Más de 19 mil ejecutados en el presente sexenio

Más de 19 mil ejecutados en el presente sexenio
Casi 16 muertes violentas diarias, según datos de la PGR. Foto: Archivo / El Sol de México

Organización Editorial Mexicana
25 de marzo de 2010


Víctor Godínez / El Sol de México

Ciudad de México.- De acuerdo con la información captada por Organización Editorial Mexicana (OEM), a través de sus más de 70 periódicos, la cifra de ejecuciones al día de ayer es de 17 mil 15.

Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) la cantidad de ejecuciones a esa misma fecha es de 19 mil 49, que sumadas a las quince registradas ayer dan un total de 19 mil 64. La diferencia se explica porque en nuestro conteo diario, por ejemplo, no se incluyen aquellas personas que resultaron heridas y que fallecieron con posterioridad. Por este motivo, actualizamos la cuenta a partir de hoy, tomando como base la información oficial mencionada.

* 1,211 días, a casi 16 muertos diarios

* 19,064 ejecutados, ¿sólo una cifra?

* De 2007 a 2008 la cantidad se duplicó

El umbral de la capacidad de asombro de los mexicanos, en materia de ejecuciones, parece que ha ido alejándose progresivamente del ideal de vida sana y tranquila, propia de los tiempos de paz, en el cual los homicidios violentos alarmaban e indignaban a la sociedad y eran materia de una atención decidida de las autoridades.

19 mil 64 muertos, divididos entre los mil doscientos once días que lleva la presente administración (el año 2008 fue bisiesto, de 366), dan un total de 15.7 muertos por día.

Hasta hace unos pocos años un decapitado, o más de cinco muertos en un día, resultaba una noticia alarmante, de primera plana en casi todos los diarios, lo que motivaba declaraciones tronantes de las autoridades y ofrecimientos de aplicar "todo el peso de la ley" a los criminales, y a veces la caída de algún procurador o jefe policiaco.

Hoy día eso cambió, un decapitado o encostalado, o dos, o tres,... ya no son noticia alarmante, como tampoco menos de veinte muertos en un solo día; y poco se sabe de su esclarecimiento y castigo, todo se asume como producto del enfrentamiento entre miembros del "narco" o de la "delincuencia organizada", y los muertos individuales parecen solo datos para engordar incansablemente la cifra diaria que los suma: ¿19 mil 64 muertos?... ¿Y?

De una cantidad cercana a los dos mil muertos en 2006 y 2007, la cifra se duplicó a partir de 2008 y volvió a aumentar en 2009.

El vértice más alto de la violencia en México en las últimas décadas se registró en 2009, de acuerdo con las estadísticas de la SSPF fue el año con más ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, pese que se puso en marcha la "Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado".

El 2009 registró una cifra superior a las 6 mil 800 ejecuciones y al 31 de diciembre anterior el país contabilizaba 15 mil 900 muertes aproximadamente, relacionadas con el crimen organizado.

Y ya parece que nadie se asombra, uno o 30 muertos ¡qué más da!, "es por la guerra contra el narco" y asunto arreglado. Que nadie se alarme ni proteste, es algo "normal" pregonan los voceros oficiales, de todos los niveles, menos los familiares, huérfanos y viudas de las víctimas que sienten el dolor de la pérdida y la impotencia ante una burocracia gubernamental que no cumple con la obligación de dar seguridad pública y justicia.

El pretexto de la guerra contra el narco se ha convertido en la excusa perfecta para no investigar ni resolver los crímenes, a meter todos en el mismo saco y listo: "Son sicarios matándose entres si", y al que proteste se le etiqueta como un negativo que apuesta en contra de las mejores causas nacionales o al fracaso de la "guerra contra el narco", así de sencillo.

* También entre los muertos hay niveles

* Sólo bajo presión se mueven

Dentro de esa cifra de muertes violentas, también hay niveles, como se aprecia fácilmente a partir de la clase de respuesta que dan las autoridades ante las exigencias de justicia de las familias de las víctimas, organizaciones o gobiernos de otros países y su capacidad de hacerse oír ante los medios de comunicación, nacionales y extranjeros.

El ejemplo más claro lo tenemos en varios casos relativamente recientes: los asesinatos de las tres personas relacionadas con el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, los secuestros y homicidios de Martí y Vargas, y tal vez lo será el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey muertos el pasado fin de semana frente a su propia institución educativa.

En estos casos la presión ejercida sobre las autoridades por la opinión pública, las fuerzas sociales e internacionales ha sido de tal magnitud que les ha obligado a actuar, cuando menos en el discurso y en la creación de grupos de trabajo y programas con nombres pomposos, y en la asignación de recursos presupuestarios -algo que les encanta aunque no garanticen resultados-.

Pero hay otros muertos, inicialmente empacados en el saco común de los fallecidos por andar metidos en líos mafiosos, como el caso de los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez, a los que desde el Japón se les descalificó con ligereza, pero cuya buena fama tuvo que ser reivindicada ante la fuerza de las evidencias y la presión de las madres, compañeros, maestros de los jóvenes fallecidos así como de la sociedad juarense en general, que mereció tres visitas a esa urbe fronteriza por el titular del Ejecutivo federal.

* De obligación esencial del Gobierno a "pasarle la bolita" a la sociedad

* Por la corrupción, la población teme denunciar

* Los focos más violentos de la geografía nacional

Una de las obligaciones ineludibles del Gobierno, quizá hasta de sus razones esenciales de ser, es la seguridad pública.

