La Jornada
Intolerancia y reformas
Adolfo Sánchez Rebolledo
Resulta imposible no advertir el doble lenguaje, incluso la doble
moral que se manifiesta en nuestra sociedad al juzgar determinados
hechos. Por ejemplo: la aprobación de la ley que autoriza en el
Distrito Federal el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo
sexo.
Lejos de admitir que se trata de un asunto de la competencia del
Estado, las iglesias y, muy especialmente, la jerarquía católica
capitaneada por el cardenal Norberto Rivera se han lanzado a una
campaña que, en rigor, niega a la Asamblea Legislativa (y por
extensión al Poder Legislativo en su conjunto) la posibilidad siquiera
de promulgar normas civiles que afecten las concepciones eclesiásticas
sobre la familia, la moral, las costumbres.
Igual que hicieron en el caso de la despenalización del aborto, ahora
intentan imponer –como han pretendido desde siempre– su propia
moral a la sociedad, sin reconocer que, mientras no se derrumbe la
Constitución de 1917, vivimos en un Estado laico que garantiza la
libertad de creencias y deja al individuo, al ciudadano, la capacidad
de elegir en materia religiosa sin interferencias de nadie más. Ni
más ni menos.
Esos principios, formulados en el siglo XIX por la generación más
brillante de liberales mexicanos, pasaron –con la oposición
encendida de los jerarcas impulsados por Roma– a las leyes
fundamentales de la República, dictadas como resultado de ese gran
movimiento que fue la Revolución Mexicana, cuyo centenario el
gobierno, a partir de mañana, se apresta a conmemorar. Ya veremos.
Por lo pronto, la virulencia de las declaraciones de los obispos
lanzadas a diestra y siniestra, atacando y promoviendo el desacato a
la norma aprobada, dan cuenta de la fragilidad del estado de derecho
que las buenas conciencias invocan cuando se trata de otros y no de
ellos mismos. Sin embargo, el asunto es grave, pues estamos al
comienzo de la escalada ideológica que a querer o no amenaza con dar
el tono al debate público en los próximos tiempos: la jerarquía
católica está decidida a jugar en el campo abierto de la política
hasta conseguir crear una coalición claramente favorable a sus
intereses (que son, por supuesto, los del Vaticano) moviendo las
piezas en el tablero, vengan éstas del Revolucionario Institucional o
de la derecha convencional agrupada bajo el arco blanquiazul, con la
Presidencia a la cabeza.
El mensaje de los obispos, a los que de inmediato se asociaron los
panistas, atacando el autoritarismo de la izquierda como a algunos
priístas que no temen ser reconocidos como juaristas, es muy claro: se
trata de castigar a los que han promovido las iniciativas que intentan
salvaguardar el pluralismo, la diversidad de la sociedad, reconociendo
los derechos conculcados en virtud de la intolerancia religiosa.
En este orden de cosas, la defensa del Estado laico se impone como
prioridad a la hora de la reforma del Estado. La defensa del laicismo
pasa a ser una cuestión central para la reforma democrática de las
instituciones, la cual no debería limitarse a la miscelánea de temas
aventados por el Presidente (enviadas sin tomar en cuenta otras
iniciativas pertinentes, como la del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México). Esto es
importante, pues al parecer lo único que interesa a las fuerzas
dominantes es, como en el caso de la Iglesia, asegurar la extensión de
sus ya muy amplias esferas de influencia hacia la educación pública o
los medios de comunicación.
Esa perspectiva es compatible con el ideal concebido en las elites de
avanzar hacia un régimen presidencial bipartidista (consolidado
mediante la eventual aprobación de la segunda vuelta, la relección o
las candidaturas independientes), capaz de dialogar y entenderse con
los poderes fácticos sin el estorbo de una tercera fuerza de izquierda
que, bajo determinadas circunstancias, podría disputarle el mando.
De eso se trata, toda vez que el desasosiego por la mediocridad de los
gobiernos de la alternacia para generar un orden levemente más justo
se ha convertido en un franco malestar ciudadano que, sin embargo,
aún no halla las vías para expresarse. Y esta vez no se trata de las
ilusiones de un grupo milenarista, pues hay razones muy objetivas para
explicarlo.
Los mexicanos de hoy (al menos una parte de ellos) no entienden cómo
un país puede ser a la vez justo y desigual, libre y excluyente. Tal
vez no logren descifrar, digamos, las cifras de Hacienda, pero saben
que la tortilla sube y el desempleo abruma a las familias.
Inevitablemente, por la fuerza del contraste, el discurso sobre la
recuperación ensayado por el gobierno deviene la confirmación
involuntaria de un hecho dramático: a la economía mexicana le sobran,
por desgracia, millones de pobres, cuyas esperanzas están depositadas
en las ayudas oficiales que no crean nuevas riquezas, pero sirven para
reproducir clientelas dóciles, electoralmente manipulables. Los datos
recientes sobre el crecimiento de la pobreza son la evidencia trágica
de que ese camino, sin un verdadero plan de desarrollo, está agotado.
El gobierno sabe que las instituciones han envejecido, periclitado, no
funcionan, pues hace falta una transformación radical para
modernizarlas. Pero a la Presidencia, a la Iglesia y los otros grupos
de presión les preocupa sobre todo la inestabilidad. Su temor
verdadero, visceral, es la revuelta social que tiene como terrible
telón de fondo la violencia que campea en virtud de la guerra contra
el crimen organizado.
Hay un riesgo real al que los gobernantes no saben cómo enfrentarse.
Procuran salvar su imagen (el pellejo) adornando la gestión del
gobernante con el halo del reformismo (los decálogos de Calderón, los
operativos deslumbrantes, por ejemplo), evitando ir al fondo de las
cuestiones que ya están en la agenda, sin ver que ese jugar a medias
con el cambio, como probó Fox, es la fuente mayor de conflictividad
pues degrada la convivencia, instala el cinismo y favorece al más
fuerte.
El año 2010 se inaugura con la promesa oficial de hacer las reformas
que sean necesarias para contener la explosividad social, pero una vez
más los jefes políticos confunden el gradualismo con las concesiones
a los grupos de poder que reclaman seguridades, un régimen
presidencial bipartidista, a "la americana" pero aún más cargado
a la derecha. Feliz Año Nuevo.
Numerosos internautas han mostrado su apoyo al manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Ineternet', el primer texto publicado en Internet por periodistas, bloggers e internautas para criticar los cambios en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
