Alerta AMLO a FAP sobre aprobación de presupuesto 2010


El político tabasqueño dijo que el PRI dará más recursos a las entidades gobernadas por este partido, los cuales tomaron recursos públicos para apuntalar el voto tricolor.

Fabiola Martínez

Santiago Nuyoo, Oax. Andrés Manuel López Obrador advirtió a los diputados electos del PRD, PT y Convergencia que estén alerta en la aprobación de presupuesto del próximo año porque el PRI dará más recursos a los estados gobernados por este partido, los cuales tomaron recursos públicos para apuntalar el voto tricolor.

“Los gobernadores confían en reponerse con el presupuesto de 2010”, dijo durante un recorrido por municipios de la montaña mixteca.

Ante indígenas criticó las políticas de Canadá y Estados Unidos al señalar que “los países fuertes quieren resolver el problema de migración con la imposición de visas o la construcción de muros”.

Durante este recorrido, López Obrador también recordó el mensaje para que los oaxaqueños no voten por el PRI en 2010.

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Pide Obama respeto a derechos humanos en lucha antinarco


J. JESúS ESQUIVEL

Guadalajara, Jal., 9 de agosto (apro)- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmó el respaldo de su gobierno a la lucha contra el narcotráfico que libra el gobierno de Felipe Calderón, acotando que se debe preservar el respeto a los derechos humanos.

“El presidente Obama subrayó en varias ocasiones la importancia que tiene para él respeto a los derechos humanos, para los Estados Unidos y francamente también para México”, informó un vocero de la Casa Blanca.

En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebra en esta ciudad y en la cual también participa el primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, Obama se reunió con Calderón por espacio de unos 45 minutos.

El narcotráfico ocupó un lugar prioritario en la conversación entre Obama y Calderón.

La Casa Blanca informó que Obama explicó a Calderón que el Departamento de Estado trabaja “con mucho cuidado” el reporte que entregará al Congreso sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el combate al narcotráfico. Cabe recordar que el respeto a las garantías individuales será clave en la entrega de recursos de la Iniciativa Mérida.

El vocero de la Casa Blanca señaló que la reunión fue “cordial”. El mandatario estadunidense estuvo acompañado por Carlos Pascual, quien se estrenó como embajador de Estados Unidos en México.

También asistieron: Jim Jones, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interior; James Seinburg, Subsecretario de Estado, los asesores Larry Summers, de asuntos económicos, y Carol Browner, de temas ecológicos y de energía.

“El presidente Obama expresó su fuerte respaldo a los esfuerzos del presidente Calderón en el combate a los cárteles de la droga y el compromiso de Estados Unidos de seguir avanzando en esta lucha bilateral”, insistió el portavoz de la Casa Blanca.

Calderón y Obama abordaron el tema de la preparación de sus gobiernos para hacer frente al reto de la propagación y contención del virus AH1N1, así como los asuntos relacionados a la recuperación económica.

La Casa Blanca destacó que Calderón sacó a relucir la prohibición que mantiene Estados Unidos a camiones de carga mexicanos, en claro violación a los estatutos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“El presidente Obama dejó en claro su compromiso de trabajar con el Congreso (estadunidense) para legitimizar las preocupaciones sobre estándares de seguridad en los camiones mexicanos, y con ello cumplir con nuestras obligaciones internacionales”, anotó el vocero de la Casa Blanca.

En el Congreso estadunidense hasta ahora no se percibe un interés genuino por encontrar una solución de corto plazo al problema camionero con México, ni siquiera para instrumentar un programa piloto para el transporte comercial mexicano, como el que se suspendió el año pasado.

“Hay un claro entendimiento de que este asunto es una prioridad y algo que ambos presidentes quieren ver resuelto lo antes posible”, puntualizó el portavoz de Obama.

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Manifestantes exigen renegociar TLC con Canadá y Estados Unidos

México, Canadá y EE.UU. inauguran V cumbre de la ASPAN

Este encuentro a tres bandas, estará dividido en dos sesiones, que tratará sobre seguridad, bienestar ciudadano, estado de la región, medio ambiente y cambio climático, competitividad económica y visión de Norteamérica.

Gracias a tlalocman999 por la cortesia involuntaria.



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Zelayistas marchan sobre Tegucigalpa para reforzar resistencia


Tegucigalpa, 9 de Agosto.- Pedro Rodríguez y su hija Alba Luz caminaban este domingo hacia la capital hondureña, por la carretera procedente de Olancho (este), entre un centenar de simpatizantes del depuesto presidente Manuel Zelaya, para reforzar las manifestaciones contra el golpe de Estado.

“Estamos aquí por el beneficio de la tierra que el presidente Manuel Zelaya nos estaba dando”, expresó Alba Luz a la AFP. “Está en trámite la titulación de 260 manzanas de tierra”, le interrumpió su padre.

Padre e hija se sumaron a la marcha que salió el miércoles desde Catacamas, 200 km al este de la capital, a la altura de la ciudad de Guaimaca y este domingo se encontraban en Río Hondo, ya a 30 km a de la capital.

El Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado que lucha –mediante tomas de carreteras y edificios y otras manifestaciones públicas– por la restitución de Zelaya en el poder, convocó a las marchas que salieron el miércoles desde la mayoría de los 18 departamentos de Honduras.

Los caminantes, que van por la orilla de las carreteras para no obstruir el tránsito, se concentrarán en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, los dos principales centros urbanos, para reforzar la lucha que ya libran miembros del Frente, desde el 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado por los militares.

De casas de gente muy pobre, salen adultos y niños a darles comida y agua, en franco apoyo a los caminantes que llevan al frente la bandera de Honduras, azul y blanco con las cinco estrellas.

“No tanto es que queremos que regrese Mel (Manuel Zelaya) sino que el restablecimiento del orden constitucional”, expresó en la caminata el profesor Benigno Arteaga.

Los maestros como Arteaga y los campesinos como Pedro y Alba Luz, así como los sindicalistas, indígenas y otras agrupaciones de izquierda integran el Frente de Resistencia contra el Golpe.

Los maestros estuvieron en constantes paros en el gobierno de Zelaya, que empezó el 27 de enero del 2006 y que finalizaba en la misma fecha del 2010, pero luego del golpe han salido a las calles por el restablecimiento del orden constitucional. Los campesinos, por su lado, fueron favorecidos por varios
programas de tierra y financiamiento por el gobernante.

“Los sectores oligarcas no pudieron aguantar que el presidente subiera el salario mínimo, de 3.200 a 5.500 lempiras (de 168 a 289 dólares) a y que hiciera otros proyectos por los más pobres”, se quejó en la caminata hablando con AFP el ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Adalid Romero.

“Ojalá que el Plan Arias no sea una estrategia para que se quede Roberto Micheletti”, que asumió el poder tras el derrocamiento de Zelaya, agregó el educador de docencia media.

El gobierno de facto dejó en situación precaria las gestiones para una normalización del país al anunciar este domingo que se negaba a recibir la misión de la OEA si la encabezaba el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, en quien Tegucigalpa dice no confiar.

AFP

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CARTONES







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Demandarán por fraude a edil del verde de Izcalli


Enrique Aubry de Castro Palomino cobró durante tres años un salario como servidor público cuando en realidad ejerció su actividad política y ciudadana en Jalisco

Rebeca Jiménez
El Universal
Cuautitlán Izcalli, Méx. Domingo 09 de agosto de 2009
11:27

El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino, quien aún cobra como edil de este ayuntamiento, fue señalado por un fraude superior a los 3 millones de pesos, luego de que cobró durante tres años un salario como servidor público izcallense, cuando en realidad ejerció su actividad política y ciudadana en Jalisco, en donde fue dirigente estatal de su partido y logró una diputación local.

El diputado local mexiquense, Armando Bautista Gómez entregará este lunes una demanda por fraude ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, “la cual documenté y reuní pruebas a lo largo de varios meses”, para demostrar que el regidor del verde Enrique Aubry “cometió fraude, al cobrar como regidor y venir esporádicamente a Izcalli, cuando en realidad su desempeño político y domicilio estaba en Jalisco”, apuntó el legislador.

Enrique Aubry, regidor del Partido Verde Ecologista, tiene un sueldo mensual de más de 79 mil pesos al mes, además de diversas prestaciones para el ejercicio de sus funciones como servidor público, las cuales ha cobrado a lo largo de los últimos tres años.

Sin embargo “para ser regidor de Izcalli, se necesita vivir y trabajar en este municipio, tal y como lo señala la Ley Orgánica Municipal” y Aubry tiene “su domicilio en Jalisco, entidad en donde ejerce su actividad política desde hace tres años, de acuerdo a las constancias de residencia que entregó a órganos electorales para obtener una diputación local”, indicó Armando Bautista.

Además, Enrique Aubry fue nombrado por la dirigencia de su partido, delegado del PVEM en el estado de Jalisco en el 2008.

La serie de pruebas documentales, que integran la denuncia por fraude en contra del regidor del Verde Ecologista, “demostrarán que el edil defraudó a la administración pública de Cuautitlán Izcalli”, por un monto que supera los 3 millones de pesos, daño que deberá resarcir a la hacienda municipal y debería enfrentar y un proceso penal, apuntó Armando Bautista, quien es diputado mexiquense.


vrs

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Poder menguante


Autor: Jorge Melendez Preciado
9 Agosto 2009

Preocupado al máximo, Felipe Calderón tuvo que llevar a cabo una reunión, a escondidas, en Ixtapan de la Sal, con el fin de evitar una rebelión mayor en el Partido Acción Nacional, ya que su imposición de César Nava tenía visos de fracasar. Al parecer, su delfín y exsecretario particular llegará a la meta propuesta, sustituir al inepto y rudo, Germán Martínez, pero el hecho mismo deja cuando menos dos lecciones.


Una, el dedazo calderonista no funcionó en automático, no obstante la fuerza de Los Pinos. Y dos, a pesar de que los disidentes siempre elogiaron a Felipe, mostraron su inconformidad con un político que se encuentra gravemente desgastado por muchas razones, entre otras el alejamiento de la política y, asimismo, el enclaustramiento en su primer y único círculo, lo que hasta al propio Dante Aligheri asombraría.

