley del más fuerte, el opacamiento de las identidades y —al final del túnel— la amenaza del choque de civilizaciones, justificativa de abyectos desmanes.

La noción misma de tercer mundo —clave de afinidades— parece estar resurgiendo, ahora encarnada o promovida por el éxito de las potencias emergentes —Brasil, China, India, Sudáfrica— y mantenida siempre por la tenacidad de los cubanos. Las cuestiones primordiales son: el carácter horizontal y solidario de la cooperación, la expansión de su alcance y la definición de sus campos privilegiados.

El plano político es fundamental: hemos acrecentado nuestra membresía en los organismos multilaterales y se esperaría de nosotros una iniciativa concertada para la reforma de las Naciones Unidas. Los empeños a favor de la integración regional debieran ser resueltamente fortalecidos. También nuestra participación, en pie de igualdad, en las decisiones económicas globales. Esa sería la mejor señal de una salida promisoria de la crisis.

En nuestros territorios se alojan los más densos caudales demográficos y recursos naturales del planeta. La concentración del ingreso, que estuvo en el origen del desastre económico que padecemos, ha generado sin embargo migraciones que se antojan indetenibles. Una nueva relación entre el norte y el sur exigiría la puesta en marcha de un proyecto de recuperación compartido y el reconocimiento del derecho humano a la migración.

Supone también, de nuestra parte, un esfuerzo genuino de interculturalidad y de cohesión social. La práctica del colonialismo interno en nuestros países nos priva de argumentos para exigir una política mundial más justa y respetuosa. Lastra además el desarrollo de las fuerzas endógenas que podrían promoverla.

En caso de que México lograra escapar de la degradación y reconstruir el Estado-nación, tendría que enfocar sus programas a la descentralización política y económica tanto como al rescate de la soberanía popular. Una diplomacia de gran aliento nos pondría en consonancia con el mundo que viene.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

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Descalifica la CNDH reporte de la PGR sobre el asesinato de Brad Will

No es un dictamen pericial "sino de opinión", considera

De la Redacción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó ayer que el reporte contratado y difundido por la Procuraduría General de la República relacionado con el homicidio del periodista Brad Will no sustenta sus conclusiones en elementos técnico-científicos; no es un dictamen pericial "sino de opinión, y carece de valor jurídico alguno de acuerdo con la legislación mexicana y su jurisprudencia".

Ese reporte contratado por la PGR "no tuvo el propósito de encontrar la verdad histórica y legal, sino sólo de avalar las hipótesis de quien contrató a sus autores". Subraya que "este órgano no tiene la intención de participar en un debate artificialmente abierto por la procuraduría; sin embargo, sí es de su interés subrayar el carácter opinativo de un documento elaborado en sólo 14 días, a más de 2 años y medio de ocurridos los hechos".

La CNDH hace notar que en ese reporte difundido por la PGR, sus propios autores, dos personas jubiladas de la Policía Montada de Canadá y un médico forense, manifiestan no haber realizado reconstrucción alguna de los acontecimientos y no haber examinado la ropa que vestía la víctima porque les pareció irrelevante, ya que contaban con buenas fotografías e información que les proporcionó su cliente.

Esto revela la intención de la institución contratante por validar una hipótesis indemostrable, mediante procedimientos profesionales de las ciencias forenses, de que el victimario se encontraba a una distancia de entre dos y ocho metros de su víctima.

La CNDH hace notar que la superficialidad del análisis y su falta de rigor científico quedan de manifiesto cuando los propios expertos se descalifican a sí mismos al revelar que “no son ingenieros en materia de sonido y sin embargo desacreditan nuestra investigación –la de la CNDH– sobre el tiempo que transcurre entre el sonido del disparo y el del impacto en el cuerpo de la víctima (0.166 segundos), lapso que permitió establecer que los disparos se hicieron a una distancia de 35 metros o más entre la posición de la víctima y la del victimario,

Cuestiona la CNDH que si con este análisis solicitado a tres especialistas canadienses, y que se pretende hacer pasar como un dictamen de la Real Policía Montada de Canadá, se ha incorporado o se pretende incorporar a la averiguación previa correspondiente del caso, debió realizarse de conformidad con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales: el agente del Ministerio Público debió entregarlo al juez de la causa y no a los medios de comunicación.

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Vandalismo virtual, colapsa a Twitter

ALEJANDRO SALDíVAR

MEXICO, D.F., 6 de agosto (apro).- Después de cinco horas fuera de línea, la red social Twitter restableció su servicio de microbloging; sin embargo, la suspensión ocasionada por un supuesto ataque “demuestran la vulnerabilidad del sistema y hacen perder la credibilidad sobre la seguridad informática en las redes sociales”, revela Alejandro Ávila, experto en sistemas.

