Celeste Ramírez en su columna Malas Compañías, del Diario Milenio. La crisis, los males que aquejan al pais, han disminuido su fervor patrio. Aunque tiene razón en el meloso sobreexplotamiento del mexicanismo en septiembre.
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El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo indicó que la seguridad será extrema en la ceremonia del Grito de Independencia, será vigilada por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Estatal.
Chilpancingo.- El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, informó que la ceremonia del Grito de Independencia, en esta ciudad, será vigilada por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Estatal.
En entrevista, tras la conmemoración del 162 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en la Alameda Central de Chilpancingo, dijo que la seguridad será extrema, para evitar contingencias y garantizar la integridad de quienes se congreguen en la plaza central a dar el Grito de la Independencia.
La vigilancia se extenderá alrededor del primer cuadro de Chilpancingo, incluyendo los edificios públicos, donde personal de seguridad del gobierno del estado mantendrá vigilancia ante cualquier hecho.
El interés, agregó, es que la fiesta cívica se desarrolle en paz y "por eso pedimos la colaboración de la población, su comprensión y entendimiento, porque finalmente lo que queremos es una fiesta digna de los guerrerenses".
El operativo de seguridad se extenderá en las principales ciudades del estado, donde se conmemora el Grito de la Independencia, y por las condiciones particulares de Guerrero "no bajaremos la guardia y mantendremos una vigilancia permanente", puntualizó.
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La Cámara alta va a ejercer a plenitud sus facultades, por lo que evalúa la propuesta de Arturo Chávez como procurador, la conveniencia, y va a resolver lo que corresponda, primero en la Comisión de Justicia, y luego en el Pleno del Senado.
Ciudad de México.- El líder del Senado, Carlos Navarrete, advirtió que "nadie piense que es un simple trámite administrativo y que el Senado está obligado a ratificar todo lo que llegue" del presidente de la República.
Lo anterior en referencia al nombramiento del procurador general de la República hecho por el presidente Felipe Calderón, al respecto abundó que el órgano legislativo tiene facultades exclusivas para ratificar o no las propuestas del Ejecutivo.
En medio de la controversia que ha generado la propuesta de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, el también jefe de la bancada del PRD recordó que "en este Senado ha habido propuestas del Ejecutivo que no son ratificadas".
En conferencia de prensa, dijo que hay varios ejemplos de ello, "y esto no es ni desdoro del Ejecutivo, ni es tampoco un ejercicio extraordinario de las facultades del Senado, es el ejercicio ordinario y normal de las facultades".
La Cámara alta va a ejercer a plenitud sus facultades de ratificar o no, los nombramientos del Ejecutivo, mencionó el legislador del Partido de la Revolución Democrática.
"Con más razón un nombramiento tan importante como el del procurador general de la República, cuyo nombramiento ha generado un conjunto de reacciones como pocas veces un nombramiento que pase por el Senado".
Navarrete Ruiz llamó a que nadie "le ande buscando mangas al chaleco", al tema Arturo Chávez Chávez como procurador ratificado o no.
"Sé que en los corrillos pueden generarse mil interpretaciones o que sea una jugada de tres bandas o de cuatro, no sé si haya de cuatro. ¿No hay?, yo no soy muy carambolero", dijo.
Sin embargo, el legislador agregó "no creo que haya una jugada hilada con tal detenimiento que se hace una propuesta para que se rechace, entonces que el otro quede y si no que quede caballo negro... no, no, no andamos en esas materias", agregó.
El perredista insistió en que el Senado está evaluando una propuesta específica, va a ejercer sus funciones, evaluar la conveniencia, y va a resolver lo que corresponda, primero en la Comisión de Justicia, y luego en el Pleno del Senado.
Rechazó que haya plazos específicos, los cuales los determina la propia Comisión de Justicia en la medida que sea necesario.
Este lunes, aseguró, la presidencia de la Comisión de Justicia y sus integrantes de la Mesa Directiva se reunirán en el transcurso de la sesión o por la tarde para lograr un acuerdo unánime para determinar la fecha de la comparecencia de Chávez.
Ello, advirtió porque no es positivo para el Senado de la República, e incluso para el propio propuesto, atropellar los tiempos o adelantar sin el consenso suficiente de la Comisión de Justicia, la comparecencia de Arturo Chávez Chávez.
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MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Hasta el momento de escribir estas líneas –y seguramente tampoco a la hora en que estén ante los ojos de los lectores– no había ocurrido el terremoto insólito, nunca antes experimentado, que José Mar Flores Pereira había querido anunciar al presidente Felipe Calderón, con quien iba a coincidir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia las 14 horas del miércoles 9 de septiembre de 2009, noveno día del noveno mes del noveno año del tercer milenio. De modo que hasta la profecía para expresar la cual se produjo el secuestro de un avión parecía estar resultando falsa.
(En rigor, dado el tono apocalíptico que Flores Pereira quiso dar a su fechoría, su atentado debió ocurrir mucho tiempo atrás, el 6 de junio de 2006, pues en esa fecha figuran a derechas, no la inversa, los números del Anticristo. Escribió San Juan en la isla de Patmos, en el versículo 19 del capítulo 23: "que el inteligente calcule la cifra de la Bestia, pues es la cifra de un nombre; la cifra es 666")
No tengo una hipótesis respecto de quién y para qué se fingió la comisión de ese delito. Ni siquiera estoy en condiciones de saber si efectivamente se trata de una puesta en escena. Sólo digo que en el extraño suceso ocurrido el miércoles 9 abundan los ingredientes mal mezclados, las figuras de un rompecabezas que no cuadran. Admito, en consecuencia, la posibilidad de que en efecto una persona hubiera secuestrado un avión con más de cien pasajeros, exigido el cumplimiento de unas condiciones, para lo cual amenazó a la tripulación con hacer estallar explosivos y, no obstante ser desatendidas sus peticiones, permitió la salida de los pasajeros y se entregó sin resistencia a las autoridades.
