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UNA NOTA DEL PIXEL
TODOS LOS QUE ME CONOCEN SABEN QUE SOY UN TIPO EDUCADO Y CORRECTO PERO HAY MOMENTOS PARA:
JAJAJAJJAJAJAJA SE CHINGARON PINCHES PRIANISTAS SE LES SEBO CON IZTAPALAPA!!!!
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Deja onda tropical deslaves y árboles caídos en Acapulco
Acapulco, Gro., 28 de Septiembre.- Las lluvias que se registraron el fin de semana, provocadas por los remanentes de la onda tropical 32, dejaron deslaves, árboles caídos y encharcamientos en varios puntos de este puerto.
La Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC) informó que hasta las 09:00 horas de este lunes, las brigadas de la dependencia y el personal del Cuerpo de Bomberos atendieron los diversos reportes
recibidos.
De acuerdo con el informe de Protección Civil, la onda tropical 32 afectó al puerto desde la noche del pasado sábado, y aún hoy se sienten sus efectos sobre Acapulco.
Cabe destacar que entre los incidentes más significativos que ocurrieron, se encuentran tres arrastres de tierra y piedras, el primero en la carretera Pie de la Cuesta, el segundo en la curva La Tolva y el tercero sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, cerca de la colonia Los Periodistas.
El director de la DMPC, Melquiades Olmedo Montes, declaró que se atendió la caída de dos árboles en el Fraccionamiento Marroquín y en la Unidad Deportiva Acapulco; derrumbes sobre la avenida Cantiles y
en las colonias Praderas de Costa Azul y Ex campo de tiro.
De igual forma, el funcionario indicó que se realizaron recorridos de inspección, encontrando ligeras inundaciones en los puntos ya conocidos, como las avenidas Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora y Las Hamacas-, Cuauhtémoc y Ejido, así como en la Sección A2 de la colonia Luis Donaldo Colosio.
También se atendió a las familias del conjunto habitacional ‘Misión del Mar’ que registró inundaciones sin tener cuantificado el número de viviendas afectadas, pero con daños menores a los registrados el año pasado.
NOTIMEX
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Ebrard le dobla las manos a "Juanito"; cederá la delegación a Brugada
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, DF, 28 de septiembre (apro).- Luego de un encuentro de media hora con el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el jefe delegacional electo en Iztapalapa, Rafael Acosta Juanito, anunció que el próximo jueves, después de rendir protesta en la Asamblea Legislativa (ALDF), presentará una licencia para ausentarse del cargo por 59 días.
Juanito justificó su intempestiva decisión por dos razones: motivos de salud y la paz y tranquilidad en Iztapalapa.
También aclaró que el 1 de octubre, una vez que rinda protesta, designará a Clara Brugada directora de Jurídico y Gobierno, así como a los demás funcionarios de la administración local.
"Ese mismo día me voy a venir aquí, a estas oficinas centrales, a hacer el nombramiento de todos los directores generales. Ese mismo día voy a nombrar en Jurídico y Gobierno a la compañera Clara Brugada. Y ese mismo día voy a solicitar una licencia por 59 días", admitió.
Argumentó que "esto lo hago no por presión de nadie, sino por la paz y tranquilidad de Iztapalapa".
Reconoció además que Ebrard se comprometió a brindarle la seguridad necesaria para que rinda protesta en un marco de tranquilidad.
Destacó que en el encuentro pidió a Ebrard Casaubón mejorar los problemas de agua en la demarcación.
"No le tengo miedo a nadie, quiero que en Iztapalapa se viva la seguridad de todos los días", expresó.
También advirtió que se mantendrá pendiente de "que Clara Brugada gobierne bien, aunque también lo hago por motivos de salud, me he sentido muy mal del corazón en las últimas semanas y ustedes saben –dijo a los reporteros-- que ya llevo dos infartos".
Precisó que será en la oficina de Ebrard donde haga los nombramientos de su gabinete y que Brugada se desempeñará como directora de Jurídico y Gobierno.
Sin embargo, poco antes de entrevistarse con Ebrard, Juanito dijo en entrevista radiofónica: "No voy a negociar el cargo en Iztapalapa".
A cambio de su declinación, reveló que sus colaboradores se quedarán en tres direcciones territoriales: Ermita-Zaragoza, Centro y Aculco, así como dos direcciones generales que posteriormente definirá con su equipo.
Así, sin más, el petista acabó con la telenovela que el mismo se encargó de armar a lo largo de los últimos dos meses.
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Protesta y se va
Ciudad de México, 28 de septiembre.- Rafael Acosta “Juanito” pedirá licencia y Clara Brugada asumirá la delegación de Iztapalapa.
En conferencia de medios, “Juanito” se comprometió a solicitar una licencia de 59 días una vez que tome protesta este jueves 1 de octubre.
Precisó que Clara Brugada será quien gobierne la delegación Iztapalapa pero que él estará muy atento a las acciones que realice como delegada.
Tras una reunión con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, adelantó que nombrará a Clara Brugada directora de Gobierno.
Mencionó que en su reunión con Marcelo Ebrard, le solicitó seguridad para el día que tomará protesta con jefe delegacional de Iztapalapa, y también al salir de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Añadió que el mismo día que tome protesta hará nombramientos de los directores territoriales, y designará a Brugada directora de Gobierno. Ese mismo día solicitará una licencia de 59 días, afirmó.
Rafael Acosta afirmó que nadie lo presionó para que tomará esta decisión.
Marco Sánchez, reportero
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Juanito cede ante Ebrard; pedirá licencia
Anuncia que nombrará directora de Gobierno en Iztapalapa a Clara Brugada; alega que sufrió dos infartos y que primero es su salud
Mónica Archundia
El Universal
Ciudad de México Lunes 28 de septiembre de 2009
Rafael Acosta, Juanito, rendirá protesta como jefe delegacional en Iztapalapa el próximo jueves 1 de octubre e inmediatamente nombrará directora Jurídica y de Gobierno a Clara Brugada, ya que solicitará una licencia de 59 días.
