El gobierno de Argentina concretó un esperado anuncio este jueves y lanzó formalmente una nueva oferta de recambio de su deuda en cesación de pagos. El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo en una conferencia de prensa que el canje se abrirá "en no más de diez días" y permanecerá abierto por 30 días. La reapertura del canje busca reestructurar los US$20.000 millones que el país mantiene encesación de pagos desde la crisis económica de 2001/2002. Esa es la cifra que se le debe a los holdouts, como se conoce a los acreedores privados que no aceptaron participar en el anterior canje de 2005. La oferta argentina prevé una quita sobre el valor nominal de los bonos del 66,3%. Economistas consultados por BBC Mundo se mostraron optimistas sobre el éxito de esta transacción, que había sido anunciada por el gobierno argentino en octubre pasado. Según los expertos, Argentina necesita llegar a un acuerdo con los holdouts para poder volver a tener acceso al mercado de capitales. Osvaldo Cado, de la asesora financiera Prefinex, le dijo a BBC Mundo que "el gobierno necesita dinero urgentemente porque el gasto público está aumentando a un ritmo que no se sostiene por los ingresos". Sin embargo, en su anuncio de este jueves, el ministro Boudou aseguró que "el canje no es una cuestión fiscal". A pesar de que el gobierno anunció su intención de reabrir el canje de la deuda hace seis meses, diversas tramitaciones ante organismos internacionales retrasaron la puesta en marcha de la iniciativa. En ese sentido, sorprendió que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fuera adelante con el anuncio este jueves, cuando aún quedan pendientes las aprobaciones de algunos organismos reguladores del exterior, en concreto los de Italia, Japón y Luxemburgo. Sin embargo, fuentes consultadas por BBC Mundo confiaron en que esos permisos se hayan retrasado por cuestiones burocráticas y descontaron que el gobierno ya tenga asegurado informalmente ese apoyo, si realizó el anuncio. Para el economista Fernando Navajas, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el apuro del gobierno de Fernández de lanzar el canje responde a cuestiones tanto externas como internas. Desde lo externo, afirmó Navajas, se busca capitalizar el "excelente" momento internacional para realizar esta transacción, aprovechando el buen precio que tienen en la actualidad los bonos argentinos. "El gobierno tiene miedo de que alguna nueva debacle económica haga peligrar el canje, como ocurrió con la caída de la economía griega hace unos meses", señaló. El experto también consideró que la iniciativa podría buscar adelantarse a alguna nueva medida internacional perjudicial para Buenos Aires, como fue la decisión de un juez en Nueva York de embargar las cuentas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene en la Reserva Federal estadounidense, para pagar a dos "fondos buitre" con los que mantiene deudas. Lea: Embargan cuenta de Argentina en EE.UU. Pero, para Navajas, el apuro del gobierno argentino tiene sobre todo un motivo doméstico: anticiparse a una iniciativa de la oposición, que busca frenar en el Congreso el uso de reservas del BCRA para pagar los vencimientos de la deuda externa. A fines de marzo, la justicia argentina autorizó al Poder Ejecutivo a usar esos fondos, que fueron motivo de una larga disputa institucional y llevaron a la destitución del presidente del BCRA, Martín Redrado, quien se oponía a utilizar reservas de esa institución monetaria para pagar la deuda. Lea: Deuda externa: luz verde al gobierno argentino Sin embargo, el miércoles, la mayoría opositora en la Cámara de Diputados rechazó el decreto presidencial que autorizaba el uso del dinero del BCRA para pagar los cerca de US$15.000 millones que Argentina adeuda en 2010. El anuncio anticipado del gobierno, según Navajas, buscaría adelantarse a un rechazo similar por parte del Senado. "El gobierno le está poniendo presión a los opositores en la cámara alta, ya que la anulación del decreto que autorizó el uso de reservas podría afectar el canje de la deuda", señaló. El gobierno argentino estima contar con una adhesión por encima del 60% del nuevo canje de deuda, una cifra con la que coinciden varios analistas. En su anuncio, Boudou dijo que esta reestructura busca permitir a la Argentina "mirar para adelante" y "potenciar un proceso de inversión". "Esperamos romper un círculo vicioso: el ciclo de endeudamiento de los últimos 30 años", señaló el funcionario. Sin embargo, para algunos, lo que se logrará es todo lo contrario. El economista Alan Cibils le dijo a BBC Mundo que el nuevo canje busca específicamente permitir al gobierno seguir pidiendo dinero en el exterior, lo cual ahondará la deuda histórica del país.