Pero poca gente cree que así haya sido. Y sobre esa incredulidad se erigen señalamientos de que se trató de un engaño. "Una faramalla", la llamó el diputado Porfirio Muñoz Ledo. "Un montaje", aseguró en el otro extremo José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Este abogado, autor de un libro sobre secuestros, fue más allá, pues no vaciló en señalar al autor de esa farsa: Genaro García Luna, secretario de seguridad pública del gobierno federal.
No estoy distante en este punto de la posición de Ortega, ya que es imposible olvidar el caso de Florence Cassez, cuya captura fue montada para la televisión en diciembre de 2005 por el entonces director de la AFI, el propio García Luna, que con acciones como esa ganó los lauros que le permitieron ascender en la escala jerárquica de la policía federal hasta ser su cabeza. Sin parar mientes en ese grave defecto del procedimiento, el Ministerio Público y la justicia sentenciaron a la señora Cassez por secuestro. A causa de ese mismo lance, que debió costar a García Luna la carrera y no obtener el premio que se le asignó, la relación diplomática entre Francia y México se ha helado, ya que el presidente Sarkozy fue sensible al clamor público en Francia, y al de la familia de la presa, que por desconfianza a la procuración y administración de justicia mexicanos pretendieron trasladar a su país a la sentenciada. Así lo pidió el mandatario francés y así le fue negado.
Los enigmas del extraño secuestro comienzan por el presunto secuestrador. En un mundo de ambigüedades, su figura es inasible. Es, por lo tanto, un candidato ideal para participar en una superchería, comprado o bajo amenazas. Delincuente en su tierra de origen, Bolivia, se habría regenerado en México por el poder de la oración que, por lo que dice de sí mismo, también lo dotó de capacidad para ganarse la vida como pastor de una confesión cristiana no católica, como autor de himnos religiosos y aun como empresario. Poseyó un restaurante en Cancún y fue acusado allí de pagar para que jefes policiacos fueran amenazados, no sé qué con objeto, si para extorsionarlos o qué. El hecho es que tuvo que dejar su negocio (adosado a una casa de oración llamada Éxito Familiar, denominación que denota inclinación hacia las fórmulas comerciales). Y se fue a Oaxaca…
Ya en esa ciudad, ha de tener alguna relación con gente del gobierno, que le permitieron cantar sus himnos en un entreacto de la Guelaguetza apenas en julio pasado. Con tantas medidas de seguridad que adopta el gobierno estatal para que su fiesta no sea afeada por protesta social, sólo con autorización se puede llegar hasta la plataforma donde actuó el pastor boliviano, quizá ya naturalizado mexicano, lo que de ser cierto abre otro enigma, sobre los modos y el momento en que obtuvo su nueva nacionalidad.
Cómo pudo subir al avión –cuyo precio no es una bicoca, por lo que forma parte de otro enigma– con los elementos que a bordo hizo pasar por explosivos es otro enigma a resolver. El escrutinio de seguridad en los aeropuertos es tan riguroso que a menudo irrita. O da risa como cuando es decomisado un cortaúñas. O unas pequeñas tijeras apenas capaces de cortar papel. O hasta las aspas de una licuadora cuyos filos son inofensivos porque están insertados en una estructura metálica (a menos que se crea que ésta pueda servir como arma contundente).
A los 50 minutos de vuelo, rumbo a la Ciudad de México, José Mar se manifestó. Con el amago de hacer estallar un artefacto extraño, que no llamó la atención a ningún revisor en el aeropuerto, o que armó ya a bordo, formuló su petición: demandaba hablar con Calderón para advertirle del gran e inminente desastre. De haberse accedido a su exigencia, el Presidente simplemente hubiera tomado nota de su prevención, pues nada podría haber hecho frente a la magnitud del terremoto anunciado. Da la casualidad, empero, que la exigencia del secuestrador pudo haber sido materialmente satisfecha, pues el aparato secuestrado estaba en tierra, apartado del tráfago normal aeroportuario, a la hora en que estaba programada la partida de Calderón a Campeche, desde la misma terminal aérea. La coincidencia podría significar –lo planteo sólo como un enigma más– que Flores Pereira estaba al tanto de la agenda presidencial.
Otro enigma es si se transmitió a las autoridades el pedido del secuestrador o no. Y, en consecuencia, si hubo deliberación sobre tal demanda y cuál fue la conclusión: si negarse de plano a satisfacer el extravagante deseo del pastor o engañarlo con una aceptación aparente. Como si esto hubiera ocurrido, y sin que ese resultado se produjera tras una prolongada y extenuante espera y la correspondiente negociación, el secuestrador se entregó, sin resistencia y podría decirse que con satisfacción y hasta alivio. Sonreía y mascaba chicle una vez capturado, tan tranquilo, sin la mínima señal de tensión, que parecía seguir un guión y no tener nada de qué preocuparse.
Dado que no hubo riesgo alguno, los agentes federales convocados y que entraron por una escalerilla normal (a cuya cabeza un verdadero secuestrador armado hubiera podido cazar uno a uno a sus atacantes) e ingresaron al aparato sin contratiempo alguno. Ya habían salido las mujeres y los niños, por decisión de José Mar. Adentro quedó una veintena o más de adultos. A más de la mitad se les dejó salir. La policía los dejó salir sin problema. Pero a los últimos ocho los detuvo y los condujo esposados a bordo de un vehículo enrejado a un local oficial donde al fin se les dejó libres. ¿Y los primeros liberados? ¿No podrían estar entre ellos los presuntos cómplices cuya búsqueda sirvió para explicar el maltrato infligido a pasajeros tomados al azar?