Pero no se crea que éstos son los más graves problemas de Felipe maquillado, a pesar que le dedique un tiempo excesivo, mayor que cualquier gobernante en los últimos 80 años, a la agrupación donde milita. Enfrente tiene una temporada de lluvias y de sequías como nunca, la posibilidad del resurgimiento del virus A/H1N1, el reclamo de los familiares de los 49 –hasta ahora– niños asesinados en Hermosillo, el desafío del cártel La Familia, los interminables enredos en las investigaciones policiacas de asesinados y secuestrados, y varios asuntos más.

En el terreno político hay cuatro dificultades imperiosas: la molestia de los empresarios por la actual política económica, las cifras negativas que se conocen diariamente y se agravarán en los próximos meses, la aceptación de la propuesta del tricolor en materia económica y la ineptitud de sus funcionarios.

Diferentes líderes de agrupaciones empresariales no están de acuerdo ni con los llamados estímulos fiscales, ni en la forma que se va asignando el presupuesto, ni en la carga impositiva. El más reciente fue Salomón Presburger, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, quien llamó a recortar gravámenes y evitar programas asistenciales fallidos, seguramente entre ellos Procampo, que lo mismo subsidia a parientes de narcotraficantes, familiares de Vicente Fox, y son más opacos que los lentes del extinto Fidel Velázquez.

En los sectores productivos hay desesperación: el retroceso económico a finales de este semestre es mayor a 11 por ciento.

A pesar que algunos analistas hagan cuentas diferentes, la miseria en el país va adelante. Hoy trabajan más elementos de una familia para conseguir lo elemental, los precios de los alimentos y artículos básicos han aumentado, y el desempleo es inocultable.

Y es que una economía en recesión no posibilita que existan puestos de calidad, ni siquiera medianos. Algo que no sólo mellará a las generaciones presentes, sino incluso, las futuras. Un periodista que enaltece las virtudes de la empresa privada, Carlos Mota, escribió hace poco en Milenio Diario (17 de julio) que al no invertir nuestro país en ciencia y tecnología lo necesario, traerá como resultado un atraso monumental y no podremos competir con países como India, Brasil, China y varios más, incluidos centroamericanos.

Por lo que no se explica a quién se le “ocurrió” disminuir el presupuesto a las universidades, se propuso en que ya no se dieran más becas para maestría y posgrado y se contemplara reforzar los apoyos a universidades privadas para que ayudaran a ciertas investigaciones de empresas trasnacionales. ¡Un verdadero atentado contra la nación!

En este panorama, importa que el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Beatriz Paredes, trabaje en una ley de emergencia económica. Varios son los economistas que la elaboran, entre ellos David Peychina, Francisco Rojas y Óscar Levín Coppel. Éste fue captado con una sonrisa de oreja a oreja el 5 de julio, cuando el partidazo dio a conocer sus resultados favorables. Era lógico, propuesto al cargo de subsecretario de Hacienda (por un amigo), fue vetado por Calderón, al considerarlo un “priistas ortodoxo”. La venganza es dulce.

En dicha propuesta tricolor se intentará hacer lo que no pudo el equipo de Los Pinos: gastar más y mejor, pero sobre todo no tener los subejercicios pavorosos que hoy son la constante. Muchos de ellos debido a la torpeza de los funcionarios, al temor a invertir porque lo hagan incorrectamente o a que deben favorecer a determinados grupos políticos, los cuales apoyaron la campaña electoral de 2000 (pago de favores y compadrazgo).

Respecto del equipo de Felipe, donde muchos exigen cambios, vale la pena señalar únicamente dos frases y actitudes: la de Ernesto Cordero, de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando explicó que a pesar de los programas de apoyo a la ciudadanía, existe mayor pobreza; con descaro aseveró: “Vamos en la ruta correcta” (sic); y la de Gerardo Ruiz Mateos, el excéntrico secretario de Economía, quien orgulloso dice: “Las cifras anuncian que, debido a las medidas oficiales, no se perdieron 1 millón de empleos (sólo fueron, hasta ahora, 650 mil) y se aproxima la recuperación (resic).

Debido a esos cuates –selección nacional la llama Felipe–, los críticos somos paleros informados.

jamelendez44@gmail.com

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Guerra fría en tierras calientes


Autor: Prensa Latina

Buenos Aires, Argentina. Los guerreristas e intervencionistas militares estadunidenses están en su salsa. Lo que no hicieron durante la administración de Bush, lo hacen ahora, con la aquiescencia o la impotencia de Obama y la complicidad de varios de sus funcionarios.


Jorge Luis Ubertalli / Prensa Latina

Chinerías

En el último documento de Santa Fe, elaborado a finales de 2000 por asesores del Pentágono y halcones republicanos, titulado Latinoamérica hoy, se destacaba, entre otras cosas, que la presencia de China en el Canal de Panamá podría considerarse una amenaza a la seguridad de Estados Unidos en la zona.

La razón de tamaño planteamiento la constituía la presencia de la compañía Hutchinson Whampoa, operadora de las terminales de containers de los puertos de Colón y Cristóbal del Canal de Panamá, la cual siempre, según algunos analistas y funcionarios estadunidenses, se hallaría vinculada al gobierno chino y a sus fuerzas armadas.

Ahora, la relación comercial, financiera y tecnológica de China con Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina y otros países del área ha alimentado la paranoia belicista de los poderes reales de Estados Unidos, que hoy operan entre bambalinas.

El golpe cívico-militar en Honduras y la puesta en marcha de cuatro bases militares estadunidenses en Colombia, que peinarán toda la frontera occidental venezolana, y que suplantarán a la base ecuatoriana de Manta, la cual dejará de funcionar en el próximo septiembre, son dos botones de muestra que conviene tener en cuenta para proyectar hacia el futuro lo que traman los guerreristas del norte de América en la región.

El acuerdo destruyó el mito

Hace pocos días, el encargado de negocios chino en Venezuela, Hian Ping, señaló que en 2008 la inversión china en el país bolivariano había trepado a los 10 mil millones de dólares, con una tendencia al alza.

En mayo del pasado año, Venezuela y China estrecharon sus vínculos energéticos y navieros.

La suscripción entre los entes petroleros PDVSA y PetroChina de un convenio mediante el cual se erigirá en el gigante asiático una refinería que procesará diariamente 400 mil barriles de petróleo venezolano, que en 2012 se convertirán en 1 millón, puso sobre el tapete la relación energética venezolano-estadunidense.

Estados Unidos es el principal importador de crudo de Venezuela y de ella depende para la provisión de ese fluido.

“El acuerdo destruyó el mito inventado por Estados Unidos de que la gran distancia hacía irrentables los envíos de crudo venezolano a China”, destacó Chávez en su momento.

El acuerdo también incluyó la creación de una compañía naviera de 10 buques petroleros, ocho chinos y dos venezolanos, que dentro de pocos años y a través de una tercera exclusa podrán cruzar el Canal de Panamá en pocas horas.

Otra preocupación para Washington

Por otra parte, causa preocupación a Estados Unidos la tendencia de Rusia y China de recurrir a una divisa internacional ajena al dólar para realizar operaciones comerciales a la vez que suplantar a la divisa verde por otras monedas duras en sus bancos centrales.

Esa actitud ha sido imitada por Siria, Venezuela, Emiratos Árabes, Irán, Suecia, Brasil, Argentina, los países que integran la Organización de Cooperación de Shangai y el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre otros, en relación con el intercambio intercambios regionales o bilaterales.

Por su lado y en el mismo orden de cosas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conformada por Cuba, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y Granadinas, había aprobado en junio pasado, poco antes del golpe en Honduras, el acuerdo marco para establecer un Sistema Único de Compensación Regional en el contexto de lograr una moneda única del área, fuera del dólar, que permitiera crear una “nueva arquitectura financiera mundial”.

Los belicistas estadunidenses parecen dispuestos nuevamente a recurrir a la provocación y la guerra para neutralizar los intentos de terminar con la hegemonía monetaria del dólar, simple papel pintado que debido a los gastos bélicos, a la manutención de las 750 bases militares emplazadas en todo el mundo y a subsidios a grandes empresas y bancos, no representa hoy la riqueza producida en el orbe.

Ante todo esto y mucho más, los poderosos del norte y sus aliados, los golpistas hondureños, patearon el tablero.

Vuelve el enemigo “rojo”

El presidente colombiano Álvaro Uribe, quien se reunió estos últimos días con Carlos López, canciller del golpista hondureño Roberto Micheletti para expresar su simpatía con el gobierno faccioso, ofició de vocero, a través de su canciller, Jaime Bermúdez, sobre la nueva escalada de la guerra fría en tierras calientes que llevan a cabo Estados Unidos y sus satélites.

Ante requisitorias venezolanas, comparó la presencia militar estadunidense y la instalación de nuevas bases en Colombia con las relaciones de cooperación que Venezuela tiene con Rusia y China.

La famosa “teoría del dominó” vuelve hoy a aparecer, ya como comedia, en los criptogramas y diseños geoestratégicos de los halcones estadunidenses.

El enemigo “rojo”, ahora devenido en económico-financiero (China) y militar (Rusia), vuelve al teatro operacional del Pentágono, la CIA, los supraempresarios y financistas estadunidenses y sus homólogos de su patio trasero y el mundo todo.

Disparan contra Chávez

En Latinoamérica han caracterizado a Hugo Chávez como su enemigo público fundamental.

“Honduras es amenazada por fuerzas extrañas”, transcribió un editorial del programa televisivo hondureño Abriendo Brecha, transmitido el 20 de julio.

Su realizador, Rodrigo Wong Navarro, sostuvo allí que: “Honduras está seriamente amenazada por fuerzas extrañas muy poderosas, que han querido imponer su modelo… sometiéndose al esquema de Hugo Chávez”.

Más adelante, el mentado editorialista –cuyo comentario fue reproducido en la página web de las Fuerzas Armadas de Honduras– terminó acusando a un “pequeño grupo antimilitarista” de estar al servicio de la “penetración de Chávez”.

Por otra parte, la detención de ciudadanos nicaragüenses, colombianos, iraníes y venezolanos en Honduras, acusados de apoyar al derrocado gobierno constitucional de Manuel Zelaya, se consuma día a día.

Sin derecho al pataleo, sin abogados, ni cónsules, ni juicios, ni órdenes de allanamiento a sus casas que son saqueadas, son llevados a las cárceles y comparten su vida junto a presos comunes, tal como lo denunció una comisión de derechos humanos conformada por varios organismos internacionales.