Acceso a capital
Apuro
Frente interno
Positivos
La justicia de Argentina deberá decidir si acepta llevar a juicio los crímenes del franquismo cometidos en España.
Este miércoles dos familiares de víctimas de la Guerra Civil española, que residen en el país sudamericano, presentaron una querella por "genocidio y delitos de lesa humanidad" ante una corte de Buenos Aires.
La demanda busca que se juzgue los fusilamientos de tres ciudadanos españoles, pero también pide que se investiguen los crímenes ocurridos en España desde el alzamiento militar de Francisco Franco, en 1936, hasta la celebración de las elecciones democráticas, en 1977.
La querella es apoyada por algunas de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Argentina, incluyendo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, presidido por el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Una deuda histórica
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le dijo a BBC Mundo que la demanda busca saldar una deuda histórica que Argentina mantiene con el país ibérico.
"Como organismo de derechos humanos sentimos la necesidad de ser recíprocos con el pueblo español, que tanto nos ayudó a través de la Justicia en los momentos en que en Argentina teníamos las 'leyes de impunidad' que nos impedían juzgar a los responsables del genocidio durante el terrorismo de Estado", señaló, en alusión al régimen militar que estuvo en poder en Argentina entre 1976 y 1983.
Los querellantes piden que la Cámara Federal de Argentina aplique el principio de la "jurisdicción universal", que permitió a la justicia de España llevar a juicio a los responsables de los abusos durante los regimenes militares de Argentina y Chile.
Garzón
Carlotto afirmó que la iniciativa también es un apoyo tácito al juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta en su país un juicio por prevaricato por presuntamente haberse excedido en sus competencias al investigar los crímenes del franquismo.
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Según Garzón, por ser crímenes de lesa humanidad, quedan excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977.
Opine: ¿Garzón al banquillo?
En cambio, para Manos Limpias, la organización de derecha que denunció a Garzón, esos abusos estaban cubiertos por la ley de 1977.
La amnistía perdonó a los responsables de crímenes políticos cometidos por ambos bandos y fue considerada una decisión necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia en España.
Apoyo
Los expertos legales estiman que la jueza María Servini de Cubría, quien estará a cargo del caso, podría tardar cerca de un mes en definir si lleva adelante la causa.
De acuerdo con Carlotto, en el pasado la magistrada se mostró favorable a perseguir otros crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina.
A pesar de que el gobierno argentino no se ha pronunciado sobre el tema, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo -quien es cercana al Poder Ejecutivo- descontó sumar el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Carlotto también descartó que este caso pueda generar un roce entre Argentina y España, y afirmó que muchos ciudadanos españoles han mostrado interés en sumarse a la querella, que podrá seguir sumando denunciantes.
La causa
El caso presentado ante la justicia argentina este miércoles es instigado por un abogado argentino que reside en España, Carlos Slepoy, quien representó en Madrid a los familiares de las víctimas del régimen militar argentino.
Según Slepoy, sectores de la justicia española que están "ideológica y políticamente de acuerdo con el franquismo" se han negado a investigar los crímenes de ese período.
Slepoy, junto con un grupo de letrados especializados en derechos humanos, representa a Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, españoles residentes en Argentina, que piden que se investiguen los crímenes de sus familiares durante el franquismo.
Rivas Cando, representante de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, pide justicia por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja, en 1936.
En tanto, Holgado reclama por que se esclarezcan las muertes de su abuelo, Elías García Holgado, y de su tío, Luis García Holgado.
Además de estos casos particulares, los demandantes solicitan que la justicia argentina recabe "los nombres y último domicilio conocido" de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos del Estado español, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada, los directores generales de Seguridad y los dirigentes de Falange Española, que actuaron entre 1936 y 1977.
Banco Azteca, entre los bancos más multados en 2009. (Foto: Archivo)