La operación fue brillantemente dirigida sobre el terreno por el propio García Luna, que de ese modo cobró dimensiones de héroe. Podrá decirse en su abono que si bien hoy sabemos que no hubo nunca riesgo real de estallidos o de violencia homicida, él no lo sabía en ese momento. Por las dudas, sin embargo, se mantuvo a distancia del avión y cerca de las cámaras.
Flores Pereira fue consignado el viernes 11 por tres delitos, dos de los cuales pueden en efecto corresponder a la conducta conocida, o que se le atribuye. Se le consigna por ataques a las vías generales de comunicación en su modalidad de apoderamiento de una aeronave por medio de amenazas. Y de privación ilegal de la libertad a los pasajeros que con él volaron de Cancún a México. Allí comienza a enseñar las costuras la acusación. Los pasajeros no fueron retenidos por el presunto delincuente, y no se llegó a un punto en que algunos quisieran descender del aparato y él lo impidiera. El tercer delito resulta en la escena tan extravagante como el resto de los hechos que he mencionado: se le acusa de sabotaje, que es el delito que comete quien entorpece vías de comunicación "con el fin de afectar la capacidad de defensa del país? ¿Qué? ¿Cuándo hizo eso José Mar?
La acusación es en ese punto insostenible. Si en otro hecho enigmático resulta que al presunto delincuente lo defiende un buen, y caro, penalista, los cargos –el tercero sin duda, y quizá el segundo– no prosperarán ¿Acaso la acusación es endeble deliberadamente para propiciar la libertad del pastor que a la postre no causó daño alguno, ni siquiera conmociones a los pasajeros, muchos de los cuales sabían menos de lo que acontecía dentro del avión que quienes seguían por los medios el episodio?
También puede ocurrir que el juez no inicie proceso a Flores Pereira atribuyéndole una perturbación mental y teniéndolo por ello como inimputable. Si así fuera, los enigmas quedarían resueltos. Se sabría que se trató de un montaje, y se conocería el nombre del autor.
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Hidalgo, 13 de Septiembre.- Un ex policía declaró ante la PGR, que el grupo delictivo conocido como los “Zetas”, pagó la cena y baile del Día del Policía en Hidalgo.
Como parte de los supuestos sobornos que elementos de diversas corporaciones policiacas recibieron del Cartel del Golfo a cambio de protección y realizar secuestros destaca la fiesta del Día del Policía celebrada hace casi un año en el auditorio municipal de Actopan.
Al final del convite, amenizado por grupos musicales de renombre, los policías formados en “fila india recibieron su “aguinaldo” de manos de Los Zetas.
Según la declaración del ex policia municipal de Pachuca, José Manuel Escobedo Delgadillo, alias El Oso, que fue agregada a la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/150/2009, iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la noche del 17 de diciembre de 2008, se llevó a cabo el festejo anual de El Día del Policía.
“Fue en el auditorio de Actopan, Hidalgo en una cena baile del Día del Policía en que tocaron o amenizaron el baile el grupo denominado Cadetes de Linares y el Grupo Pesado, todo pagado por la organización delictiva de los Zetas” dijo el Oso, quien permanece detenido en la Siedo acusado de intento de secuestro junto con Jesús Garcés Jiménez “El Jarocho” ex director del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Hidalgo.
Agregó que el festejo fue pagado por el “Mascafierros”, o “C1” jefe de la plaza de Hidalgo de Los Zetas, el grupo de sicarios al servicio del Cartel del Golfo.
No obstante “a la fiesta sólo asistieron (elementos) operativos de Los Zetas, sin que se hayan presentado los jerarcas de la organización”.
“Al final de la cena baile se realizó el pago de los “aguinaldos” de fin de año.(Fue) de manera muy rápida, empezando por los municipales que eran mayoría, después no se a quienes porque como yo era municipal, después de haber cobrado nos sacaron del lugar y ya no vi mas”.
Por servir de “halcones” o espías del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva los policías municipales de Pachuca, Tizayuca y otros lugares percibían como “sueldo” por parte de Los Zetas 5 mil pesos al mes, pero como aguinaldo recibieron un sobre amarillo con 7 mil pesos en efectivo.
Por su parte, la regidora perredista y abogada de los policías inculpados, Edith Ibarra Jiménez, conocida como “La Güera” consideró que las declaraciones de El Oso no están totalmente apegadas a la realidad.
Señaló, que a la mayoría de los policías arraigados en la Siedo por presuntos vínculos con el crimen organizado “sólo son mencionados de manera circunstancial por “El Oso” y otro testigo protegido llamado “Caleb”.
Sobre la situación de las familias de los policías, Edith Ibarra señaló que corren el peligro de quedarse en total desamparo ya que al momento del ejercicio de la acción penal la justicia federal puede poner en práctica “la extinción de dominio” de sus bienes.
“Podrían asegurarles sus pocas pertenencias que tienen, entre ellas sus terrenos o muebles”.
Por eso hizo un llamado al gobierno federal para que actué con “apego a la justicia”.
“Son los altos mandos de la policía quienes estaban involucrados con Los Zetas y son los que irónicamente no están detenidos; en cambio quienes nada tenían que ver están a punto de ser enviados a Centros Federales de Readaptación Social a purgar largas condenas por el delito de ser pobres”, finalizó.
Juan Ricardo Montoya, corresponsal
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Ciudad de México, 13 de Septiembre.- La diputada electa del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales Magdalena, aseguró que es necesario dialogar con los involucrados para llegar a acuerdos en el tema de jefatura delegacional en Iztapalapa.
Entrevistada previo a encabezar la instalación de la agenda legislativa, la diputada electa del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Alejandra Barrales Magdalena, explicó que van a tener 20 días para abordar el tema a fondo, pero “se tiene claro que el pueblo de Iztapalapa votó por el proyecto encabezado por Clara Brugada”, dijo.