Como ocurrió en el pasado con Somoza

El último 21 de julio, el golpista Micheletti recibió en su despacho a varios empresarios locales.

“Yo lógicamente llegué aquí por Dios y por ustedes”, les dijo, y los conminó a seguir invirtiendo en el país.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, se reunió esos días con 20 empresarios en su embajada y les advirtió, según se informó, que “no apoyaría nunca a Micheletti”.

Pero Micheletti y sus gorilas uniformados, empresarios y obispos parecen hacer oídos sordos.

Siguen allí, repudiados por el pueblo hondureño y todo el mundo pero sostenidos por un espíritu santo que tiene barras, estrellas y un rosario de negocios con ellos, tal como ocurrió con el nicaragüense Anastasio Somoza en el pasado.

Regreso ¿con gloria?

Mientras tanto, el presidente Zelaya ha emprendido ya el regreso a su tierra y a su cargo.

Un pueblo movilizado y en la calle desde que se produjo el golpe de Estado lo espera en la frontera, pronto a recibirlo.

Ahora o nunca parece ser el dilema, pero a veces la publicidad no ayuda al objetivo.

Quizás si entrara sin hacer ruido, clandestinamente, y una vez en territorio hondureño se pusiera el frente de su pueblo, de sus organizaciones, para hacerle frente a los uniformados y sus títeres civiles, podría lograr fracturarlos, dispersarlos y derrotarlos e iniciar la senda de una revolución profunda.

Es sólo un quizás. Pero ha elegido otro camino. Esperamos que pueda transitarlo y llegar a destino de una vez por todas.

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Sin respuesta, exigencias de Zapata: ONG


Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 8 de agosto. En el contexto del 130 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), demandó pagar precios justos a los campesinos que entreguen sus tierras para la construcción de la nueva refinería de Pemex.

El acto oficial se llevó a cabo en la casa museo del caudillo revolucionario, ubicada en su natal poblado de Anenecuilco, municipio de Ayala, cuyo acceso fue restringido para los pobladores. "Los ejidatarios tienen todo el derecho a decidir qué hacer con sus tierras, y nosotros, como gobierno, y otros, como inversionistas, tenemos que aprender a respetarlos; esa es la libertad que reclamó el general Zapata", señaló el funcionario federal.

En tanto, como en otros años, organizaciones campesinas del país y del estado se reunieron en la plaza Revolución del Sur, en Cuautla, para conmemorar el aniversario del Caudillo del Sur, donde se encuentran sus restos.


José Martínez Cruz, activista de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, consideró que después de 130 años del natalicio de Emiliano Zapata, las demandas agrarias que enarboló siguen más vigentes que nunca, y lamentó que para los campesinos el panorama sea cada vez más desolador, debido a que siguen sin tierra y sin justicia, principios por los que luchó el líder revolucionario.

A su vez, la organización Sin Maíz no hay País señaló que en el estado de Morelos se ha perdido más de 50 por ciento de las tierras de cultivo a consecuencia del crecimiento de la mancha urbana y los proyectos de inversión de las trasnacionales.

Cabe recordar que desde el pasado 18 de julio, la alcaldía de este municipio está tomada por 62 ex trabajadores del ayuntamiento, quienes fueron despedidos a causa de los recortes presupuestales y no han recibido sus liquidaciones conforme a la ley.

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Montemayor ordenaría ocupar Pasta de Conchos



Con un operativo en el que policías estatales y privados agredieron a viudas de los mineros sepultados de Pasta de Conchos, el Grupo México ocupó de nuevo las instalaciones y violó la suspensión que en 2007 dictó la Secretaría de Economía. Detrás del asunto estaría Rogelio Montemayor Seguy, exdirector de Pemex, denuncian afectados


Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados

Nueva Rosita, Coahuila. Pese a lo prematuro del día, las mujeres estaban alerta. Setenta y dos horas antes, los representantes de la empresa Signum, propiedad del exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, custodiados por 50 guardias de seguridad privada traídos desde Monterrey, pretendieron tomar posesión de la planta lavadora de carbón asentada en el complejo minero Pasta de Conchos, a unos metros de la entrada a la mina ocho, donde permanecen los 65 mineros sepultados por la explosión del 19 de febrero de 2006, en las instalaciones concesionadas a Industrial Minera México, SA (IMMSA), filial del Grupo México.

Como el miércoles 29 de julio no pudieran entrar, regresaron al alba del día viernes, escoltados por 30 patrullas traídas desde Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña y las locales de Sabinas, de donde descendieron 200 elementos de por los menos dos corporaciones policiacas estatales. Traían armas de fuego, toletes, escudos antimotines, gas lacrimógeno y perros.

La primera en verlos fue Elizabeth Castillo, viuda del minero Gil Rico Montelongo, encargada de la guardia en el campamento que la organización Familia Pasta de Conchos instaló desde noviembre pasado a un lado de la carretera, cuando por su cuenta arrancaron las labores para el rescate de los cuerpos. En esos momentos, partía una coliflor para alimentar a la cuadrilla de mineros-rescatistas. Una ilusoria mueca de alegría se dibujó en su rostro al pensar que los corpulentos muchachos de las policías Ministerial y Estatal llegaban a resguardar la zona, toda vez que actualmente está bajo suspensión de la Secretaría de Economía (SE) con la prohibición de que en todo el complejo Pasta de Conchos se realice obra alguna.

Quinientos metros adelante, donde termina el “camino negro”, Teresa Contreras Rodríguez suspiró aliviada al pensar que el gobernador Humberto Moreira por fin cumplía su apoyo a los deudos. “Ahora si vienen a protegernos de la gente de Montemayor”, le dijo a Rosy, hija de Rolando Alcocer Soria, atrapado en la Mina ocho.

Recordaron los últimos tres días: horas de alerta, angustia y miedo tras la golpiza que les propinaron los guardias pagados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Teresa no podría olvidarlo: los hematomas y rasgaduras de navaja con los que los guardias castigaron su cuerpo se le reflejaban debajo de la blusa, en la espalda, el estómago y brazos, lo mismo que a César, otro de los deudos. Para esos momentos, doña Rosa María Mejía, viuda de Rolando Alcocer, yacía hospitalizada por la golpiza recibida.

Teresa supo su equivocación al percatarse del arribo del mismo camión de policías de Monterrey que el miércoles las golpearon. Las heridas aún no se oreaban y ya estaban allí de nuevo. Sólo que esta vez no sólo traían navajas, varios portaban armas de fuego y chalecos antibalas, blindados por los 200 policías estatales que al paso de los cuatro perros les habrían camino. El miedo de las viudas de Pasta de Conchos se tornó pavor. Teresa telefoneó al resto de las familias y la prensa local, la respuesta fueron nuevos golpes. De esta manera, el viernes 31 de julio, Rogelio Montemayor Seguy, a quien el obispo de Coahuila Raúl Vera identifica como prestanombres de Germán Larrea y Grupo México, tomó posesión de Pasta de Conchos.

Impunidad

Luego de varias visitas de inspección, que durante 2007 personal de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía hizo a Pasta de Conchos, se ordenó a IMMSA que en un periodo de 30 días debería establecer las condiciones de seguridad en el complejo minero. Como no cumplió, el 21 de noviembre el funcionario Julio Alfonso Hernández López, director de Cartografía y Concesiones Mineras de la SE, dictó una suspensión definitiva para operar cualquier obra y trabajo minero “en todo el agrupamiento minero conocido como Pasta de Conchos”.

El acta en la que se asienta que IMMSA “no pudo acreditar las medidas de seguridad dictadas (por la SE) en inspecciones pasadas”, fue signada también por Rubén Alvarado González, representante de la concesionaria. Se dictaminó que “por las condiciones inseguras que prevalecen a la fecha en las obras citadas, no es factible llevar a cabo bajo condiciones seguras ningún trabajo u obra minera, así como tampoco actividades o acciones de cualquier otra naturaleza, tomando en cuenta que al acceder a tales obras e instalaciones mineras se pone en peligro la vida e integridad física de los trabajadores, así como de toda persona que pretenda ingresar a ellas”.

Aunado a la clausura definitiva que emitió la SE, actualmente las concesiones otorgadas por el gobierno federal, mediante las que IMMSA explota el complejo minero, están bajo un proceso de litigio que se ventila en el expediente 8409 en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, lo que, de acuerdo con Cristina Auerbach, representante de los deudos, invalida cualquier contrato de IMMSA con un tercero, en tanto no se resuelva si Grupo México seguirá siendo beneficiario de la explotación minera en Pasta de Conchos. Por ello, explica la abogada, “la relación contractual de IMMSA con cualquier particular, relacionado con el complejo minero, no puede sustraerse de la sanción de la Secretaría de Economía y del litigio en curso”.

Sin embargo, pasando por alto los procesos legales en curso, a principios de año Grupo México armó una supuesta venta de sus activos para finalmente regresar a explotar la mina a través de Rogelio Montemayor, a la sazón asesor del consorcio. El asunto de fondo es explotar el yacimiento valuado en 200 millones de dólares, sin rescatar los cuerpos.

Uno de los hilos sueltos dentro del ficticio concurso es que en la primera invitación para la venta lavadora de carbón, la familia Montemayor no aparecía, sino otras empresas nacionales y trasnacionales. Sin embargo, en el desahogo del concurso, que de acuerdo con la versión de algunos de los participantes consultados por Contralínea estuvo plagado de incongruencias, resultó que el ganador era Rogelio Montemayor, quien en Coahuila posee la compañía Signum, dedicada al transporte, pero no a la explotación minera.

Cuando se hicieron públicas las primeras suspicacias, el 17 de marzo de 2009 la familia Montemayor constituyó la compañía Industrial de Carbón Signum, SAPI de CV, en la que aparecen como accionistas los hermanos Rogelio Javier y Salvador Juan Montemayor García, hijos de Montemayor Seguy.

En entrevista, Raúl Vera, obispo de Coahuila, denuncia que la relación contractual entre Minera México y Signum fue una simulación para tomar posesión de la mina. “De pronto aparece Rogelio Montemayor, que dizque compró la lavadora, pero él es un embajador del Grupo México para recuperar nuevamente el territorio”. Javier Martínez Valadés, delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, coincide con Vera; agrega que los Montemayor no tienen registros para la explotación del sector minero. Comenta que ya se plantea iniciar manifestaciones de repudio contra la artimaña de Larrea.