En conferencia de prensa, posterior al encuentro que sostuvo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, aludió problemas de salud como la causa por la cual pedirá licencia temporal, pero dijo que se mantendrá al pendiente de la manera en que gobierne la perredista.
Alrededor de 47 minutos después de haber ingresado por la puerta lateral del edificio de gobierno donde despacha Ebrard, Acosta descendió por las escalinatas para posar ante las cámaras con el pulgar de la mano derecha erguido en señal de victoria.
Dijo que no cedió por la presión de nadie, sino por la paz y tranquilidad de Iztapalapa.
"No le tengo miedo a nadie, quiero que en Iztapalapa se viva la seguridad".
En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, comentó que ya ha tenido dos infartos por lo que requiere atención médica y en los próximos días se atenderá.
Aunque dijo que podría regresar nuevamente al completarse 60 días de permiso, dejó ver la posibilidad de que será la forma en que gobierne Brugada lo que decidirá su retorno.
A cambio le fueron concedidas tres direcciones territoriales, Ermita Zaragoza, Centro y Aculco, así como dos direcciones generales que aún definirá Juanito con su equipo
Aseguró que no está fallando la gente que lo sigue, que su licencia se debe a motivos de salud exclusivamente. Se llevó el compromiso del jefe capitalino que le brindará todo su apoyo
En conferencia de prensa, Acosta mencionó que en su encuentro con Ebrard, le pidió seguridad para el día en que tomará protesta como jefe delegacional de Iztapalapa, y también al salir de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
"Y él --el jefe de gobierno del DF-- se comprometió".
Le pidió además que le apoye en el suministro del agua.
aec /fml
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Anuncia Juanito que pedirá licencia
Anuncia Juanito que pedirá licencia
Por Redaccion SDP.noticias.com/SDP
Hoy 19:22 — México, D.F
En unos momentos más información...
Anuncia Juanito que pedirá licencia
Foto: Luis Carbayo/Cuartoscuro
En el 104.1 de FM, se anunció que Rafael Acosta, “Juanito”, pedirá licencia para cederle su lugar a Clara Brugada. Así lo anunciaron en la radio la tarde de hoy.
El jefe delegacional de Iztapalapa, tras reunirse con Ebrard, dijo que se separará del cargo, tras tomar protesta, Clara será Directora Jurídica. La decisión será momentánea y tendrá un lapso de 60 días.
José Ángel Ávila, secretario de Gobierno del DF, aseguró que no hubo ningún arreglo extra político para llegar a una solución; por el contrario, el propio Juanito llegó presentando propuestas y manifestando las necesidades propias de su delegación.
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
http://yunqueland.blogspot.com/
Ratifican triunfo del PAN en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo
Ciudad de México, 28 de septiembre.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó el triunfo de los panistas Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi, en las jefaturas delegacionales en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Por considerar que la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal actuó de manera ilegal, con dolo y de manera discrecional al momento de hacer la contabilización de los gastos de campaña de los panistas, toda vez que no se hizo la fiscalización bajo el mismo criterio que a los candidatos del PRD.
En el análisis del proyecto propuesto por el magistrado Roberto Hernández, se desprende que Carlos Orvañanos sólo gastó 308 mil 294 pesos, cantidad menor al tope de gastos de campaña que fue de 468 mil pesos.
En el caso de Demetrio Sodi, se descontó de los gastos de campaña la entrevista concedida a Televisa durante el partido Pumas- Puebla, por lo que tampoco rebasó, a juicio del TEPJF, el tope de gastos de campaña.
Asimismo los magistrados de la Sala Regional del organismo coincidieron en señalar que el Tribunal Electoral del Distrito Federal actuó de forma discrecional al omitir las irregularidades en las que incurrió el Instituto Electoral del Distrito Federal en ambos juicios.
Karina Aguilar, reportera
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"Asunto de lucha", de no cumplir Juanito con su palabra: Brugada.
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Clara Brugada, precisó que este próximo 1 de octubre, esperará a Rafael Acosta Ángeles “Juanito” en la delegación Iztapalapa para que cumpla su palabra; así como los habitantes de dicha demarcación lo hicieron el pasado 5 de julio. “Le toca a Rafael Acosta cumplir con su compromiso y eso es lo que vamos a estar esperando”.
En entrevista con Denise Maerker, la perredista dijo que de lo contrario, "será un asunto de lucha"; ya que la gente de Iztapalapa no se quedará con los brazos cruzados, porque “no hay una sola evidencia en el sentido de que el pueblo de Iztapalapa quiera que Rafael Acosta gobierne, la gente sabe perfectamente que voto para que una servidora pudiera gobernar”.
Clara Brugada reiteró que su movimiento será pacífico, “no vamos a generar absolutamente nada de violencia, pero no podemos dejar las cosas como si no pasara nada”; las acciones a definir serán acordadas y llevadas a cabo en orden y respetadas".
Aclaró que “Juanito”, un candidato del partido amigo –PT- era su única opción; además de que él estuvo de acuerdo y jamás condicionó su participación a cambio de nada, “era un compromiso generoso hacia el pueblo de Iztapalapa”.
La perredista aclaró que durante estos dos meses y medio, su posicionamiento siempre fue de respeto, prudente y nunca se ha atacado a Juanito.
Reiteró que este lunes, Rafael Acosta Ángeles “Juanito” y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tienen prevista una reunión.
amd
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Lamenta Centro Prodh que ex fiscal PGR aspire a CNDH, cuando falló en Atenco.