En ese sentido, añadió que es necesario dialogar con el delegado electo en Iztapalapa, Rafael Acosta Ángeles conocido como “Juanito” y Clara Brugada, para tratar de buscar y generar condiciones siempre con buen oficio político.
La también futura presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, aseguró que en la política nada está escrito y se deben buscar todas las soluciones posibles, además de que su grupo parlamentario no ha realizado el trabajo institucional correspondiente.
Dijo, que el reto que se tiene es tener oficio político, más allá de los números que se manejen tanto de uno como de otro sector.
Finalmente, detalló que “es muy importante conocer punto por punto los requerimientos y necesidades tanto de Rafael Acosta como de Clara Brugada y de ahí tener conclusiones que ayuden a destrabar este problema”.
César Rodríguez, reportero
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Ciudad de México, 13 de Septiembre.- La propuesta del gobierno federal de aplicar el 2 por ciento de IVA generalizado esta “muerta y enterrada con tres cruces”, la del PRD, la del PRI e incluso la del PAN, así lo vaticinó el presidente del Senado, Carlos Navarrete.
Asimismo, recordó las posturas asumidas por el PRI, PAN y PRD, que se han manifestado en contra de esta posibilidad y “si honran su palabra, entonces ésta propuesta del paquete fiscal para 2010, no pasará”.
“Si el PRD en las dos Cámaras no comparte el 2 por ciento, si el PRI tiene una opinión dividida y hay una parte importante de priístas que no comparten el 2 por ciento, y si el diputado César Nava, quien además es el presidente nacional del PAN, hace días dijo que el PAN no lo aceptaría, me parece que ese impuesto está muerto y enterrado y tiene tres cruces, una amarilla, una tricolor y una azul”, indicó el legislador perredista.
En conferencia de medios, el senador Carlos Navarrete insistió en que no ven condiciones de que ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados pase el IVA disfrazado a medicinas y alimentos, y al contrario dijo que en este momento lo más importante es invertir y no gravar, por lo que a su juicio, México tendría que pedir prestado para salir de esta crisis y después ir pagando tal como lo están haciendo otros países en el mundo.
“Por ejemplo, Estados Unidos 11.5 por ciento de déficit, en Europa hasta 5 por ciento de déficit, Sudamérica hasta 6 por ciento de déficit, cuál es la razón por la que los tecnócratas de hacienda se asustan por la posibilidad de recurrir al déficit como una política de financiamiento.
Se ve que nunca han comprado una plancha en abonos, que no saben que cuando no se tiene el ingreso suficiente, uno recurre a comprar una plancha, un televisor o el colchón de la cama con crédito hipotecario. Ya se les olvidó que en México todo mundo compramos a crédito porque no tenemos suficiente dinero para comprar de golpe todo”.
Finalmente, el presidente del Senado, lanzó un mensaje, que es el que en la Cámara de Diputados como en la de Senadores lograrán subir el porcentaje del déficit que les están proponiendo, pero no quiso decir de cuanto será.
Arturo Damián, reportero
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Chilpancingo, 13 de Septiembre.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil reportó que sujetos desconocidos lanzaron granadas y dispararon con armas de alto poder contra el módulo cinco de la Policía Preventiva municipal de Zihuatanejo de Azueta.
La agresión se dio a las 00:20 horas de este domingo, en la colonia Agua de Correa, registrándose sólo daños materiales a las instalaciones del módulo.
Se dijo que los sujetos, que se transportaban en dos vehículos, dispararon con armas de alto poder y lanzaron dos granadas contra el módulo policiaco.
Tras la agresión, los elementos municipales, estatales y federales iniciaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables sin que hubiera resultados.
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Los capos en búsqueda de la inmortalidad, video reportaje de la revista PROCESO
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Documental que narra detalladamente, como pocas veces se ha hecho en la televisión latinoamericana (TeleSur), la bitácora de la conspiración imperialista gringa contra el Chile socialista y democrático de principios de la década de 1970 de Salvador Allende.
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Autor: Miguel Badillo
De aprobar el Senado de la República la propuesta del presidente Felipe Calderón para que Arturo Chávez Chávez se convierta en el abogado de la nación, el litigante y exprocurador de Chihuahua deberá –en medio de la crisis que enfrenta la PGR– resolver el “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero
A finales del sexenio de Vicente Fox, cuando en la Procuraduría General de la República (PGR) despachaba Daniel Cabeza de Vaca –actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación–, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, comúnmente conocido como lavado de dinero, en contra del hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador federal del Medio Ambiente, Patricio Patrón Laviada.
Para sorpresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad responsable de investigar los delitos de cuello blanco y responsable de la acusación por blanqueo de capitales en contra de parientes y amigos de Patrón Laviada, la PGR no encuentra dicho expediente penal que involucraría a un distinguido panista y prominente miembro del gabinete de Felipe Calderón.
El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda denunció ante la PGR por lavado de dinero a Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech (Contralínea 147).
Durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón, el ahora exprocurador Eduardo Medina Mora no sólo no integró la averiguación previa correspondiente de la denuncia que le heredó su antecesor Cabeza de Vaca, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero se “extravió” la acusación presentada por la SHCP y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace creer que se trata de una maniobra para proteger a la familia del procurador del Medio Ambiente.
Con la renuncia de Medina Mora a la PGR, el menudo problema de la pérdida de expedientes penales lo heredará Arturo Chávez Chávez, siempre y cuando el Senado de la República acepte la propuesta presidencial para que este chihuahuense ocupe el cargo de procurador general de la república.
Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR, por la pérdida de dicho expediente en contra de la familia Patrón Laviada, se acrecentaron a principios de este año, cuando mediante oficio la procuraduría fue determinante para negar cualquier investigación abierta en contra de los Patrón Laviada y sus amigos:
“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”.