Las instalaciones de Industrial de Carbón Signum revelan su improvisación. En realidad no tienen infraestructura alguna. Ubicada en el número 205 de la calle Nicolás Jiménez, en la popular colonia El Seis, en Nueva Rosita, el inmueble corresponde a la planta alta de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, justo a un lado de una de las instalaciones del Grupo México en Sabinas.

Previo a su irrupción policiaca en Pasta de Conchos, Montemayor difundió en toda la región carbonífera la versión de que con la reactivación de la planta lavadora generaría “miles de fuentes de empleo”, la carnada perfecta en la entidad que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encabeza el índice de desempleo a nivel nacional. Los programas de radio, incluidos los musicales, hicieron eco e invitaban a los mineros a presentar sus solicitudes. De esta manera se instó a la comunidad a ver con buenos ojos la ocupación del exgobernador y dar la espalda a las viudas.

En realidad, la planta opera sólo con 26 personas (ese número trabajaba en ella antes de la explosión), pero está ubicada en un punto estratégico desde donde se controla gran parte de la operación de todo el complejo. Por ello, Raúl Vera descalifica el argumento de Montemayor y lo acusa de ser un testaferro de Larrea. “Es mentira que va a crear fuentes de empleo, pues se trata de una lavadora pequeña y todo mundo se lo ha dicho”, grita el presbítero con el rostro enrojecido por la indignación.

Las maniobras

Casualmente, los primeros intentos de Rogelio Montemayor Seguy para ocupar Pasta de Conchos (en mayo pasado) se dieron por los mismos días en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió negarle el amparo mediante el cual el priista pretendía evadir la inhabilitación que le dictó la Secretaría de la Función Pública para ejercer cargo público durante 20 años, por el desvío de recursos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, escándalo conocido como Pemexgate, revelado por el periodista Miguel Badillo el 10 de septiembre de 2001 en el periódico El Universal.

Entonces, el exgobernador le garantizó a el obispo Raúl Vera y a la abogada Cristina Auerbach que de ninguna manera ejercería violencia alguna y que si las viudas no estaban de acuerdo esperaría que se resolviera el conflicto, explica Cristina. Agrega que también “reconoció que sigue como asesor de Grupo México, pero decía le asesoro algunas cosas, esto de Pasta de Conchos no”. A la par de que tomó la defensa de las familias, Auerbach se convirtió en blanco de amenazas de muerte, acoso y diversos actos intimidatorios.

Montemayor tampoco exhibió documentación que le acreditara como propietario de la planta ni tampoco autorización de la SE o alguna instancia para pasar por alto la suspensión. Sin embargo, según difundió Montemayor García, denunciaron a las viudas por supuesto ‘despojo’.

Contralínea estuvo presente en la ocupación policiaca. Un estatal de Piedras Negras comenta que de madrugada los montaron a las patrullas, sin informarles el destino. La indicación fue que cargaran todo el equipo antimotines, que subieran a los perros, que checaran los gases “porque habría chingadazos”. Explica que de camino se les sumaron los convoyes de otros municipios. “Creíamos que nos llevaban a combatir a los Zetas que son los meros chingones en todo el estado”, cuenta. Pero los trajeron a Sabinas, empobrecido municipio de gente teñida de carbón que contribuye a que Germán Larrea entrara en 2008 al selecto club de millonarios de Forbes.

“Pensábamos que íbamos a aplacar grandes mañosos, y lo que nos encontramos fue a estas señoras. A muchos nos dio pena y dejamos los escudos en las camionetas”, agrega otro policía, un muchacho delgado que no llega a los 20 años de edad. El primer policía justifica que algunos de sus compañeros golpearon de nuevo a las viudas: “Pues uno sólo recibe órdenes, y si no hacemos, nos quedamos sin trabajo”.

La ocupación del complejo se da cuatro meses después de que la Organización Internacional del Trabajo determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de los 65 mineros, y a unos meses de que el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio entrada al caso, expuesto directamente por las viudas en Ginebra, sede del organismo. Pero sobre todo, en un momento en que los deudos consideran crucial para el rescate de los cuerpos. La labor que emprendieron hace siete meses, aseguran, pronto daría frutos, a no ser porque el viernes 31 Montemayor les cortó la energía eléctrica y se suspendió de nuevo la búsqueda.

El obispo Raúl Vera dice que la intromisión de Montemayor Seguy enrarece aún más el conflicto en Pasta de Conchos. “Por eso hago un llamado al señor Rogelio Montemayor a que si él dice que tiene talento político, entonces que no esté creando un nuevo conflicto. Él que fue gobernador sabe cómo trabajan las minas de carbón, así que no pretenda meter más injusticia a las familias de los mineros”.

—¿Está incurriendo en un delito Rogelio Montemayor?

—¡Claro que está incurriendo! Hay un litigio también, porque la Familia Pasta de Conchos esta pidiendo que no sea nada más la suspensión, sino que se le quite al Grupo México la mina. Hay un recurso legal en curso, así que el Grupo México no puede negociar nada hasta que el tribunal no se resuelva, responde Raúl Vera.

“Esto es una prueba palpable de que la privatización es un fracaso social y significa pasar por encima de la ley. Los cosos los pone la población, en este caso los muertos los ponen las familias de la región y las ganancias enriquecen sólo a ciertas familias. Mientras esta gente sólo reclama los cuerpos de sus familiares, Larrea se convirtió en el tercer hombre más rico de México, gracias a que se le tolera tener negocios en donde no invierta en seguridad; si mata a la gente se le garantiza impunidad, si no repara el daño se le garantiza que no lo tocará la ley, y hoy es una comprobación de ello”, concluye Carlos Rodríguez, del Cereal.

Contralínea solicito a la SE, al gobierno de Coahuila y a los representantes de las empresas IMMSA y Signum su posición al respecto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El rescate

María Trinidad Cantú Cortés recuerda el día en que Víctor Morales, vocero de IMMSA, les dijo por última vez que “así gritaran, denunciaran o hicieran malabares”, no habría rescate, simplemente porque así lo decidió la compañía. Pensó en Raúl, el mayor de sus cuatro hijos, sepultado por ir en pos de los 700 pesos semanales con los cuales sostenía a su familia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al imaginar la sofocación que se sentiría en esa mina, como tantas veces se quejó Raúl.

Cansadas de clamar, las familias tomaron en sus manos el rescate. Inició el pasado 20 de noviembre, contrataron a 40 mineros, muchos de ellos, que habían trabajado en Pasta de Conchos, hoy quedan 14. La insolvencia económica de los deudos para cubrirles el salario de 1 mil 500 pesos semanales (más del doble de lo que IMMSA paga a sus obreros) los hizo desertar paulatinamente. Los que quedan dicen que cada vez tienen más dificultad para cobrar su salario, a veces en dos o hasta en tres partes, sin embargo, el agobio de la necesidad económica reconforta un poco al sentir que quizá pronto puedan sacar a sus compañeros.

Hablamos con los rescatistas en la bocamina, por estos días bajar sería mortal porque Montemayor apagó los abanicos y el gas metano, sin extractores se concentra más de la cuenta, así que aprovechamos esta pausa obligatoria para que nos expliquen los trabajos del rescate. Los rescatistas que al igual que todos los mineros de Nueva Rosita tienen la piel color hollín, teñida por los años bajomina, dicen que han avanzado hasta el crucero 14, pero que es la insuficiencia económica y no las condiciones físicas de la mina las que les impiden ir más aprisa.

Ernesto Méndez explica que la maquinaria con que cuentan es deficiente “y las señoras viudas no tienen dinero para repararlas, así que vamos poco a poco, pero cuando no se descompone la bomba se queman los cables. Se batalla porque se descompone la bomba y no hay dinero para refacciones”.

Mientras se aliña las manos, Tomás Garza, minero por 12 años, recuerda que los conoció a casi todos. “Yo anduve jalando en esta misma mina y algunos eran de mi turno, otros del pueblo (Palau). Me acuerdo de Raúl, de Martín, mis amigos, y aunque tenemos muchos problemas para cobrar, yo quiero seguir”. “¡Hay que sacarlos!”, dice para sí.

Emilio Vázquez, quien trabajó 22 años en la Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), asegura que la obcecación de Grupo México de no rescatar los cuerpos “es porque se demostraría que fue negligencia y perderían todo”. Conocedores de las condiciones reales de Pasta de Conchos, la mayoría de los mineros de la región carbonífera maneja esta tesis.

Hace meses que la organización Familia Pasta de Conchos y el equipo Nacional de Pastoral Laboral, que cuenta entre sus integrantes al obispo Raúl Vera, acreditaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el rescate de los cuerpos es técnicamente posible. Para convencer a los incrédulos, los deudos han bajado hasta la explanada de la Mina ocho para hacer fotografías.

En su casa, en la colonia Rovirosa, cerca de la vieja mina de zinc que hasta la década de 1950 operó la American Smelting and Refining Co, Raúl Villasana, quien le heredó a su primogénito el nombre y el oficio, nos muestra su gráfica. “A unos 400 metros calculo que está mi hijo”, dice mientras acomoda la fotografía junto a la que le tomaron a Raúl Villasana Cantú en la iglesia del Sagrado Corazón hace siete años, el día en que confirmó a Raúl Ronaldo, llamado así por el abuelo y el ídolo del balompié brasileiro. En el pequeño altar que la familia le colocó frente al comedor, para que todos pudieran mirarlo, la ofrenda principal es un carbón extraído de la misma mina en que Raúl quedó atrapado.

“Desde diciembre, mi hijo nos había contado que la mina estaba bastante insegura. Decía ‘ama’, yo quiero que mi ‘apá me aconseje porque la mina está mal. Ya no aguantamos el calor. Bajamos a pie porque las telesillas están descompuestas, y en la mina como vamos cavando van moviendo los pilotes, los recorren para ahorrar material”. Entonces, claro, ellos ya clamaban la seguridad. Él tenía necesidad de trabajar, tenía tres hijos, por ellos se aguantó”, dice doña Trini, inseparable a su nuera Claudia, una de las viudas más jóvenes de Pasta de Conchos.