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El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Luis Arriaga y Bárbara Italia Méndez, quien fuera detenida y abusada sexualmente en el operativo realizado por la entonces Policía Federal Preventiva en mayo de 2006, lamentaron que Guadalupe Morfín, ex fiscal especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de personas aspire a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ello a pesar de que dejó pendiente el caso de los abusos a mujeres en San Salvador Atenco cuando sabía que el caso sería retornado a las autoridades estatales, es decir se “lavó las manos”, aun cuando se comprobó la participación de fuerzas federales.
En el espacio de Ricardo Rocha, ambos activistas aseguraron que tras los abusos a tres años con cuatro meses el caso de las mujeres sigue sin avances, a pesar de que se ha logrado documentar que estos fueron cometidos por fuerzas del orden federal, estatal y municipal.
Arriaga Valenzuela, lamentó que antes de dejar el cargo como fiscal especial María Guadalupe Morfín Otero determinó el 13 de julio que la fiscalía no tiene competencia para conocer de las investigaciones en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir cometidos en el Estado de México, por lo que no surte la competencia en razón del territorio ni en razón de fuero.
En ese sentido, Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas de abuso sexual de ese operativo lamentó que a pesar de haber tenido una deficiente labor en la investigación del caso ahora aspire a la presidencia de la CNDH.
Arriaga Valenzuela y la afectada confiaron en que en breve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una opinión sobre este caso, ya que en las instancias nacionales ha sido imposible lograr que se castigue a los responsables.
Italia Méndez aseguró que ahora tendrán menos posibilidades de obtener justicia, pues ahora nos enfrentamos a una situación peor, porque las autoridades del Estado de México no han actuado en contra de los responsables de los abusos cometidos en el operativo.
Ambos defensores de los derechos humanos reprobaron el sistema de administración y procuración de justicia, pues mientras a muchas personas se les imputan delitos que no cometieron o les imponen las más severas penas a otros responsables graves de violaciones graves a derechos humanos se les exonera, lo que pone en evidencia esta situación tan lacerada de derechos humanos que vive el país.
Arriaga Valenzuela recordó que desde el 13 de julio pasado la ¨GR envió el caso a la Procuraduría del Estado de México.
mej
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Militares hondureños, violan la libertad de prensa. Radio Globo.
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La represión en Honduras continúa, ahora militares han asaltado a una de las pocas emisoras locales encargadas de informar a la ciudadanía, Radio Globo, ha sido asaltada, refiere Ariana Cázeres para el espacio de Ricardo Rocha.
La reportera de Radio Globo, señaló “una vez más los militares asaltaron Radio Globo, después de que el gobierno emitirá ayer un comunicado. Donde restringe los derechos y garantías ciudadanas”.
Asimismo, exaltó “están violentando todo tipo de derechos y están haciendo violaciones contra la libertad de prensa”.
A su vez, destacó que ésta mañana, el director de la casa de trasmisiones Radio Globo, David Romero Elmer, reportó el asalto a su emisora.
Por su parte, Cazéres narró la situación en la que continúa su nación, “nosotros hemos estado en trasmisiones ininterrumpidas, debido a la situación que estamos viviendo en Honduras. Ayer nos sorprendieron con un comunicado a nivel nacional, donde decían que las garantías constitucionales estaban suspendidas y toda trasmisión que se haga en contra del gobierno de facto, de funcionarios el medio de comunicación (prensa escrita, radio, televisión) será cerrado por no hablar bien del gobierno”.
“El problema que tenemos en este momento en Honduras, es que los que usurparon el poder son los que deciden todo, tienen la Corte Suprema de Justicia, tienen Conapen que es quien regula las trasmisiones, tienen el Congreso Nacional. Cada vez que ellos quieren sacan del aire y el día de hoy han asaltado Radio Globo”, subrayó.
Hasta el momento no hay trasmisión, sólo música, no se escucha ni por Internet.
Cázeres, señaló que Honduras necesita ayuda, “la suspensión de garantías individuales, ellos han dicho que pueden sacar a quienes quieran de sus casas, sin orden de captura”.
“Nadie se puede reunir, protestar, alzar la voz contra la dictadura que estamos viviendo, lo han prohibido”.
La periodista de Radio Globo, destacó que el gobierno de facto, publicó un en el diario oficial un decreto, que no paso por el Congreso Nacional, sin embargo, ya está puesto en práctica, desde el sábado.
“Aquí no tenemos derechos a expresar sentimiento contrario a lo que el gobierno estime que son convenientes”.
En tanto, destacó que el canal 8 (canal que Zelaya dispuso para la difusión de cuestiones del gobierno), es utilizado para denigrar a personas, para que “seudo perdidositas” boten el honor de las personas sin ninguna medida. “Exigen respecto de los demás medios que dicen la verdad, nosotros anunciamos que hay represión, no hay libertad de expresión”.
A la toma de estaciones, se suma Canal 36, medio que así como Radio Globo, no está a favor de ocultar la verdad, medios que denuncian lo que está haciendo el gobierno de “Don Roberto Micheletti”.
Por otro lado, la reportera de Radio Globo, destacó que “ayer no dejaron entrar a cuatro diplomáticos que venían a observar la situación de Honduras, no los dejaban salir del aeropuerto, por lo que se tuvieron que regresar a su destino”.
La situación de la embajada de Brasil, comentó “la situación actual es que el régimen ha dado 10 días para que abandone la embajada, sino ellos amenazan con tomar otro tipo de medidas”.
“El corte de los servicios de agua, luz han disminuido pero continúan, los ataques químicos continúan, están utilizando un tipo de parlante que un no se define la procedencia. Se dice que son armas israelitas que producen un sonido ensordecedor y una canasta se le llama a un carro que utiliza las empresas de energía eléctrica para revisar el alumbrado público, lo querían utilizar para que estuviera más cerca lo que era esta canasta”.