Las operaciones financieras sospechosas
En el número anterior de Contralínea (147) se describieron las operaciones financieras que para las autoridades resultan por lo menos “sospechosas” del delito de blanqueo de capitales, por lo que esperan que el nuevo titular de la PGR rectifique la “actitud” del Ministerio Público Federal y proceda contra quienes resulten responsables.
Ésta es una breve síntesis de las operaciones financieras que integran el expediente “perdido” en la PGR:
De acuerdo con la acusación penal, el hermano de Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros por varias decenas de millones de pesos en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la investigación federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en la cuenta bancaria número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), por 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares, mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005 por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina; 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular); 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech; 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es “muy sospechoso” que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realice operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos.
Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería, y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
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¿No que Era un “Catarrito”?
Por Alfredo Velarde
¡Es indudable que se volaron la barda! Poco a poco, las primeras respuestas de la gente de a pie, común y corriente (como usted o yo), van del azoro a la confusión y, no pocas, reflejan enojo y hasta indignación al conocer la auténtica cascada de aumentos e injustificables incrementos en materia de política tributaria en contra de los consumidores y los amplios sectores populares trabajadores del país, en medio de la peor recesión económica en 70 años, conque la torpe e impopular “administración” calderonista pretende resarcir el enorme déficit presupuestario en varios cientos de miles de millones de pesos, que ha dejado para el inminente ejercicio del 2010 en el país, la combinatoria que trajo consigo la caída en los precios del petróleo ; la gran evasión fiscal de las grandes empresas capitalistas , tolerada por el régimen desde la filantropía del desfalco ; y el absurdo boato dispendioso bajo los cuales han operado los cargos decisorios de toda la administración pública federal, durante los años de la dilapidadora pesadilla calderonista y que, a la mitad de su mandato impuesto formal, se antoja desfondada y hundida en el extravío de sus torpezas congénitas.
Sea como fuere, el anuncio referido al contenido de los múltiples aumentos en cascada que se vendrían si la propuesta del ejecutivo lograra pasar en el Congreso y que fueran dados a conocer por ese auténtico dolor de cabeza nacional al frente de la Secretaría de Hacienda , que se llama Agustín Carstens , llega en mal momento y empieza a ser recibido pésimamente por una opinión pública que ya no da para más y que empieza a advertir que los sorpresivos ajustes supondrán mil sacrificios adicionales para los trabajadores ya de por sí tan fuertemente maltratados, en lo salarial, al menos durante las últimas tres décadas.
Por mucho que el paquete de ajuste presupuestal para el ejercicio fiscal del 2010, se antoje como “de emergencia” ante la gravedad de la crisis económica antes diagnosticada como un “catarrito” , las propuestas del gobierno no dejan de ser formuladas por una tecnocracia reaccionaria e insensible que poco sabe de las vicisitudes reales de la gente, ya que, si lo supiera, ¿cómo plantear la auténtica provocación consistente en el hecho de que, hasta los pobres, sean condenados a pagar 2% más en todos sus consumos e ingresos, dizque “para abatir la pobreza”? El planteamiento es demencial, por mucho que aparezca Dionisio Pérez Jácome en los medios, un funcionario yuppie de Hacienda que seguramente tuvo problemas en la universidad privada en que estudió teoría económica , explicando la cuestión, como una iniciativa “de avanzada” (¡sic!).
Por eso, las palabras de Agustín Carstens en el lóbrego Palacio Nacional sonaron como de ultratumba, tras haber entregado en el Congreso de la Unión la impertinente “propuesta del ejecutivo” , cuando profirió con mala dicción y peor estilo literario que: “El gobierno puede solicitar sin rubor la cooperación de la sociedad en esta hora difícil” . ¿Todavía más pregunto yo?, ante el hecho que implicaría el incremento en los precios del mercado de alimentos y medicinas, licores, cerveza, cigarros, la gasolina que volvería a los odiosos incrementos mensuales, cosa que impactaría los precios de prácticamente todos los bienes y servicios, además del consabido incremento en el impuesto sobre la renta y las utilidades que las empresas reportan. Y frente a estas propuestas del (des) gobierno de la (semi) república, de fuertes connotaciones demoledoras para el ya de por sí vapuleado poder adquisitivo de las familias y su micro salarios; lo que la administración pública hará, será emplazar una conducta de “austeridad” reductora del gasto, que implica (ex-post facto) reconocer que vivían en el despilfarro , si de ello ahorrarán ahora ¡218 mil millones! En resumen: más y nuevos impuestos a la gente, pero que no gravan los circuitos financieros, ni son capaces de proponer una genuina reforma fiscal que grave crecientemente al capital nacional –y sobre todo al extranjero- en proporción a sus utilidades. ¡El colmo!
El único elemento positivo, de esta auténtica comedia de enredos tributarios, es que servirá para mostrar y demostrar de qué están hechas las nuevas representaciones a la Cámara de Diputados , del lado de la partidocracia no panista. En lo personal, dudo en grado superlativo que la nueva mayoría político-electoral conquistada por el priato a golpe de demagógicos desplantes populistas, esté dispuesta a acompañar al PAN en su torneo político partidario contra sí mismo, de ineptitud extrema; o que el ultra oportunista PRD, se atreva a ir tan lejos para suscribir no sin matizaciones, las pésimas alternativas del panato en quiebra política para salir de la crisis económica.
Pero ya veremos, dijo un ciego, pues en todo caso, el quebranto financiero del país es un hecho y el dinero, en medio de la crisis, de algún lado tendrá que salir. Ya empezaron a surgir las abiertas contradicciones del proyecto calderonista, que sólo los suicidas querrían aprobar. Por ejemplo, el que tres secretarías que serían desaparecidas de un plumazo, como por arte de magia, la SFP, SECTUR y la SRA que pareciera obligado mantenerla por la grave situación del sector agropecuario mexicano, ya tienen asignadas sus respectivas partidas presupuestales y que, en conjunto, asciende a la friolera de 10 mil millones.