A don Raúl le llega otro recuerdo: semanas antes de la explosión el mismo muchacho que quitaba y recorría los pilotes se empecinó en regresar por uno, aunque la obra se había derrumbado, porque cobraba a destajo. El armatoste lo aplastó. En silencio la cuadrilla lo veló en pasta de conchos, pese al cansancio ninguno se atrevía a abandonar el cuerpo. Un mes después, 65 de ellos alcanzaban el mismo destino.

La corrupción
A nivel internacional, el caso Pasta de Conchos es paradigma de las violaciones laborales que imperan en México. “Concentra todos los elementos que han significado el cáncer de los derechos laborales en el país”, explica Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión Laboral (Cereal), coadyuvante de la defensoría de los deudos.

La explosión dejó al descubierto que la mayoría de los mineros eran subcontratados, lo que contraviene el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; los salarios que recibían no estaban por arriba del promedio salarial en Coahuila, aunque la minería, y sobre todo la del carbón, se ubica entre las actividades más riesgosas y con mayor índice de siniestralidad. Se evidenció también el solapamiento de la Secretaría del Trabajo cuyos inspectores no vigilaban, sancionaban ni suspendieron las actividades aun con el riesgo y la enorme corrupción del Sindicato Minero, el cual firmaba y aprobaba las actas de una comisión de higiene y seguridad que existía sólo en papel.

“Pero además los directivos del Grupo México han sido secretarios de Estado o viceversa. Los comisarios de la minera eran también de la Fundación Vamos México, por ello la protección que los presidentes han dado a la compañía. Y la muestra está hoy en Pasta de Conchos, donde un exgobernador y un gobernador vigilan los intereses del tercer hombre más rico del país. Por eso decimos que es un paradigma de irregularidades donde el resultado es desamparo y este tipo de muertes”, añade Rodríguez.

Los últimos 42 meses en la vida de cada una de las 65 familias se traduce en una historia de sufrimiento y dolor. La asimétrica lucha de los padres, esposas e hijos de quienes pasaron hasta 27 años bajo tierra escarbando carbón con las uñas para cosechar 650 pesos semanales y una pensión de 70 pesos al día, contra una trasnacional que reporta las suficientes ganancias para hacer de su dueño el tercero más rico del país, revictimiza a los deudos, que lo único que piden es recuperar sus restos. “Que me entreguen a mi esposo y después que hagan con su mina lo que les de la gana”, dice iracunda Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz.

El vía crucis transcurre haciendo cada día peor al anterior. Cuando avanzan en su propósito de rescate tropiezan con una nueva trampa de la minera, la más reciente, el corte de energía por Montemayor. Aquel 31 de julio, cuando de nuevo se suspendió el rescate, en tinieblas las viudas velaron toda la noche en Pasta de Conchos. A solas lloraron su impotencia y se tragaron su rabia. Los últimos 1 mil días se les revelaron en vértigo:

“Todo esto es una película de terror. Pensé que sólo el gobierno federal estaba del lado del Grupo México, pero ahora que el gobernador nos mandó la policía me di cuenta que tienen a todos comprados –gimotea Teresa Contreras–, durante estos años Moreira se lavó las manos diciendo que era cuestión federal y ahora las mete para echarnos a sus perros. Hemos caminado al mundo a pedir que nos ayuden. Lo único que queremos son los cuerpos y nadie hace nada”. No habla más la viuda de José Porfirio Cibrián, las palabras se le atragantan con el llanto. Más tarde sería medicada por una crisis nerviosa.

“El último sábado lo vi hasta la tarde, cuando salí del trabajo. Él había pasado toda la mañana echando el piso de la casita que desde hacía cinco años estábamos construyendo. Nos ilusionaba mucho habitarla pero íbamos en parte. Nunca alcanzaba. Era febrero y hacía mucho frío. En la noche se despidió de nosotros y se fue a trabajar. No hubo ningún presentimiento.

“En estos años hemos tocado muchas puertas. Hay mucho cansancio y ahora violencia. Mi familia está preocupada por la intervención de la policía, piensan que un día no voy a llegar, y entonces mis tres hijos quedarán completamente huérfanos. Pero te cala el coraje y te aguantas. Recién habité la casita, decidí empezar a vivir mi vida sin él, pero todo está lleno de recuerdos. ¡Cómo le ilusionaba verla terminada!”, dice Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, 14 años como minero en Pasta de Conchos.

“Mi hermano era todo para mí. Bien chicos nos quedamos sin papá y él (Jesús Álvarez) vio por todos nosotros. El día de la desgracia entré a trabajar a una tienda en el centro. Fíjese que la empresa ni siquiera nos avisó. Nos enteramos porque mi cuñado era jefe de enfermeros en el seguro social. Le hablaron de la empresa que necesitaban enfermeros porque en la mina había un caído muy grande. Nunca le dijeron que fue una explosión. Cuando llegamos ya había soldados, federales y estatales. Empujaban a las familias para que no entráramos, que hasta que llegara el señor gobernador. ¡Te prohibían entrar por lo tuyo!

“Ahora mi pueblo nos da la espalda. ¡No entiendo a mi pueblo!, ellos también tienen hijos, hermanos, la mayoría de los esposos son mineros. Aunque nos han tratado mal, no quisiera que pasaran por lo mismo. Nosotros seguiremos en la raya!” (Alma Álvarez Soto, hermana de Jesús Álvarez de 49 años de edad, 27 de servirle a la empresa).


“Estos años sin mi Gilberto han sido muy duros, para mí, para su esposa. Dejó tres chiquitos, y uno está enfermo del corazón, hasta lo van a operar en el seguro. Me acuerdo que ese día hice barbacoa y me acordé de él porque cómo le gustaba, me decía ‘ay ma’, qué buena barbacoa. Luego supimos de la explosión.” (Sanjuana Salazar, madre de Gilberto Ríos).

“El día de la tragedia”, como en toda la comarca carbonífera se recuerda aquel 19 de febrero, Sanjuana Salazar Villanueva se juró que no saldría de Pasta de Conchos sin los restos de su hijo Gilberto Ríos Salazar, y lo ha cumplido a pie juntillas. Junto con su esposo se instaló primero debajo de un huisache hasta que años después les ‘prestaron’ la pequeña caseta de vigilancia, que improvisaron como cocina. Más tarde ocuparon como dormitorio uno de los tres traileres que IMMSA dejó en el patio central del complejo. No tienen luz ni agua, se los cortó la compañía.

Nos recibe en ‘el dormitorio’. En una de las paredes cuelga una fotografía de Gilberto grabada en una placa color bronce y enmarcada con aluminio del mismo tono. Tiene inscrita una oda “por su descanso eterno”. Sanjuana suspira mientras arregla las flores en el pequeño altar: “Cuando se cumplió el año, la compañía las mandó hacer y nos dijeron: ‘quieren a sus familias, pues aquí están’. Una trabajadora social me dijo ‘ya confórmese, doña, aquí ya le entregaron a su hijo’. Pero no, yo quiero el cuerpo de mi hijo. Mire, yo estoy aquí pasando hambre, frío, temperaturas altas y me voy hasta que me lo lleve. Hasta que lo entierre voy a poder descansar”.

Aquel febrero el tiempo se detuvo en Pasta de Conchos. Afuera de las oficinas, el tablero chocador se carcomió oxidado sin guardar ya ningún tarjetón de los cientos de mineros, electricistas, albañiles y administrativos que operaban las minas. En las pizarras yacen deslavadas las últimas circulares donde Roberto Reyes Morales, jefe del departamento de seguridad industrial, exhorta a los empleados a seguir las normas “para evitar accidentes”.

En las paredes de todo el complejo se leen las pintas que relucientes mantenía la compañía: “Vea, escuche, piense y viva con seguridad”. ¿Seguridad? ¡Cuál seguridad si los traían con los zapatos rotos y sin guantes! En lo único que pensaban al terminar el turno, era echarse al agua, porque ellos mismos parecían carbón ardiendo”, dirá Alma Álvarez Soto. (ALP)

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Inútil, que AN proteja a televisoras; están con Peña Nieto: Creel y Corral


Quienes dieron las concesiones aún no lo explican, revira Martínez

Censura a discursos de consejeros que pedían reflexionar antes de elegir a Nava

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Germán Martínez, Guillermo Padrés, Javier Corral y Santiago Creel durante el Consejo Nacional del PANFoto Guillermo Sologuren

Georgina Saldierna y Enrique Méndez

En un debate que la dirigencia del PAN censuró, el senador Santiago Creel Miranda y el diputado electo Javier Corral criticaron las concesiones y privilegios que el gobierno federal ha entregado a las televisoras porque –reprocharon– no le han funcionado al partido en su estrategia electoral y, por el contrario, esas empresas se han aliado con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

En respuesta, el presidente saliente del PAN, Germán Martínez –de quien sí se permitió escuchar su discurso–, negó que el blanquiazul esté al servicio de los intereses de la televisión, y en alusión al paso de Creel por la Secretaría de Gobernación, señaló: estamos esperando todavía, de algunos de los que (aquí) hablaron, explicación de esas concesiones a la televisión durante el gobierno de Vicente Fox.

La declaración, así como el hecho de que ésta sí se transmitió por el circuito cerrado de la sede nacional del PAN, fue definida por ambos legisladores como un ataque artero de Martínez. Incluso, en entrevista posterior a la sesión del Consejo Nacional panista, Corral recomendó a los reporteros: exijan que les pasen el debate completo, para que no los hagan sujetos de un debate censurado.

Ya ungido dirigente, en conferencia de prensa a César Nava se le pidió en tres ocasiones la versión estenográfica de la sesión del consejo, pero se negó con el argumento de que la obligación del partido únicamente es responder a solicitudes de información en el marco de la Ley de Transparencia; sostuvo que el intercambio de críticas se trató de un debate en casa, con plena libertad y plena apertura hacia adentro.

El PAN no quería que se conocieran los discursos de consejeros que, como el propio Creel y Corral, así como Juan José Rodríguez Prats, Fernando Canales Clariond y Humberto Aguilar Coronado, cuestionaron la imposición de Nava como dirigente nacional, del dedazo presidencial ni de las denuncias por la presión que se ejerció desde Los Pinos para que la mayoría votara por el ex secretario particular de Felipe Calderón.