Y una de las razones por las cuales los ciudadanos pagamos impuestos, es para que el Gobierno se encargue de atender la seguridad de los contribuyentes y de todos los mexicanos en general, mediante los cuerpos policiacos eficaces y suficientes. El monopolio del uso de la fuerza debe corresponder al Estado, pero quien la ejerce es la autoridad, concretamente el Ejecutivo -parte del gobierno-: mediante la policía o la milicia, como ejecutor de los fines estatales.

Bajo esas premisas, la existencia del Gobierno se justifica en gran medida por su capacidad de proveer un entorno tranquilo y seguro a los gobernados, la población espera que sus gobernantes se encarguen de mantener a raya a los transgresores de la ley, sobre todo de los que atentan en contra de uno de los valores más preciados que poseemos: la vida.

Y espera también que ese Gobierno permanezca al margen de la delincuencia, que sea efectivamente su rival moral y físico, que le combata y neutralice si se puede hasta reducirle al mínimo o eliminarle.

La sociedad espera que el aparato gubernamental sea capaz de eliminar de su seno los brotes de corrupción que anulan todos los esfuerzos para erradicar la delincuencia y que sea intolerante con los corruptos, que combata la impunidad a fondo dentro de sus filas.

Porque los ciudadanos lo piensan muchas veces antes de atreverse a denunciar a nadie, porque no tienen confianza en las fuerzas policiacas, o en las autoridades, por temor a que después de la denuncia pasen a ser un objetivo de los sicarios amafiados con los policías. Y no se puede esperar que cambien esa percepción mientras vean que algunos mandos policiacos y de la procuración de la justicia llevan unos niveles de vida que exceden ostentosamente al que les corresponde por sus ingresos oficiales.

El ejemplo más terrible que se recuerda es el de Benjamín Franklin Le Barón Ray, asesinado después de que se atrevió a denunciar a una banda de plagiarios, en Galeana, Chihuahua. En represalia por la denuncia, unos 20 hombres armados y presuntamente vestidos de militar entraron de madrugada a su domicilio tirando puertas y ventanas y le torturaron frente a su esposa e hijos; después se lo llevaron secuestrado junto con su cuñado Luis Carlos Widman Stubss, de 30 años, quien acudió a prestar socorro a sus familiares cuando escuchó el escándalo.

Hoy las autoridades se refugian en la impotencia ante la inseguridad afirmando que "hacen lo que se puede", y se esfuerzan para encontrar los pretextos que sean con el fin de "pasarle la bolita a la sociedad", afirmando que si no es con su participación no se va a poder resolver el problema.

Y si bien Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León y Guerrero se posicionaron como las cinco entidades más violentas del país, lo cierto es que la violencia se ha extendido en mayor o menor medida a todos los rincones de nuestro país.

Desafortunadamente, asegura Erubiel Tirado, encargado del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, los cosas no pintan mejor para el 2010, debido a que desde enero se vio nuevamente un repunte en la violencia, sobre todo en los estados del norte como es Chihuahua, Baja California, Sonora y Nuevo León, así como en los del Pacífico, Michoacán Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

Los registros en lo que va de 2010 señalan hasta el momento un número aproximado de mil 146 ejecuciones, "y de seguir así las cosas, es seguro que el récord de 6 mil 800 muertes violentas registradas en 2009 sea fácilmente rebasado", aseguró.

Para las autoridades norteamericanas, los cárteles mexicanos han empezado a utilizar técnicas terroristas, de acuerdo a lo que declaró el General Renuart, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, y que publico El Sol de México en su edición del día 13 del presente mes, y ha ofrecido compartir con México su experiencia en la materia.

* Las cifras oficiales, por encima de las 19,000 muertes

* Grandes esfuerzos de la Conago

* ¿Se cumplirá el pronóstico de los diez años?

En el discurso oficial la mayoría de las acciones gubernamentales son contundentes, sus resultados y su eficacia demostrada, se avanza y la guerra se va ganando. Todas las nuevas escaladas de violencia, cada vez mayores, son síntomas de que el narco o delincuencia organizada están heridos de muerte, y de que el fin de la delincuencia organizada está muy próximo, y así pasan los días...

Si una mínima parte de ese discurso fuera real podríamos transitar de día y de noche tranquilamente por las calles y carreteras de nuestra republica, pero no es así.

Las mayoría de las acciones del Gobierno se han enfocado a los efectos del problema, no a las causas, no a la prevención, no a la corrupción, no a la impunidad, no a la estructura financiera; impresionantes convoyes policiacos y militares patrullan las calles, pero los crímenes continúan, la mayoría impunemente.

La percepción social es que no se avanza, se empeora porque la autoridad quiere resolver este cáncer social, con aspirinas, atacando los efectos y no las verdaderas causas.

No obstante, se deben reconocer algunos esfuerzos notables, como es el de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ya que los mandatarios de 25 estados alcanzaron importantes consensos, quizás el más significativo en la materia es el de crear un nuevo modelo policial que establezca únicamente dos policías una federal y otra estatal, con base en un estudio desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal y diversas instancias científicas y académicas.

Aún así, parece que el problema va para largo, cosa de diez años, pronosticó Víctor Eugene Renuart Jr., jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, tal y como lo publicó El Sol de México el día 19 del presente mes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Cualquie contenido agresivo sera removido de tu blog Resiste.