¿Adónde irán ésos recursos si las secretarías ya no existirán? Muchas cosas son, todavía lo que los panistas debieran explicar a la nación, pero parece obligada la movilización de la sociedad, contra este crimen de lesa economía que preparan, dizque para “salir de la crisis” . No lo permitamos.
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Autor: Miguel Badillo 
Veinticuatro horas antes de su “separación del cargo”, el administrador corporativo de Pemex, Rosendo Villarreal, aseguró a Contralínea que si Felipe Calderón le pedía dirigir la petrolera, lo haría; reconoció, además, que al interior de la empresa hay divisiones partidarias y que militares sí podrían estar involucrados en el robo de combustibles. Tres días después de su salida, Felipe Calderón destituyó al director Reyes Heroles. Con ambas dimisiones y la llegada de Suárez Coppel, el PRI gana la batalla por el control de la paraestatal más importante de México
Miguel Badillo / Nancy Flores
Considerado en el último lustro como uno de los hombres más poderosos en Petróleos Mexicanos (Pemex), Rosendo Villarreal Dávila se enfrentó en meses recientes al entonces director general Jesús Reyes Heroles por el control de la empresa. El pasado 4 de septiembre perdió.
En la pugna, el recién dimitido administrador corporativo representaba los intereses del Partido Acción Nacional y del gobierno federal. Reyes Heroles, también destituido, los del Partido Revolucionario Institucional, PRI (Contralínea 143).
Veinticuatro horas antes de su “separación del cargo” –como Pemex calificó la salida del funcionario– Villarreal Dávila aseguraba a esta revista:
—No importan los partidos. Debemos de trabajar con un fin común: que Pemex salga bien. Eso es todo lo que cuenta. ¿Quién es el jefe del gobierno federal? El presidente. Y debemos de trabajar para él y para México.
—¿Causa problema el asunto de los partidos a la hora de trabajar?
—Déjenme ponerlo en la forma adecuada: hay muchas veces que, como humanos que somos todos, tratamos de proteger al que está a mi lado o a los intereses que son cercanos, antes de ver el bien común. Yo digo que a la hora que llega uno a puestos como éstos, el bien común está por encima, y punto. Hay que orientarnos y partirnos la mamá por esto.
La entrevista concedida por el exadministrador sucedió al medio día del 3 de septiembre en su oficina, ubicada en el piso 12 del edificio A, en Marina Nacional 329, Distrito Federal. Un día después, a las 15 horas, Felipe Calderón comía en Los Pinos con el director de Pemex durante el salinismo y actual líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas.
A las cinco y media de la tarde de ese viernes 4 de septiembre, un comunicado de la paraestatal anunciaba el “cambio en la Dirección Corporativa de Administración”. Tres días más tarde, Felipe Calderón destituía a Reyes Heroles de la dirección general y nombraba en este cargo a Juan José Suárez Coppel, a quien se le considera “protegido” de Francisco Gil Díaz.
Antes de conocer su suerte, parsimonioso, Villarreal Dávila afirmaba estar dispuesto a dirigir la petrolera, si Calderón Hinojosa se lo pidiera.
—Yo no tengo ambición de eso. Mi ambición es servir a Pemex y mi deseo es ya estar más tranquilo. Ésa es mi ambición. Pero si le piden a uno, yo tengo que estar dispuesto a ayudar al presidente. Yo estoy con su proyecto y si algo pide, lo que sea, pues tengo que apoyarlo.
Hasta entonces, los rumores respecto de los cambios que el titular del Ejecutivo haría en su gabinete –tras el fracaso de su partido en las elecciones del pasado 5 de julio–, y sobre todo en Pemex, apuntaban sólo a Reyes Heroles y su equipo.
—Se comenta, en los medios, que pertenecen a corrientes o partidos distintos, y en el caso de Pemex se dice que un distinguido priista dirige la paraestatal, y, de usted, que es un distinguido panista o un panista muy convencido ¿Usted está dispuesto a trabajar con quien sea?
—Con quien sea, con el partido que sea. Con quien venga aquí a Pemex y que nos sumemos a trabajar para que salga adelante. Estamos en la época más difícil para Pemex: los yacimientos han bajado su contribución y tenemos que trabajar más.
El 4 de septiembre, “el hombre del presidente en Pemex”, el ingeniero Villarreal Dávila, era echado de la petrolera.
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Parte 1
Parte 2
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Autor: Paulina Monroy 
En nueve meses, 16 legislaturas estatales han aprobado reformas “provida”. Lejos está la despenalización del aborto y en peligro causales para la interrupción legal del embarazo. El conservadurismo en el poder ha ocasionado que 250 mujeres estén encarceladas por consentir un aborto. Mientras, 500 se amparan contra las modificaciones que, dicen especialistas, violan el derecho a la libre autodeterminación sobre el cuerpo
Dieciséis estados de la república incluyeron en sus legislaciones la defensa de la vida desde la concepción. Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán tutelan que, desde el momento de la fecundación, el individuo está bajo la protección de la ley y es sujeto de derechos.
Con las reformas, producto de la intervención de grupos conservadores y la negociación entre partidos –sostienen las especialistas– se violan derechos de la mujer y se ponen en peligro causales para la interrupción legal del embarazo (ILE) y el uso de métodos anticonceptivos.
Advierten que se actúa en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que su artículo cuarto garantiza que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Castigan así la decisión de las mujeres, subrayan.
El 28 de agosto de 2008 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la norma que despenalizaba el aborto en el Distrito Federal.
Luego de más de 17 horas de sesiones públicas, los ministros resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, y determinaron que son constitucionales los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal del Distrito Federal y los artículos 16 bis 6 y 16 bis 9 de la Ley de Salud.