Como había anticipado, Creel insistió ante el consejo panista en que, antes de elegir el relevo de Martínez, se realizara un proceso de reflexión serio y riguroso sobre el estado que guarda nuestro partido. Sostuvo que la debacle del 5 de julio pudo evitarse si, desde que Acción Nacional sufrió un retroceso en las gubernaturas –en 2008–, su hubiera hecho un alto en el camino; no lo hicimos, y eso es precisamente lo que debe cambiar.

Incluso, el ex titular de Gobernación sugirió que la revisión del PAN se abra a la sociedad, en el afán de entender con claridad por qué hemos perdido tantos votantes y, sobre todo, las derrotas en las plazas que gobernábamos, y contribuir a que se corrijan los errores, las desviaciones y los tropiezos que hemos tenido.

También consideró urgente revisar la condición de Acción Nacional como partido gobernante y cumplir la plataforma electoral, en la que se incluyeron compromisos como aprobar una nueva ley de educación, la reforma laboral y el combate frontal a los monopolios, una nueva legislación de telecomunicaciones, radio y televisión, así como la incorporación de los derechos humanos en la Constitución. Su propuesta no prosperó.

Corral refirió que en su participación exigió al PAN y al gobierno de Calderón asumir su corresponsabilidad en la derrota electoral y revisar los aliados de poco prestigio conque cuenta el partido. Dije que no son admisibles tantos privilegios y canonjías al duopolio televisivo, que está atado con el PRI y Peña Nieto, cuando les damos protección y favores. ¿De qué le ha servicio al partido mantener un duopolio que sólo se burla de la Constitución y desafía al gobierno? No podemos tapar el sol con un dedo: el duopolio no lo creamos nosotros, pero ha sido alentado y protegido por el PAN.

Como tal, el debate no estaba incluido en el orden del día del consejo, pero se pactó la intervención de cinco consejeros a favor y cinco en contra, en un breve encuentro previo, en el que medió el ex dirigente Luis Felipe Bravo Mena.

Ello permitió que, por ejemplo, el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, señalara que para todo el panismo y fuera de Acción Nacional es evidente la cercanía entre César Nava y Calderón y reprochara la versión panista del dedazo presidencial.

Manuel Espino, quien llegó con su discurso bajo el brazo, ya no pudo intervenir porque –dijo– no se lo permitieron.

–¿Cree en el llamado de unidad de Nava? –se le preguntó.

–No le creo.

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Zedillo cometió en Acteal crímenes de lesa humanidad que se busca ocultar: Raúl Vera


El obispo de Saltillo advierte que en Chiapas no han dejado de actuar los paramilitares

Demanda que se rehaga el procedimiento si se integró mal la averiguación previa

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Aspecto de la misa que ofició el obispo Samuel Ruiz García el 25 de diciembre de 1997, durante el entierro de los 45 tzotziles masacrados en Acteal, ChiapasFoto Archivo /Carlos Cisneros

Laura Poy Solano

La decisión que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal en los próximos días no es sobre la veracidad de los hechos [de la masacre], sino por el debido proceso de quienes están acusados y plenamente identificados como culpables, pues en las pesquisas hubo un manejo deshonesto, que se hizo a propósito, para que no se concluya que son criminales, afirmó Raúl Vera López, obispo de Saltillo y presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.

A casi 12 años de la matanza de 45 tzotziles –la mayoría mujeres y niños– perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, al lado del obispo Samuel Ruiz García, afirmó que políticamente se quiere sacar la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente [Ernesto] Zedillo, su secretario de Defensa [Enrique Cervantes], y los jefes, tanto de la zona como de la región militar, en Chiapas.

Sin embargo, subrayó que el juicio de la historia ya lo tienen y la seguridad de que son criminales, pues el señor Zedillo es responsable de crímenes de lesa humanidad y eso nadie se lo quita, pues reconoció que el riesgo de que se deje en libertad a los autores materiales es la impunidad.

Vera también alertó que en Chiapas no han dejado de actuar los paramilitares y se siguen entregando armas, pues la guerra contrainsurgente no ha desaparecido. Y esto es su fortalecimiento, es un apoyo más a la estrategia contrainsurgente que el gobierno federal ha elegido en colaboración con la administración estatal para enfrentar el caso Chiapas.

Tras advertir que se deja al país en la violencia cuando no se ejerce la justicia ni la persecución del delito, afirmó que es evidente que se está cubriendo a los responsables de ese crimen de lesa humanidad. Esto sucede, afirmó, no sólo en Acteal, sino con todos los desaparecidos y asesinados por los paramilitares desde el Estado mexicano y por el Ejército, de donde fueron sostenidos y financiados.

En entrevista, luego de participar en el segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, enfatizó que hay responsables del crimen, hay una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que está privando es la impunidad.

Insistió en que el asunto de la veracidad de los hechos está sin discusión, pues la actuación de los paramilitares está identificada perfectamente por los pobladores de la zona, y eso no está a discusión, y la SCJN sólo tiene que ver si está el debido proceso y que se rehaga el procedimiento.

El obispo de Saltillo también subrayó que en las pesquisas del caso Acteal nunca se aceptó que los responsables hubieran estado en asociación delictuosa. Por el contrario, siempre han dicho que actuaron de forma individual, lo que resulta muy curioso, pues es como decir que se encontraron de pronto para ver quién mataba a quién, y se olvida que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.

Estado, caricatura

En México, afirmó, estamos viviendo una caricatura de Estado, pues así como se corre el riesgo de dejar impune el caso Acteal, también hay otros ejemplos como el gobernador de Puebla, Mario Marín, que sigue en plenas funciones, porque lo dejaron impune, y aunque la SCJN dice que sí encontró violaciones en su caso, no hay culpables, y esto sólo quiere decir que hay impunidad.

Recordó que también hubo violaciones en San Salvador Atenco, pero no hay culpables. ¿Qué quiere decir? Que hay impunidad. Esto es dejarle carta abierta a los criminales. Hay casos muy graves vinculados a las minas. Hay nuevos derrumbes y más muertos, pero a las viudas de Pasta de Conchos se les acaba de reprimir por tratar de impedir que un ex gobernador, Rogelio Montemayor, que es un defraudador de la nación a través de su papel en la dirección de Petróleos Mexicanos, se apodere de una planta minera, pero se le protege y se le manda toda la policía.


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Pretenden etnias derecho a la autodefensa y proteger tierras

Comunidades de Ostula intentan crear un municipio autónomo

Este domingo emitirán pronunciamiento sobre presuntas narcofosas

La Jornada Michoacán


Morelia, Mich., 8 de agosto. Más de 250 delegados que participan en la Asamblea Nacional Indígena Extraordinaria analizan cómo dar protección a los territorios de las etnias y tener derecho a la autodefensa de las mismas.

La reunión se realiza en el paraje Xalayakan de la comunidad nahua Santa María Ostula, recuperado recientemente por la comunidad, que desde hace más de 40 años les fue arrebatado "por grupos ligados al crimen organizado".

En las mesas de trabajo la discusión más intensa se ha presentado donde los delegados de las comunidades de Ostula, El Coire y Pómaro dialogan sobre la posibilidad de integrar un municipio indígena autónomo en el paraje de Xalayakan, y separarse del ayuntamiento de Aquila.

En entrevista telefónica, Teódulo Santos, uno de los participantes, explicó que "es relevante que esta asamblea se realice en este campamento (Xalayakan). Estamos en tierras recuperadas por la comunidad. Y la situación es tan grave que se tuvo que formar una guardia comunal, ya que las personas que ocupaban ilegalmente los terrenos están ligados al crimen organizado, tienen importantes intereses económicos en la región y, por tanto, es la única manera de salvaguardar la integridad de los compañeros".

El 29 de junio anterior, un grupo armado agredió a unos 300 comuneros de Ostula, luego de que éstos recuperaran las tierras en forma pacífica.

Al respecto, Santos sostuvo que “ese día atacaron con armas de alto poder en dos puntos de las tierras recuperadas. Tuvimos un herido de bala en la cabeza. Ahora lo que nos preocupa es que este sábado se instaló un retén del Ejército en la entrada del paraje, acción que no fue notificada y mucho menos acordada con la comunidad.

"Existe un acuerdo para que se instalaran miembros de la Marina en La Placita, donde están los caciques que se habían apropiado de los terrenos, pero hoy, sin previo aviso, un grupo de militares se desplazó hacia la carretera costera."

Otros temas que se discuten en la asamblea son un balance de la lucha a partir del Cuarto Congreso Nacional Indígena, realizado en la comunidad Nañú de Atlapulco en 2006, y un diagnostico y evaluación "de la guerra de conquista y devastación neoliberal contra los pueblos indígenas, de la nación y de la madre tierra".

En la asamblea participan representantes de 12 comunidades, además de observadores de Estados Unidos, México y Europa.

Acerca del hallazgo de supuestas narcofosas en el territorio recuperado de Xayakalan, la comisión de enlace de la asamblea señaló que este domingo la comunidad de Ostula hará un pronunciamiento.

Cabe recordar que el 26 de julio de 2008 en ese poblado se encontró el cadáver del profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero de Ostula encargado de organizar la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras.

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López Obrador insta a Obama y Harper a corregir el TLCAN


Demanda que beneficie a los pueblos, no sólo a las trasnacionales

Rechaza que medidas coercitivas resuelvan migración e inseguridad

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Al proseguir su recorrido por municipios oaxaqueños, Andrés Manuel López Obrador exigió revisar las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, con miras a elevar el nivel de vida de la poblaciónFoto La Jornada

Fabiola Martínez
Enviada

Santa María Tataltepec, Oax., 8 de agosto. Andrés Manuel López Obrador exhortó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, a corregir la falla de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue concebido, aseveró, para beneficiar a las grandes empresas trasnacionales, no a los pueblos.

En una carta presentada en plena Mixteca oaxaqueña, dirigida a dichos mandatarios, afirmó que la inseguridad y la migración son producto de la crisis económica, y no disminuirán si sólo se piensa en medidas coercitivas.

En ese contexto, el presidente legítimo de México llamó a los gobernantes –que estarán desde este domingo en Guadalajara, Jalisco– a revisar los términos de las relaciones entre las tres naciones, con el eje de la cooperación para el desarrollo y con miras a elevar las condiciones de vida de los pueblos.