Para finalizar, Ariana Cázeres destacó un artículos publicados en la gaceta, donde se suspenden las garantías individuales a los hondureños:
“Artículo 3. Se prohíbe la libre circulación que se restringirá conforme a los parámetros establecidos en los comunicados de prensa que en cadena nacional emita la presidencia de la republica, los que contendrán el espacio territorial y duración del toque de queda, con excepción de trasporte de carga, ambulancias, circulación urbana y las ciudades no comprendidas en los referidos comunicados y el personal medico y de enfermería de aquellas ciudades que comprendan el toque de queda”.
Agradeció el espacio dado para dar a conocer la situación por la que está atravesando Honduras.
jdg
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El palacio de Felipe Calderón
Carmen Aristegui 28 de Septiembre 2009
(Audio sin comerciales)
Bájalo AQUI
AMLOTV
Soberania Popular
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Decepcionante que Fiscalía PGR decline competencia en caso Atenco: AI
Amnistía Internacional expresó su decepción al conocer la decisión de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimitra) de declinar su competencia en el caso del abuso sexual de al menos 26 mujeres a manos de policías en San Salvador Atenco en 2006 a pesar de haber identificado a 34 elementos de las fuerzas de seguridad estatal como responsables.
La organización lamentó que después de 3 años y cuatro meses de investigación, la fiscalía se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entidad que ha negado proceder contra los responsables durante todo este tiempo.
“La PGR, al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de 2006, ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la Fevimtra ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas”, sostuvo la agrupación a través de un comunicado.
Con ello, agregó, otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
AI consideró que las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no será como tantos otros en que rehúsan asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia los perpetradores de violaciones de derechos humanos.
Por ello, Amnistía Internacional instó a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la Fiscalía Especial para proceder contra los responsables sin demora al mismo tiempo que llamó al nuevo procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez a demostrar que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo 2006.
Opinó que la decisión de la Fevimtra es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas.
“La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño”, puntualizó.
Cabe recordar que el 3 y 4 de mayo 2006 más de dos mil 500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes.
Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas durante el conflicto.
mej
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Tribunal ratifica triunfo de PAN en Cuajimalpa (haiga sido como haiga sido)
Por unanimidad, los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron el triunfo de Carlos Orvañanos como jefe delegacional
Redacción
El Universal
Lunes 28 de septiembre de 2009
Por unanimidad, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalaron el triunfo del panista Carlos Orvañanos como jefe delegacional en Cuajimalpa.
Los magistrados resolvieron anular la decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), quienes pidieron convocar a elecciones extraordinarias en esa demarcación y en Miguel Hidalgo, donde obtuvo el triunfo Demetrio Sodi, tras considerar que los candidatos panistas rebasaron los topes de campaña.
En ambos casos, el TEDF determinó quitar el triunfo a ambos aspirantes del blanquiazul por lo que además ordenó el nombramiento de delegados interinos al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ya que los delegados tomarán protesta el 1 de octubre.
La sentencia emitida es definitiva, ya que durante la primera quincena de septiembre, los magistrados de la Sala superior rechazaron atraer los casos, por lo que tanto los representantes y dirigentes del PAN, lo mismo que del PRD acudieron la semana pasada ante los magistrados para esgrimir sus argumentos.
En la semana previa, los presidentes del PAN y PRD en el nivel nacional, César Nava y Jesús Ortega, respectivamente, acudieron al TEPJDF para entrevistarse con los magistrados de la Sala Regional a fin de exponer sus argumentos.
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Entrevista con Ricardo Ravelo
ENTREVISTA CON: RICARDO RAVELO.
CARGO: PERIODISTA Y AUTOR DE OSIEL: “VIDA Y TRAGEDIA DE UN CAPO” DE EDITORIAL GRIJALBO.
TEMA: ESTÁ PRESENTANDO SU LIBRO.
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La Quiebra del País por Calderón
Gracias a ellibreciudadano por su amistad y su colaboración, ahora si, voluntaria
"Un video donde se muestra las claras intenciones del gobierno de facto de Calderon de intentar crear el rescate a los monopolios a costa del bolsillo de los mexicanos."
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Fracasa SFP en combatir corrupción gubernamental
Autor: Paulina Monroy
Desde 2007 la Auditoría Superior de la Federación reprobó el desempeño de la Secretaría de la Función Pública. Sentenciada a desaparecer junto con otras dos secretarías de Estado –para ahorrar en el gasto público–, la propia SFP adolecía, desde hace años, de negligencia, ineficacia y opacidad, males que por mandato legal debía combatir en toda la administración pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una opinión negativa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.
Sujeta a tres evaluaciones de desempeño como vigilante de la actuación de los centros públicos de investigación, de la eficacia de programas gubernamentales y de la administración del patrimonio inmobiliario federal, la SFP incumplió en su misión de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente.
La llamada secretaría “anticorrupción”, próxima a desaparecer, no realizó acciones que garantizaran la vigilancia, la transparencia, el control y seguimiento en la administración pública federal.
El máximo órgano de fiscalización determinó que la SFP no realizó revisiones en 11 centros públicos de investigación; sólo incorporó 45 padrones de programas gubernamentales (38.5 por ciento del universo de atención), y presentó deficiencias en el aseguramiento, enajenación y venta de inmuebles.
La ASF advierte que la falta de actuación de la Función Pública ocasiona que los centros de investigación pública no alcancen sus resultados, que no sea posible hacer más eficientes los programas gubernamentales en su operación y administración; que se garantice el buen aprovechamiento de la propiedad federal, y que se eviten desvíos, omisiones y otras irregularidades.
Opinión negativa de ASF
El ejercicio de la Secretaría de la Función Pública en el cumplimiento de los convenios de desempeño con los centros públicos de investigación fue calificado con una opinión negativa de la ASF.
En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la ASF determinó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública no cumplieron con las disposiciones normativas de los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación.