No obstante la decisión de la SCJN sobre la ILE en la ciudad de México, desde diciembre de 2008, 13 estados incluyeron reformas en sus constituciones para “proteger la vida” desde la concepción. Desde 1994 el único estado que incluyó la tutela jurídica de la vida de los no nacidos fue Chihuahua.
En tan sólo siete meses, las reformas “provida” han sido aprobadas en casi la mitad del país. Sólo Baja California anuló los supuestos para la ILE, como la violación sexual, la inseminación artificial obligada y el peligro de muerte de la madre. Las causales subsisten, pues a la fecha no se ha legislado en ese sentido.
Según los códigos penales locales, las penas por aborto en las 14 entidades van de tres meses a cinco años de cárcel a quien lo consienta o provoque. Además de sanciones pecuniarias y, en el caso de personal médico, suspensión de licencias.
En estados como Nayarit, Campeche y Yucatán, las sanciones son mayores para quien tenga “mala fama”, no haya ocultado su embarazo o éste sea fruto de una unión ilegítima. Aunado a esos supuestos, en Jalisco el juez podrá sustituir las sanciones por un tratamiento médico integral. Éste será provisto por las instituciones de salud y tendrá como objetivo “la atención integral de las consecuencias motivadas por la práctica del aborto, así como la reafirmación de los valores humanos por la maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia”.
Únicamente en 29 estados se prevé que un aborto no será castigado porque está en riesgo la vida de la mujer; en 11, porque causa graves daños a la salud de la mujer; en 11, por inseminación artificial no consentida, y en uno más, porque la mujer vive en situación de pobreza y tiene al menos tres hijos.
María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), califica de incongruente que en el Distrito Federal esté la legislación más avanzada y en Guanajuato sólo se acepten dos causales para la ILE, como la violación y el peligro de muerte. “Hay una desigualdad en cada estado porque el acceso a un aborto seguro depende de la voluntad política de quienes legislan”.
En su opinión, hay un riesgo inminente de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean coartados. Enumera, entre ellos: el acceso a servicios médicos, al dispositivo intrauterino, a la anticoncepción de emergencia y a la ILE. Además “se pone entredicho la posibilidad de que parejas infértiles puedan recurrir a la reproducción asistida o in vitro”.
Aunque sólo Baja California consideró en su reforma la eliminación de las causales de ILE, alerta que están en riesgo los servicios médicos para el aborto permitido, y aun en los estados que no establezcan de manera absoluta el derecho del no nacido.
Mientras, el 26 de agosto diputados del PRI, PAN y Nueva Alianza presentaron ante el Congreso de Sinaloa una iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la vida.
El proyecto define como función de los legisladores defender a “quienes por su condición no pueden hacerlo. Si pudieran expresarse y se les preguntara sobre su deseo de vivir, seguramente reclamarían el respeto a su derecho a la vida”.
El 7 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la LV Legislatura de Querétaro inició una consulta pública para discutir la reforma que garantiza la protección de la vida desde la concepción. El 1 de septiembre pasado, los 21 legisladores votaron el dictamen por el que en esa entidad se garantiza la vida desde la concepción y sólo se permite el aborto cuando sea producto de violación o la salud de la madre esté en riesgo.
Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal del partido Convergencia, reveló el 15 de agosto que 250 mujeres eran procesadas penalmente en tres estados por provocarse o consentir un aborto.
Salud Integral para las Mujeres, AC (Sipam), estima que en Guanajuato hay 130 mujeres presas; 90, en Baja California; 30, en Sonora, y una en Chiapas. Jessica Reyes Sánchez, del Programa de Salud Sexual Reproductiva de las y los Jóvenes de Sipam advierte que son más los casos, pero permanecen ocultos.
El 5 de agosto, La Jornada informó que una joven de 20 años fue detenida en Puebla después de asistir a la Cruz Roja por complicaciones de un aborto practicado a las 14 semanas de gestación. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal aseguró que ella no había sido privada de su libertad y que se indagaría si la interrupción del embarazo fue inducida o accidental. Fue el primer proceso penal después de las reformas aprobadas por el Congreso local.
Desde el inicio de 2009, el Hospital de la Mujer –señala el rotativo– ha denunciado cuatro casos de aborto ante la PGJ, por lo que sumaban cinco las procesadas. Asesoradas por la Red Democracia y Sexualidad, 112 mujeres se ampararon contra la reforma.
María Luisa Sánchez Fuentes refiere que el gobierno de Puebla, tratando de localizar interrupciones de embarazo no autorizadas por la ley, fiscaliza servicios públicos: “Parece una persecución contra las mujeres con el ánimo de encarcelarlas”.
La Academia Morelense de Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación y GIRE solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisar la violación a derechos de las mujeres con la reforma al artículo segundo de la Constitución estatal.
Hasta el 20 de agosto, el GIRE estimaba que 500 mujeres interpusieron amparos contra las reformas. Para la directora de la asociación, “tiene un enorme peso social y simbólico que las mujeres se protejan frente a ese atropello”.
Mortalidad materna
El Consejo Nacional de Población estima que el aborto es la tercera causa de muerte materna. Cada año mueren entre 70 y 200 mil mujeres en el mundo a causa de interrupciones inseguras del embarazo.
La penalización del aborto es causa de mortalidad materna, señala Jessica Reyes Sánchez, del Programa de Salud Sexual Reproductiva de las y los Jóvenes de la asociación civil Sipam. Sin poder acceder a métodos legales, las mujeres recurren a clínicas clandestinas, beben infusiones, utilizan ganchos o se causan accidentes. Para la activista, es además un problema de justicia social: son las mujeres con menos recursos quienes toman medidas desesperadas.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 63 por ciento –indica el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNESR)– de internadas por problemas con el embarazo sufrió complicaciones secundarias al aborto.