En 15 años de vigencia del tratado, agregó, México ha resentido la peor parte, ya que prácticamente no ha habido crecimiento económico y perdieron apoyo las actividades productivas.

En el sector manufacturero, 15 por ciento de los empleos que había antes de 1994 han desaparecido, mientras el campo ha sido abandonado; importamos la mitad de los alimentos que consumimos y nos convertimos en el país del que más mano de obra sale, señaló López Obrador.

Lo anterior, explicó, es consecuencia de esta absurda política. En 15 años del TLCAN, 6 millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar, arriesgándolo todo, padeciendo discriminación y violación de sus derechos humanos, como única alternativa para buscar algo que mitigue su hambre y pobreza, abundó.

Durante la primera etapa de su recorrido por los 418 municipios de usos y costumbres (ubicados en Oaxaca), la mayoría marcados por la pobreza y la migración de sus habitantes en busca de una mejor forma de sobrevivencia, el político tabasqueño aseveró que nada han hecho los tres países firmantes del TLCAN para buscar más equidad y justicia.

Al contrario, en 2005 se firmó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que sólo incluye acciones de carácter militar, aun cuando lo que realmente se requiere es la cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos, añadió.

Es increíble, expuso ante mixtecos, que se pretenda enfrentar la migración y los problemas de inseguridad y de violencia sólo con medidas coercitivas, sin entender que estos conflictos tienen como causa fundamental la falta de crecimiento económico, el desempleo y la crisis de bienestar.

Por todo lo anterior, los exhortamos de manera respetuosa a revisar los términos de nuestras relaciones, pensando en la cooperación para el desarrollo, en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestros pueblos, en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, y reconociendo que la seguridad y la paz son frutos de la justicia.

Estamos muy jodidos, como siempre

López Obrador inició su recorrido de este sábado en San Juan Teita, el municipio más alejado y pobre del distrito Tlaxiaco. Sólo por caminos de terracería es posible llegar allí, al igual que a 60 por ciento de los ayuntamientos regidos por usos y costumbres.

Muchos pobladores son bilingües (mixteco-español), pero todos son pobres.

En la semana que concluye, los alcaldes de los municipios de esta zona firmaron una carta para rechazar, supuestamente en nombre de sus representados, la visita del ex candidato presidencial, y le dijeron que no había condiciones para garantizar su seguridad.

Sin embargo, López Obrador advirtió que el movimiento que encabeza no se amedrentará y seguirá adelante, le guste o no a los caciques y a los corruptos.

La gente asistió a las asambleas públicas, pese a que en algunos sitios no sabían de la presencia del ex candidato presidencial.

Estábamos en la cocina; vinimos porque lo escuchamos hablar por el micrófono, afirmó la señora Aurelia López, aún limpiándose las manos en el mandil.

Primero en mixteco y luego en español, plantearon sus principales necesidades; todas se refieren a la falta de recursos, servicios, subsidios, empleos y buenos caminos para entrar y salir de sus comunidades. Ni carreteras tenemos. En una emergencia de salud, en la noche, ¿cómo llegamos a Tlaxiaco?, lamentó Pedro López. Estamos muy jodidos, como siempre, resumió Domingo López.

Otros se quejaron de tener una autoridad que ni la cabeza asoma, porque están amenazados por los delegados (enviados del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz).

Por lo pronto, desde el siguiente punto, Santa María Tataltepec, fue evidente la presencia, alrededor de las asambleas de López Obrador, de elementos de la policía estatal armados y tomando fotografías a los asistentes, así como el subdelegado del gobernador, Salvador Osorio Saucillo, quien justificó su presencia ahí –zona en conflicto agrario con Santiago Tilantongo, del distrito de Nochixtlán– para vigilar la seguridad de López Obrador y de los senadores que lo acompañan, Gabino Cué y Salomón Jara.

Así transcurrió el resto de la jornada en San Bartolomé Yucuañe y San Miguel Achuitla, donde una señora dijo al ex candidato presidencial: “que (el año entrante, cuando habrá elección en Oaxaca para elegir gobernador) ya no pase lo mismo. Nomás apagan la luz y quesque ya ganó el PRI”, expresó.

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"Evidente intento" del gobierno de marginar a Rosario Ibarra en elección del ombudsman

Busca un presidente de la CNDH que le permita seguir vulnerando derechos: Monreal

La Comisión de Justicia del Senado participará en el proceso, confirma González Alcocer

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El obispo de Saltillo, Raúl Vera; el titular del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, y el dirigente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, José Antonio Ibáñez, durante el segundo Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizado en esta ciudadFoto Francisco Olvera

Andrea Becerril

El Senado debe elegir en noviembre al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que hará en un escenario complicado, ya que desde el gobierno federal se incrementan las presiones para que la decisión recaiga en el ministro Mariano Azuela, y el PAN maniobra en Xicoténcatl para marginar del procedimiento a la comisión que preside Rosario Ibarra.

Aunque en el artículo 10 de la Ley de la CNDH se establece que el proceso que habrá de culminar con la presentación de una terna de candidatos para ocupar el cargo de ombudsman lo llevará la comisión correspondiente, que es la de Derechos Humanos, el panista Alejandro González Alcocer reveló que la Junta de Coordinación Política decidió ya que participe también la de Justicia, que él preside.

En entrevistas por separado, los senadores Pablo Gómez, del PRD, y Ricardo Monreal, del PT, advirtieron que el gobierno debe sacar las manos del proceso, ya que lo peor sería un titular de la CNDH impuesto desde el poder, y coincidieron en que la Comisión de Justicia no tiene por qué intervenir.

¡Si no vamos a ratificar al procurador general de la República! No es un asunto de justicia. Es la Comisión de Derechos Humanos la que, por ley, tiene a su cargo emitir la convocatoria y presentar la propuesta, señaló el perredista Pablo Gómez.

A su vez, Monreal sostuvo que es evidente el intento del PAN de hacer a un lado a Rosario Ibarra para maniobrar e imponer como presidente de la CNDH a alguien afín al gobierno de Calderón, que le permita seguir vulnerando garantías individuales de los mexicanos.

El coordinador petista corroboró versiones que circulan en el Senado sobre el cabildeo del titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con coordinadores parlamentarios y legisladores para promover la candidatura del ministro Azuela y confrontarla con la de Genaro Góngora Pimentel, también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En el PT no vamos a aceptar la intervención del funcionario en una facultad exclusiva del Senado, con miras a imponer a un ombudsman de perfil muy conservador y allegado al poder; vamos a exigir al gobierno que saque las manos del proceso. Tenemos que buscar a alguien independiente para que no se convierta en apéndice del sistema y cómplice de las violaciones a los derechos constitucionales de los mexicanos”.

Calderón impulsa a Azuela para minar a Góngora

Monreal deploró que el gobierno impulse a Azuela para tratar de minar las posibilidades de Góngora Pimentel. El análisis no se reduce a esos dos nombres, sino a muchos más, de los que la Comisión de los Derechos Humanos debe presentar la terna, con aquellos que garanticen independencia.

Por su parte, Pablo Gómez dijo que debe cambiar el perfil del presidente de la CNDH, ya que hasta ahora se ha optado por juristas, además de que no basta con que sea un académico, experto en derecho, debe llegar alguien que además de preparado sea militante de la causa de los derechos humanos.

El perredista abundó: “no queremos a alguien impuesto por el Ejecutivo, porque el ombudsman es para hacer equilibrio, alguien que represente al pueblo y no al poder, porque los poderosos son los que violan los derechos humanos. Calderón debe abstenerse por completo de intervenir; no debe hacerlo ni abierta ni encubiertamente”.

Sobre el tema, el panista González Alcocer dijo que aunque la Junta de Coordinación Política del Senado aún no se lo notifica oficialmente, la Comisión de Justicia, junto con la de Estudios Legislativos, participará en el proceso para elegir a quien habrá de sustituir a José Luis Soberanes al frente de la CNDH.

–En la Ley de la CNDH sólo se habla de una comisión, la correspondiente, que es la de Derechos Humanos.

–Se supone que así debería ser, pero la práctica ha sido otra. Hasta donde recuerdo intervenía la Comisión de Justicia en esos nombramientos.

Se le hizo notar que hace cinco años, la relección de Soberanes la llevó sólo la Comisión de Derechos Humanos, pero insistió en que el anterior presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Zermeño –hoy embajador en España– le aseguró que sí participó en ese proceso.

González Alcocer afirmó asimismo que no se intenta hacer a un lado a Rosario Ibarra, ni es en demérito de la Comisión de Derechos Humanos, sino para dar más formalidad al proceso de elección del ombudsman.

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La disputa por la onceava petrolera en el mundo


Autor: Nancy Flores

La disputa por el control de Petróleos Mexicanos entre el director general, Reyes Heroles, y el director de Administración, Villarreal Dávila, deja al descubierto el mercado ilícito de energéticos. Crimen organizado, funcionarios de alto nivel y militares participarían en el robo de combustibles, cuyas ganancias superarían los 20 mil millones de pesos en tres años


Dos grupos se disputan el control de la onceava petrolera más importante en el mundo y la principal empresa estatal del país, Petróleos Mexicanos (Pemex). Uno está comandado por su director general, Jesús Reyes Heroles; el otro, por su director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila.

Estar al mando de la paraestatal implica controlar sus activos totales, por 1 billón 320 mil 500 millones de pesos; los bienes más preciados de la nación –hidrocarburos y sus derivados–, y los principales y más onerosos contratos del gobierno federal.

Tan sólo en el primer trimestre de 2009 y en plena crisis económica, Pemex y sus subsidiarias emitieron 29 fallos relevantes por más de 60 mil millones de pesos, que equivalen a 2.5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo 2009.

La pugna –iniciada en diciembre de 2006 cuando Reyes Heroles fue nombrado sucesor de Luis Ramírez Corzo– se recrudeció tras los comicios del pasado 5 de julio. De acuerdo con fuentes consultadas, el director general cuenta con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, mientras que Villarreal Dávila, con el de la Presidencia de la República.

Robo de combustibles

En el contexto de esa disputa por el poder económico y político que representa Pemex, el pasado 29 de julio se realizó el operativo contra el robo de combustibles, que llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública a asegurar equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física.