A las 8:00 horas el blog del portal Twitter denunciaba que era “blanco de un ataque de negación del servicio”, y catalogaba la acción como un “esfuerzo malévolo orquestado para interrumpir los servicios de banca en línea, y en ese caso, el servicio a los usuarios”.

A la 13:30 horas Biz Stone, vicepresidente de Twitter, anunció que el ataque había sido “atenuado”, pero que seguía en recuperación. En ese mismo post la compañía se declaró víctima de un “ataque masivo coordinado”, pero no pretendía “especular” sobre posibles culpables.

Asimismo, Stone reconoció que su sistema es vulnerable aún, afirmando que “el ataque masivo de hoy fue un recordatorio sobre el trabajo que falta por hacer”.

Un ataque de negación del servicio (Denial of service, en inglés) consiste en congestionar, con un exceso de paquetes, las peticiones a un servidor. Es decir, se puede saturar o sobrecargar el servicio, provocando la caída parcial o total del portal.

“El llamado DDoS (siglas en ingles de Distributed Denial of Service, denegación de servicio distribuida) es una ampliación del ataque DoS, se efectúa con la instalación de varios agentes remotos en muchas computadoras que pueden estar localizadas en diferentes puntos”, dice preth00nker en una nota colocada en el foro de la comunidad de programadores “underground.org.mx”.

Y continúa, “el invasor consigue coordinar esos agentes para amplificar el volumen de saturación de información, pudiendo darse casos de un ataque de cientos o millares de computadoras dirigido a una máquina o red objetivo”.
“La ballena de error"
Desde su creación, cuando el sistema se colapsaba aparecía una ballena sonriente elevada por pájaros naranjas sobre el mar con la leyenda “too many tweets! Please wait a moment and try again”. En esta ocasión, sin menor aviso, el portal no cargaba.

En abril de 2009, McAfee encontró que Twitter era la red social más vulnerable a convertirse en objeto de ataques, lo que llevo a la plataforma a eliminar cerca de 10,000 perfiles por propagar un virus.

Las compañías de antivirus catalogan estos ataques (DDoS) como vandalismo virtual; sin embargo, en la web existen cientos de manuales de fácil acceso para realizar ese tipo de acciones.

Y aunque no se perdió nada, la negación del servicio pone en duda lo que menciona el número 19 de una publicación virtual de hackers llamada “Raza mexicana”, donde lanzan la pregunta “¿Creen que esta información la deben de tener compañías que publican esos datos en sus sistemas en línea?”

En los últimos meses la red social se popularizó por los llamados “trending topics”, que son los temas más citados, entre los que se encontraban las protestas en Irán, la muerte de Michael Jackson y el golpe de estado en Honduras.

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A petición de Perú, México retira al agregado naval

Incidente del capitán Esparza con una joven

De la redacción

En una decisión inusual, el gobierno de México retiró al agregado naval en Perú, capitán Raúl Esparza Santiago, a petición del gobierno de ese país.

A partir de ayer, el marino concluyó su misión en el país sudamericano y se le espera en el país para que deslinde ante el alto mando de la Armada las circunstancias por las cuales fue obligado a dejar su cargo.

La Secretaría de Marina informó que los hechos obedecen a "un incidente" con una ciudadana peruana, de la cual no dio a conocer el nombre. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a sus pares de Perú una investigación acuciosa sobre el incidente, para deslindar las responsabilidades en que habría incurrido el capitán Esparza Santiago.

Según versiones, una joven abogada acusó al agregado naval de golpearle en el rostro luego de que ella le increpó por haber intentado tocarla indebidamente cuando cenaba en un restaurante limeño.

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Puntos que incluirá la indagatoria en el caso de la guarderia ABC

Jesús Aranda y Ángeles Cruz

Objetivos de la investigación que hará la Suprema Corte sobre los hechos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

–Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal sobre el origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería; analizar los grados de responsabilidad de las autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías.

–Investigar origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.

–Investigar origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares.

–Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación de la guardería ABC.

–Especificar qué autoridades del instituto celebraron dicho convenio y su competencia, así como el procedimiento de revisión del cumplimiento de la normatividad sobre su funcionamiento.

–Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad a la guardería ABC y si, en su caso, se vigilaba el cumplimiento de las mismas.

–Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, en relación con el otorgamiento de permisos de uso de suelo y licencia de funcionamiento de la guardería y establecimientos aledaños a ésta.