Según la Auditoría de desempeño sobre el cumplimiento de los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación, durante 2007 se ejercieron 4 mil 456 millones 118 mil 100 pesos por los 24 centros públicos de investigación, coordinados por el Conacyt. La Ley de Ciencia y Tecnología los define como entidades paraestatales, cuyo objetivo es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.
En su artículo 59 señala que se regirán mediante convenios donde se establezcan las bases de desempeño. De este modo la Secretaría de la Función Pública y la SHCP son responsables de evaluar trimestral y anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos por los centros en dichos acuerdos.
Ello con el propósito de mejorar las actividades en cada centro, alcanzar las metas y lograr los resultados programados, tener un ejercicio de gasto y rendición de cuentas más eficiente y transparente, y vincular los impactos con el monto del presupuesto que se le asigne.
El informe señala que en 2007 las evaluaciones realizadas por la SFP no incluyeron el compromiso de difundir resultados, y no correspondieron con la periodicidad anual. La SFP informó a la Auditoría Superior de la Federación que para que se celebren los convenios se hacía necesaria la publicación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Sin embargo, no sucedió.
El reporte advierte en la Ley de Ciencia y Tecnología no se establece condición alguna para la suscripción de los acuerdos: “El hecho de que los centros públicos de investigación no suscribieran los convenios de administración por resultados provocó que no estuvieran en posibilidades de adoptar un sistema de presupuesto basado en resultados que motivara a dichos centros a alcanzar los resultados”.
En su lugar el Conacyt, la SFP y Hacienda autorizaron la aprobación de un Modelo de Convenio de Administración por Resultados; sin embargo, lo hicieron en fecha posterior a la establecida, el 22 de agosto de 2007. Como resultado, la ASF emitió 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos que por acto u omisión no suscribieron los acuerdos en los centros de investigación.
Durante 2007 los órganos internos de control (OIC) y la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), dependientes de la SFP, practicaron 232 auditorías en 20 de los 24 centros públicos de investigación. Sólo 20 correspondieron a auditorías de desempeño en 18 centros y generaron 13 observaciones.
No se practicaron auditorías al cumplimiento de convenios de desempeño en 11 centros públicos de investigación con OIC. Función Pública no explicó ante la Auditoría Superior de la Federación las causas de la irregularidad, pero sí dijo que todos los actos de fiscalización de los OIC y la UAG se orientaron a verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de las instituciones: “Es importante resaltar que, si bien no se llevaron a cabo las auditorías, sí existe un análisis de toda la información programática a efecto de validarla”.
Sobre las revisiones de control sólo se realizaron en tres de los 19 centros públicos de investigación que suscribieron convenios de desempeño: dos en evaluación de indicadores de desempeño y una en monitoreo de operaciones. Por lo que “no se verificó el cumplimiento de las metas reportadas por dichos centros”, indica la ASF.
El máximo órgano de fiscalización recomendó que la SFP analice la factibilidad de realizar acciones de inspección y vigilancia establecidas en los convenios de desempeño suscritos por los 24 centros públicos de investigación.
Ineficiencia en control de programas gubernamentales
La Auditoría de desempeño del sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales concluyó que la SFP no cumplió con el objetivo de integrar de forma estructurada y sistematizada la información de los programas a cargo de la administración pública federal.
El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG) es una herramienta de cobertura nacional que integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de los proyectos de la administración pública federal. Su objetivo es promover la equidad y la igualdad de oportunidades otorgando bienes sociales y satisfactorios básicos, evitando duplicidades de atención.
La fiscalización señala que durante 2007 la Dirección General de Simplificación Regulatoria de la SFP erogó 15 millones 851 mil pesos para ese fin. Es decir, el 61 por ciento del presupuesto aprobado debido a que se mantuvieron vacantes nueve de las 25 plazas de su estructura orgánica. Las actividades del SIIPPG fueron realizadas por dos mandos superiores y un mando medio.
La Secretaría de Función Pública, observa el órgano de fiscalización, no incluyó metas e indicadores vinculados con el SIIPPG ni respecto a los objetivos de los programas gubernamentales.
Con la revisión de las bases de datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la ASF identificó 117 programas presupuestarios que recibieron subsidios y operaron con padrón de beneficiarios.
No obstante, Función Pública sólo incorporó 45 padrones al SIIPPG, lo que significó una cobertura de apenas el 38.5 por ciento respecto del universo de atención. Por ello, la ASF determinó que no hubo cobertura nacional.
Al comparar los 114 programas registrados por Función Pública con los 117 identificados por el órgano de fiscalización, se encontró que la entidad no consideró ocho programas. En su lugar, incorporó dos que no recibieron recursos ese año y tres de instituciones de seguridad social.
El informe de auditoría constató que la dependencia, en su carácter de responsable de la operación del SIIPPG, no contó con una plataforma informática que le permitiera explotar la base de datos de manera estructurada y sistemática:
“La ausencia de información sistematizada y estructurada –advierte el reporte– en el sistema de los 117 programas imposibilitaron la eficiencia y efectividad en su operación y administración, así como la atención y corrección de errores, desvíos, omisiones y cualquier otra irregularidad”.
Expone que el SIIPPG no dispone de sistemas o tableros de control y no existen sistemas de información respecto a las características geográficas, estadísticas y socioeconómicas de los beneficiarios: “No integró una base de datos común que fuera útil para el diseño, desarrollo, evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Permitió la inclusión de datos nulos, incompletos e inconsistencias”.
De esta manera, al evaluar el padrón del Seguro Popular en 2007 la ASF identificó posibles duplicidades de beneficiarios: “Por sí sola no garantiza que correspondan a la población objetivo determinada en las disposiciones legales que norman la operación de los servicios médicos de cada institución”. La entidad no evidenció intercambio de información o la interconexión con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Resultado de un cuestionario elaborado por la SFP a 23 operadores de programas en las dependencias, el 95.7 por ciento dijo que el SIIPPG no es utilizado para identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos destinados para la operación de los programas. El mismo porcentaje respondió que no le permitió verificar si los beneficiarios correspondieron con la población objetivo y tampoco mejorar la eficacia en el proceso de incorporación de beneficiarios.