Además, desde la Presidencia de la República se habría ordenado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional integrar una indagatoria paralela de carácter político. Ésta no sólo se enfocaría en documentar movimientos políticos y financieros de los responsables de la gerencia de seguridad, sino de todos los funcionarios de alto nivel de Pemex, incluidos Reyes Heroles y sus aliados, aseguran fuentes consultadas por Contralínea.

La Gerencia de Servicios de Seguridad Física depende directamente de Villarreal Dávila y, según informaciones de la propia paraestatal, podría estar implicada no sólo en la ordeña de ductos sino en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las ganancias generadas por este negocio paralelo podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Información dada a conocer por Pemex tras el singular operativo revela que, “en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos”.

El boletín 149/2009 indica que, de esa cifra, “3 mil 500 millones correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no asociado, y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina), mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos”.

Fuentes de primer nivel de la petrolera, consultadas por Contralínea, afirman que desde 2004 se conocen los nombres de altos funcionarios implicados en el mercado ilícito de combustibles. Dicen, además, que el robo de energéticos involucra a militares encargados de custodiar ductos, quienes también han sido identificados, y a miembros de la delincuencia organizada.
La investigación

De acuerdo con datos filtrados por la PGR a la prensa nacional, el administrador corporativo Villarreal Dávila estaría entre los altos funcionarios que ahora se investigan por su supuesta complicidad en ese ilícito.

El 29 de agosto de 2007, durante la 780 sesión ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, el panista cercano al presidente Calderón se refirió al mercado ilegal de combustibles. Entonces aseguró a los consejeros, entre ellos la secretaria de Energía Georgina Kessel, que el combate a este ilícito es muy difícil: “Incluso, se han dado amenazas de muerte al grupo de trabajadores y al área de Seguridad Física” (Contralínea 120).

Esa misma Gerencia de Seguridad Física debería resguardar los expedientes íntegros que identifican desde 2004 a algunos responsables de estos delitos, conforme al dicho de las fuentes consultadas por esta revista. Esos mismos documentos, entre otras pruebas, son los que habrían ido a asegurar las autoridades federales en el operativo del pasado 29 de julio.

Falla seguridad industrial

El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.

Para mediados de 2007, el Consejo de Administración de Pemex tenía como principal preocupación la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum.

De acuerdo con lo dicho por Reyes Heroles en aquella sesión del consejo, el robo de combustibles en esa zona es un “fenómeno de mucha preocupación para el consejo”, pues a diario se extraían ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas, con un valor anual estimado entonces en 1 mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con la copia del acta 780, obtenida por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Georgina Kessel solicitó al director de la paraestaral le explicara por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”.

Reyes Heroles le respondió: “Se debe a que no se ha encontrado a las personas en flagrancia. Sólo se han detectado los lugares en donde se depositan los tanques llenos con los productos sustraídos de Petróleos Mexicanos”.
Unidad de inteligencia

La información de los autores materiales e intelectuales, sin embargo, sí debería existir. Durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se agudizó el robo de combustibles a gran escala, no sólo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la PGR y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional investigaron el ilícito; también se creó una unidad de inteligencia civil al interior de la petrolera.

Al frente de ésta quedó la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, comandada entonces por Octavio Aguilar Valenzuela, que documentó a inicios de septiembre de 2008 el periodista Miguel Badillo en su columna Oficio de Papel.

Aguilar Valenzuela y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones del país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Los expedientes fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública, sin que a la fecha se haya sabido de sanciones, procesos judiciales o amonestaciones relacionadas con los resultados de esas indagatorias.

En esos archivos “aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera”.

Agrega que las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales, coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox.

En 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras. No obstante, las evidencias que involucran a miembros del Ejército habrían sido desaparecidas no sólo por Pemex, sino por las secretarías de la Defensa Nacional, la Función Pública y por la Policía Federal.

Los expedientes generados por la desaparecida unidad de inteligencia de la Dirección Corporativa de Administración darían cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal explicaron que sólo las complicidades posibilitan el robo de combustibles. En la actualidad, Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que identifican en dónde hay robo de combustibles por baja de presión. Dicen que la detección sólo se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

El centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional, da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por tecnología GPS.

Información de Pemex indica que en noviembre de 2008 se firmó el contrato con el que se inició el restablecimiento de la señal de rastreo satelital de autotanques, lo que implica la sustitución individual y progresiva de los SIM’s (sic) instalados en cada unidad. “En enero de 2009 continuará la instalación y configuración de estos SIMS’s y se estima que el proceso se concluya en el primer semestre de este año”.

Aunado a los esfuerzos por combatir el ilícito a través del centro de control y la alta tecnología de los autotanques, desde abril de 2004 se instrumentó el programa transexenal para Combatir el Mercado Ilícito de Combustibles, cuya vigencia termina en diciembre de 2011. Con clave 0418T4M0002, este programa tendrá un presupuesto total en sus ocho años de operación de 988 millones 474 mil pesos, apenas el 10.6 por ciento de lo ordeñado sólo en 2008.

El objetivo, indica Pemex Refinación en sus informes de las cuentas públicas 2007 y 2008, es dotar a la “Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación de la infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo, adulteración y el contrabando de combustibles”.

Al cierre del ejercicio 2008, Pemex Refinación asegura haber gastado en cuatro años 679 millones 388 mil 394 pesos, que representan el 81 por ciento del presupuesto total del programa.

[INFOGRAFÍA 1]

Rentable negocio (cifras del ejercicio 2008)

Pérdidas estimadas por robo de combustibles: 9 mil 300 millones de pesos

-Sustracción ilegal de condensados: 3 mil 500 millones de pesos

-Hurto de petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina): 5 mil 800 millones de pesos

Fuente: Petróleos Mexicanos


Mapa del riesgo de corrupción de Pemex*

Proceso

Objetivos

Suministro de bienes, arrendamientos y servicios

Generar una mayor confianza, equidad y certidumbre de los participantes en los procedimientos de contratación, y simplificar, homologar y transparentar las principales actividades de los procedimientos de contratación

Administración de obra pública

Convertir el proceso de administración de obra pública, en un modelo de transparencia e integridad que genere la confianza de los contratistas en la institución y mejore la percepción ciudadana con respecto al proceso

Confiabilidad de los mecanismos de control del proceso de Tesorería

Contar con un proceso financiero en Pemex que cumpla con los estándares internacionales de transparencia y control en la generación de información financiera, así como la inclusión de elementos en materia de facturación y procesos de licitación pública que coadyuven a la rendición de cuentas y transparencia de la empresa

Control y seguimiento de productos y/o clientes

Facilitar, transparentar y hacer más eficiente el proceso y las relaciones comerciales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a fin de que los clientes tengan la certeza de que las mismas se realizan con legalidad y oportunidad

Cadena de suministro de productos petrolíferos (mercado ilícito)

Eliminar el mercado ilícito de combustibles mediante la ejecución de acciones encaminadas a combatir el robo, la adulteración y la venta de productos no distribuidos o comercializados por Pemex

Indemnizaciones por afectaciones y reclamaciones

Reducir o eliminar efectos adversos como inconformidades y quejas; desarrollar e implantar tecnologías de información para eficientar y/o controlar operaciones, e incrementar la transparencia a procesos y/o procedimientos, y profesionalizar el servicio público

*Siete macroprocesos seleccionados del mapa de riesgo de corrupción

Fuente: Petróleos Mexicanos

Espionaje en Pemex

El pasado 27 de julio, la columna Oficio de Papel reveló que, en su calidad de administrador corporativo, Rosendo Villarreal Dávila controla los aparatos de inteligencia al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que éstos los utiliza supuestamente a favor del Partido Acción Nacional.

A través de la Gerencia de Telecomunicaciones, Villarreal Dávila tendría la capacidad técnica para intervenir los teléfonos y correos electrónicos de todo Pemex, con el objetivo de espiar por vía satélite a funcionarios y directivos del grupo que comanda Jesús Reyes Heroles. El administrador corporativo buscaría la destitución de este último.

Uno de los factores que habrían acelerado la disputa por Pemex es un estatuto orgánico para consolidar funciones de la Dirección Corporativa de Operaciones, que recientemente presentó el director general al nuevo Consejo de Administración de Pemex, en el contexto de la reforma energética aprobada por el Congreso en octubre de 2008. Dicha propuesta favorece las labores de Raúl Livas, incondicional de Reyes Heroles, en detrimento del poderío que encabeza Villarreal Dávila. (NF)

Contrabando técnico

El mercado ilícito de combustibles no sólo involucra el robo, sino también el contrabando técnico de gasolina y diésel y la importación de productos utilizados en su adulteración.

De acuerdo con el más reciente informe hecho por Petróleos Mexicanos (Pemex) y entregado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en 2005, el contrabando técnico y la importación de productos “promueven el surgimiento de prácticas comerciales ilícitas que afectan al erario federal, violan diversas leyes fiscales, constituyen un fraude a los consumidores y representan problemas de seguridad y daño a la salud de la población, ya que estos combustibles se venden en locales clandestinos y sin la calidad ambiental requerida”.

El reporte –hecho en el marco de la discusión del “Acuerdo que modifica el similar por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía” y los “Criterios de dictamen para solicitudes de permisos previos de importación de ciertos productos derivados del petróleo”– indica que el mercado negro derivado de prácticas ilícitas como robo, contrabando técnico y bronco, adulteración de combustibles y desvío de productos llegó a reducir las ventas internas de gasolina y diésel en 20 mil y 40 mil barriles diarios (MBD) de 1999 a mediados de 2002.

Agrega que la estrategia integral emprendida para combatir estas actividades, por medio de permisos, contribuyó a que las ventas de estos combustibles crecieran 27.2 MBD en 2003 y 29.9 MBD en 2004; de éstos, el 21 por ciento de la recuperación de gasolina Pemex Magna y el 56 por ciento del diésel se debió a esta medida, asegura.

“Sólo por efecto de los permisos previos se estima un ingreso bruto adicional de 15 mil 454 millones de pesos; de este total, cerca de 7 mil 700 millones de pesos correspondieron a ingresos fiscales.”

El permiso previo regula la importación de aceites del petróleo, lo cual permite a las secretarías de Economía y de Energía allegarse de la información necesaria para autorizar únicamente la entrada de volúmenes acordes a las necesidades del mercado, principalmente de aquellos productos susceptibles de utilizarse para adulterar gasolina o diésel. (NF)

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