–Analizar la conducta y omisión de los funcionarios encargados del buen funcionamiento de las guarderías y revisar si las consecuencias del incendio del 5 de junio pudieron evitarse.

–Identificar casos de negligencia médica del IMSS posteriores al suceso.

–Identificar a las personas que participaron en la violación grave de garantías individuales tanto del Seguro Social, como del municipio de Hermosillo, estado de Sonora y demás que resulten.

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Senadores condenan que policías hayan entrado "como rufianes" en un templo

Violó garantías el operativo en Apatzingán, señalan; el obispo del lugar critica la irrupción

La SSP federal difundió una fotografía de Servando Gómez Martínez, La Tuta, jefe operativo de La Familia de Michoacán, tomada hace unos dos meses Foto Notimex

Andrea Becerril y Carolina Gómez Mena

Senadores perredistas y priístas advirtieron que el allanamiento de un templo católico en Michoacán, protagonizado por elementos policiacos el pasado fin de semana, es una muestra de que en el combate al narcotráfico se olvida el escrupuloso cumplimiento de la ley.

Coincidieron en que no bastan las disculpas de la Secretaría de Seguridad Pública por haber ingresado violentamente a una iglesia de Apatzingán, sino que urge una corrección inmediata de los operativos de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército contra la delincuencia.

El priísta Castro Trenti resaltó que uno de los aspectos de la reforma constitucional de Felipe Calderón en materia de justicia penal que no se aprobaron fue el de los allanamientos sin la orden de un juez, y deploró que aún así se apliquen al margen de la ley.

Consideró vergonzoso que a pesar de todos los instrumentos jurídicos nuevos que el Congreso ha aprobado, entre ellos la nueva Ley Orgánica de la PGR y la Ley de Extinción de Dominio, los policías entren como rufianes a una iglesia, uno de los pocos lugares que deberían estar a salvo de esta violencia que tanto daño nos hace.

Defensa de la legalidad

A su vez, el perredista Carlos Navarrete advirtió que los templos, como cualquier domicilio particular, no pueden ser allanadas sin orden judicial, por lo que la irrupción de la Policía Federal en una iglesia de Apatzingán violó garantías constitucionales.

Criticó que hayan sido vejados y maltratados todos los asistentes a la misa, ciudadanos sin ninguna responsabilidad, a quienes durante cuatro horas mantuvieron tirados en el piso, amenazándolos.

Recalcó que no se trata de defender a la Iglesia católica, sino la legalidad, porque si se permite que los allanamientos sin orden judicial continúen, se avanzará hacia un Estado policiaco.

Con lo anterior coincidió Castro Trenti, quien recalcó que es obvio que no hubo en ese operativo –ni en todos los demás–, acción alguna de inteligencia ni de coordinación, ya que al presunto narco que se buscaba se le pudo detener antes de que entrara al templo o al salir, para no poner en riesgo la integridad física de quienes estaban en misa, ni violar los derechos humanos de éstos.

Por otra parte, aunque el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, aceptó las disculpas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal por dicho allanamiento, no dejó de expresar su más enérgica protesta por los abusos cometidos por la Policía Federal en ese recinto sagrado, en el que ingresaron sin ninguna orden de cateo y en el momento preciso de la celebración de la santa misa.

El prelado expresó su reconocimiento y apoyo al esfuerzo que el gobierno y las fuerzas del orden público realizan para llevar al pueblo las tranquilidad y la seguridad perdidas, pero exigió que “en la planeación y realización de sus operativos, respeten la dignidad, los derechos y la libertad de las personas”.

Anunció que mañana sábado, al cumplirse una semana de la incursión policiaca para detener a La Troca, presunto operador del cártel de La Familia, en el citado templo se realizará una jornada para pedir al Señor por la paz.

A su vez, la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, mediante su página electrónica Centro Católico Multimedial, reprobó las críticas a la SSP federal por haberse disculpado con la Iglesia católica.

El gesto es muestra de un cambio significativo en el proceder de las instituciones que ofrecen seguridad en nuestro país, indicó.

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Sicarios a la ofensiva
2009-08-07

En días pasados en la Entidad guanajuatense se dieron intensos enfrentamientos entre policías e integrantes de “La Familia Michoacana” / Operativo de la Policía Federal y estatales en persecusión de los sicarios

IRAPUATO, Gto., 6 de agosto (SUN).- En dos ataques a bases policiacas, que derivaron en persecuciones, y en otros dos enfrentamientos en los estados de Guanajuato e Hidalgo, se reportaron en conjunto 13 muertos y 20 heridos de bala.
Entre las víctimas mortales se encuentran un policía ministerial y dos agentes estatales.

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