El 91.3 por ciento de los entrevistados señaló que las dependencias no tienen acceso al SIIPP-G desde su plataforma informática, y el 74 por ciento aseguró que el sistema no simplificó los procesos de intercambio de la información de los padrones entre dependencias y entidades.
Al respecto, expone el informe de fiscalización, los grupos de trabajo convocados por Función Pública no tuvieron como fin analizar y consensuar las acciones y medidas orientadas a mejorar la eficiencia en la operación de los programas. Tampoco el de promover la estandarización de los formatos de captura de los beneficiarios.
La ASF verificó que la SFP no constató que haya realizado evaluaciones y análisis comparativos. La entidad informó a la SFP que hasta el 15 de julio de 2008 no había celebrado convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios, ni con organismos autónomos e instituciones públicas y privadas, como lo confiere el decreto por el que se creó el SIIPPG.
Indaabin incumple en protección de patrimonio federal
La Auditoría de desempeño al sistema de administración inmobiliario federal en la administración pública federal centralizada consideró que las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) no cumplieron con disposiciones normativas en materia de administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal. El Indaabin persistió en el incumplimiento observado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2006.
El valor de los bienes inmuebles de la administración pública federal sumó 10 mil 889 millones 155 mil pesos en 2007. De ese total, el órgano de fiscalización auditó 1 mil 418 millones 78 mil pesos. La auditoría revisó la eficacia del Indaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, para vigilar y regular su adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación.
En su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, la ASF no pudo evaluar la economía con que el Indaabin aplicó los recursos. Durante ese año el órgano descentralizado de Función Pública ejerció un monto de 202 millones 446 mil 600 pesos, superior en 99.3 por ciento a los 101 millones 573 mil pesos presupuestados para cubrir las erogaciones por servicios personales. Además no contó con gasto autorizado para cumplir objetivos presupuestarios, ni de información para determinar el costo de sus metas.
Entre 2001 y 2007 el número de inmuebles federales en uso de las dependencias disminuyó 11.1 por ciento, al pasar de 12 mil 938 a 11 mil 507. Del total, el 69.7 por ciento (8 mil 24 inmuebles) fueron concentrados en cuatro secretarías: Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Función Pública.
Sin embargo, de 2006 a 2007 el valor de los inmuebles se incrementó casi 9 por ciento. Dicha variación no fue incluida en los expedientes de cierre de la Cuenta Pública por dependencia, lo que “no facilitó la fiscalización del valor de los bienes inmuebles”.
En 2007, 1 mil 356 inmuebles estuvieron bajo la administración del Indaabin: 845 sujetos a inspección o trámites inmobiliarios; 258 para comercialización; 236 fueron edificios públicos, y 17 estuvieron en uso de la SFP.
La ASF verificó que 822 inmuebles no fueron aprovechados, mientras que 7 mil no acreditaron estar inscritos al Registro Público de Propiedad Federal, 2 mil 673 no comprobaron la propiedad y dominio de la federación y para 775, se desconocía.
Constató que el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal no identifica el rango de aprovechamiento, la superficie total, el valor histórico y comercial, y la situación jurídica y administrativa. Tampoco el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal mostró una integración sistematizada de información sobre el registro de la situación física, jurídica y administrativa del patrimonio inmobiliario de la administración pública federal.
Según lo observado por la ASF, el Indaabin no dispuso de un manual de organización actualizado para 2007. Tampoco estableció indicadores que determinaran los alcances del pago de rentas en el gasto público federal, ni para evaluar que los recursos destinados a la conservación y mantenimiento de los inmuebles se apliquen con eficiencia.
El órgano fiscalizador determinó que el monto ejercido durante 2007 en arrendamiento de inmuebles ascendió a 888 millones 790 mil 600 pesos. La Secretaría de Energía erogó recursos que significaron más de cinco veces el valor de los inmuebles a su cargo, mientras que lo ejercido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue superior tres veces más su valor. Por el contrario las secretarías de Salud y de la Reforma Agraria utilizaron casi la tercera parte del valor de sus bienes.
En cinco secretarías: Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Marina y de la Defensa Nacional el porcentaje fue inferior al valor total del arrendamiento en 2007. La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal no realizó gastos por este concepto.
Respecto al mantenimiento y conservación de inmuebles, la ASF señala que el monto ascendió a 446 millones 634 mil 800 pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social erogó por este concepto dos veces el valor de los inmuebles, y la Secretaría de Energía ejerció 40.4 por ciento del valor de sus bienes.
Por cada inmueble la administración pública federal erogó en mantenimiento y conservación 38 mil 800 pesos. Las tres dependencias que ejercieron un mayor presupuesto por bien fueron la Secretaría de Energía con 1 millón 315 mil pesos; la Secretaría de Economía con 948 mil 600 pesos, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 772 mil 700 pesos.
El Indaabin no comprobó que se aplicaran los criterios de eficiencia (captación de ingresos, gastos administrativos, ocupación inmobiliaria, concesiones regularizadas, calidad en el servicio y sustentabilidad) en los 100 inmuebles que seleccionó como los más eficaces, como tampoco la realización de programas para regularizar bienes en 13 dependencias.
El máximo órgano de fiscalización concluyó que en 2007 la SFP, mediante los OIC, no realizó acciones específicas de vigilancia en las dependencias de la administración pública federal en materia de administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal bajo su responsabilidad, ni para que los registros de las operaciones y presentación de estados financieros se sustentaran en los postulados técnicos establecidos por la SHCP.
Analizando el número de auditorías practicadas por OIC en el periodo 2006-2007, la ASF observó que se redujo su ritmo de crecimiento en 21.5 por ciento. Para 2007 se redujo en 76.6 por ciento la cantidad de auditorías realizadas al pasar de 449 (en 2001) a 105.