Para reducir el riesgo de muerte, advierte la directora general adjunta del CNEySR, Aurora del Río Zolezzi en su presentación Aborto y Mortalidad Materna, es necesario que “la sociedad asuma que se trata de un fenómeno complejo que rebasa responsabilidades individuales y se haga cargo del problema (despenalización y aumento de causales de legalización, como el VIH-Sida)”.
Así como que la anticoncepción sea gratuita y que haya un mejor acceso al aborto legal y a atención postaborto con calidad técnica, infraestructura, trato humano, información, servicios integrales y seguimiento.
En 2006 la Secretaría de Salud contó 600 mil embarazos al año en mujeres menores de 25 años. En jóvenes de 15 a 19 años se registró el 50 por ciento de ellos. Jessica Reyes Sánchez comenta que los embarazos no deseados tienen que ver con la falta de acceso de las jóvenes a los métodos anticonceptivos. “El Estado ve la sexualidad con temor y censura”.
México se comprometió a promover la educación sexual durante la Conferencia Internacional de VIH-Sida de 2008; sin embargo, comenta Samantha Mino Gracia, responsable de redes del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, “la intervención de los dogmas en contraposición con la sexualidad impide que la población se allegue de información científica en temas como el aborto y enfermedades de transmisión sexual”.
Conservadurismo agravia y viola derechos
Durante sesión celebrada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se le solicitó admitir la petición de “alerta de género”, por agravio comparado, con motivo de las reformas estatales, comenta Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
El artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la alerta de género como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. Sus objetivos son garantizar la seguridad de las mujeres y eliminar la inequidad derivada de legislaciones que lastimen sus derechos humanos.
Bajo este último supuesto existe agravio comparado cuando en una norma vigente, en relación con otra, hay distinciones, restricciones o derechos específicos para una misma problemática o delito en detrimento de las mujeres de ese estado o municipio; es decir, no se otorga el mismo trato jurídico y hay una aplicación inequitativa de la ley.
Con las modificaciones hay perjuicio respecto de la ILE en el Distrito Federal. No obstante, señala la diputada, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no aceptó estudiar si se constituía o no el agravio. Además, no todos los estados garantizan la “alerta de género”.
Para Contreras Julián, las reformas para defender la vida desde la concepción tienen un carácter confesional y son contrarias a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Estado laico: “Supeditan el derecho de un embrión al derecho de la mujer, viéndola como receptáculo para la reproducción”.
La legisladora considera que la responsabilidad de una transformación ideológica y cultural para alcanzar la igualdad y equidad de género es del Estado, lo que no asume de manera plena: “Con este gobierno conservador y las alianzas con el Partido Revolucionario Institucional y la iglesia, yo no veo un viento a favor de los derechos de las mujeres”.
“Que los representantes populares –observa María Luisa Sánchez Fuentes, directora de GIRE– legislen conforme a sus creencias personales o de carácter religioso, es una afrenta a la laicidad. La injerencia de la jerarquía católica ha sido muy cínica y vergonzosa”.
Samantha Mino, de Salud Integral para la Mujer, señala que, frente al conservadurismo, la mujer tiene pocas posibilidades de decisión sobre su cuerpo. Coincide Sánchez Fuentes quien expresa que “es fundamental que el derecho a la autodeterminación esté acompañado de mecanismos legales que lo hagan exigible”.
Daniela Díaz Echeverría, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, observa éste como un momento de agresión y retroceso: “Hay un quehacer político sumamente conservador que usa el cuerpo de las mujeres como un espacio de represión y de disputa política”. Con las reformas, advierte la investigadora en presupuesto público, seguro popular y mortalidad materna, se perfilan modificaciones en la Constitución en ese sentido.
La antropóloga Samantha Mino Gracia recuerda que no sólo se habla de impedir que las mujeres sean encarceladas por practicarse un aborto, sino de garantizar servicios de salud de calidad como un derecho.
Falta de legislación para mujeres
Según La armonización legislativa en las entidades federativas, análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), sólo 12 estados tienen leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, y 13, para prevenir y eliminar la discriminación. Veintinueve cuentan con leyes de acceso a una vida libre de violencia, pero carecen de reglamentos.
De los 14 estados que aprobaron reformas para proteger la vida desde la concepción, sólo Campeche y Colima tienen un marco normativo completo en derechos de la mujer: leyes para garantizar la equidad, la no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia y en materia de violencia familiar. Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán no han aprobado leyes para la igualdad entre hombres y mujeres. Mientras, Guanajuato sólo ha legislado en materia de violencia familiar.
Publicado en mayo, la investigación describe que la armonización legislativa responde al reconocimiento de los derechos humanos y a compatibilizar disposiciones federales, estatales y tratados internacionales.
Advierte que no debe ser considerado una actividad optativa, sino un deber jurídico, puesto que los derechos humanos en todos los sentidos son exigibles y justiciables: “No puede haber cierta parte del territorio nacional donde la legislación esté tutelando los derechos de las mujeres a la luz de los instrumentos internacionales y, en otra, en donde no se respeten”.
Su inobservancia, explica, supone efectos negativos como la contradicción y la inconstitucionalidad: “Un sistema es consistente cuando cada caso está vinculado con una única solución y, por lo tanto, para un mismo caso no es posible prever dos o más soluciones diferentes. La incongruencia en el orden jurídico puede ocasionar invalidez”.
Provoca falta de certeza en la observación de la norma, debilita la fuerza y efectividad de los derechos y dificulta su aplicación y exigibilidad. Además, fomenta la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal.
La Comisión de Equidad y Género propuso 32 propuestas de armonización en leyes estatales, contenidas en códigos penales y civiles, que son contrarias a los derechos de las mujeres.
Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, comenta que tal es el caso para el homicidio que por razones de honor e infidelidad tiene una pena menor, o que se perdone el delito de violación al agresor que se case con su víctima: “Son leyes aberrantes que justifican la violencia. En vez de considerar a las mujeres víctimas, se les considera promotoras de su propia violencia”.
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