No obstante las 479 observaciones realizadas por el incumplimiento de la aplicación de las normas y disposiciones en la materia, no se determinaron para el caso del patrimonio inmobiliario en ocho de las 21 dependencias que no enviaron para su examen o no les fueron autorizados libros principales de contabilidad.
Se trata de las secretarías de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Turismo; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que no enviaron para su examen libros principales de contabilidad.
Para el caso del Indaabin, las observaciones del OIC se refieren a la falta o exceso de cobertura de aseguramiento de bienes inmuebles; falta o desactualización de inventarios, expedientes, fichas catastrales y cédulas inmobiliarias; falta de títulos de propiedad, escrituración e inscripción en el Registro Público de la Propiedad; indebido uso de espacios físicos permisionados o concesionados.
Así como incongruencia en el proceso de enajenación y venta de inmuebles; deficiencias en la operación de comités y órganos colegiados constituidos para vigilar su administración; inmuebles deteriorados, en estado de abandono, con daño estructural o inadecuados para su uso eficiente, y un inadecuado registro u omisión de información financiera, contable o presupuestal.
Según el informe de fiscalización, la SFP informó a la ASF que no existe un rubro específico para supervisar que las entidades atiendan de manera puntual la normativa emitida por el Indaabin en materia de administración, registro y protección.
En relación al aseguramiento de patrimonio inmobiliario, la revisión y fiscalización superior a la Cuenta Pública 2007 señala que de los 11 mil 507 bienes registrados en el Inventario Nacional de Inmuebles Federales, sólo 1 mil 978 edificios fueron reportados en el Sistema de Administración de Bienes Asegurables (SABA).
De las 21 dependencias de la administración pública federal, la Secretaría de Educación Pública no remitió la póliza de seguros a la SHCP, mientras que las secretarías de la Defensa Nacional y de Medio Ambiente y Recursos Naturales no actualizaron su inventario en el SABA.
La SHCP, constató la ASF, careció de atribuciones de coordinación y supervisión para verificar la actualización de los inventarios y la contratación de seguros de riesgos de los bienes inmuebles. El órgano de fiscalización recomienda que “se formalice la coordinación entre la secretaría y el Indaabin, con el fin de homologar criterios de registro sobre los inventarios de bienes patrimoniales”.
La ASF promovió se deslinden responsabilidades por no modificar el saldo de “Cuentas incobrables en recuperación”. Pese a lo observado en la Cuenta Pública 2006, el Indaabin persistió en el incumplimiento, pues mantuvo un monto de 1 millón 166 mil 800 pesos en cuentas improcedentes.
[INFOGRAFÍA]
Funciones de la SFP respecto a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental
Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal
Vigilar el cumplimiento de disposiciones en planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores
Vigilar el cumplimiento de normas de control y fiscalización
Vigilar el cumplimiento de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública
Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles
Realizar las auditorías a dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus órganos de control
Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y verificar su contenido
Atender quejas e inconformidades presentadas por particulares con motivo de convenios o contratos celebrados
Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que constituyan responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones y presentar las denuncias
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CNDH acredita represalias gubernamentales a Contralínea
Autor: Contralínea
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación donde por primera vez se acreditan el acoso judicial y el veto publicitario contra un medio de comunicación como métodos de censura y represalia por su línea editorial
Redacción
Después de un largo proceso en el que periodistas de Contralínea han denunciado el acoso de funcionarios del gobierno federal y de contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), y agravios como allanamiento a las instalaciones de la revista, el arresto del director Miguel Badillo y el veto publicitario e informativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 57/2009 en la que determinó que los poderes Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación “sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”, dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, por primera vez en México se acreditó la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario como formas de censura.
El pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió que el Poder Judicial y Pemex violaron, en perjuicio de los periodistas de Contralínea:
“Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.
La Recomendación 57/2009 derivó de la queja CNDH/5/2008/4462/Q, que el 12 de agosto de 2008 se presentó ante la CNDH por numerosos agravios del gobierno federal y contratistas de Pemex en contra de las revistas Contralínea y Fortuna, como amenazas de muerte y acoso judicial, por la publicación de investigaciones periodísticas que revelaron supuestos actos de corrupción en Pemex de Juan Camilo Mouriño, César Nava Vázquez y Felipe Calderón a su paso por la Secretaría de Energía, en la asignación de millonarios contratos a diversas empresas contratistas.
La CNDH responsabiliza al Estado mexicano de los agravios a Contralínea por el incumplimiento a los acuerdos y convenios internacionales signados por el gobierno. Subraya:
“En la declaración conjunta emitida por el relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de fecha 18 de diciembre de 2003, señalaron que ‘los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.
La CNDH resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias “para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.
Acoso judicial
Durante un año, un equipo de abogados y especialistas en derechos humanos, adscritos a la Quinta Visitaduría General que encabeza Mauricio Farah Gebara, revisó minuciosamente los juicios que el gasero Jesús Alonso Zaragoza López, dueño del Grupo Z, presentó en contra de Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, ante los juzgados Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, todos por supuesto daño moral.
La CNDH encontró numerosas irregularidades, entre las que destacan: que en la demanda de Multigas, SA de CV, el juez 13 de Guadalajara, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, acreditó en el juicio a una tercera persona: Abraham Rodríguez, que no tiene relación alguna con Contralínea ni con los periodistas, con la finalidad de radicar el juicio en esa entidad; descubrió que en el expediente del juicio no existe ninguna identificación que acredite la existencia de esa persona y que, extrañamente, el juez tampoco le impuso sentencia alguna.
Comprobó que el actuario usó documentos apócrifos para acreditar las notificaciones de dicho juicio a Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y que, en contravención a la ley, el juez llevó el juicio en supuesta “rebeldía”.
En realidad, los periodistas se enteraron de esta demanda hasta el pasado 16 de enero, cuando el juez 13 ordenó el arresto de Miguel Badillo, quien detenido por la Policía Bancaria fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (el Torito). Posteriormente, el mismo juez emitió una orden judicial para que actuarios y abogados del gasero Zaragoza López accedieran, el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista Contralínea, mediante un aparatoso operativo con 25 elementos de diversas corporaciones policiales, guardaespaldas y civiles armados que amenazaban con romper cajones y escritorios de las oficinas de la revista.
La resolución de la CNDH confirma la actuación irregular de las autoridades del Poder Judicial en agravio de los periodistas al límite de que en las sentencias se introdujeron cuestiones ajenas a la litis, al reclamarles prestaciones que ni el mismo gasero Zaragoza planteó en su demanda.
“Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado (…) en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez a cumplir una prestación que nos les fue demandada”.
Por ello, la CNDH determina “que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez”.
Respecto de las irregularidades administrativas en los juicios presentados por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López, la CNDH “acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución; se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”.
La CNDH comprobó que el acto fue irregular y que forma parte del acoso judicial:
“Se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio”.
En 2009, cuando la CNDH investigaba ya el acoso judicial en contra de los periodistas, los Zaragoza promovieron nuevas demandas. Una de ellas es la que Miguel Zaragoza Fuentes, por conducto de su hijo, Jesús Zaragoza López (quien funge como su apoderado legal), promovió contra Badillo, radicada en el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, que se integra en el expediente 348/2009. Zaragoza Fuentes acusa al periodista de “daño moral” porque Contralínea publica una fotografía en la que él aparece en un foro público del sector energético.
Nuevamente, sin tener atribuciones jurisdiccionales, el juez de Sinaloa dio entrada a la demanda que se ventila actualmente.
En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos.
“Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresas del corporativo ‘Grupo Zeta’, lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados”.
La CNDH resolvió que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136 y 148, fracción XXXII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Jalisco, lleve a cabo una investigación respecto de la tramitación del expediente 905/2007, relativo al juicio civil promovido por Multigas, S.A. de C.V. en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza (…) radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias que correspondan”.
El fallo contra PemexEl uso abusivo y discrecional que hace el Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial, es por vez primera motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
A raíz de la revelación en Contralínea –el 15 de febrero de 2008– de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con Pemex, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes (quien fue renunciado hace apenas unos días), amenazó a Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de Pemex otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal tampoco le contrataría publicidad. El veto publicitario a Contralínea fue extensivo en todas las áreas de prensa del gobierno federal y se mantiene hasta la fecha.
En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Pemex vetó a Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón cuando se desempeñó como secretario de Energía).
Al respecto, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez y periodistas de la revista Contralínea”.
La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, “fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.
Detalla que “del análisis realizado a los informes rendidos por la paraestatal a esta Comisión Nacional, no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos dos años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido.
“En este sentido, en la información proporcionada a esta Comisión Nacional, no se deduce que la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralínea tenga como justificación legal una disminución general en la contratación de publicidad a todos los medios de comunicación con un formato similar al de la revista Contralínea, o que dicha suspensión obedezca a la observancia de otros criterios como serían los de cobertura, circulación o periodicidad”.
Dictaminó: “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.
Así que, “sí es posible acreditar plenamente la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos en la contratación de publicidad oficial, lo que puede alentar a sus funcionarios a utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial, lo cual vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y por supuesto a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.
Por primera vez, la CNDH habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice, “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralínea”.
Lo anterior, advierte, “deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad si se considera que ante supuestos de hechos iguales se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia, como ha quedado acreditado en este documento”.
Analiza además que ello implica la no observancia a los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión signados por el Estado mexicano. Refiere incluso los señalamientos que a este respecto ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:
“El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas.”
En su Recomendación 57/2009 contra Pemex, la CNDH enuncia que “los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-discriminación y, en ese sentido, resultaría una forma indirecta de coartar la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea editorial o crítica hacia la administración pública”.
Observa también el incumplimiento al Principio 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, “que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley”.
En este punto, la CNDH advierte también la responsabilidad del Estado mexicano en el agravio, toda vez que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, siendo el rol principal del Estado facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas, y que cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley, por lo que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
La falta de estos criterios en la contratación de publicidad, dice la CNDH, “puede generar incertidumbre jurídica en los medios que buscan contratarla, en este caso la revista Contralínea, vulnerando con esto la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, y que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos”.
En la resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, concluyó que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.
Falló que los funcionarios de Pemex violaron “los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución que impone la obligación a todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con lo que se violó, en agravio de los periodistas de la revista Contralínea, los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, derechos previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución; 14.1, 17.1, 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.1, 11.1, 11.2, 11.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Asimismo, “se violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.
La CNDH resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.
PGR, copartícipe
Fundado en actuaciones irregulares de integrantes del Poder Judicial, el juicio civil de la empresa Multigas en contra de los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo tomó cauce penal antes de que la CNDH se pronunciara al respecto.
En junio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), que meses antes se negó a investigar los agravios que denunciaron los periodistas de Contralínea (a través de la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas), abrió indagatorias penales en contra de ambos periodistas, a quienes citó como “indiciados” bajo la acusación de que los periodistas falsificaron sus propias firmas, en una demanda promovida por Jesús Zaragoza López, a través de Efraín Rodríguez, en su carácter de representante legal de Multigas.
Las demandas penales en contra de los periodistas refieren que las firmas de sus solicitudes de amparo (concedido por un juez federal al acreditar las irregularidades del arresto) contra el arresto ordenado por el Juez 13 de Guadalajara, son falsas, “por lo que el documento es falso”, refiere la acusación contra los periodistas a la cual la PGR dio cauce y se ventila actualmente en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. (Redacción)
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